Sentencia CC-194-10 — Registro 5245
Resumen
Demanda ordinaria de nulidad de una escritura pública definitiva de propiedad en dominio pleno otorgada por corporación municipal,declarada con lugar y confirmada en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que en la explicación de este primer motivo de casación, el recurrente invoca error de hecho en la apreciación de las pruebas, por infracción de los artículos 1497 del Código Civil, en relación con el artículo 321 del Código de Procedimientos en materia civil, comprendiéndolo en la causal establecida en el numeral 7º. del artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles; pero es el caso, que visto el motivo en la forma expuesta, es evidente que el censor al explicar el motivo de la infracción, incurre en irregularidad técnica en el planteamiento del mismo, además de copiar el contenido del artículo 1497 del Código Civil y del artículo 321 del Código de Procedimientos Civiles, que cita como infringidos, hace alegatos de instancia, los cuales son improcedentes en el recurso extraordinario de casación formulado, y además al exponer sus argumentos en el desarrollo de su planteamiento, señala que el concepto de la infracción se da por error de hecho en la apreciación de las pruebas contenidas en el juicio de mérito al no apreciar el Tribunal sentenciador de segunda instancia en la sentencia recurrida un documento público que tiene carácter de auténtico y que constituye prueba documental aportada por la parte demandante principal, mismo que corre agregado al juicio en referencia y que demuestra por sí solo la equivocación evidente del juzgador; sin embargo el recurrente sólo se limita a establecer o manifestar que existe error de hecho en la apreciación de la prueba documental antes referida, exponiendo su propio criterio y razonamiento en cuanto a la valoración de dicha prueba documental, que según él debió hacer el Tribunal sentenciador, sin demostrar o acreditar en forma fehaciente, detallada y precisa en que consiste en error de hecho en que incurrió el Tribunal sentenciador al valorar la prueba al momento de dictar la sentencia recurrida; asimismo, resulta ser que el recurrente al explicar el motivo de la infracción, también acusa a la sentencia recurrida por infracción de ley, cuando el punto de partida es el error de hecho en la apreciación de la prueba, incurriendo de ésta forma, como antes se dijo en irregularidad técnica en el planteamiento del mismo, apartándose del estilo y elemental técnica de casación, dado que al desarrollar la explicación del motivo claramente se refiere a la falta de aplicación de los preceptos legales que se citan como infringidos, pero es de señalar, que este alto Tribunal ya ha establecido que son inviolables para efectos de casación los artículos o leyes que establecen definiciones generales porque son enunciativos o de carácter general, características éstas que revisten los artículos 1497 del Código Civil y 321 del Código de Procedimientos Civiles, citados como infringidos en el presente recurso de casación que nos ocupa; la cual vuelve oscuro y ambiguo este primer motivo de casación; y por consiguiente, el planteamiento del recurrente en los términos interpuestos, hace que el motivo carezca de la claridad y precisión que se requieren; circunstancias éstas, que son válidas para no admitir este primer motivo de casación."
Legislación citada
- Código de Procedimientos Civiles, art. 903 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 916 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
“Que en la explicación de este segundo motivo de casación, el impetrante argumenta “que la falladora subjudice, al aplicar, el referido precepto sustantivo civil en el séptimo considerando de la sentencia recurrida, la interpreta erróneamente, ya que precisamente a través de dicha consideración, la misma sentenciadora taxativamente, reconoce y confiesa que la evacuación del medio probatorio inspeccional al inmueble objeto de la litis, propuesto por la demandante principal, por falta de logística no se pudo inspeccionar todas las exterioridades del inmueble”; (folio 540 de la primera pieza), aunque inverosímil e ilegalmente justifique que se trata del mismo inmueble inspeccionado, a sabiendas y como ya lo ha reconocido y expresado en ese mismo considerando, que el mismo no sé pudo inspeccionar o reconocer el su totalidad en lo concerniente a sus limites y colindancias; precisamente por esa falta de logística; insufiencia probatoria que de ninguna manera, le puede servir para alcanzar los fines de la eficacia contemplada por la citada disposición; habiendo resultado imposible apreciarlo y reconocerlo en su totalidad, con relación al hecho investigado, particularmente con la acción reivindicatoria subjudice”, pero resulta ser que el impetrante en la explicación de este motivo señala que el concepto de la infracción es por interpretación errónea del artículo 1522 del Código Civil, pero además de que se esta refiriendo al haz probatorio contenido en el juicio de mérito, y específicamente al medio de prueba de inspección propuesta por la parte demandante principal, olvidando el impetrante que el objeto del recurso de casación es verificar las disposiciones que se le alegan infringidas efectivamente lo fueron, haciendo ver al juzgador tal infracción, pero sin alegar como elementos primordiales del motivo los propios razonamiento del recurrente amparados en su criterio, como ocurre en el presente caso, sino basados en lo que disponen las normas sustantivas que se consideran infringidas en relación por lo resuelto por el Juzgador de segunda instancia en la sentencia recurrida; también se refiere al séptimo considerando de la sentencia recurrida limitando su escrito a cuestiones que no trascienden al estudio y objeto de la casación, por lo que la forma, en que el impetrante formula este motivo de casación es incompleto y adolece de claridad y precisión por lo siguiente: 1) Los artículos 320 y 321 del Código de Procedimientos Civiles son normas adjetivas inviolables para efectos de casación.- 2) No se singularizan con precisión los medios probatorios mal apreciados.- 3) No se señalan las normas adjetivas que sirven de medio para la violación de las leyes sustantivas; y 4) También se formulan alegatos de instancia y se atacan considerandos de la sentencia recurrida; pronunciamientos estos que son impropios en este recurso de casación; estimando entonces, que debido a la falta de claridad y precisión en el desarrollo del mismo también es procedente declarar inadmisible este segundo motivo de casación planteado.”
Legislación citada
- Código de Procedimientos Civiles, art. 903 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 916 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 920, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que en la explicación de éste tercer motivo de casación, el casacionista argumenta: “Que en ese mismo séptimo considerando del laudo impendiado, pese a recogerse y reconocerse en el mismo que en lo concerniente a la práctica de la prueba inspeccional propuesta por la parte demandante principal para reconocerse todas las exterioridades del inmueble objeto del debate, no se pudo llevar a cabo, por falta de logística, (folio 540 de la primera pieza), la corte sentenciadora dejó de reconocer y mucho menos aplicar el pleno cumplimiento del presupuesto incumbatorio, imputable en este caso, exclusivamente a la demandante principal Promociones y Turismo, S.A., semi evacuación probatoria, que de ningún modo, puso servir en la acreditación de las dos acciones; la nulidad y la reivindicatoria, ilegal e indebidamente acumuladas en el plan de la demanda principal subjudice; considerándose comprendido este motivo en el artículo 903 numeral primero del Código de Procedimientos Civiles”. Sin embargo, resulta evidente que la forma en que el casacionista formula este motivo de casación es incompleto y adolece de claridad y precisión por lo siguiente: 1) Los artículos 320 y 321 del Código de Procedimientos Civiles, son normas adjetivas inviolables para efectos de casación.- 2) No se singularizan con precisión los medios probatorios mal apreciados. 3) No se señalan las normas adjetivas que sirven de medio para la violación de las leyes sustantivas y, 4) Se formulan alegatos de instancia se atacan considerandos de la sentencia recurrida; pronunciamientos impropios en éste recurso; por lo anterior, se declara inadmisible este tercer motivo de casación, así planteado por el casacionista."
Legislación citada
- Código de Procedimientos Civiles, art. 903, Numeral 7 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 916 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que en la explicación de este cuarto y último motivo de casación, el impugnante manifiesta: “Que el octavo considerando, la corte sentenciadora interpreta erróneamente e indebidamente dicho precepto sustantivo civil, ya que como resulta inobjetablemente visible de los mismos autos, entre el primer reclamo resuelto por la Honorable Corporación Municipal de Tela, Atlántida, mediante el proferimiento de su primera resolución del 29 del noviembre de 2001; y el segundo reclamo, donde, también pronunció la segunda resolución, con fecha 4 de abril de 2005, efectivamente concurren, la más perfecta referida, triple identidad, requerida por dicho precepto sustantivo, resultando más bien totalmente extemporáneo y por ende violatorio, por el plazo de dos años, contemplados por el artículo 142 que tuvo la mencionada demandante principal, por haber interpuesto sin haberlo hecho, el respectivo recurso de revisión autorizado por el artículo 141, ambos de la Ley de Procedimientos Administrativos contra esa primera resolución. Entonces no se trata pues ni de la imposibilidad impugnativa de la primera, ni la invariabilidad de la segunda, resoluciones dictadas por la referida Corporación Municipal de Tela, Atlántida, sino precisamente de la inobjetable concurrencia de la referida triple identidad entre una y otra resolución ejidales, sin perjuicio de la notaria extemporaneidad, vía caducidad, incurrida por la mencionada adversaria, al haber interpuesto extemporáneamente y de modo viciado, el citado recurso de revisión, más de cuatro años, después del proferimiento de la primera resolución dictada precisamente por ese mismo órgano administrativo”. Pero resulta ser que del análisis de los argumentos esgrimidos por el impugnante en el planteamiento de este cuarto y último motivo de casación, se desprende que el mismo impugnante además de formular alegatos de instancia, también se refiere específicamente al considerando número ocho de la sentencia recurrida pronunciamientos estos que son impropios en el recurso de casación; como también es evidente que al igual que en el motivo anterior la forma en que el impugnante plantea este cuarto y último motivo de casación, es incompleta y le falta claridad y precisión, porque en su planteamiento no explica de forma clara y precisa en que consiste la interpretación errónea que el tribunal sentenciador da al párrafo primero del artículo 1537 del Código Civil; y en tal virtud también es procedente inadmitir este cuarto y último motivo de casación."
Legislación citada
- Código de Procedimientos Civiles, art. 903, Numeral 7 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 916 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Sala Civil. Tegucigalpa, M.D.C., a los once días del mes de Junio del año de dos mil trece.
VISTO: Para dictar sentencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha siete (7) de diciembre del año dos mil diez (2010), por el Abogado JACOBO ZALDIVAR ZAMORA, mayor de edad, casado, miembro inscrito en El Colegio de Abogados de Honduras bajo el número 1279 y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, actuando en su condición de Apoderado de la señora SATURNINA JERONIMO MARTINEZ Y OTROS; en relación a la Demanda Ordinaria de Nulidad de una Escritura Pública Definitiva de Propiedad en Dominio Pleno que otorgó la Corporación Municipal de Tela y que contiene Partición de un Lote de Terreno, promovida en fecha veinte (20) de julio del año dos mil cinco (2005), ante el Juzgado de Letras Seccional de Tela, departamento de Atlántida por el Abogado ANDRES ACOSTA GARCIA, mayor de edad, soltero, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el número 06340 en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil PROMOCIONES Y TURISMO S.A. de C.V., contra la Corporación Municipal de Tela, departamento de Atlántida, la señora SATURNINA JERONIMO MARTINEZ, quien es mayor de edad, casada, ama de casa y vecina de la ciudad de Tela, departamento de Atlántida; y contra los Terceros Adquirientes DARIO ALEJANDRO MUNGUIA QUEZADA, OSCAR OMAR AGUILAR GARCIA, RUBEN ANTONIO MARTINEZ y JAVIER NUÑEZ MEJIA, todos ellos mayores de edad, hondureños y con domicilio en la ciudad de Tela, departamento de Atlántida. El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia de fecha diez (10) de agosto del año dos mil diez (2010), dictada por la Corte de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, que CONFIRMÓ la sentencia de fecha siete (7) de marzo del año dos mil ocho (2008), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Tela, departamento de Atlántida, el cual falló de la siguiente manera: “FALLA: 1.-) DECLARANDO CON LUGAR la Demanda ordinaria de NULIDAD DE UNA ESCRITURA PUBLICA DEFINITIVA DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO otorgada por la Corporación Municipal de Tela Departamento de Atlántida y que contiene la partición de un lote de terreno, NULIDAD DE ESCRITURAS PUBLICAS E INSCRIPCIONES OTORGADAS A TERCEROS ADQUIRIENTES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, en consecuencia.- SE DECLARA: La Nulidad de la Escritura Publica registrada en el asiento numero 24 del tomo 305 del Libro de Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas a favor de la señora SATURNINA JERONIMO MARTINEZ.- 1.b.-) SE DECLARA: La Nulidad de las Escrituras Publicas derivadas de esta, siendo las siguientes: a.- La Escritura Publica bajo el asiento 88 del tomo 306 del Libro del Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas a favor del señor DARIO ALEJANDRO MUNGIA.- b.- La Escritura Publica inscrita bajo el asiento 89 del tomo 306 del Libro del Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas a favor del señor OSCAR OMAR AGUILAR GARCIA.- c.- La Escritura Publica inscrita en el asiento 23 del tomo 315 del Libro del Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas a favor del señor RUBEN ANTONIO MARTINEZ.- d.- La Escritura publica inscrita bajo el asiento numero 11 del tomo 312 del Libro del Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas a favor del señor ALDO JAVIER NUÑEZ MEJIA.- 2.- DECLARA CON LUGAR la ACCION REIVINDICATORIA DE DOMINIO, entablada en la misma demanda, ambas acciones promovidas por el Abogado ANDRES ACOSTA GARCIA en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil Promociones y Turismo S.A de C.V. contra los señores DANIEL FLORES VELASQUEZ, SATURNINA GERONIMO MARTINEZ, DARIO ALEJANDRO MUNGUIA QUEZADA, RUBEN ANTONIO MARTINEZ, ALDO JAVIER NUÑEZ MEJIA, OSCAR OMAR AGUILAR GARCIA, todos de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia.- 3.-) SE DECLARA SIN LUGAR Las Excepciones Perentorias de: NULIDAD POR VIA DE ALEGACION O DEFENSA, PRESCRIPCION EXTINTIVA DE LA ACCION, Y PRESCRIPCION DE DERECHO, promovidas por el Abogado JACOCO ZALDIVAR ZAMORA, en su condición de apoderado legal de los señores SATURNINA JERONIMO MARTINEZ, DARIO ALEJANDRO MUNGUIA QUEZADA, RUBEN ANTONIO MARTINEZ, ALDO JAVIER NUÑEZ MEJIA, Y OSCAR OMAR AGUILAR GARCIA, respectivamente.- 4.-) SE DECLARA SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA PARA EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS que por Vía de Reconvención promoviere el Abogado JACOBO ZALDIVAR ZAMORA, en su condición de apoderado legal del señor OSCAR OMAR AGUILAR GARCIA.- 5.-) SE ORDENA La Restitución del Inmueble objeto de litigio.” Sin costas en primera instancia.
RESULTA: Que en fecha siete (7) de diciembre del año dos mil diez (2010), compareció ante este Tribunal de Justicia el Abogado JACOBO ZALDIVAR ZAMORA, en su condición ya indicada, formalizando el Recurso de Casación de la manera siguiente: “PRIMER MOTIVO: Error de hecho en la Apreciación de la Prueba que resulta de documento auténtico que demuestra la equivocación del Juzgador. EL CONCEPTO DE LA INFRACCION SE EXPLICA, ASI: El Código Civil establece en el párrafo primero del artículo 1497. “Son documentos públicos los autorizados por Notario o empleado público competente, con las formalidades requeridas por la ley”. Relacionado con lo anterior la norma adjetiva del Código de Procedimientos Civiles en el artículo 321, establece: “Bajo la denominación de instrumentos o documentos públicos se comprenden: 1º......2º......3º. Los documentos para ello, en lo que se refiera al ejercicio de sus funciones”. Del contenido de las normas jurídicas anteriormente transcritas se deduce que las resoluciones que emitan las Corporaciones Municipales, específicamente la dictada por la Corporación Municipal de Tela, Departamento de Atlántida de conformidad a lo estipulado en el artículo 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo, tiene la categoría de documento o instrumento público y por lo tanto hace prueba, aun contra terceros, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de este en la forma que lo manda el artículo 1499 del Código Civil. A folio 16 de la primera pieza de autos, se encuentra agregado el documento denominado “CERTIFICACION” donde se establece. El preámbulo del acta número 3 punto 7, inciso 7, sesión celebrada por la Corporación Municipal de Tela, Departamento de Atlántida, el día veintiuno (21) de marzo del año dos mil cinco (2005), en sesión de eventos múltiples, presidida por el Alcalde Municipal Daniel Flores Velásquez......ACORDO: Admitir el presente escrito tener por presentado el recurso de reposición, por mayoría de votos anular el punto de acta numero 5, inciso 10 del acta 22 de fecha jueves, 29 de noviembre del 2001, el cual contiene el otorgamiento de dominio pleno de un inmueble a la señora Saturnina Jerónimo Martínez......NOTIFIQUESE. (Obsérvese que el recurso de reposición se le concede al apoderado de la Sociedad Mercantil Promociones y Turismo, S.A.). El documento antes relacionado se toma como fundamento para otorgarle a la señora Saturnina Jerónimo Martínez mediante escritura pública el dominio pleno de un inmueble efectuado por la Municipalidad de Tela, Atlántida, inscrito a su favor bajo el asiento número 88 del tomo 306 del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de la ciudad de Tela, departamento de Atlántida (folios 19-20 P. pieza). Dichos documentos son apreciados en la sentencia definitiva que tuvo a bien emitir la Honorable Corte de Apelaciones de Ceiba, Departamento de Atlántida, ahora recurrida; en sus considerando 11 y 12, aprecia la Corte recurrida los indicados documentos y que la hace incurrir en error por las siguientes razones: A). Según la Certificación agregada al expediente(p. pieza de autos folio 16), a la señora Saturnina Jerónimo Martínez, la Corporación Municipal de Tela, Atlántida, le otorgo en dominio pleno un inmueble y con ese documento dicha Corporación Municipal le otorgo el dominio a favor de la señora Jerónimo, según asiento Registral Numero 88 Tomo 305 del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Tela, Atlántida. B). Tomando en consideración lo antes expuesto la Corporación Municipal de Tela, Atlántida, no estaba facultada para anular el dominio pleno de una inmueble otorgado a favor de la señora Jerónimo Martínez, por cuanto era de pleno conocimiento que mediante punto de acta numero 5, del inciso número 10, del acta 22 de fecha jueves 29 de noviembre del 2001, le habían otorgado el dominio pleno del inmueble a la referida señora y el punto de acta con que se anula el dominio pleno otorgado se realizo el día 20 de marzo del año 2005. C). No cabe duda que a la señora Jerónimo Martínez, se le violentó los derechos constitucionales del Derecho de Defensa (art. 82) y el Derecho a la Propiedad (art. 103), ambos artículos de la Constitución de la República, por cuanto la Corporación Municipal de Tela, Departamento de Atlántida en un claro abuso de autoridad se arrogó funciones que son exclusivas del Poder Judicial, es decir si ya existía el otorgamiento en dominio pleno de un inmueble, autorizado mediante el punto de acta numero 5, inciso 10, acta 22 de fecha 29 de noviembre del año 2001 y la indicada Corporación Municipal amparada en ese mandato (Dominio Pleno), otorgó ante Notario la escritura pública donde se consigna el derecho de propiedad que tiene la señora Jerónimo Martínez sobre el inmueble, dicha escritura pública hace efectos contra terceros pues se inscribió en el Registro de la Propiedad correspondiente y por tal razón la Corporación Municipal de Tela, Atlántida, no estaba facultada para anular el dominio pleno que se le había otorgado; por lo anterior el acta número 3, punto 7, inciso 7, celebrada por la Corporación Municipal de Tela, Atlántida en fecha 21 de marzo del año 2005, es nula de toda nulidad, extremos que no fueron considerados por la Corte recurrida en su sentencia, ya que cuando analiza esos documentos les da la fuerza probatoria para perjudicar a la señora Jerónimo, en ese sentido la interpretación que hace la juzgadora no es congruente con lo que establece nuestras leyes ya que esos actos no son anulables por la autoridad administrativa al salir de la esfera de su competencia. Sobre ese extremo se concluye; que si la Corporación Municipal de Tela, Atlántida, consideraba que el otorgamiento de dominio pleno a favor de la señora Jerónimo era ilegal, debió acudir a los órganos jurisdiccionales para que fueran estos lo que decidieran tal extremo, por ser actos debidamente registrados y que hacen efectos contra terceros, extremo que no se hizo; aparte de lo anterior obsérvese que la Corporación Municipal de Tela, Atlántida, también incurrió en violación a la ley, por el hecho que cuando anula el dominio pleno otorgado a la señora Jerónimo sobre un bien inmueble, acta de fecha 21 de marzo del año 2005, siendo afectada directamente la señora Saturnina Jerónimo Martínez, omite maliciosamente lo consignado en los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 de la Ley de Procedimiento Administrativo, por cuanto no se estableció en la referida resolución, el derecho que tenia la señora Jerónimo Martínez a interponer los recursos procesales, plazo que se le concedía para interponerlos, así mismo debió tener conocimiento que el acto ejecutado ponía fin a la vía administrativa. No obstante lo anterior, la Corte de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la señora Jerónimo Martínez, cuando examinó y valoró las pruebas, de las cuales concibió y produjo la sentencia de fecha 10 de agosto del año 2010, que se somete a este cargo, ignoró completamente el contenido de los documentos público a que se ha hecho relación, los cuales en su parte medular dispone de una contundencia que no deja margen a equívoco alguno. Este Motivo de casación está comprendido en el articulo 903 preámbulo y numeral 7 del Código Civil, en la parte que se refiere a error de hecho en la apreciación de la prueba si esta resulta de documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación evidente del juzgador. SEGUNDO MOTIVO: Por interpretación errónea del artículo 1522 del código Civil que dice: “La prueba de inspección personal del Juez sólo será eficaz en cuanto claramente permita al Tribunal apreciar, por las exterioridades de la cosa inspeccionada, el hecho que trate de averiguar”. La falladora subjudice, al aplicar, el referido precepto sustantivo civil, en el séptimo considerando de la Sentencia recurrida, lo interpreta erróneamente, ya que precisamente a través de dicha consideración, la mismísima sentenciadora, taxativamente, reconoce, y confiesa que la evacuación del medio probatorio inspeccional al inmueble objeto de la litis, propuesto por la demandante principal, “Por falta de logística no se pudo inspeccionar todas las exterioridades del inmueble” (folio 540 de la primera pieza) aunque inverosímil e ilegalmente, justifique que se trata del mismo inmueble inspeccionado, a sabiendas y como ya lo ha reconocido y expresado en ese mismo considerando, que el mismo no se pudo inspeccionar o reconocer en su totalidad, verbigracia, en lo concerniente a sus límites y colindancias; precisamente por esa falta de logística; insuficiencia probatoria, que de ninguna manera, le puede servir, para alcanzar los fines de la eficacia contemplada por la citada disposición habiendo resultado imposible apreciarlo y reconocerlo en su totalidad, con relación al hecho investigado, particularmente con la acción reivindicatoria subjurice. Considerase comprendido este motivo en el artículo 903 numeral primero del Código de Procedimientos Civiles. TERCER MOTIVO: Violación por falta de aplicación del articulo 1.495 del Código Civil, que en su parte medular reza: “Incumbe la prueba de las obligaciones al que reclame su cumplimiento, y la de su extinción a la que la otorgue”. En ese mismo Séptimo Considerando del laudo impendiado, pese a recogerse y reconocerse en el mismo, que en lo concerniente a la práctica de la prueba inspeccional propuesta por la parte demandante principal para reconocerse todas las exterioridades del inmueble objeto del debate no se pudo llevar a cabo, “por falta de logística” (folio 540 de la primera pieza), la Corte sentenciadora dejo de reconocer y mucho menos aplicar el pleno cumplimiento del presupuesto incumbatorio imputable en este caso, exclusivamente a la demandante principal PROMOCIONES Y TURISMO, S.A.; Semi evacuación probatoria que de ningún modo, pudo servir, en la acreditación de las dos acciones, la nulidad y reivindicatoria, ilegal e indebidamente acumuladas en el plan de la demanda principal subjurice. Considerándose comprendido este motivo en el artículo 903 numera primero del Código de Procedimientos Civiles. CUARTO MOTIVO: Por inspección errónea del párrafo primero artículo 1537 del Código Civil, que en su parte medular reza: “Para que la presunción de la cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que sea invocado, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueren”. En el Octavo considerando la Corte sentenciadora, interpreta errónea e indebidamente dicho precepto sustantivo civil, ya que como resulta, inobjetablemente visible de los mismos autos, entre el primer reclamo, resuelto por la Honorable Corporación Municipal de Tela, Atlántida, mediante el proferimiento de su primera resolución del 29 de noviembre del 2001 y el Segundo reclamo, donde, también pronuncio la segunda resolución, con fecha 4 de abril del 2005, efectivamente, concurren, la más perfecta referida triple identidad, requerida por dicho precepto sustantivo. Resultando, mas bien, totalmente extemporáneo y por ende violatorio, por el plazo de dos años, contemplados por el artículo 142 que tubo la mencionada demandante principal para haber interpuesto sin haberlo hecho, el respectivo recurso de revisión autorizado por el articulo 141 ambos de la Ley de Procedimientos Administrativos contra esa primera resolución. Entonces no se trata pues, ni de la imposibilidad impugnativa de la primera, ni la invariabilidad de la segunda, resoluciones dictadas, por la referida Corporación Municipal de Tela, Atlántida; sino precisamente, de la inobjetable concurrencia de la referida triple identidad entre una y otra resolución ejidales; sin perjuicio de la notoria extemporaneidad, vía caducidad, incurrida por la mencionada adversaria, al haber interpuesto extemporáneamente y de modo viciado, el citado Recurso de Revisión, más de cuatro años, después del proferimiento de la primera resolución dictada, precisamente por ese mismo órgano administrativo. Considérese comprendido este motivo en el artículo 903 numeral primero del Código de Procedimientos Civiles.”
RESULTA: Que el Abogado JACOBO ZALDIVAR ZAMORA, de generales descritas anteriormente, en el mismo escrito de Formalización del Recurso de Casación presentó Nulidad Subsidiaria, la cual literalmente dice: “NULIDAD SUBSIDIARIA: Permítame Honorable Corte, señalar irregularidades que aparecen en los autos, anomalías de tal magnitud, por cierto, que dan pie para que pueda declararse, de oficio, la nulidad de lo actuado. Se trata de las que a continuación relaciono. MOTIVO UNICO DE NULIDAD. En sesión de Corporación la Municipalidad de Tela, departamento de Atlántida, según Acta Numero 3, Punto No. 7, Inciso 7 Sesión Celebrada por dicha Corporación Municipal de fecha lunes 21 de marzo del año 2005: Acordaron: Admitir Recurso de Reposición interpuesto por la Sociedad Promociones y Turismo, S.A. de C.V., y por mayoría de votos se anuló el punto número 5, del inciso No. 10, del acta No. 22 de jueves, 29 de noviembre del 2001, el cual contiene EL OTORGAMIENTO DE DOMINIO PLENO de un inmueble a favor de la señora Saturnina Jerónimo Martínez (f. 16 Primera pieza). Resulta que ese acto efectuado por la Corporación Municipal de Tela, Atlántida, es nulo de pleno derecho pues no estaba facultada para ello, ya que es competencia de los órganos jurisdiccionales en razón que el referido Dominio Pleno ya había surtido todos sus efectos legales pues la Corporación Municipal de Tela, Atlántida, había otorgado Escritura Pública en fecha 24 de Enero del año 2002 a favor de la señora Jerónimo Martínez según antecedente Registral numero 24 tomo 305 del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Tela, Departamento de Atlántida. Con lo resuelto por la Municipalidad de Tela, se le violentaron los derechos constitucionales a la señora Jerónimo Martínez del Derecho de Defensa (Artículo 82) y el Derecho a la Propiedad Privada (Artículo 103), ambas disposiciones legales de la Constitución de la República, pues no se le demando por via judicial por parte de la Corporación Municipal de Tela, para anularle el derecho que había adquirido. También se le violentó el derecho defensa pues en la resolución administrativa que dicto la Municipalidad, no se le indico que dicho acto ponía fin a la vía administrativa, el derecho a interponer los recursos, el plazo para interponerlos y ante qué autoridad debía acudir a ejercer ese derecho (artículos 83 al 91) de la Ley de Procedimientos Administrativos. Documentos que fueron analizados por el Tribunal recurrido y con ello dicto sentencia afectando el derecho de la señora Jerónimo Martínez, interpretando los mismos de manera errónea. Con base a lo antes expuesto, la Honorable Corte Suprema de Justicia puede, en aplicación del artículo 956 del Código de Procedimientos Civiles, Invalidar de Oficio la sentencia de que se recurre.”
RESULTA: Que en proveído de fecha siete (7) de diciembre del año dos mil diez (2010), este Tribunal tuvo por formalizado en tiempo el Recurso de Casación por parte de el Abogado JACOBO SALDIVAR ZAMORA, y dio traslado de los autos al Fiscal del Despacho para que en el término de diez días emitiera dictamen sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito, haciéndolo la Abogada TANIA JEANNETTE FIALLOS RIVERA, hondureña, mayor de edad y con número de colegiación 6174, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil once (2011) de la manera siguiente: “OPINION. El Ministerio Público, en fundamento a las razones antes expuestas, se pronuncia por la inadmisibilidad del presente recurso en sus cuatro motivos, así como la inadmisibilidad del planteamiento de nulidad.”
RESULTA: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito.
CONSIDERANDO: Que toda demanda de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos para que pueda considerarse como tal y ser atendida por la corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia, debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizada y prospere.
CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo que establece el artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles, “Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate y cundo éstos hubieren sido varios, se hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.
CONSIDERANDO: Que conforme el artículo 916 del Código de Procedimientos, primera parte, Procedimientos Civiles, en el escrito de interposición y formalización del recurso, se expresará el párrafo del artículo 903 en que se encuentre comprendido y se citará con claridad y precisión la ley o la doctrina legal que se crea infringida y el concepto en que lo haya sido, y si fueren dos o más los fundamentos o motivos del recurso, se expresarán en párrafos separados y numerados.
CONSIDERANDO: Que el recurrente en su primer motivo de casación, alega error de hecho en la apreciación de la prueba que resulta de documento auténtico, señalando como ley violada el artículo 1497 del Código Civil, que se refiere a que: “Son documentos públicos los autorizados por notario o empleado público competente, con las formalidades requeridas por la ley”, relacionado con el artículo 321 del Código de Procedimientos Civiles, que establece: “Bajo la denominación de instrumentos o documentos públicos se comprenden: 1º…, 2º…, 3º. Los documentos expedidos por los funcionarios públicos que estén autorizados para ello, en lo que se refiera al ejercicio de sus funciones”; indicando que el concepto de la infracción se da por error de hecho en la apreciación de la prueba que resulta de un documento autentico, que por sí solo demuestra la equivocación evidente del juzgador, e invocando como precepto autorizante el que está comprendido este primer motivo de casación, el artículo 903 preámbulo y numeral 7), del Código de Procedimientos Civiles, en la parte que se refiere al error de hecho en la apreciación de la prueba, si este resulta de documentos y actos auténticos que demuestran la equivocación evidente del juzgador.
CONSIDERANDO: Que en la explicación de este primer motivo de casación, el recurrente invoca error de hecho en la apreciación de las pruebas, por infracción de los artículos 1497 del Código Civil, en relación con el artículo 321 del Código de Procedimientos en materia civil, comprendiéndolo en la causal establecida en el numeral 7º. del artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles; pero es el caso, que visto el motivo en la forma expuesta, es evidente que el censor al explicar el motivo de la infracción, incurre en irregularidad técnica en el planteamiento del mismo, además de copiar el contenido del artículo 1497 del Código Civil y del artículo 321 del Código de Procedimientos Civiles, que cita como infringidos, hace alegatos de instancia, los cuales son improcedentes en el recurso extraordinario de casación formulado, y además al exponer sus argumentos en el desarrollo de su planteamiento, señala que el concepto de la infracción se da por error de hecho en la apreciación de las pruebas contenidas en el juicio de mérito al no apreciar el Tribunal sentenciador de segunda instancia en la sentencia recurrida un documento público que tiene carácter de auténtico y que constituye prueba documental aportada por la parte demandante principal, mismo que corre agregado al juicio en referencia y que demuestra por sí solo la equivocación evidente del juzgador; sin embargo el recurrente sólo se limita a establecer o manifestar que existe error de hecho en la apreciación de la prueba documental antes referida, exponiendo su propio criterio y razonamiento en cuanto a la valoración de dicha prueba documental, que según él debió hacer el Tribunal sentenciador, sin demostrar o acreditar en forma fehaciente, detallada y precisa en que consiste en error de hecho en que incurrió el Tribunal sentenciador al valorar la prueba al momento de dictar la sentencia recurrida; asimismo, resulta ser que el recurrente al explicar el motivo de la infracción, también acusa a la sentencia recurrida por infracción de ley, cuando el punto de partida es el error de hecho en la apreciación de la prueba, incurriendo de ésta forma, como antes se dijo en irregularidad técnica en el planteamiento del mismo, apartándose del estilo y elemental técnica de casación, dado que al desarrollar la explicación del motivo claramente se refiere a la falta de aplicación de los preceptos legales que se citan como infringidos, pero es de señalar, que este alto Tribunal ya ha establecido que son inviolables para efectos de casación los artículos o leyes que establecen definiciones generales porque son enunciativos o de carácter general, características éstas que revisten los artículos 1497 del Código Civil y 321 del Código de Procedimientos Civiles, citados como infringidos en el presente recurso de casación que nos ocupa; la cual vuelve oscuro y ambiguo este primer motivo de casación; y por consiguiente, el planteamiento del recurrente en los términos interpuestos, hace que el motivo carezca de la claridad y precisión que se requieren; circunstancias éstas, que son válidas para no admitir este primer motivo de casación.
CONSIDERANDO: Que el impetrante en su segundo motivo de casación, considera como ley infringida el artículo 1522 del Código Civil que dice: “La prueba de inspección personal del juez sólo será eficaz en cuanto claramente permita al Tribunal apreciar por las exterioridades de la cosa inspeccionada, el hecho que trate de averiguar”, señalando que el concepto de la infracción se da por interpretación errónea de la norma antes mencionada; e invocando como precepto autorizante, el motivo comprendido en el artículo 903 numeral 1º.- del Código de Procedimientos Civiles.
CONSIDERANDO: Que en la explicación de este segundo motivo de casación, el impetrante argumenta “que la falladora subjudice, al aplicar, el referido precepto sustantivo civil en el séptimo considerando de la sentencia recurrida, la interpreta erróneamente, ya que precisamente a través de dicha consideración, la misma sentenciadora taxativamente, reconoce y confiesa que la evacuación del medio probatorio inspeccional al inmueble objeto de la litis, propuesto por la demandante principal, por falta de logística no se pudo inspeccionar todas las exterioridades del inmueble”; (folio 540 de la primera pieza), aunque inverosímil e ilegalmente justifique que se trata del mismo inmueble inspeccionado, a sabiendas y como ya lo ha reconocido y expresado en ese mismo considerando, que el mismo no sé pudo inspeccionar o reconocer el su totalidad en lo concerniente a sus limites y colindancias; precisamente por esa falta de logística; insufiencia probatoria que de ninguna manera, le puede servir para alcanzar los fines de la eficacia contemplada por la citada disposición; habiendo resultado imposible apreciarlo y reconocerlo en su totalidad, con relación al hecho investigado, particularmente con la acción reivindicatoria subjudice”, pero resulta ser que el impetrante en la explicación de este motivo señala que el concepto de la infracción es por interpretación errónea del artículo 1522 del Código Civil, pero además de que se esta refiriendo al haz probatorio contenido en el juicio de mérito, y específicamente al medio de prueba de inspección propuesta por la parte demandante principal, olvidando el impetrante que el objeto del recurso de casación es verificar las disposiciones que se le alegan infringidas efectivamente lo fueron, haciendo ver al juzgador tal infracción, pero sin alegar como elementos primordiales del motivo los propios razonamiento del recurrente amparados en su criterio, como ocurre en el presente caso, sino basados en lo que disponen las normas sustantivas que se consideran infringidas en relación por lo resuelto por el Juzgador de segunda instancia en la sentencia recurrida; también se refiere al séptimo considerando de la sentencia recurrida limitando su escrito a cuestiones que no trascienden al estudio y objeto de la casación, por lo que la forma, en que el impetrante formula este motivo de casación es incompleto y adolece de claridad y precisión por lo siguiente: 1) Los artículos 320 y 321 del Código de Procedimientos Civiles son normas adjetivas inviolables para efectos de casación.- 2) No se singularizan con precisión los medios probatorios mal apreciados.- 3) No se señalan las normas adjetivas que sirven de medio para la violación de las leyes sustantivas; y 4) También se formulan alegatos de instancia y se atacan considerandos de la sentencia recurrida; pronunciamientos estos que son impropios en este recurso de casación; estimando entonces, que debido a la falta de claridad y precisión en el desarrollo del mismo también es procedente declarar inadmisible este segundo motivo de casación planteado.
CONSIDERANDO: Que el recurrente en su tercer motivo de casación argumenta como ley infringida el artículo 1495 del Código Civil, que en su parte medular reza: “Incumbe la prueba de las obligaciones al reclama su cumplimiento y la de su extinción al que la opone”, señalando que el concepto de la infracción se da por violación o falta de aplicación de la norma procesal antes citada; e invocando como precepto autorizante el motivo comprendido en el artículo 903 numeral 1) del Código de Procedimientos Civiles.
CONSIDERANDO: Que en la explicación de éste tercer motivo de casación, el casacionista argumenta: “Que en ese mismo séptimo considerando del laudo impendiado, pese a recogerse y reconocerse en el mismo que en lo concerniente a la práctica de la prueba inspeccional propuesta por la parte demandante principal para reconocerse todas las exterioridades del inmueble objeto del debate, no se pudo llevar a cabo, por falta de logística, (folio 540 de la primera pieza), la corte sentenciadora dejó de reconocer y mucho menos aplicar el pleno cumplimiento del presupuesto incumbatorio, imputable en este caso, exclusivamente a la demandante principal Promociones y Turismo, S.A., semi evacuación probatoria, que de ningún modo, puso servir en la acreditación de las dos acciones; la nulidad y la reivindicatoria, ilegal e indebidamente acumuladas en el plan de la demanda principal subjudice; considerándose comprendido este motivo en el artículo 903 numeral primero del Código de Procedimientos Civiles”. Sin embargo, resulta evidente que la forma en que el casacionista formula este motivo de casación es incompleto y adolece de claridad y precisión por lo siguiente: 1) Los artículos 320 y 321 del Código de Procedimientos Civiles, son normas adjetivas inviolables para efectos de casación.- 2) No se singularizan con precisión los medios probatorios mal apreciados. 3) No se señalan las normas adjetivas que sirven de medio para la violación de las leyes sustantivas y, 4) Se formulan alegatos de instancia se atacan considerandos de la sentencia recurrida; pronunciamientos impropios en éste recurso; por lo anterior, se declara inadmisible este tercer motivo de casación, así planteado por el casacionista.
CONSIDERANDO: Que el impugnante en su cuarto y último motivo de casación, alega como ley infringida el artículo 1537 del Código Civil, que en su primer párrafo dice: “Para que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio es necesario que, entre el caso resuelto por la sentencia y aquél en que esta sea invocado, concurra las más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueren”; señalando que el concepto de la infracción se da por interpretación errónea del párrafo primero del artículo 1537 de Código Civil; e invocando como precepto autorizante el comprendido en el artículo 903 numeral 1º. del Código de Procedimientos Civiles.
CONSIDERANDO: Que en la explicación de este cuarto y último motivo de casación, el impugnante manifiesta: “Que el octavo considerando, la corte sentenciadora interpreta erróneamente e indebidamente dicho precepto sustantivo civil, ya que como resulta inobjetablemente visible de los mismos autos, entre el primer reclamo resuelto por la Honorable Corporación Municipal de Tela, Atlántida, mediante el proferimiento de su primera resolución del 29 del noviembre de 2001; y el segundo reclamo, donde, también pronunció la segunda resolución, con fecha 4 de abril de 2005, efectivamente concurren, la más perfecta referida, triple identidad, requerida por dicho precepto sustantivo, resultando más bien totalmente extemporáneo y por ende violatorio, por el plazo de dos años, contemplados por el artículo 142 que tuvo la mencionada demandante principal, por haber interpuesto sin haberlo hecho, el respectivo recurso de revisión autorizado por el artículo 141, ambos de la Ley de Procedimientos Administrativos contra esa primera resolución. Entonces no se trata pues ni de la imposibilidad impugnativa de la primera, ni la invariabilidad de la segunda, resoluciones dictadas por la referida Corporación Municipal de Tela, Atlántida, sino precisamente de la inobjetable concurrencia de la referida triple identidad entre una y otra resolución ejidales, sin perjuicio de la notaria extemporaneidad, vía caducidad, incurrida por la mencionada adversaria, al haber interpuesto extemporáneamente y de modo viciado, el citado recurso de revisión, más de cuatro años, después del proferimiento de la primera resolución dictada precisamente por ese mismo órgano administrativo”. Pero resulta ser que del análisis de los argumentos esgrimidos por el impugnante en el planteamiento de este cuarto y último motivo de casación, se desprende que el mismo impugnante además de formular alegatos de instancia, también se refiere específicamente al considerando número ocho de la sentencia recurrida pronunciamientos estos que son impropios en el recurso de casación; como también es evidente que al igual que en el motivo anterior la forma en que el impugnante plantea este cuarto y último motivo de casación, es incompleta y le falta claridad y precisión, porque en su planteamiento no explica de forma clara y precisa en que consiste la interpretación errónea que el tribunal sentenciador da al párrafo primero del artículo 1537 del Código Civil; y en tal virtud también es procedente inadmitir este cuarto y último motivo de casación.
CONSIDERANDO: Que el recurrente alega en su escrito de interposición y formalización del recurso de casación planteado, la nulidad subsidiaria, centrando los argumentos de dicha nulidad en aspectos de violación a los derechos constitucionales de defensa y de propiedad privada de su representada la Señora Saturnina Jerónimo Martínez, y al debido proceso que tutela la Constitución de la República, lo que conlleva a relacionarlos con los argumentos descritos en los motivos de casación planteados, aumentando su planteamiento cuando dice: “Que el acta efectuada por la Corporación Municipal de Tela, Departamento de Atlántida es nulo de pleno derecho porque dicha municipalidad no estaba facultada para ello, ya que esto es competencia de los órganos jurisdiccionales, en razón que el referido dominio pleno ya había surtido todos sus efectos legales, pues esa Corporación Municipal de Tela, había otorgado Escritura Pública en fecha veinticuatro de Enero del año 2002, a favor de la Señora Saturnina Jerónimo Martínez, según antecedente registral número 24, tomo 305 del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Tela, Departamento de Atlántida; pues no se le demandó por vía judicial por parte de dicha Corporación Municipal para anularle el derecho que había adquirido, violándole de esta forma su derecho de defensa, ya que en la resolución administrativa que emitió la Corporación Municipal antes mencionada no se le indicó que dicho acto ponía fin a la vía administrativa; documentos que fueron analizados por el Tribunal recurrido, (Corte de Apelaciones de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida), y con ello dictó sentencia afectando el derecho constitucional de defensa de la Señora Saturnina Jerónimo Martínez, interpretando la misma de manera errónea; y que la nulidad declarada en un punto de acta por la Corporación Municipal de Tela, Atlántida tenía que ventilarse por las normas del juicio ordinario de nulidad en los órganos jurisdiccionales y no por la vía administrativa como se hizo”; pero es el caso que el argumento de dicha nulidad, lo que representa es un alegato propio de instancia y una acción repetitiva de los motivos planteados, lo que viene a crear redundancia en el presente caso sobre aspectos que ya han sido debidamente deducidos en juicio y en la presente resolución, lo que hace que la pretendida nulidad carezca de fundamentos legales para su sostenimiento, dado que como bien lo dice antes el propio recurrente, la nulidad de los actos efectuados por la Corporación Municipal de Tela, Departamento de Atlántida, debe tramitarse en todo caso, en un Tribunal jurisdiccional competente a través de un juicio ordinario de nulidad absoluta de actuaciones y no en la forma que la pretende el recurrente; por lo que se hace procedente denegar dicha solicitud de nulidad subsidiaria planteada.
CONSIDERANDO: Que por las razones antes expuestas, procede en derecho dictar un fallo fundado en la no admisión del recurso de mérito, ya que es visto que la sentencia recurrida no violenta el trámite que se ha seguido en este juicio controvertido, por lo que procede la desestimación de los cuatro motivos de casación planteados, así como la nulidad subsidiaria solicitada.
POR TANTO: La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, con el parecer de la Señora Fiscal del Ministerio Público, por Unanimidad de Votos y en aplicación de los artículos 303 primer párrafo; 304, 313 atribución quinta (5), y 316 primer párrafo de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1), de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 899, 900 numeral 1), 901, 904, 916, 917, 918, 919 declaración primera, 920 Nº2, 923, 939, 940, 941 y 943 del Código de Procedimientos Civiles; profiere Fallo definitivo y Declara: 1) No Haber Lugar a la admisión del recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, de que se ha hecho mérito en sus cuatro motivos planteados. 2) Declara No Haber Lugar a la nulidad subsidiaria solicitada.- 3) Condena en costas, a la parte recurrente.- Y Manda: Que con la certificación de este fallo, se devuelvan los antecedentes del caso al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes.- Redactó la Magistrada Reina Sagrario Solórzano Juárez.- NOTIFIQUESE.
Raúl Antonio Henríquez Interiano
Coordinador
Edith María López Rivera
Magistrada
Reina Sagrario Solórzano Juárez
Magistrada