Sentencia CC-188-12 — Registro 4377
Resumen
En primera instancia se declaro sin lugar la Demanda Ordinaria de Reivindicatoria de Dominio e Indemnización de Daños y Perjuicios, en segunda instancia se confirmo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“DEL RECURSO DE CASACION EN SU PRIMER MOTIVO INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS.
La interpretación errónea constituye un caso de violación directa de la ley sustantiva que precisamente por ser tal no permite consideraciones fácticas y probatorias, pues supone la correcta estimación de ambos por parte del juzgador. Dicho esto, se colige que la interpretación errónea comporta un yerro de hermenéutica del juzgador al interpretar la norma otorgándole un sentido y alcance que esta no tiene, así pues, se interpreta erróneamente un precepto legal cuando siendo pertinente al caso subjudice, el órgano jurisdiccional le dio un sentido o alcance que no le corresponde. Examinado el libelo del censor, se aprecia que este viene invocando como primer motivo de casación la interpretación errónea del artículo 868 del Código Civil en relación con los artículos 872 y 874 del mismo código, señalando como precepto autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. Al explicar el concepto de la infracción, el censor se limita a citar íntegramente el contenido de los artículos que supone infringidos y a citar un considerando del Tribunal de Apelaciones en donde este conceptualiza que se requiere para que prospere una acción de dominio y luego cita un considerando del Juzgado de letras en donde dicho juzgado hace ciertas valoraciones probatorias con respecto a la forma en que obtuvo el terreno litigioso la parte demandante y acerca de l a posesión del terreno por parte de los demandados, infringiendo la técnica casacional al hacer apreciaciones de orden fáctico y probatorio, para luego manifestar que los supuestos exigidos por las normas que supone infringidas han sido reconocidos por el juzgador y que por lo tanto debió revocar el fallo, sin embargo no se observa en el cargo del impetrante que este haya explicado como debe interpretarse las normas invocadas, que significan esos preceptos, cual es el alcance de los mismos; no encontramos en el libelo ninguna explicación acerca de la interpretación que le dio la corte a esos preceptos y de porque es erróneo el sentido expuesto por el juzgador, consecuentemente ha faltado en este motivo la suficiente claridad, precisión y justificación de la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, lo que genera que el mismo sea inadmisible de conformidad con lo previsto en el artículo 723 numeral 2 inciso a) del Código Procesal Civil.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 inciso a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
“DEL RECURSO DE CASACION EN SU SEGUNDO MOTIVO INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS.
El recurrente viene alegando la infracción por aplicación indebida del decreto legislativo 18-2008 en todas sus partes, señalando como precepto autorizante el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. Con respecto a este motivo de casación el impetrante pretende fustigar los argumentos del Juzgado de primera instancia, arguyendo que estos fueron asumidos por el Tribunal de apelaciones, citando los considerando 10, 11 y 12 del Juzgado de letras; al respecto cabe hacer notar que ese decreto es citado por el Juez de primera instancia a efectos de dejar claro que ese fue el instrumento jurídico tomado en cuenta por las empresas asociativas para solicitar la expropiación ante el Instituto Nacional Agrario, y el contenido específico del artículo 10 del decreto que posibilitaba la extinción de las acciones civiles, ahora bien, esta sala de lo civil, estima que ese es el fundamento utilizado por el Juzgado de letras, no así por la Corte de Apelaciones, que si bien es cierto invoca ese decreto en el considerando número diez, lo hace solo como una referencia del fundamento que sirvió de base a la primera instancia, sin embargo, en opinión de este Tribunal de Casación, la corte de apelaciones consiente es que el mismo no estaba vigente toda vez que hace acopio del artículo 94 de la Ley Sobre Justicia Constitucional para resolver el caso, al citar que la sentencia (de inconstitucionalidad) no afectará las actuaciones jurídicas que hayan sido definitivamente resueltas y ejecutadas, en ese sentido la resolución administrativa ya era firme cuando se produjo el fallo jurisdiccional y aunque al momento de pronunciarse el fallo de segunda instancia ya no estaba vigente el decreto, por disposición de la Ley Sobre Justicia Constitucional y en aras de la seguridad jurídica, lo que se resolvió durante la vigencia del decreto cuestionado no puede alterarse porque ya estaba definitivamente resuelto en la vía administrativa, por lo tanto resulta obvio que el recurrente confunde en su alegato los argumentos del juzgado de primera instancia con los empleados por el Tribunal de Apelaciones, faltando en consecuencia la claridad y precisión propia de las exigencias del recurso de casación, por lo tanto este motivo de casación es inadmisible por la concurrencia de la causal prevista en el artículo 723 Número 2 a) en relación con el artículo 721 del Código Procesal Civil.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos (02) días del mes de diciembre del año dos mil trece (2013), la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: RAUL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO, como Coordinador, designado ponente para la redacción de la presente resolución, EDITH MARIA LOPEZ RIVERA y REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:
SON PARTES: La UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), representada en juicio por el Abogado MAX VELASQUEZ DIAZ, en su condición de recurrente; siendo recurridos el señor MERCEDES LOPEZ LOPEZ, representado en juicio por el Abogado AUNNER SOLIS FLORES y las Empresas Asociativas Campesinas de Producción EL JAZMIN, BELLEZAS DEL CAMPO, EL BUEN ZAMARITANO, SUPERACION NUMERO DOS, UNION Y ESFUERZO, EL EDEN, representadas en juicio por la Abogada MARIA LUCI TOVAR RIVERA.
OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA ORDINARIA DE REIVINDICACION DE DOMINIO, INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y COSTAS DEL JUICIO, promovida en fecha doce (12) de agosto de dos mil ocho (2008), ante el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, por el Abogado CECILIO SEVILLA LEIVA, en su condición de apoderado legal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), contra las empresas asociativas campesinas de producción denominadas “EL JAZMIN”, “BELLEZAS DEL CAMPO”, “EL BUEN SAMARITANO”, SUPERACION No. 2, “UNION Y ESFUERZO”, “EL EDEN”, y el señor MERCEDES LOPEZ LOPEZ.
I. ANTECEDENTES DE HECHO.
PRIMERO: Con fecha doce (12) de junio del año dos mil doce (2012), la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, dictó sentencia en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diez (2010), emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, en la DEMANDA ORDINARIA DE REIVINDICACION DE DOMINIO, INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y COSTAS DEL JUICIO, promovida por el Abogado CECILIO SEVILLA LEIVA, en su condición de apoderado legal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), contra las empresas asociativas campesinas de producción denominadas “EL JAZMIN”, “BELLEZAS DEL CAMPO”, “EL BUEN SAMARITANO”, SUPERACION No. 2, “UNION Y ESFUERZO”, “EL EDEN”, y el señor MERCEDES LOPEZ LOPEZ, mediante la cual CONFIRMO la sentencia definitiva de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diez (2010), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, el cual falló de la siguiente manera: “FALLA: 1.-) DECLARANDO SIN LUGAR la demanda ordinaria de REIVINDICATORIA DE DOMINIO E INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS promovida por el Abogado CECILIO SEVILLA LEIVA en su condición de apoderado legal sustituto de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras U.N.A.H. contra las Empresas Asociativas Campesinas de Producción “EL JAZMIN” representada por la Secretaria General señora EVA MONGE RODRIGUEZ.- “BELLEZAS DEL CAMPO”, representada por la secretaria general señora MARIA ANGELICA MEJIA RODAS.- “EL BUEN SAMARITANO” representada por la secretaria general señora LUCILA MARTINEZ INTERIANO todas del domicilio de San Juan la Masica, Atlántida y “SUPERACION No.2” representada por la secretaria general señora MARIA RIVERA MARTINEZ del domicilio de Siempre Viva.- “UNION Y ESFUERZO” representada por la secretaria general señora MARIA ELISMA ROMAN DE DIOS de aldea 20 de enero.- “EL EDEN” representada por la secretaria general señora TERESA DE JESUS ORTIZ MUNGUIA.- Y contra el señor MERCEDES LOPEZ todos de generales señaladas en el preámbulo de esta sentencia.- 2: ABSOLVIENDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS DEMANDADOS… SIN COSTAS”.
SEGUNDO: El Representante Procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, (UNAH), Abogado MAX VELASQUEZ DIAZ, en fecha catorce (14) de agosto de dos mil doce (2012), presentó escrito de interposición de recurso de casación, contra la sentencia de fecha doce (12) de junio del año dos mil doce (2012), por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida.
TERCERO: Mediante auto de fecha quince (15) de agosto del dos mil doce (2012), la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, tuvo por interpuesto el recurso de casación por parte del Abogado MAX VELÁSQUEZ DÍAZ, en su condición ya indicada, contra la sentencia de fecha doce (12) de junio del año dos mil doce (2012), por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el plazo de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo.
CUARTO: El Representante Procesal del señor MERCEDES LOPEZ LOPEZ, Abogado AUNNER SOLIS FLORES, en fecha veintinueve (29) de agosto de dos mil doce (2012), presentó escrito de contestación del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, asimismo, la Abogada MARIA LUCI TOVAR RIVERA, en su condición de Representante Procesal de las empresa Asociativas Campesinas de Producción “EL JAZMIN”, “BELLEZAS DEL CAMPO”, “EL BUEN SAMARITANO”, “SUPERACION”, “UNION Y ESFUERZO” y “EL EDEN”, en fecha treinta (30) de agosto del dos mil doce (2012), presentó escrito de Contestación sobre el Recurso de Casación interpuesto y formalizado por la contraparte; resolviendo la Corte de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha diez (10) de septiembre del dos mil doce (2012), tener por hecho el pronunciamiento por el Abogado AUNNER SOLÍS FLORES, Apoderado legal de la señora MERCEDES LÓPEZ LÓPEZ, sobre el Recurso de Casación interpuesto por el Abogado MAX VELÁSQUEZ DÍAZ contra la Sentencia de fecha doce de junio del año dos mil doce dictado por esta Corte, y de igual manera tener por hecho el pronunciamiento por la Abogada MARIA LUCI TOVAR, Apoderada Legal de las empresas asociativas campesinas de producción denominadas “EL JAZMIN”, “BELLEZAS DEL CAMPO”, “EL BUEN SAMARITANO”, SUPERACION No. 2, “UNION Y ESFUERZO”, “EL EDEN”, sobre el Recurso de Casación interpuesto por el Abogado MAX VELÁSQUEZ DÍAZ; en su condición ya indicada, ordenando la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el plazo que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.
QUINTO: Recibidas las actuaciones en este Tribunal, los Abogados MAX VELASQUEZ DIAZ, AUNNER SOLIS FLORES y MARIA LUCI TOVAR RIVERA, todos en su condición ya indicada, presentaron en fechas trece (13), diecisiete (17) y dieciocho (18) de septiembre de dos mil doce (2012) respectivamente, escritos de personamiento, y una vez visto el informe rendido por la Secretaría de esta Corte Suprema de Justicia, se les tuvo por personados en tiempo.
SEXTO: El Representante Procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, plantea en tres motivos su recurso de casación, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN: PRIMER MOTIVO. Infracción, por INTERPRETACION ERRONEA DEL ARTÍCULO 868 DEL CODIGO CIVIL, EN RELACION CON LOS ARTICULOS 872 y 874 DE DICHO CODIGO CIVIL. Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2, del Código Procesal Civil. El concepto de la infracción lo explico de la siguiente manera: Las normas que alego como infringidas en el presente motivo, tanto directamente, como relacionadas, disponen lo siguiente: “Art. 868. La reivindicación o acción de dominio, es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela.” “Art. 872. La acción reivindicatoria o de dominio corresponde al que tiene la propiedad plena o nuda de la cosa.” “Art. 874. La acción de dominio se dirige contra el actual poseedor.” El Tribunal Ad Quem, quien al confirmar en su sentencia del 12 de junio de 2012 el fallo de primera instancia, hizo suyos los fundamentos de derecho del mismo, sostiene en su “CONSIDERANDO 3”, que para efectos de que la acción de dominio prospere, se requieren los siguientes extremos:”…. a) la propiedad de la cosa, b) Singularidad de la cosa reclamada, es decir que sea individualizada, determinada y cierta. c) Posesión de la cosa por el demandado. Igual criterio prevalece y va aun mas allá, en los CONSIDERANDOS SEIS Y OCHO del fallo de PRIMERA INSTANCIA dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, el 13 de mayo de 2010, prohijado por el Ad quem en la sentencia recurrida, que ahora se impugna en el presente recurso, cuando en dicho fallo expresa en este ultimo CONSIDERANDO, lo siguiente: “CONSIDERANDO (8): Que con la prueba evacuada y que fue propuesta por la parte demandante para sustentar la acción de reivindicatoria se ha establecido lo siguiente: a) Que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en fecha veinticinco de junio de mil novecientos noventa y dos, obtuvo mediante escritura pública un lote de terreno con un área de extensión superficial de CUARENTA Y OCHO HECTAREAS TREINTA Y UN AREAS CUARENTA Y CINCO PUNTO CINCUENTA Y CINCO CENTIAREAS NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PUNTO OCHENTA Y NUEVE VARAS CUADRADAS, ubicada a inmediaciones de San Juan Pablo Municipio de la Másica Atlántida y que fue otorgada en la ciudad de Tegucigalpa, D.C. por los señores TOMAS GUILLEN WILLIAMN Y RENE SAGASTUME CASTILLO el primero en su condición de director ejecutivo y representante legal del Instituto Nacional Agrario (INA) y el segundo como Rector y representante legal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, hecho este que no es controvertido y fue aceptado por las partes. b) Que los miembros de las empresas asociativas campesinas de producción EL JAZMIN, BELLEZAS DEL CAMPO, EL BUEN SAMARITANO, SUPERACION NUMERO 2, UNION Y ESFUERZO Y EL EDEN se encuentran en posesión del terreno cuya reivindicación se pide, hecho que de igual forma no es controvertido puesto que es aceptado por las representantes legales de dichas empresas campesinas. Estando reconocidos los supuestos exigidos por las normas que alego como infringidas, tanto directamente, como las relacionadas, invocadas en el presente motivo, contenidas en los artículos 868, 872 y 874 del Código Civil y, siendo que han sido aceptados por el Ad quem en su sentencia del 12 de junio de 2012, la que por ser confirmatoria, prohíja en todas sus consideraciones y fundamentos de derecho la de primera instancia, la Corte recurrida, debió revocar el fallo de primera instancia, interpretando correctamente la normas legales objeto de la infracción reclamada en el presente motivo de este recurso y declarar con lugar la demanda reivindicatoria promovida por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); sin embargo, no lo hizo así, ya que en su lugar confirmó en todas sus partes la sentencia de primera instancia del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Tela, Departamento de Atlántida, infringiendo así por interpretación errónea dichas normas legales. SEGUNDO MOTIVO. INFRACCION, POR APLICACIÓN INDEBIDA DEL DECRETO LEGISLATIVO NUM ERO 18-2008, EN TODAS SUS PARTES; Decreto emitido por el Congreso Nacional de la República el 13 de marzo de 2008 y publicado en el numero 31,594 de La Gaceta, Diario Oficial de la República de Honduras, el 29 de abril de 2008. Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2, del Código Procesal Civil El concepto de la infracción lo explico de la siguiente manera: El Tribunal Ad quem, que como he venido manifestando, al confirmar con su fallo del 12 de junio de 2012, el de primera instancia, hizo suyos los considerandos y fundamentos del mismo, entre ellos los que detallo a continuación: “...CONSIDERANDO (10) Que con la prueba en relación presentada por la apoderada legal de las empresas asociativas Campesinas de Producción y relacionada específicamente con el medio de prueba número 2 quedo establecido lo contentivo en el decreto numero 18-2008 emitido por el Congreso nacional y que se refiere al decreto de solución a la mora agraria y que fue el fundamento legal utilizado por las empresas Campesina para solicitar la expropiación de los terrenos que en su momento el Instituto Nacional Agrario había otorgado a la Universidad nacional Autónoma de Honduras en la comunidad de Esparta, Atlántida; así mismo se relaciono la existencia del expediente 75918 tramitado ante el Instituto Nacional Agrario en el que conforme la inspección realizada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán y en el que data la resolución 306-2008 en el que se otorga en aplicación del referido decreto a las empresas Asociativas campesinas demandadas una extensión de terreno de cuarenta y cinco hectáreas, setenta y siete áreas, cuarenta y cinco punto cuarenta centiáreas equivalente a sesenta y cinco manzanas con seis mil quinientas veinticuatro punto cincuenta y cuatro vara cuadradas cuyo dominio se encuentra inscrito a favor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en el asiento número 2 del tomo 2 en el libro de registros de título del INA DEL Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de La Ceiba, Atlántida, teniendo como parte resolutiva final la determinación del justiprecio a pagar a la demandante por la cantidad de UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS ( Lps. 1.844.064.30) por concepto del valor de tierra y por las mejoras útiles y necesarias introducidas en el inmueble.” “CONSIDERANDO (11): Que conforme el artículo 10 del decreto numero 18-2008 la expropiación o recuperación de los predios afectados por la aplicación de dicho decreto, tiene como efecto extinguir las acciones civiles y sobreseer las acciones penales incoadas en contra de los ocupantes del predio expropiado por procesos que hayan sido iniciados por dichas causas.” “CONSIDERANDO (12): Que en atención a las consideraciones precedentes procede: a) Desestimar la acción reivindicatoria que el apoderado legal de la Universidad nacional Autónoma de Honduras ha promovido contra las empresas asociativas campesina de producción ya señaladas en virtud de haber sido beneficiadas estas por el decreto 18-2008. b)……” Como lo reconoce la Corte Sentenciadora en los considerandos antes transcritos, la existencia del aludido Decreto 18-2008, es lo que sirvió de base para que a las instituciones demandadas se les adjudicara por parte del Instituto Nacional Agrario, el terreno objeto del presente juicio y por consiguiente también sirvió de fundamento, según el ad quem, para que en la sentencia impugnada en el presente recurso, se declarara sin lugar la demanda promovida en su contra por mi representada.. Este Decreto Legislativo # 18-2008, a la fecha en que la Corte Sentenciadora, emitió su fallo confirmatorio (junio 12 de 2012), no tenía vigencia alguna, pues había sido declarada su inaplicabilidad, en virtud de un recurso de inconstitucionalidad otorgado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, según sentencia dictada el 14 de diciembre de 2010, es decir antes de que esta Corte de Apelaciones emitiera la sentencia confirmatoria de la de primera instancia en el presente juicio; resolución que fue del pleno conocimiento del Ad Quem, por diversas vías, entre ellas por medio de la parte actora, o sea de mi poderdante, tal como este Tribunal lo reconoce expresamente, en la propia sentencia, específicamente en el CONSIDERANDO 10, de la sentencia del 12 de junio de 2012, que copio a continuación “……CONSIDERANDO 10. Como último recurso, el recurrente presenta a este Ad Quem copia simple de una sentencia dictada por la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia mediante la cual se declara como inconstitucional el Decreto 18-2008 que sirvió de base para que la señora Juez Aquo, declarara el fallo que ahora es recurrido, sin embargo es de recordar el artículo 94 de la Ley Sobre Justicia Constitucional párrafo segundo explica los efectos de la sentencia que declare la inconstitucionalidad, la cual dice: “La sentencia no afectara las actuaciones jurídicas que hayan sido definitivamente resueltas y ejecutadas”……” Con lo expresado anteriormente, se demuestra que existen aspectos determinantes para casar la sentencia recurrida, como ser: a) que la Corte Sentenciadora aplicó indebidamente en el fallo ahora recurrido, el Decreto numero 18- 2008; b) que este decreto, a la fecha de la sentencia dictada por el Ad Quem (12 de junio de 2012), era ya una ley insubsistente por haber sido declarada su inaplicabilidad con motivo del Recurso de Inconstitucionalidad emitido por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 14 de diciembre de 2010; y c) que antes de emitir la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia era de entero conocimiento del Tribunal recurrido esta declaración de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad del ya referido decreto numero 18-2008, como así lo hizo constar en el considerando diez de su sentencia del 12 de junio de 2012, razones por las cuales, el ad quem, no debió aplicar, como efectivamente aplicó, dicho Decreto, debiendo por consiguiente revocar la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida , el 13 de mayo de 2010. TERCER MOTIVO. APLICACIÓN INDEBIDA DEL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 94 DE LA LEY SOBRE JUSTICIA CONSTITUCIONAL. Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. El concepto de la infracción, lo explico así: Dispone el Artículo 94 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, lo siguiente: “Articulo 94. DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA. PUBLICACION. La sentencia en que se declare la inconstitucionalidad de una norma será de ejecución inmediata, y tendrá efectos generales y por tanto derogara la norma inconstitucional, debiendo comunicarse al Congreso Nacional, quien lo hará publicar en el Diario Oficial “La Gaceta”. La sentencia no afectará las situaciones jurídicas que ya hayan sido definitivamente resueltas y ejecutadas. En materia penal beneficiará, en su caso, al procesado o condenado.” (las negritas son puestas por el suscrito, con el objeto de destacar del articulo, la parte infringida). El párrafo segundo de esta norma legal, que se alega como infringido, se refiere a que la sentencia que se dicte en una acción de inconstitucionalidad que declare la inaplicabilidad de una ley, sea total o parcial, no afectará las situaciones jurídicas que ya hayan sido definitivamente resueltas y ejecutadas. Se refiere básicamente al carácter de firmeza. Hago mención al CONSIDERANDO 10 contenido en del fallo recurrido dictado por el ad quem, al que me refiero en el motivo anterior, y que nuevamente transcribo a continuación: “……CONSIDERANDO 10. Como último recurso, el recurrente presenta a este Ad Quem copia simple de una sentencia dictada por la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia mediante la cual se declara como inconstitucional el Decreto 18-2008 que sirvió de base para que la señora Juez Aquo, declarara el fallo que ahora es recurrido, sin embargo es de recordar el artículo 94 de la Ley Sobre Justicia Constitucional párrafo segundo explica los efectos de la sentencia que declare la inconstitucionalidad, la cual dice: “La sentencia no afectara las actuaciones jurídicas que hayan sido definitivamente resueltas y ejecutadas” .....“ El contenido de este considerando, demuestra que en la emisión del fallo que ahora se impugna por esta vía de casación, la Corte Sentenciadora antes de llegar a la parte resolutiva de la sentencia, donde se consignan los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, ya tenía conocimiento de dos aspectos en este juicio: a) de la sentencia emitida el 14 de diciembre de 2010, por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que declara la inconstitucionalidad del aludido Decreto 18-2008 y ocasiona la inaplicabilidad en el caso de autos; y b) que la situación jurídica del presente caso, no ha sido definitivamente resuelta o ejecutada, o sea que la sentencia recaída en la primera instancia de este juicio, no ha adquirido el carácter de firme y mucho menos ha sido ejecutada, pues precisamente es hasta ahora, que el ad quem esta conociendo de dicha sentencia por la vía del recurso de apelación; por estas circunstancias, no es aplicable el párrafo segundo del mencionado artículo 94 de la Ley de Justicia Constitucional. Pese a lo antes expuesto, la Corte Sentenciadora, aplico indebidamente esta norma legal, invocada como infringida en el presente motivo, confirmando en todas sus partes, en lugar de revocar, la sentencia de primera instancia dictada por la Juez A quo.”
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.- De conformidad con el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, igualmente se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, y por disposición del artículo 721 del mismo código, el recurso de casación se interpondrá por escrito ante la Corte de Apelaciones que hubiere dictado la sentencia dentro de los veinte días siguientes al de la notificación. En ese escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundar con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, también se hará constar si el recurrente estima necesario la celebración de la audiencia.
2.- DEL RECURSO DE CASACION EN SU PRIMER MOTIVO INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS.
La interpretación errónea constituye un caso de violación directa de la ley sustantiva que precisamente por ser tal no permite consideraciones fàcticas y probatorias, pues supone la correcta estimación de ambos por parte del juzgador. Dicho esto, se colige que la interpretación errónea comporta un yerro de hermenéutica del juzgador al interpretar la norma otorgándole un sentido y alcance que esta no tiene, así pues, se interpreta erróneamente un precepto legal cuando siendo pertinente al caso subjudice, el órgano jurisdiccional le dio un sentido o alcance que no le corresponde. Examinado el libelo del censor, se aprecia que este viene invocando como primer motivo de casación la interpretación errónea del artículo 868 del Código Civil en relación con los artículos 872 y 874 del mismo código, señalando como precepto autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. Al explicar el concepto de la infracción, el censor se limita a citar íntegramente el contenido de los artículos que supone infringidos y a citar un considerando del Tribunal de Apelaciones en donde este conceptualiza que se requiere para que prospere una acción de dominio y luego cita un considerando del Juzgado de letras en donde dicho juzgado hace ciertas valoraciones probatorias con respecto a la forma en que obtuvo el terreno litigioso la parte demandante y acerca de l a posesión del terreno por parte de los demandados, infringiendo la técnica casacional al hacer apreciaciones de orden fàctico y probatorio, para luego manifestar que los supuestos exigidos por las normas que supone infringidas han sido reconocidos por el juzgador y que por lo tanto debió revocar el fallo, sin embargo no se observa en el cargo del impetrante que este haya explicado como debe interpretarse las normas invocadas, que significan esos preceptos, cual es el alcance de los mismos; no encontramos en el libelo ninguna explicación acerca de la interpretación que le dio la corte a esos preceptos y de porque es erróneo el sentido expuesto por el juzgador, consecuentemente ha faltado en este motivo la suficiente claridad, precisión y justificación de la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, lo que genera que el mismo sea inadmisible de conformidad con lo previsto en el artículo 723 numeral 2 inciso a) del Código Procesal Civil.
3.- DEL RECURSO DE CASACION EN SU SEGUNDO MOTIVO INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS.
El recurrente viene alegando la infracción por aplicación indebida del decreto legislativo 18-2008 en todas sus partes, señalando como precepto autorizante el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. Con respecto a este motivo de casación el impetrante pretende fustigar los argumentos del Juzgado de primera instancia, arguyendo que estos fueron asumidos por el Tribunal de apelaciones, citando los considerando 10, 11 y 12 del Juzgado de letras; al respecto cabe hacer notar que ese decreto es citado por el Juez de primera instancia a efectos de dejar claro que ese fue el instrumento jurídico tomado en cuenta por las empresas asociativas para solicitar la expropiación ante el Instituto Nacional Agrario, y el contenido específico del artículo 10 del decreto que posibilitaba la extinción de las acciones civiles, ahora bien, esta sala de lo civil, estima que ese es el fundamento utilizado por el Juzgado de letras, no así por la Corte de Apelaciones, que si bien es cierto invoca ese decreto en el considerando número diez, lo hace solo como una referencia del fundamento que sirvió de base a la primera instancia, sin embargo, en opinión de este Tribunal de Casación, la corte de apelaciones conciente es que el mismo no estaba vigente toda vez que hace acopio del artículo 94 de la Ley Sobre Justicia Constitucional para resolver el caso, al citar que la sentencia (de inconstitucionalidad) no afectará las actuaciones jurídicas que hayan sido definitivamente resueltas y ejecutadas, en ese sentido la resolución administrativa ya era firme cuando se produjo el fallo jurisdiccional y aunque al momento de pronunciarse el fallo de segunda instancia ya no estaba vigente el decreto, por disposición de la Ley Sobre Justicia Constitucional y en aras de la seguridad jurídica, lo que se resolvió durante la vigencia del decreto cuestionado no puede alterarse porque ya estaba definitivamente resuelto en la vía administrativa, por lo tanto resulta obvio que el recurrente confunde en su alegato los argumentos del juzgado de primera instancia con los empleados por el Tribunal de Apelaciones, faltando en consecuencia la claridad y precisión propia de las exigencias del recurso de casación, por lo tanto este motivo de casación es indamisible por la concurrencia de la causal prevista en el artículo 723 Número 2 a) en relación con el artículo 721 del Código Procesal Civil.
4.- DEL RECURSO DE CASACION EN SU TERCER MOTIVO INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS.
El recurrente viene alegando la infracción por aplicación indebida del artículo 94 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, señalando como precepto autorizante el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. El impetrante alega fundamentalmente que cuando la Corte de Apelaciones dictó la sentencia ya tenía conocimiento de la sentencia de fecha 14 de diciembre de 2010 emitida por la Sala de lo Constitucional declarando inconstitucional el decreto 18-2008 y que ocasiona la inaplicabilidad en el caso de autos y que la situación jurídica del presente caso, no ha sido definitivamente resuelta o ejecutada, haciendo alusión a la sentencia dictada en primera instancia en este juicio y que ha sido recurrida en apelación y que ahora se conoce en casación, y por ello no es aplicable el párrafo segundo del artículo 94 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Sobre este particular es de hacer notar que lo que la sentencia de la Sala de lo Constitucional resolvió fue la inconstitucionalidad del decreto 18-2009 que fue el que sirvió de base al trámite de los demandados para solicitar la expropiación de los predios que originalmente tenía escriturados a su favor la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, sin embargo, cuando se produce la declaratoria de inconstitucionalidad, la resolución Administrativa que resolvía a favor de las empresas asociativas ya era firme, en consecuencia, el contenido del artículo 94 de la Ley Sobre Justicia Constitucional está vinculado a la resolución Administrativa que era que con la que se relacionaba el decreto no con el fallo del Juzgado de letras, por consiguiente falta a la claridad y precisión el recurrente al no exponer las razones por las cuales la resolución del INA confirmada en apelación por el Consejo Nacional Agrario no puede ampararse en el artículo cuya inaplicabilidad reclama, por consiguiente, este motivo de casación igualmente resulta inadmisible.
5.- Por las razones expuestas, procede en derecho dictar una resolución fundada en la no admisión a trámite del recurso de casación planteado en sus tres motivos por el recurrente, por lo que es procedente declarar firme la sentencia de que se ha hecho mérito, condenar en costas al recurrente y devolver los antecedentes, junto con la certificación de la presente resolución, al tribunal de su procedencia.
PARTE DISPOSITIVA
Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719.2, 721, 722, 723.2., 724, del Código Procesal Civil; 94 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación en sus tres motivos planteados por el Abogado MAX VELASQUEZ DIAZ, en su condición de apoderado legal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS. 2) Firme la sentencia recurrida, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Francisco Morazán, de fecha doce de Junio del año dos mil doce, en el expediente de apelación número 0107-2011-00045, originado en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 9820-08 del Juzgado de Letras Seccional de Tela, departamento de Atlántida. 3) Condenar en costas a la parte recurrente; y, 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes personadas, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio.- NOTIFIQUESE.
RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO
COORDINADOR
EDITH MARIA LOPEZ RIVERA
MAGISTRADA
REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ
MAGISTRADA