Sentencia CC-237-12 — Registro 5281
Resumen
En segunda instancia se declaró con lugar parcialmente y reformó el fallo en relación con la demanda ordinaria ejercitando la acción revocatoria o pauliana a efecto de que se decrete judicialmente la revocación absoluta de dos instrumentos públicos de tradición de dominio y costas del juicio; se deja sin valor y efecto el pronunciamiento número dos de dicha sentencia y confirma los demás pronunciamientos.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Como Motivo de Casación: Se denuncia infracción al artículo 200 numerales 1) y 2) y hace referencia a la falta de aplicación de normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, al tenor de lo establecido en el articulo 719 numeral 2), ambos del Código Procesal Civil. ..Resulta determinante no olvidar que es deber de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, velar por el respeto a las formalidades que garantizan los actos que conllevan a un debido proceso y de las solemnidades que por ley están llamados los distintos Tribunales a observar tanto en el desempeño de sus funciones como en la formalidad de sus resoluciones, al tenor de lo que establece el Articulo 3, 7 del Código Procesal Civil…Que elevados los autos en mérito, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia previo al análisis de los motivos casacionales invocados de la sentencia recurrida de fecha veinte (20) de julio del año dos mil doce (2012), dictada por la Honorable Corte Tercera de Apelaciones de Lo Civil de Francisco Morazán, se lee en el numeral segundo de su Parte Dispositiva, el fallo: “2) REFORMAR LA SENTENCIA APELADA DEJANDO SIN VALOR Y EFECTO EL PRONUNCIAMIENTO NUMERO DOS DE DICHA SENTENCIA...”. … En todo Estado de Derecho la ley concede facultades de dirección y resolución a los Tribunales en el desarrollo y formalidad de los actos procesales propicios para una debida función jurisdiccional. El Código Procesal Civil establece, nomina y perfila ambos aspectos en los artículos 705 y 715. Entre los actos procesales inherentes al Juzgador se encuentran las sentencias, mismas que tienen como objeto lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las concretas exigencias que puedan regularse en la ley. … Nuestra ley adjetiva establece el alcance de la decisión que ha de adoptar la Corte de Apelación contra la recurrencia de un auto o sentencia definitiva. Lo anterior lo establece el artículo 715 del Código Procesal Civil, cuando dispone que las mismas pueden ser NULIDAD ABSOLUTA de las actuaciones o de parte de ellas cuando apreciare la existencia de infracción procesal. ANULAR si se trata de infracciones de otra clase. REVOCACION si aprecia alguna infracción en la fijación de los hechos declarados probados, en la valoración, en la aplicación o interpretación del derecho si afecta la decisión de fondo. Por demás esta mencionar el CONFIRMAR una sentencia recurrida, cuando no se encuentre en ninguna de las situaciones anteriores. … Como ya se mencionó, el pronunciamiento número dos de la parte dispositiva de la sentencia recurrida, ordena REFORMAR parte de la sentencia apelada, hoy elevada a Casación. La figura de REFORMA no se encuentra nominada entre las potestades atributivas a las Cortes de Apelaciones en cuanto a resoluciones definitivas se refiere (articulo 715 del Código Procesal Civil). Lo anterior responde a la razón que REFORMAR es introducirse a una obra (sentencia) ya existente y mutar el contenido de la misma. Lo anterior contraviene lo establecido en el artículo 203 del Código Procesal Civil, ya que con esa acción es variar desde su interior la sentencia proferida del A Quo, perdiendo su esencia original, teniendo como resultado una sentencia dictada por dos diferentes instancias de manera concatenada…. Con lo antes dicho, se reitera que esta Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Civil se ve en la imposibilidad de dar respuesta al presente recurso extraordinario, por no estar comprendida en la ley adjetiva la resolución asumida por la Corte Tercera de Apelaciones de Lo Civil del Departamento de Francisco Morazán. … . El Código Procesal Civil establece en su articulo 211 que el INCUMPLIMIENTO de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad, y estando comprendidas la sentencia impetrada dentro de las Resoluciones Judiciales pertinentes al Tribunal, es pertinente declarar la NULIDAD ABSOLUTA de la sentencia referida por estar ajena al alcance establecido en el artículo 715 del Código Procesal Civil. Con lo anterior esta Sala de lo Civil se abstiene por esta ocasión en hacer pronunciamiento alguno en cuanto a la forma y fondo del recurso de casación interpuesto. …Considerando que ante la presente Resolución no procede recurso alguno (articulo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil y siendo que el procedimiento normado para la nulidades en instancia es mediante audiencia que se celebra siguiendo las particularidades del proceso abreviado y por ende susceptible a impugnación, se omite ese procedimiento por impertinente en la sustanciación del Recurso Extraordinario de Casación.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 211 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 715 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos (02) días del mes diciembre de de dos mil trece (2013), la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados: RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, como Coordinador, EDITH MARIA LOPEZ RIVERA y REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:
SON PARTES: El Abogado JUAN FRANCISCO ZAVALA CANALES, actuando en causa propia, en su condición de recurrente; siendo recurridos los señores JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ FLORES, ELIDA MARINA FIGUEROA y MOISES SOSA LOPEZ, representados en juicio por los Abogados JOSE RICARDO CASTELLANOS y KARLA PATRICIA LOPEZ.
OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA ORDINARIA EJERCITANDO LA ACCION REVOCATORIA O PAULIANA A EFECTO DE QUE SE DECRETE JUDICIALMENTE LA REVOCACIÓN ABSOLUTA DE DOS INSTRUMENTOS PUBLICOS DE TRADICIÓN DE DOMINIO Y COSTAS DEL JUICIO, promovida en fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil diez (2010), ante el Juzgado Segundo de Letras Seccional de Danlí, Departamento de El Paraíso, por el Abogado JUAN FRANCISCO ZAVALA CANALES, actuando en causa propia, contra los señores JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ FLORES, ELIDA MARINA FIGUEROA y MOISES SOSA LOPEZ.
I. ANTECEDENTES DE HECHO.
PRIMERO: Con fecha veinte (20) de julio del dos mil doce (2012), la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha doce (12) de enero del año dos mil doce (2012), dictada por el Juzgado Segundo de Letras Seccional de Danlí, Departamento de El Paraíso, en el juicio contentivo de la DEMANDA ORDINARIA EJERCITANDO LA ACCION REVOCATORIA O PAULIANA A EFECTO DE QUE SE DECRETE JUDICIALMENTE LA REVOCACION ABSOLUTA DE DOS INSTRUMENTOS PUBLICOS DE TRADICION DE DOMINIO Y COSTAS DEL JUICIO, promovida en fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil diez (2010), ante el Juzgado Segundo de Letras Seccional de Danlí, Departamento de El Paraíso, por el Abogado JUAN FRANCISCO ZAVALA CANALES, actuando en causa propia, contra los señores JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ FLORES, ELIDA MARINA FIGUEROA y MOISES SOSA LOPEZ, dictó sentencia REFORMANDO la sentencia definitiva de fecha doce (12) de enero del año dos mil doce (2012), dictada por el Juzgado Segundo de Letras Seccional de Danlí, Departamento de El Paraíso, la cual falló de la siguiente manera: “FALLA: 1) DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE EL RECURSO.- 2) REFORMAR LA SENTENCIA APELADA DEJANDO SIN VALOR Y EFECTO EL PRONUNCIAMIENTO NUMERO DOS DE DICHA SENTENCIA.- 3) CONFIRMAR LOS DEMAS PRONUNCIAMIENTOS”.
SEGUNDO: El Abogado JUAN FRANCISCO ZAVALA CANALES, actuando en causa propia, presentó en fecha diez (10) de septiembre del año dos mil doce (2012), escrito de formalización del recurso de casación contra la sentencia dictada con fecha veinte (20) de julio del dos mil doce (2012), por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.
TERCERO: Mediante auto de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil doce (2012), la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tuvo por formalizado en tiempo y forma el Recurso de Casación por Infracción de Ley por parte del Abogado JUAN FRANCISCO ZAVALA CANALES, actuando en causa propia y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del escrito.
CUARTO: La Representante Procesal del señor MOISES SOSA LOPEZ, Abogada KARLA PATRICIA LOPEZ, presentó en fecha quince (15) de octubre del dos mil doce (2012), escrito de pronunciamiento sobre el recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha quince (15) de octubre del dos mil doce (2012), tener por pronunciado sobre la interposición del recurso de casación a la Abogada KARLA PATRICIA LOPEZ, en su condición ya indicada, ordenando la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.
QUINTO: El Representante Procesal de los señores JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ FLORES y ELIDA MARINA FIGUEROA, Abogado JOSE RICARDO CASTELLANOS, presentó en fecha veintitrés (23) de octubre del dos mil doce (2012), escrito de pronunciamiento sobre el recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintitrés(23) de octubre del dos mil doce (2012), tener por pronunciado sobre la interposición del recurso de casación al Abogado JOSE RICARDO CASTELLANOS, en su condición ya indicada, ordenando la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.
SEXTO: Recibidas las actuaciones en este Tribunal, los Abogados JOSE RICARDO CASTELLANOS, JUAN FRANCISCO ZAVALA CANALES y KARLA PATRICIA LOPEZ, todos en su condición ya indicada, presentaron escritos de personamiento en fechas ocho (08) y doce (12) de noviembre del dos mil doce (2012) respectivamente, y una vez visto el informe rendido por la Secretaria de esta Corte Suprema de Justicia, se les tuvo por personados en tiempo y forma.
SÉPTIMO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, de la siguiente manera: “V).- MOTIVOS DE CASACION: PRIMER MOTIVO: Infracción del Artículo Numero 200.1.2 literal b), o sea, en las Partes que dicen: “1 Las Sentencias, serán siempre motivadas…2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustara al siguiente contenido y concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en las que funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deben de resolverse, las pruebas que se hubieren propuesto y practicado y los hechos probados en su caso, en relación con el artículo numero 207 del Código Procesal Civil, en consecuencia, impugno la aplicación omisa de esas normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. Se trata en el fondo de infracciones, de las normas procesales, que regulan la forma y el contenido de la sentencia, produciéndose en la misma sentencia, o sea, son vicios internos que se producen o manifiestan al estructurar la sentencia, es decir en su elaboración, en general se incurrieron en infracciones que invalidan por si solos la sentencia recurrida, teniendo en cuenta, las normas procesales y orgánicas que la regulan, como la falta de motivación o la motivación insuficiente, como se evidencia en el caso de autos, en el que se arribó a una Sentencia, contradictoria e incongruente. De manera concreta, se impugna, la falta de aplicación, o sea la violación de los artículos números 200.1.2 literal b), en relación con el número 207, todos del Código Procesal Civil, que afecta la forma y contenido de la sentencia, especialmente se solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia, con el objeto de que se revise su falta de suficiencia, racionalidad y carácter lógico, por ser determinante de un sentido totalmente diferente del fallo recurrido. El Artículo número 200 del Código Procesal Civil, es claro y preciso y entre otros requisitos, exige en su numeral 1, que las sentencias, serán siempre motivadas y, en su numeral 2, al final de la letra b), “LOS HECHOS PROBADOS” pero al leer y analizar la relación de la sentencia impugnada, es decir imponerse de la misma, no se encuentra una declaración de los hechos probados en cumplimiento de ese precepto mencionado, y la motivación cuyo concepto y alcance se encuentra en el artículo numero 207 del mismo cuerpo legal, en el fallo, impugnado se evidencia insuficiente, porque no existen razonamientos fácticos y jurídicos sobre los presupuestos jurídicos del artículo número 1370 del Código Civil, este artículo, de manera irónica, fue invocado, en la parte dispositiva de la Sentencia, dictada por esta Honorable Corte, inobservaron los requisitos indispensables, que exige dicho artículo, los que consideramos, que fueron satisfechos en el plan de la demanda y probados los extremos durante el desarrollo del Juicio, Que constituyen precisamente, el derecho tutelado por la Ley, en favor del actor, cuando aquel ha demostrado y comprobado al Juez, con los medios de prueba pertinentes, la procedencia de la acción deducida, como acontece en el caso de autos, que los Jueces Ad- Quo y Ad-Quen, consideraron y estimaron el siguiente hecho, el Ad-Quen por razón de haber hecho suyos los considerandos de primera instancia, como un hecho probado, tal como consta de autos, de la pieza principal, por las pruebas aportadas, se demostró el fraude cometido por el demandado señor JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ FLORES, en contubernio con los co-demandados, coludidos Señores ELIDA MARINA FIGUEROA Y MOISES SOSA LOPEZ, pues ya el artículo precitado establece de manera clara y precisa que: “LOS ACREEDORES DESPUES DE HABER PERSEGUIDO LOS BIENES DE QUE ESTE EN POSESION EL DEUDOR PARA REALIZAR CUANTO SE LES DEBE, PUEDEN EJERCITAR TODOS LOS DERECHOS Y ACCIONES DE ESTE, CON EL MISMO FIN, EXCEPTUANDO LOS QUE SEAN INHERENTES A SU PERSONA, TAMBIEN PUEDEN IMPUGNAR LOS ACTOS QUE EL DEUDOR HAYA REALIZADO EN FRAUDE DE SU DERECHO”, concluye, pero no obstante haber quedado plenamente demostrado, durante la secuela del Juicio, dichos extremos, entre otro de los medios de pruebas, elemental, ofertados por el suscrito, y evacuado oportunamente por parte del Juez Ad-Quo, que no considero, como tal, esta Honorable Corte, se encuentra la Letra de Cambio, y demás documentos Públicos, que corresponden a las Tradiciones de dominio, efectuadas de manera simultanea, entre los demandados, con el fin de evadir el pago de dicha obligación, y que fueron precisamente, los bienes, que garantizaban dicho pago, en este sentido, los artículos números 1346 y 1348 del Código Civil, establecen, Que las obligaciones, nacen de la Ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitas o en que intervengan cualquier género de culpa o negligencia, asimismo que las obligaciones, que nacen de los contratos, tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos, razón más que suficiente, para que se hubiera dictado el Recurso de Apelación interpuesto, con lugar y como consecuencia de ello, condenando, a los demandados a la restitución de los bienes, al patrimonio a uno de los demandados, para que el suscrito, en la condición de acreedor, se hiciera pago de la obligación contraída por aquel, Es por esta circunstancia, que no alcanzamos a comprender como es posible, que esta Honorable Corte, al analizar todas las pruebas introducidas al Juicio, no hayan tomado en consideración el valor probatorio de los documentos públicos, acompañados así como la Letra de Cambio. En el caso que nos ocupa, es evidente, que esta Honorable Corte, no tomó en cuenta ni valoró dicho medio de pruebas elementales, allegados al Juicio, mediante los cuales, se demostró el engaño de que fui objeto, por parte del Señor JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ FLORES, en consecuencia consideramos que la Sentencia que por este acto, recurro, no fue dictada, de conformidad a derecho, determinándose que el Juzgador no tomó en consideración ni en cuenta la valoración de la prueba aportada por el suscrito, y la falta de aplicación del artículo número 1370 del Código Civil, en virtud de ser, plausible su aplicación.- En fin, existe insuficiencia en la motivación, pues la exigua, que existe en la sentencia verdaderamente no incide en los distintos, elementos facticos, y jurídicos del pleito, tanto considerados individualmente como en su conjunto, como lo exige el artículo numero 207. 2 del Código Procesal Civil, debiendo el Juzgador, siempre ajustarse a las reglas de la lógica y de la razón. El Artículo número 1370 del Código Civil, establece: que: “LOS ACREEDORES, DESPUES DE HABER PERSEGUIDO LOS BIENES DE QUE ESTA EN POSESION EL DEUDOR, PARA REALIZAR CUANTO SE LES DEBE, PUEDEN EJERCITAR TODOS LOS DERECHOS Y ACCIONES, DE ESTE CON EL MISMO FIN, EXCEPTUANDO LAS QUE SEAN INHERENTES A SU PERSONA, PÚEDEN TAMBIEN IMPUGNAR LOS ACTOS QUE EL DEUDOR HAYA REALIZADO EN FRAUDE DE SU DERECHO, Constituye un hecho irrefutable, que las partes demandadas, fueron con las sentencias dictadas, en ambas instancias favorecidas, pero en la dictada por esta Honorable Corte, se quedó corta y debió en base a la Ley, aplicar las disposiciones legales contenidas en los artículos números 1346 y 1348 del Código Civil, ya que de acuerdo a las pruebas aportadas en Juicio, se dan todas las premisas para ello, tal como se ha dejado perfectamente relacionado a lo largo de la formalización de este Recurso, Y dado el ataque al derecho a la propiedad privada y al trabajo manifestado en diversas formas y expresiones, que tutela nuestra carta magna, primero ante la inseguridad jurídica que provocaría de manera parcial, la Sentencia recurrida por ser injusta y Antijurídica, y, luego de ello y en base precisamente a dicho fallo, mediante el cual, se me pretende despojar, mediante fraude, el pago de una obligación contraída, es lógico, que por estas circunstancias, se me pretenden causar enormes perjuicios, Es por ello, que no debe ni puede permitirse la restricción o despojo de mi derecho, ante la tutela de nuestra Carta Magna, así como de nuestra Legislación Civil, aplicable. Queda así precisada y justificada la incidencia de esas infracciones de normas materiales, en el sentido de la Sentencia impugnada, que obviamente, me perjudicaría, de manera directa. Este motivo, esta comprendido en el artículo numero 719.2 Causales del Recurso, del Código Procesal Civil, emitido mediante Decreto Ley No. 211-2006, en la parte que dice: “2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas, de Derecho, empleadas para la solución de fondo del litigio. VII.- CELEBRACION DE LA VISTA. El suscrito, estima necesaria, la celebración de la vista por lo que oportunamente espera, sea señalada, si así lo entiende necesaria para una mejor decisión la Honorable Corte Suprema de Justicia, o en su defecto, se desiste de la misma y en este caso, se solicita, que se fije de manera directa audiencia, para la votación y fallo.”
II. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.
Aplicando lo dispuesto en los artículos 303, 304 y 313 numeral 5., 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723 y 724 del Código Procesal Civil, con especial énfasis en:
Que en uso a su derecho a una tutela jurídica efectiva, en fecha diez (10) de septiembre del año dos mil doce (2012), el Abogado JUAN FRANCISCO ZAVALA CANALES, quien actúa en nombre propio, siguiendo el rigor procesal formalizó e interpuso Recurso de Casación Por Infracción de Ley en contra de la sentencia definitiva de fecha veinte (20) de Septiembre del año dos mil doce (2012), proferida por la Honorable Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán. En el mencionado Recurso invoca un sólo motivo casacional, en aplicación de lo dispuesto en los Artículos 14 y 690, 716 y 719 del Código Procesal Civil.
Como Motivo de Casación: Se denuncia infracción al artículo 200 numerales 1) y 2) y hace referencia a la falta de aplicación de normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, al tenor de lo establecido en el articulo 719 numeral 2), ambos del Código Procesal Civil.
Resulta determinante no olvidar que es deber de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, velar por el respeto a las formalidades que garantizan los actos que conllevan a un debido proceso y de las solemnidades que por ley están llamados los distintos Tribunales a observar tanto en el desempeño de sus funciones como en la formalidad de sus resoluciones, al tenor de lo que establece el Articulo 3, 7 del Código Procesal Civil.
Que elevados los autos en mérito, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia previo al análisis de los motivos casacionales invocados de la sentencia recurrida de fecha veinte (20) de julio del año dos mil doce (2012), dictada por la Honorable Corte Tercera de Apelaciones de Lo Civil de Francisco Morazán, se lee en el numeral segundo de su Parte Dispositiva, el fallo: “2) REFORMAR LA SENTENCIA APELADA DEJANDO SIN VALOR Y EFECTO EL PRONUNCIAMIENTO NUMERO DOS DE DICHA SENTENCIA...”.
En todo Estado de Derecho la ley concede facultades de dirección y resolución a los Tribunales en el desarrollo y formalidad de los actos procesales propicios para una debida función jurisdiccional. El Código Procesal Civil establece, nomina y perfila ambos aspectos en los artículos 705 y 715. Entre los actos procesales inherentes al Juzgador se encuentran las sentencias, mismas que tienen como objeto lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las concretas exigencias que puedan regularse en la ley.
Nuestra ley adjetiva establece el alcance de la decisión que ha de adoptar la Corte de Apelación contra la recurrencia de un auto o sentencia definitiva. Lo anterior lo establece el artículo 715 del Código Procesal Civil, cuando dispone que las mismas pueden ser NULIDAD ABSOLUTA de las actuaciones o de parte de ellas cuando apreciare la existencia de infracción procesal. ANULAR si se trata de infracciones de otra clase. REVOCACION si aprecia alguna infracción en la fijación de los hechos declarados probados, en la valoración, en la aplicación o interpretación del derecho si afecta la decisión de fondo. Por demás esta mencionar el CONFIRMAR una sentencia recurrida, cuando no se encuentre en ninguna de las situaciones anteriores.
Como ya se mencionó, el pronunciamiento número dos de la parte dispositiva de la sentencia recurrida, ordena REFORMAR parte de la sentencia apelada, hoy elevada a Casación. La figura de REFORMA no se encuentra nominada entre las potestades atributivas a las Cortes de Apelaciones en cuanto a resoluciones definitivas se refiere (articulo 715 del Código Procesal Civil). Lo anterior responde a la razón que REFORMAR es introducirse a una obra (sentencia) ya existente y mutar el contenido de la misma. Lo anterior contraviene lo establecido en el artículo 203 del Código Procesal Civil, ya que con esa acción es variar desde su interior la sentencia proferida del A Quo, perdiendo su esencia original, teniendo como resultado una sentencia dictada por dos diferentes instancias de manera concatenada.
Con lo antes dicho, se reitera que esta Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Civil se ve en la imposibilidad de dar respuesta al presente recurso extraordinario, por no estar comprendida en la ley adjetiva la resolución asumida por la Corte Tercera de Apelaciones de Lo Civil del Departamento de Francisco Morazán.
El Código Procesal Civil establece en su articulo 211 que el INCUMPLIMIENTO de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad, y estando comprendidas la sentencia impetrada dentro de las Resoluciones Judiciales pertinentes al Tribunal, es pertinente declarar la NULIDAD ABSOLUTA de la sentencia referida por estar ajena al alcance establecido en el artículo 715 del Código Procesal Civil. Con lo anterior esta Sala de lo Civil se abstiene por esta ocasión en hacer pronunciamiento alguno en cuanto a la forma y fondo del recurso de casación interpuesto.
Considerando que ante la presente Resolución no procede recurso alguno (articulo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil y siendo que el procedimiento normado para la nulidades en instancia es mediante audiencia que se celebra siguiendo las particularidades del proceso abreviado y por ende susceptible a impugnación, se omite ese procedimiento por impertinente en la sustanciación del Recurso Extraordinario de Casación.
III. PARTE DISPOSITIVA.
Esta Sala de lo Civil, impartiendo Justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS emite AUTO IRRECURRIBLE y RESUELVE: 1.- Por inobservancia del contenido formal DECLARA NULIDAD ABSOLUTA de la sentencia de fecha veinte (20) de julio del año dos mil doce (2012), dictada por la Honorable Corte Tercera de Apelaciones de Lo Civil del Departamento de Francisco Morazán. 2. Que la Honorable Corte Tercera de Apelaciones de Lo Civil del Departamento de Francisco Morazán proceda a volver a dictar sentencia bajo las observaciones anunciadas. Y MANDA: Que con la certificación de este AUTO se remitan las actuaciones a la Corte de su procedencia para los efectos consecuentes.- Magistrada Ponente: REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ. NOTIFÍQUESE.
RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO.
Magistrado
EDITH MARÍA LÓPEZ RIVERA.
Magistrada
REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUÁREZ.
Magistrada