Sentencia CC-211-11 — Registro 5253
Resumen
Demanda ordinaria de reivindicación de dominio declarado sin lugar y confirmada en segunda.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el recurrente en su primer motivo con fundamento en el Artículo 719.1.c) del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia con el objeto que se revisen su falta de suficiencia, racionalidad y carácter lógico, por ser determinante de un sentido diferente el fallo, alega falta de aplicación de los Artículos 200.1.2 literal b, en relación con el 207 del Código Procesal Civil, por carecer la sentencia, entre otros, de hechos probados; pero es del caso hacer notar que la sentencia contiene declaración de hechos probados, así como los demás requisitos exigidos por los artículos citados como infringidos por falta de aplicación por el impetrante, por lo que este primer motivo resulta inadmisible."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 719, Numeral 1, letra c) (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 letra b) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
" Que el impugnante el tercer motivo lo considera comprendido en el Artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que se refiere a la facultad de impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, por aplicación indebida de los Artículos 717, 868, 872 y 874 del Código Procesal Civil los cuales según lo reconoce el mismo, contienen definiciones y disposiciones generales que como ya lo tiene establecido este Tribunal, son inviolables para efectos de casación los artículos o leyes que establecen definiciones generales, son enunciativas o de carácter general, características que revisten las normas citadas como infringidas en el presente recurso; además, hace alegatos como de instancia olvidando que para que pueda prosperar el recurso de casación, fundamentado en el numeral 2 del Artículo 719 del Código Procesal Civil han de citarse necesariamente los artículos de la ley que hayan sido clara y evidentemente infringidos, haciendo ver al juzgador tal infracción, pero sin alegar, como elementos primordiales del motivo, los propios razonamientos, amparados en su criterio, sino basado en lo que dispone la norma que se sostiene infringida, en relación con lo resuelto por el juzgador de alzada o instancia, razones que hacen inadmisible el presente motivo."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 letra a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintitrés (23) días del mes de abril de dos mil trece (2013), la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, como Coordinador y designado ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de Casación, GERMAN VICENTE GARCIA y VICTOR MANUEL LOZANO URBINA, estos dos ùltimos llamados a integrar en virtud de la excusa de la Magistrada EDITH LOPEZ RIVERA y por ausencia justificada del Magistrado JORGE REYES DIAZ, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:
SON PARTES: El Señor YAMAL YIBRIN YACAMAN, representado en juicio por el Abogado OMAR ALEXIS CLAROS en su condición de recurrente; siendo recurridos los Señores VILMA GRACIBEL, JORGE ALBERTO y EDGARDO ENRIQUE todos de apellidos CRESPO MADRID, representados en juicio por el Abogado DAVID MOLINA PINEDA.
OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA ORDINARIA DE REIVINDICACION DE DOMINIO promovida en fecha diecinueve (19) de mayo de dos mil seis (2006), ante el entonces Juzgado de Letras Tercero de lo Civil de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por el Abogado OMAR ALEXIS CLAROS, actuando en su condición de Representante Legal del Señor YAMAL YIBRIN YACAMAN, contra los Señores VILMA GRACIBEL, JORGE ALBERTO y EDGARDO ENRIQUE todos de apellidos CRESPO MADRID.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Con fecha dieciséis (16) de septiembre de dos mil once (2011), la Corte de Apelaciones Civil de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha diez (10) de febrero de dos mil diez (2010), en el juicio contentivo de la DEMANDA ORDINARIA DE REIVINDICACION DE DOMINIO promovida en fecha diecinueve (19) de mayo de dos mil seis (2006), ante el entonces Juzgado de Letras Tercero de lo Civil de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por el Abogado OMAR ALEXIS CLAROS, actuando en su condición de Representante Legal del Señor YAMAL YIBRIN YACAMAN, contra los Señores VILMA GRACIBEL, JORGE ALBERTO y EDGARDO ENRIQUE todos de apellidos CRESPO MADRID, dictó sentencia CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha diez (10) de febrero de dos mil diez (2010), emitida por el entonces Juzgado de Letras Tercero de lo Civil de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la cual falló de la siguiente manera: “FALLA: 1) Declarando SIN LUGAR la Demanda Ordinaria de Reivindicación de dominio, promovida por el Abogado OMAR ALEXIS CLAROS, mayor de edad, casado, hondureño, abogado y de este domicilio, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el numero 1414, actuando en su condición de Apoderado Judicial de YAMAL YIBRIN YACAMAN, mayor de edad, casado, Ejecutivo de Negocios, hondureño, y de este domicilio, Contra VILMA GRACIBEL CRESPO MADRID DE LARACH, casada, Arquitecta, JORGE ALBERTO CRESPO MADRID casado, Ingeniero Civil y EDGARDO ENRIQUE CRESPO MADRID, soltero, Ingeniero Civil, todos mayores de edad, hondureños y de este domicilio, para que previo los tramites de ley y en sentencia definitiva se declare con lugar la demanda y que se condene y obligue a la restitución de una franja de terreno de Setecientos sesenta y dos punto veinte metros cuadrados y a demoler un muro edificado sobre dicha franja de terreno, incluyendo cimentación, relleno de zanjas y retiro de escombros, a rectificar escritura de dominio y al pago de las costas del juicio. 2) Declarar SIN LUGAR la Excepción Perentoria de Prescripción Extintiva del derecho de Dominio opuesta por la parte demandada, 3) SIN COSTAS.”
SEGUNDO: La Representante Procesal del Señor YAMAL YIBRIN YACAMAN, Abogado OMAR ALEXIS CLAROS, presentó, en fecha treinta y uno (31) de octubre de dos mil once (2011), escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada con fecha dieciséis (16) de septiembre de dos mil once (2011), por la Corte de Apelaciones Civil de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés.
TERCERO: Mediante auto de fecha tres (03) de noviembre de dos mil once (2011), la Corte de Apelaciones Civil de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, tuvo por interpuesto en tiempo el Recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del escrito.
CUARTO: El Representante Procesal de la parte demandada, el Abogado DAVID MOLINA PINEDA, presentó, en fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil once (2011) escrito de pronunciamiento sobre el recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones Civil de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, tener por devuelto e impugnado en tiempo y forma el pronunciamiento concedido al Abogado DAVID MOLINA PINEDA en su condición de demandado-apelado, contra el recurso de Casación interpuesto contra la sentencia dictada por esa Corte en fecha dieciséis (16) de septiembre de dos mil once (2011) por el Abogado OMAR ALEXIS CLAROS, en su condición de demandante-apelante, ordenando la Corte de Apelaciones Civil de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.
QUINTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal los Abogados OMAR ALEXIS CLAROS y DAVID MOLINA PINEDA, en su condición ya indicada, presentaron escritos de personamiento en fechas ocho (08) y nueve (09) de diciembre de dos mil doce (2011); dichos personamientos fueron efectuados en tiempo y forma tal y como consta en el informe rendido por la Secretaria de esta Corte Suprema de Justicia.
SEXTO: Que la parte recurrente plantea en cuatro motivos su recurso de casación ante la Corte de Apelaciones Civil de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de la siguiente manera: “PRIMER MOTIVO EN LO RELACIONADO A ERRORES PRODUCIDOS EN LA SENTENCIA. Infracción del artículo 200.1 literal b, o sea, en la parte que dicen: “1. Las sentencias serán siempre motivadas... 2.- En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente.... b) En los antecedentes de hechos se consignarán, con claridad y concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funde que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban resolver, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados en su caso, en relación con el artículo 207 del Código Procesal Civil; por ende se impugna la aplicación omisa de esas normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. Se trata de infracciones de las normas procesales que regulan la forma y el contenido de la sentencia, produciéndose en la misma sentencia, o sea, son vicios internos que se producen o manifiestan al estructurar la sentencia, es decir que en su elaboración, en general se incurrieron en infracciones que invalidan la sentencia, teniendo en cuenta las normas procesales y orgánicas que la regulen como la falta de motivación o la motivación insuficiente. Se impugna la falta de aplicación de los artículos 200.1.2 literal b, en relación con el 207 del Código Procesal Civil, que afecta la norma y contenido de la sentencia, especialmente se solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia con el objeto, que se revise su falta de suficiencia, racionalidad y carácter lógico, por ser determinante de un sentido diferente el fallo. El articulo 200 del Código Procesal Civil, entre otros requisitos exige el numeral 1, que las sentencias serán siempre motivadas, y en su numeral 2, al final de la letra b), “los hechos probados”, pero al leer y analizar la sentencia impugnada no se encuentra una declaración de los hechos probados en cumplimiento de ese precepto mencionado, y la motivación cuyo concepto y alcance se encuentra en el artículo 207 de ese mismo cuerpo legal, en el fallo impugnado es insuficiente, porque no existen razonamientos fácticos y jurídicos sobre los presupuestos jurídicos de los artículos del Código Civil en que funda su sentencia el Tribunal requerido, como lo son el 717, 868, 872, 874. En fin, existe insuficiencia en la motivación, pues la exigua que existe en la sentencia verdaderamente no incide en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, tanto considerados individualmente como en su conjunto, como lo exige el artículo 207.2 del Código Procesal Civil, debiéndose siempre ajustarse a las reglas de la lógica y de la razón; Como fácilmente se puede apreciar la sentencia recurrida no desarrolla los hechos probados como tal, exigencia que integra la motivación de hecho, o sea, no se ha aplicado a cabalidad esa relación de los preceptos citados como infringidos, esa declaración es necesaria para conjurar las resabidas prácticas que causaban indefensión a las partes y, además, dificultaban extraordinariamente el control de los tribunales superiores sobre la declaración fáctica efectuada en la instancia. Dicha omisión es manifestación inequívoca de que la sentencia impugnada adolece de insuficiencia en la motivación así tampoco cumple con la exigencia del artículo 207.1 pues la expresión de los razonamientos fácticos, precisamente se encuentra en esa declaración de hechos probados y difícilmente se puede afirmar de una sentencia con esa acefalia que en ella encontramos la conducción hacia la apreciación y valoración apropiadas de la prueba, y tampoco satisface la exigencia del numeral 2 de ese artículo puesto que la insuficiente motivación no incide en los distintos elementos fácticos, esto es los hechos probados y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, estos vicios de motivación sin duda alguna son vicios de razonamiento, lo que se extiende hasta vicios de justificación. Así las cosas la sentencia recurrida no está provista de los elementos necesarios que permitan examinar y analizar las razones de la que normalmente se valen las decisiones como medios legítimos de la función jurisdiccional, ya que la motivación debe contener la declaración de los hechos probados que es parte de la expresión de los razonamientos fácticos, que junto con los razonamientos jurídicos, deben conducir a la apreciación de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho y al no entenderlo así la Corte recurrida ha infringido esa relación de los preceptos procesales citados en el enunciado de este motivo. De esa manera, queda así precisada y justificada la incidencia de esas infracciones en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representada. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo se halla comprendido en el artículo 719.1. C) del Código Procesal Civil, Causales del Recurso, en la parte que dice “Articulo 719.1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan:....c) La forma y contendido de la sentencia” DENUNCIA PREVIA EN LA INSTANCIA. Como los errores denunciados fueron cometidos al estructurarse la sentencia impugnada, no existe una denuncia previa en la segunda instancia, y en cuanto al requisito de subsanación, no se aplicó porque como manifestamos la infracción de la norma procesal se dio al dictarse el fallo hoy impugnado. SEGUNDO MOTIVO: Contener la sentencia infracción de actos y garantías procesales cuando su Infracción produce indefensión. Este motivo o causal de casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 1) letra b) del Código Procesal Civil, que posibilitan como lícito el impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción, en casos como el presente, produce indefensión. Expresión de las normas de derecho cuya infracción sustenta el motivo. A continuación paso a detallar las normas jurídicas de orden nacional violadas en la sentencia recurrida: a) Artículo 13 del Código Procesal Civil que dispone: “El Juez ha de valorar la prueba de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre las reglas de la sana crítica, del conocimiento, criterio humano y razonamiento lógico, salvo que éste Código u otra ley establezca una valoración concreta del resultado probatoria obtenido”. b) Artículo 245 numeral 1) del Código Procesal Civil, que expresa: “La valoración de la prueba en el proceso civil por el Tribunal excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, salvo que éste Código u otra ley establezca una valoración legal de manera expresa e inequívoca”. c) Artículo 271 numeral 5) del Código Procesal Civil, dispone: “Son documentos públicos a efectos de prueba en el proceso... 5) Las certificaciones expedidas por los registradores en los asientos regístrales. d) Artículo 272 numeral 1) del Código Procesal Civil, establece: “Los documentos públicos tendrán la fuerza probatoria establecida en el Artículo siguiente (el 273) si se aportaren al proceso en original o por testimonio, copia fotostática autenticada o certificación fehaciente o sí, habiendo sido aportado por copia simple, no se hubiere impugnado su autenticidad”. e) Finalmente, el Artículo 273 del Código Procesal Civil al regular la fuerza probatoria de los documentos públicos, imperativamente en su numeral 1) expresa que “los documentos públicos hacen prueba aún contra tercero, del hecho, acto o estado de cosas que documenten y que motivó su otorgamiento, de lugar y de la fecha de este y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en el”. He citado, Honorable Corte, las normas de derecho relacionadas con el presente motivo de casación, especificando las que propiamente fueron violadas en la sentencia hoy impugnada, que le ordenaban a la Corte hoy recurrida, apreciar en todo lo que vale el medio probatorio documental propuesto por la demandante y toral a los efectos de la litis, cual es la certificación registral que el inmueble del señor Yibrín Yacamán se encuentra inscrito bajo asiento número 37 del Tomo 1664 del Libro Registro de Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de San Pedro Sula y que data del 16 de Julio de 1992; de acuerdo con lo anterior, el Tribunal acusado debió determinar que el dominio a favor del señor Yibrín Yacamán fue inscrito en fecha anterior al de los hermanos Crespo Madrid. Corolario de lo anterior, arribamos a la conclusión que además de las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, que son las que se deben tener en cuenta por el juzgador al momento da dictar sentencia, existen pruebas tasadas o tarifadas a las que los jueces devienen obligados a darles el valor que el ordenamiento civil adjetivo les atribuye; tales pruebas son las que consisten en documentos públicos en cuyo concepto se refunde o subsume la titularidad y dominio y posesión del señor Yamal Yibrin Yacaman sobre la fracción del terreno objeto de reivindicación, a la cual, por virtud de lo dispuesto en los Artículos 13, 245 numeral 1), 271 numeral 6), 272 numeral 1) y 273 numeral 1), todos del Código Procesal Civil, la Corte sentenciadora le debió dar el crédito y valoración que como documento público le corresponde, ya que como se puede apreciar la parte demandada se defendió de la acción alegando ser igualmente propietarios legítimos de un terreno de una manzana de cabida superficial, dentro de cuya extensión se encuentra localizada la fracción en litigio, por lo que censuro entonces la sentencia del 16 de septiembre de 2011, no sólo en la falta de motivación fáctica, sino en la violación por parte de la Corte sentenciadora de las garantías procesales que atienden al rigor juris de la mencionada prueba tasada o tarifada, luego de haber dejado de valorar y consecuentemente aplicar al caso concreto la certificación registral señalada. Toda sentencia, Honorable Corte, es un silogismo, donde la premisa mayor es la demanda, la premisa menor es la contestación a la demanda y la conclusión es la sentencia, última ésta que debe ser clara, precisa y congruente con las pretensiones deducidas por las partes, resolviendo todos los puntos que hayan sido objeto de controversia.- Pero si en casos como el presente, la Corte de Apelaciones parte de una premisa falsa que es la contenida en su Considerando (6), al estimar que no encuentra sustento alguno para dar por acreditado la existencia de un derecho de propiedad sobre el terreno objeto de reivindicación, todo con motivo de hacer caso omiso de la certificación registral en donde deriva la titularidad, dominio y posesión de mi representado es indiscutible que tuvo que arribar como en efecto arribó a una conclusión falsa, cual es, la ilegal, arbitraria e injusta sentencia de declaración sin lugar de la demanda interpuesta por mi representado. Se señala y puntualiza en que consistió la violación de las normas Invocadas por parte de la Corte da Apelaciones. La Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés, en el Considerando (2) de su sentencia no apreció el medio de prueba documental propuesto por el demandante y los demandados al referirse al mismo como y consecuencia de ello, en el Considerando (6) de su sentencia, yerra al expresar: “Que los supuestos antes mencionados, quedo plenamente establecido que el demandante no tiene el derecho de propiedad sobre la franja de terreno que pretendía le fuese reivindicada o que este privado o destituido de la posesión de esta” no encontramos sustento alguno, para dar por acreditado la inexistencia de la posesión, por parte de mi representado señor YAMAL YIBRIN YACAMAN, SOBRE LA FRACCION DE TERRENO OBJETO DE REIVINDICACION, por ende es procedente el reclamo de la misma porque se probó que ni previa ni durante estos actos mi representado se desposeyó de la misma y por el contrario llevo a cabo actos de posesión sobre dicha fracción del inmueble de su propiedad, como tampoco se ha acreditado que por algún medio haya llegado a su conocimiento la existencia de que esa fracción de terreno le corresponde a los ahora demandados. Es importante reseñar que debemos entender como agravios aquellos razonamientos relacionados con las circunstancias de hecho o de derecho, que tienden a demostrar y puntualizar la violación o inexacta aplicación de la ley que se materialicen en una ausencia de tutela judicial efectiva, lo cual encontramos en la sentencia recurrida.
Incidencia de la infracción en el sentido de la Resolución impugnada. La infracción censurada, esto es, el no haber valorado como documento público la certificación de titularidad de dominio, influyó determinantemente en el sentido de la sentencia hoy impugnada, de tal manera que si la hubiere apreciado, como estaba obligada a hacerlo, como prueba tasada que es y con base en las normas de valoración de la prueba, habría arribado a otra conclusión y no a la errada de emitir un fallo de absolución. Por ello, preciso y justifico la incidencia de tal infracción en el sentido, al expresaros que la Corte sentenciadora para arribar a la conclusión que llegó en los numerales 1 y 2 de la parte dispositiva de su sentencia, la sustentó en los Considerandos (2 y 9) de la misma, desmereciendo con ello el crédito que la normativa le atribuye a las certificaciones regístrales, -que son documentos públicos.- Es lógico que al hacer equivocadamente la apreciación que hizo en sus Considerandos (2 y 9) y por ende no darle el valor jurídico que como prueba tasada le corresponde, violó los Artículos 13, 245 numeral 1), 271 numeral 5), 272 numeral 1) y 273 numeral 1) del Código Procesal Civil. TERCER MOTIVO EN LO RELACIONADO A LA INFRACCION DE LEY MATERIAL. Es el caso que la Corte Sentenciadora empleo para el fondo del litigio los artículos 717, 868, 872, 874 del Código Civil los cuales se impugnan por ser ajenos a la esencia del caso controvertido, por que los mismos definen disposiciones generales de la posesión y la reivindicación, pero en este caso concreto no pueden operar para enervar lo solicitado por el demandante y al no existir las causas que se mencionan en los mismos la aplicación de ellos es superflua su invocación por los que estas normas no resuelven el fondo del litigio, ya que en el caso del juicio, el señor YAMAL YIBRIN YACAMAN ha interpuesto demanda de reivindicación de dominio en contra de los demandados VILMA GRACIBEL CRESPO MADRID DE LARACH, JORGE ALBERTO CRESPO MADRID y EDGARDO ENRIQUE CRESPO MADRID, en relación con una fracción de terreno de la que el demandante es dueño legítimo y que está comprendida dentro de un lote identificado con la letra B) de la Colonia Juan Lindo de San Pedro Sula; y los demandados se defendieron de la acción alegando ser igualmente propietarios legítimos de un terreno de una manzana de cabida superficial, dentro de cuya extensión se encuentra localizada la fracción en litigio; la Corte de Apelaciones Civil acusada estableció en el segundo considerando de la sentencia recurrida en casación, que el inmueble del señor Yibrín Yacamán se encuentra inscrito bajo asiento número 37 del Tomo 1664 del Libro Registro de Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de San Pedro Sula y que el inmueble de los demandados hermanos Crespo Madrid lo está bajo el asiento número 97 del Tomo 3618 del mismo Libro Registro; de acuerdo con lo anterior, para el Tribunal acusado, el dominio a favor del señor Yibrín Yacamán füe inscrito en fecha anterior al de los hermanos Crespo Madrid, ya que, aunque la Corte no citó específicamente las fechas de ambas inscripciones, el Registro de la Propiedad lleva la numeración de los Tomos del Registro en orden correlativo a la inscripción de los derechos de dominio y demás de carácter real que solicitan, los interesados, de manera que el Tomo 1664 es de fecha anterior al Tomo 3618, lo que resalta a folio 14 vuelto en el que aparece que la inscripción 37 Tomo 1664 es del 16 de Julio de
1992 y en e1 folio 39, en el que aparece que el asiento 97 Tomo 3618 es de fecha 17 de Agosto del 2000; calculando las fechas encontramos que el título del señor Yibrín es OCHO AÑOS, UN MES Y UN DIA anterior al título de los hermanos Crespo. No obstante que el Tribunal aquo declaró que el título del demandante fue inscrito primero que el título de los demandados, en el cuarto considerando estableció que “En el caso que nos ocupa el demandante no logró acreditar ser el dueño de la franja de terreno que reclama, contrario a ello de los medios de prueba que se ha hecho referencia, se acredita que su actual poseedor los hoy demandados son sus propietarios” declaración con la que dejó de aplicar la ley que lo regula, desconociendo la existencia de las normas que disciplinan la venta de un mismo inmueble a diferentes compradores, dichas normas son el articulo 1630 del Código Civil, que establece que si una misma cosa se hubiere vendido a diferentes compradores, la propiedad se transferirá... SI FUERE INMUEBLE, LA PROPIEDAD PERTENECERA AL ADQUIRIENTE QUE ANTES LA HAYA INSCRITO EN EL REGISTRO, del que cito como precedente la sentencia de casación dictada por esta misma Corte, en el expediente CC-2096-2001 de fecha 19 de Enero de 2004, relacionado con la Demanda Ordinaria interpuesta por MARIA SALOME LOPEZ en contra de BLANCA ROSA BENDECK DE ZABLAH y el artículo 2344 del mismo Código Civil, que ordena que de varias inscripciones relativas a un mismo inmueble se preferirá la primera. En el caso del juicio, la Corte acusada prefirió la segunda inscripción registral no la primera, violando las normas legales invocadas, y aplicando las normas de carácter general señaladas, que fueron infringidas por aplicación indebida en la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, y dejando aplicar las disposiciones señaladas que al haber sido aplicadas en la sentencia dictada la misma hubiese quedado arreglada a derecho, en el sentido de declarar con lugar la demanda y respectivamente reivindicar la fracci6n de terreno a favor de mi representado. Que la referida aplicación indebida de 1os artículos 717, 868, 872, 874 del Código Civil imposibilita la aplicación de los artículos 1630 y 2344 del Código Civil, ya que dicha aplicación indebida incide de una manera directa y notable en la resolución dictada, pues la Corte de Apelaciones de lo Civil infringe la ley que manda lo expresado en dichas normas dejadas de aplicar para la solución del fondo del litigio las normas atinentes a la misma resultando claramente que por su falta de aplicación, que la sentencia recurrida en casación fue en el sentido de declarar sin lugar el recurso de apelación y en consecuencia se confirma la sentencia de primera instancia. La Corte recurrida no lo ha entendido así, y por ello es que se impugnan esas normas empleadas en la solución del litigio, porque inciden en el sentido del fallo e inciden en su contenido. Que de la forma así precisada y justificada la incidencia de esas infracciones de normas materiales en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representada. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo se halla comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, Causales del Recurso, en la parte que dice “Artículo 71.9.2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio.” CUARTO MOTIVO DE CASACIÓN. CONTENER LA SENTENCIA INFRACCION DE ACTOS Y GARANTIAS PROCESALES CUANDO SU INFRACCION PRODUCE INDEFENSION. EXPRESION DE NORMAS DE DERECHO CUYA INFRACCION SUSTENTA EL MOTIVO. A continuación se detallan las normas jurídicas violadas en la sentencia que hoy se recurre: Artículo 13 del Código Procesal Civil que dispone “El juez ha de valorar la prueba de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre las reglas de la sana critica, del conocimiento, criterio humano y razonamiento lógico, salvo que este Código u otra ley establezca una valoración concreta del resultado probatorio obtenido. Artículo 245 numeral 1) del Código Procesal Civil que expresa “La valoración de la prueba en el proceso civil por el Tribunal excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, salvo que este Código u otra ley establezca una valoración legal de manera expresa e inequívoca. Artículo 335 del Código Procesal Civil al regular la fuerza probatoria del dictamen pericial expresa “1.- El juzgado o tribunal valorará los dictámenes periciales de manera precisa y razonada; atendiendo a la reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, tomando en consideración la razón de ciencia que hubieren dado, las circunstancias que en ellos concurran y en su caso las techas formuladas y los resultados de la prueba que sobre estás se hubieren practicado. -2. En el caso
que el órgano jurisdiccional se aparte de las conclusiones de un dictamen deberá motivarlo expresamente en la sentencia.” Se han citado, Honorable Corte, las normas de derecho relacionadas con el presente motivo de casación, especificando las que propiamente fueron violadas en la sentencia hoy impugnada, que le ordenaban a la Corte hoy recurrida, apreciar en todo lo que vale el medio probatorio pericial propuesto por la parte demandante y que es toral para los efectos de la litis y que la misma Corte consigna de una manera vaga en el considerando numero 2 de la sentencia recurrida y que consistente en el MEDIO DE PRUEBA NUMERO TRES, INSPECCION PERSONAL DEL JUEZ Y PERICIAL SIMULTANEO, propuesto por la parte demandante, según escrito a folio 159 y evacuado en la audiencia de fecha 22 de Abril del 2008, a folio 193 todos los folios de la primera pieza. En el caso que nos ocupa, la Corte acusada, a pesar de que en el segundo considerando expresa que analizó la prueba documental, testifical, inspeccional y pericial propuesta por ambas partes, entre la que se encuentra la Inspección Personal del Juez y Dictamen Pericial simultáneo, evacuado en audiencia de fecha 22 de abril de 2008, a folio 193, no procedió a hacer el razonamiento necesario para llegar a la decisión adoptada, ya que, conforme el dictamen pericial rendido en evacuación de la prueba de mi representado, el terreno del señor Yibrín Yacamán perdió un total 671.08 varas cuadradas en relación a su medida original y en el rumbo Norte, en lugar de los 23.50 metros que inicialmente medía pasó a medir
17.0265 y en el rumbo Sur, en lugar de 22 metros que Inicialmente medía, pasó a medir 17.0265 y en el rumbo Sur, en lugar de 22 metros que inicialmente medía, pasó a medir 17.0265 lo que implica que los hermanos Crespo Madrid SI SE INTRODUJERON al terreno del señor Yibrín Yacamán; contrario a todo razonamiento lógico, la Corte acusada estimó que la parte demandante no logró acreditar que está privado o destituido de la posesión de la faja de terreno en disputa, por consecuencia al llegar la Corte acusada a una conclusión distinta. Con el dictamen rendido por el Perito Aly Salvador Gonzáles en la evacuación de la prueba de mi representada quedó establecida la desmejora o pérdida de una faja o fracción de terreno, en un área de 671.08 varas cuadradas, de manera que la Corte no dio por acreditado un hecho, a pesar de existir prueba idónea sobre el mismo. La Corte acusada al apartarse de las conclusiones del dictamen presentado por la parte demandante y no motivarlo expresamente en la sentencia hoy recurrida produce indefensión a mi representada ya que, en forma contraria a las reglas de la sana crítica, subestimó el peritaje rendido con las formalidades legales y sobreestimó el peritaje rendido sin haber sido, propuesto, y que relaciona en el considerando numero 3 de la sentencia recurrida. Que es el caso que no se entiende por qué la Corte se refiere en su fallo a esta circunstancia, pero la misma no explica COMO CONCLUYO EN QUE LA PRUEBA PERICIAL, propuesta por nuestra parte no es determinante al caso de autos, por lo que resulta irrisorio la conclusión que la Corte sentenciadora hace esta circunstancia al consignar lo establecido en el considerando tres de su sentencia, por lo que es evidente que la sana crítica y el razonamiento humano empleado por la corte sentenciadora, no es congruente con el fallo, que carece de suficiencia, racionalidad y carácter lógico, por lo que se debe revisar la existencia de la sentencia en casación, ya que estos elementos se toman claves para darle un sentido diferente a la sentencia. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo se halla comprendido en el artículo 719.1. letra b) del Código Procesal Civil, Causales del Recurso que posibilita como lícito el impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción, en casos como el presente, produce indefensión.”
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que la Corte de Apelaciones Civil de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, tuvo por interpuesto y formalizado el recurso de casación, por el Abogado Omar Alexis Claros, en su condición de apoderado judicial del señor Yamal Yibrin Yacaman, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el 16 de septiembre de 2011; recurso de casación que formalizó en cuatro motivos, el primero con fundamento en el Artículo 719.1.c) del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia; el segundo motivo de casación con fundamento en el Artículo 719 numeral 1 letra b) del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción produce indefensión; el tercer motivo lo considera comprendido en el Artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que se refiere a la facultad de impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio y, el cuarto motivo con fundamento en el Artículo 719.1 letra b) del Código Procesal Civil, que se refiere a impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción produce indefensión.
Que el recurrente en su primer motivo con fundamento en el Artículo 719.1.c) del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia con el objeto que se revisen su falta de suficiencia, racionalidad y carácter lógico, por ser determinante de un sentido diferente el fallo, alega falta de aplicación de los Artículos 200.1.2 literal b, en relación con el 207 del Código Procesal Civil, por carecer la sentencia, entre otros, de hechos probados; pero es del caso hacer notar que la sentencia contiene declaración de hechos probados, así como los demás requisitos exigidos por los artículos citados como infringidos por falta de aplicación por el impetrante, por lo que este primer motivo resulta inadmisible.
Que el impetrante en su segundo motivo de casación con fundamento en el Artículo 719 numeral 1 letra b) del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción produce indefensión, en el acápite que denomina “expresión de las normas de derecho cuya infracción sustenta el motivo”, detalla como normas jurídicas de orden nacional violadas en la sentencia recurrida, disposiciones adjetivas contenidas en el Código Procesal Civil, poniendo en evidencia que confunde las normas procesales a que se refiere el Artículo 719 numeral 1 del Código Procesal Civil, con las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, a que se refiere el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, lo que hace que el motivo sea inadmisible.
Que el impugnante el tercer motivo lo considera comprendido en el Artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que se refiere a la facultad de impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, por aplicación indebida de los Artículos 717, 868, 872 y 874 del Código Procesal Civil los cuales según lo reconoce el mismo, contienen definiciones y disposiciones generales que como ya lo tiene establecido este Tribunal, son inviolables para efectos de casación los artículos o leyes que establecen definiciones generales, son enunciativas o de carácter general, características que revisten las normas citadas como infringidas en el presente recurso; además, hace alegatos como de instancia olvidando que para que pueda prosperar el recurso de casación, fundamentado en el numeral 2 del Artículo 719 del Código Procesal Civil han de citarse necesariamente los artículos de la ley que hayan sido clara y evidentemente infringidos, haciendo ver al juzgador tal infracción, pero sin alegar, como elementos primordiales del motivo, los propios razonamientos, amparados en su criterio, sino basado en lo que dispone la norma que se sostiene infringida, en relación con lo resuelto por el juzgador de alzada o instancia, razones que hacen inadmisible el presente motivo.
Que el recurrente en su cuarto motivo con fundamento en el Artículo 719.1 letra b) del Código Procesal Civil, que se refiere a impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción produce indefensión, en el acápite que denomina “expresión de normas de derecho cuya infracción sustenta el motivo”, detalla como normas jurídicas violadas en la sentencia disposiciones adjetivas contenidas en el Código Procesal Civil, poniendo en evidencia que confunde las normas procesales a que se refiere el Artículo 719 numeral 1 del Código Procesal Civil, con las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, a que se refiere el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, falta de claridad que hace que el motivo sea inadmisible.
Que en conclusión, la defectuosa presentación del recurso por parte de la impetrante, en esta fase procedimental, hace procedente su inadmisión por concurrir en los cuatro motivos de casación expuestos, la causa prevista en el numeral 2, literal a) del Artículo 723 del Código Procesal Civil.
Que el apoderado legal de la parte recurrida, dentro del plazo de diez (10) días que se le concedió, se pronunció sobre el contenido del recurso planteado por la apoderado de la parte recurrente, rechazando los argumentos del impugnante.
Que por las razones expuestas, procede en derecho dictar una resolución fundada en la no admisión a trámite del recurso de casación planteado por el apoderado de la parte recurrente, por lo que es procedente declarar firme la sentencia de que se ha hecho mérito, condenar en costas a la parte recurrente y devolver los antecedentes, junto con la certificación de la presente resolución, al tribunal de su procedencia.
Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724 y 914 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) LA INADMISIÓN DEL RECURSO De Casación, planteado por el Abogado Omar Alexis Claros, en su condición de apoderado judicial del señor Yamal Yibrin Yacaman, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en la demanda ordinaria de reivindicación de dominio, promovida por el Abogado Omar Alexis Claros, en su condición de apoderado judicial del señor Yamal Yibrin Yacaman, contra los señores Vilma Gracibel Crespo Madrid de Larach, Jorge Alberto Crespo Madrid y Edgardo Enrique Crespo Madrid. 2) Firme la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el 16 de septiembre de 2011, en el expediente de apelación número 36-10CV, originada en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 91-06 del Juzgado de Letras Tercero de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. 3) Condenar en costas a la parte recurrente; y, 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio.- REDACTÓ el MAGISTRADO RAÚL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- NOTIFIQUESE.
RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO
COORDINADOR
Pa...
….. san las firmas.
GERMAN VICENTE GARCIA
MAGISTRADO
VICTOR MANUEL LOZANO URBINA
MAGISTRADO