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Sentencia CC-188-10 — Registro 5237

Resumen

En primera instancia se declaró sin lugar el incidente de nulidad absoluta de actuaciones, y en segunda instancia se confirma.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el impugnante en su primer motivo alega “falta de aplicación del Artículo 146 de la ley de procedimiento Administrativo” y cita como precepto autorizante “el Artículo ciento once (111) de la Ley de Propiedad y el Artículo 903 numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles” y al tratar de explicar el concepto de la infracción hace alegatos como de instancia que son inadmisibles en el recurso de casación y se refiere a documentos como medios de prueba, olvidando que referirse a los medios de prueba es improcedente en este recurso, al amparo del numeral 1º del Artículo 903 del Código de Procedimientos Primera Parte, Procedimientos Civiles, porque la infracción por falta de aplicación se produce con independencia del haz probatorio. Por otra parte, para que pueda prosperar el recurso de casación, fundamentado en el numeral 1º del Artículo 903 del Código de Procedimientos, Primera Parte, Procedimientos Civiles, han de citarse necesariamente los Artículos de la Ley o la doctrina legal que hayan sido clara y evidentemente infringidos, haciendo ver al juzgador tal infracción, pero sin alegar, como elementos primordiales del motivo, los propios razonamientos, amparados en su criterio, sino basado en lo que dispone la norma que se sostiene infringida, en relación con lo resuelto por el juzgador de alzada o instancia, razones por las cuales este primer motivo de casación es inadmisible."

Legislación citada

  • Código de Procedimientos Civiles, art. 903 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 916 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 920, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Que en su segundo motivo de casación, el recurrente alega “indebida aplicación del Artículo 110 de la ley de Propiedad.- ERROR DE DERECHO POR PARTE DEL JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE FRANCISCO MORAZAN EN LA APRECIACION DE LA DEMANDA”. Considera como precepto autorizante, que “este motivo de Casación está comprendido en el artículo ciento once (111) de la ley de Propiedad y artículo 903 numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles”; pero es de hacer notar que el recurrente, alega en este segundo motivo, dos maneras de infringir la ley sustantiva, como son la indebida aplicación y el error de derecho, que se producen de diferente manera por lo que en cumplimiento al Artículo 916 del Código de Procedimientos, Primera Parte, Procedimientos Civiles, si fueren dos o más los fundamentos o motivos del recurso, debió haberlos expresado en párrafos separados y numerados. Además, en su escrito de formalización del recurso, debió haber citado los preceptos de derecho sustantivo y los preceptos adjetivos relacionados para lograr que el Tribunal Supremo llegue a conocer el fondo de la sentencia recurrida porque no se debe perder de vista que en el escrito de formalización del recurso, se encuentran los puntos sobre los cuales tendrá que pronunciarse el Tribunal, sin apartarse de ellos, pues, no tiene facultades para tomar en cuenta violaciones que no han sido alegadas, aún cuando las observe en el expediente. Finalmente, en casación, si bien es cierto que la aplicación indebida de una norma, puede ser motivo para que se deje de aplicar otra que si es pertinente, o que la falta de aplicación de la que corresponda llama a la indebida aplicación de las que no vienen al caso, pero entonces el demandante en casación debe de precisar cuál es la indebidamente aplicada y cual la que no se aplicó habiendo debido hacerlo, para hacer posible a la Corte el estudio de la casación, requisito que en el caso de autos omite el recurrente en la explicación del motivo, por lo que hace el cargo incompleto e inadmisible este segundo motivo de casación."

Legislación citada

  • Código de Procedimientos Civiles, art. 903, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 916, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

" Que el impetrante alega la “nulidad absoluta de actuaciones por no estar agotado el procedimiento administrativo” y la fundamenta en el artículo ciento once (110) de la ley propiedad, Artículos 146, 147 y 148 de la Ley de Procedimiento Administrativo y el artículo 903 numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles que establece claramente que en la Sentencia impugnada se infringió por aplicación indebida de la Ley”; pero es del caso hacer notar que ninguno de los Artículos a que se refiere el recurrente le sirven de fundamento para solicitar la nulidad absoluta que solicita por lo que tampoco puede considerarse."

Legislación citada

  • Código de Procedimientos Civiles, art. 904 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Sala Civil. Tegucigalpa, M.D.C., Catorce de Marzo del Dos Mil Trece.

VISTO: Para dictar sentencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley Per Saltum formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha trece de octubre de dos mil diez, por el Abogado JESUS ALFREDO PINEDA ALVARADO, mayor de edad, casado, abogado, inscrito bajo el número 2378 del Colegio de Abogados de Honduras y con domicilio en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, actuando en su condición de Apoderado del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; en relación a la Demanda Especial para la Nulidad Absoluta de un Acto Registral de Naturaleza Inmobiliaria; promovida en fecha veinte de marzo del año dos mil nueve, ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán por el Abogado JAIME ANSELMO ALVAREZ GALO, hondureño, mayor de edad, casado, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el número 01966 en su condición de apoderado del señor OSCAR ALVAREZ DURON, mayor de edad, casado, abogado y notario, hondureño y con domicilio en la ciudad de Choluteca, departamento de Choluteca contra el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia de fecha uno de septiembre de dos mil diez, dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, el cual falló de la siguiente manera: “RESUELVE: PRIMERO. Declarar SIN LUGAR el INCIDENTE DE NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES, interpuesto por el Abogado CARLOS ARTURO MENDOZA MONCADA como apoderado legal sustituto de la parte demandada. SEGUNDO. Declarar CON LUGAR la demanda promovida por el Abogado OSCAR ALVAREZ DURON en contra del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, en consecuencia declara la nulidad absoluta y la cancelación total de la inscripción número 51 del tomo 1525 del Registro de la Propiedad del Departamento de Choluteca, así como de las inscripciones marginales relativas a dicha inscripción anulada realizadas al margen de los asientos números 56, 57, 58, 59, 79, 80 y 81 del tomo 1504 del Registro de la Propiedad de Choluteca. TERCERO. Condena a la parte demandada a la indemnización por los daños y perjuicios causados al demandante cuya cuantía fue evaluada según perito nombrado para tal efecto, por la suma de NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS (Lps. 9,541,522.00).- CON COSTAS.”

RESULTA: Que en fecha trece de octubre del año dos mil diez, compareció ante éste Tribunal de Justicia el Abogado JESUS ALFREDO PINEDA ALVARADO, en su condición ya indicada, formalizando el Recurso de Casación de la manera siguiente: “PRIMER MOTIVO DE CASACION: Falta de aplicación del artículo 146 de la ley de procedimiento Administrativo.-CONCEPTO DE LA INFRACCION. En la demanda presentada por el abogado Jaime Alvarez Galo, pretende la anulación de asientos registrales mediante una “DEMANDA ESPECIAL PARA LA NULIDAD ABSOLUTA DE UN ACTO REGISTRAL DE NATURALEZA INMOBILIARIA” utilizando para la interposición de la demanda una resolución emitida por la Dirección General de Registros, dependencia que no tiene facultades para ello de conformidad con los siguientes preceptos: El Artículo número 146 de la ley de procedimiento Administrativo estipula claramente que “NO SE PODRA DEMANDAR JUDICIALMENTE, EN MATERIA DE DERECHO PRIVADO, AL ESTADO, A LAS INSTITUCIONES AUTONOMAS Y A LAS MUNICIPALIDADES, SIN PREVIO RECLAMO ADMINSITRATIVO PRESENTADO ANTE EL TITULAR DEL ORGANO O DE LA ENTIDAD RESPECTIVA.” El Instituto de la propiedad es un ente desconcentrado de la Presidencia de la Republica, creado mediante Decreto Legislativo numero 82-2004 y de conformidad con el articulo ocho (8) de la Ley de Propiedad, el Consejo Directivo es el órgano de decisión y Dirección superior del Instituto, y, en el mismo está claramente establecido que: “EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DESIGNARA EL MIEMBRO QUE LO PRESIDIRA.- ESTE EJERCERA LA REPRESENTACION LEGAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD,”.- El articulo seis (6) de la Ley de Propiedad, establece claramente como estará integrado el Instituto de la Propiedad.- 1. El Consejo Directivo, como organo de Dirección. 2. Secretaria Ejecutiva; 3. Direcciones Generales; 4. Programa Nacional de Regularización Predial; 5. La comisión nacional de Política y Normativa de la Propiedad (CONAPON); 6. La Inspectoría General; y 7. La Superintendencia de Recursos.- De conformidad con los Artículos anteriormente señalados, el reclamo administrativo necesariamente se debió interponer ante el Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad y no como lo hizo el Abogado JAIME ANSELMO ALVAREZ GALO que presentó el reclamo ante el Director General de Registros, y no solo eso, sino que estima que el reclamo administrativo se concluyo con la opinión dictada en esa Dirección, cuando estas opiniones únicamente son ilustrativas y sirven de apoyo al Consejo directivo para emitir su opinión. Del plan de la demanda presentado por el Abogado JAIME ANSELMO ALVAREZ GALO, se aprecia que el mismo no presento ninguna Certificación de Resolución donde haya concluido con un Procedimiento Administrativo, como tampoco presenta ningún documento que acredite haber iniciado él mismo, ya que las denuncias interpuestas ante el señor Director de Registros y la Inspectoría General del Instituto de la Propiedad en ningún caso debe de entenderse como inicio de un Proceso Administrativo. Los informes que emiten estas dependencias sirven de asidero legal al momento de conocer el Reclamo Administrativo y resolver el asunto planteado ante el Consejo Directivo. El Instituto de la Propiedad es un Organo conformado por varias Direcciones Generales, como ser la Dirección General de Registros, Dirección General de Propiedad Intelectual, Dirección General Administrativa y otras dependencias, que de acuerdo a la sentencia pronunciada por el Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán, cada una de las Direcciones tendría que emitir sus propias resoluciones, acto jurídico que no puede ser, pues la misma ley establece claramente en su artículo ocho (8) que “ EL CONSEJO DIRECTIVO ES EL ORGANO DE DECISION Y DIRECCION SUPERIOR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD”.- Este hecho, Honorables Magistrados fue paladinamente ignorado por el Juez al momento de resolver el incidente de nulidad planteado y al emitir la sentencia respectiva, actos que se realizaron en el mismo momento procesal.- ES DE HACER MENCION, SEÑORES MAGISTRADOS, QUE EL ORGANO SUPERIOR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD NUNCA EMITIO UNA RESOLUCION porque simple y llanamente nunca conoció algún reclamo administrativo en el caso de autos. Sorprende el CONSIDERANDO (6) de la sentencia objeto de este recurso donde el Honorable Juez a la letra manifiesta “Que una vez que fueron evacuados los medios de prueba presentados por las partes del estudio de los mismos se desprende que la falta de agotamiento del procedimiento administrativo previo a la demanda judicial fue un hecho alegado por la demandada; sin embargo en obra a folios cuarenta y cuatro (44) y a folio cuarenta y ocho (48) al cincuenta y tres (53) dos resoluciones emitidas por el Instituto de la Propiedad , en las que en su parte dispositiva remite al denunciante a que la controversia deberá ser un asunto a dirimir en los Juzgados de la Republica competentes asimismo la institución reconoce expresamente en dicho documento la actuación irregular del Señor Registrador de la Propiedad Inmueble de Choluteca, Abogado OSCAR EDGARDO GONZALES G. al actuar al margen de las funciones y atribuciones a él encomendadas en base a Ley.” Este hecho Honorable Corte Suprema de Justicia no es cierto como esta manifestado anteriormente y debidamente fundamentado.- LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO NO ES EL ORGANO COMPETENTE PARA EMITIR UNA RESOLUCION EN NOMBRE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. El considerando (13) de la sentencia recurrida dice textualmente: “CONSIDERANDO (13): Que mediante el dictamen del perito nombrado Señor LEONEL HUMBERTO NUÑEZ ESPINOZA, a efecto de cuantificar los daños y perjuicios y aceptado dicho nombramiento por ambas partes, el cual en su dictamen presentado ante este Juzgado en fecha diecinueve de marzo del año dos mil diez, señala que la cuantía de los daños y perjuicios ascienden a la cantidad de NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS (Lps. 9,541,522.00)” relacionado con la parte resolutiva de esta sentencia que a la letra expresa “TERCERO. Condena a la parte demandada a la indemnización por los daños y perjuicios causados al demandante cuya cuantía fue evaluada según perito nombrado para tal efecto, por la suma de NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS (Lps. 9, 541,522.00).- CON COSTAS” esto Honorable Corte Suprema de Justicia, constituye una aberración jurídica, y demuestra el desconocimiento total de la norma Jurídica por parte del Juez, pues nunca por ningún motivo debe ser condenado el Estado de Honduras o alguna de las instituciones que forman parte sin haberse agotado el Reclamo Administrativo correspondiente, por lo que considero que esta sentencia tiene que ser anulada completamente. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Articulo ciento once (111) de la Ley de Propiedad y el Articulo 903 numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles que establece claramente que en la sentencia impugnada se infringió por falta de aplicación del procedimiento administrativo, específicamente la estipulada en el artículo 146 de la Ley de Procedimiento Administrativo. SEGUNDO MOTIVO DE CASACION: Indebida aplicación del Artículo 110 de la ley de Propiedad.- ERROR DE DERECHO POR PARTE DEL JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE FRANCISCO MORAZAN EN LA APRECIACION DE LA DEMANDA.- CONCEPTO DE LA INFRACCION. El Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, al momento de dictar la Sentencia en esta demanda que se impugna, aplica incorrectamente la Ley de Propiedad, al Admitir una DEMANDA ESPECIAL, y emitir un fallo, cuando los Fundamentos Legales Argumentados por la parte Demandante son Utilizados UNICAMENTE EN LOS PROCESOS DE REGULARIZACION, fundamentos que en ningún momento pueden aplicarse a las pretensiones de la parte demandante, lo cual explico de la siguiente manera: El Titulo VI, Procedimiento Para La Solución Jurisdiccional De Controversias Capitulo Único. Del Procedimiento Especial. El Artículo 110 de la Ley de Propiedad dice: “El conocimiento de los asuntos atribuidos por esta Ley a Órganos Jurisdiccionales corresponderá a los juzgados de Letras de lo Civil y se sujetara al procedimiento especial siguiente: 1...... 2......3......4......5......y 6......, al tenor de este articulo debemos aclarar que la Ley de propiedad, únicamente reconoce asuntos atribuidos a Órganos Jurisdiccionales cuando se ventilen asuntos relacionados con: a) cesación de Comunidad de Bienes (Articulo 89). b) Prescripción Adquisitiva (Articulo 91) y c) La regularización de tierras Indígenas y pueblos Afro Hondureños (Artículos 93 al 102); como puede ser visto en los artículos 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102 de dicha ley. Todos estos casos tienen que ser conocidos por los juzgados de Letras de lo Civil donde están ubicados los inmuebles objetos a ser regulados mediante cualquier proceso de los aprobados legalmente por la Ley de Propiedad. A este respecto los artículos 41 y 42 de la Ley de Propiedad regulan el procedimiento de anulación ya que el artículo 41 expresa que las inscripciones y anotaciones respectivas pueden cancelarse total o parcialmente. Procederá la cancelación total de inscripciones y anotaciones preventivas cuando exista nulidad decretada mediante sentencia o laudo arbitral firme y cuando se haya extinguido por completo el derecho o el mandamiento judicial inscrito o hubiese vencido el plazo establecido. Este Articulo nos demuestra que la acción legal, EN CASO DE TRATARSE DE ESTOS ASUNTOS, debió haberse promovida ante el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán, como una demanda ordinaria y no como una demanda especial, al tratarse de asientos registrales e indemnización por daños y perjuicios se debe entablar una demanda ordinaria con agotamiento del procedimiento administrativo previo. Todo lo contrario de lo estipulado para los casos donde se reconoce asuntos atribuidos a Órganos Jurisdiccionales en esta Ley. El Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán dejó de apreciar estos Artículos y admitió la demanda especial, cuando legalmente los problemas que se originen en actos registrales, tienen que ser sometidos al conocimiento del Juzgado de letras de lo Civil mediante la interposición de una demanda ordinaria, situación que es clara de acuerdo con lo estipulado en el Código Civil. En el CONSIDERANDO (7) de la sentencia, que literalmente dice: “Que según el Artículo 4 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo dice: Articulo 4: No corresponderán a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Las cuestiones de orden Civil, Mercantil, Laboral y Penal y aquellas otras que Aunque relacionadas con actos de la administración pública se atribuyen por una Ley a otra Jurisdicción o correspondan al derecho agrario o las cuestiones arbítrales a las que se halla sometido el estado. Asimismo la Ley de Propiedad decreto 82-2004 establece el procedimiento para la solución Jurisdiccional de controversias. En el que en su Capítulo único en el articulo 110 expresamente establece que el conocimiento de los asuntos atribuidos por esta Ley a Organos Jurisdiccionales corresponderá a los Juzgados de Letras de lo Civil, de lo anterior queda plena e indubitadamente establecida la competencia para conocer del presente asunto al Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán”.- Esta es una apreciación errónea del Juez pues como esta supra mencionado. LA LEY DE PROPIEDAD SOLO ATRIBUYE JURISDICCION A LOS JUZGADOS DE LO CIVIL LO RELACIONADO CON A) CESACIÓN DE COMUNIDAD DE BIENES (ARTICULO 89). B) PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA (ARTICULO 91) Y C) PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INMUEBLE PARA PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROHONDUREÑOS ( ASTICULOS 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 Y 102 de dicha ley, por lo que simple y llanamente el Juzgado de Letras de lo Civil debió de Oficio y en el Auto de Admisión denegar dicha Demanda, por no iniciarse en el procedimiento correcto, como debe ser mediante una demanda ordinaria. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el articulo ciento once (111) de la ley de Propiedad y el articulo 903 numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles que establece claramente que en la sentencia impugnada se infringió por aplicación indebida de la Ley.-”

RESULTA: Que en el mismo escrito de Formalización del presente recurso, se señala una supuesta Nulidad Absoluta de Actuaciones en virtud de no estar agotado el Procedimiento Administrativo. Apartado que literalmente dice: “NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES POR NO ESTAR AGOTADO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. – Honorable Corte Suprema de Justicia. 1.- El demandante no cumplió con lo estipulado en el artículo 146 de la Ley de Procedimiento Administrativo que manda: “Que no se podrá demandar judicialmente en materia de Derecho Privado, al Estado o a las instituciones Autónomas y a las Municipalidades sin previo Reclamo Administrativo presentado ante el Titular del Órgano o de la entidad respectiva”. El artículo 148 de la Ley de Procedimiento Administrativo dice: “El Reclamo Administrativo deberá ser resuelto dentro del plazo de sesenta días contados a partir de su presentación. Si la resolución es negativa o si esta no se produce dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, el interesado podrá incoar la acción correspondiente por la vía judicial.” El Instituto de la Propiedad es un Organismo Desconcentrado creado mediante Decreto Ley No.82-2004 por el Congreso Nacional de la República y reformada dicha Ley mediante Decretos Legislativos No. 191-253 y 258-2005 por lo que estamos en presencia de un Organismo con Jurisdicción a nivel nacional, por lo que para proceder a entablar una demanda contra una Institución o contra el Estado de Honduras ES NECESARIO INICIAR UN RECLAMO ADMINISTRATIVO, ante el Titular del Órgano o de la entidad respectiva, este reclamo debió presentarse ante el Consejo Directivo del Instituto de la propiedad, ya que de acuerdo al Artículo ocho (8) de la Ley de Propiedad, es el Órgano de Decisión y Dirección Superior.- Este hecho no se ha presentado por lo que vuelve nula esta demanda y consecuentemente la Sentencia que es objeto de casación, ya que de conformidad al Artículo 146 de la Ley de Procedimiento Administrativo no se podrá demandar en materia de Derecho Privado al Estado o a las instituciones autónomas y a la Municipalidades sin previo Reclamo Administrativo presentado ante el órgano o entidad respectiva. El artículo 147 de la Ley de Procedimiento Administrativo, es claro cuando establece que el Reclamo Administrativo previo a la Vía Judicial se sustentara en los mismos hechos y derechos que se invocaran en la eventual Demanda Judicial. Como pueden observar Honorables Magistrados, estamos en presencia de un Acto Administrativo, que previo a ser presentado ante los Tribunales debió ser conocido por el Instituto de la Propiedad. Y este hecho no se ha realizado por lo que la pretensión de la parte demandante debe ser anulada desde su presentación por no estar apegado a derecho. 2.- Del plan de la Demanda presentada por el Abogado JAIME ANSELMO ALVAREZ GALO, se aprecia que el mismo no presento ninguna Certificación donde haya emitido una Resolución negativa sobre el Reclamo Administrativo, ya que las denuncias interpuestas ante el señor Director de Registros y la Inspectoría General del Instituto de la Propiedad, en ningún caso debe de entenderse como Reclamo administrativo. Los informes que emiten estas dependencias sirven de asidero legal al momento de conocer el Reclamo Administrativo y resolver el asunto planteado. 3.- En todo caso Honorables Magistrados, por razones de competencia este reclamo debió haberse presentado ante el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Choluteca, ya que el Registro de la Propiedad de ese Departamento únicamente tiene competencia en ese. Es entendido que en materia Civil, de conformidad con el Articulo 146 numeral 3) de la Ley de Organizaciones y Atribuciones de los Tribunales que literalmente dice: “En los juicios en que se ejerciten acciones reales sobre Bienes Inmuebles, será Juez competente el del lugar en que esté sita la cosa litigiosa”, de lo anterior se deduce que le corresponde conocerlo al Juzgado de Letras de lo Civil de Choluteca que es el lugar donde suceden los actos. 4.-LA LEY DE PROPIEDAD CONTIENE EL TITULO VI PROCEDIMIENTO PARA LA SOLUCIÓN JURISDICCIONAL DE CONTROVERSIAS, CAPITULO UNICO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL.- El Artículo 110 de la ley de propiedad dice: “ El Conocimiento de los asuntos atribuidos por esta Ley a Órganos Jurisdiccionales corresponderá a los juzgados de letras de lo Civil y se sujetara al siguiente procedimiento especial, 1....,2.....,3.....,4.....,5....., y 6....., al tenor de este articulo, debemos de aclarar que la Ley de Propiedad, únicamente reconoce asuntos atribuidos a Órganos Jurisdiccionales, cuando se ventilan asuntos relacionados con: A) Cesación de comunidad de bienes, B) Prescripción Adquisitiva y C) La Regularización de tierras indígenas y pueblos Afro-Hondureños; como puede ser visto en los Artículos 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, y 102 de la Ley de Propiedad.- Todos los casos enunciados anteriormente tienen que ser conocidos por los Juzgados de Letras de lo civil, donde están ubicados los Inmuebles objetos a ser regulados mediante cualquier proceso de los aprobados legalmente en la Ley de Propiedad.- De todo lo anterior Honorables Magistrados, se concluye que la “DEMANDA ESPECIAL PARA LA NULIDAD ABSOLUTA DE UN ACTO REGISTRAL DE NATURALEZA INMOBILIARIA.- QUE SE DECRETE LA CANCELACION TOTAL DE UNA RESOLUCION E INSCRIPCION REGISTRAL Y ANOTACIONES MARGINALES POR HABERSE EJECTUADO SIN MEDIAR SENTENCIA JUDICIAL.- SE ACREDITA AGOTAMIENTO DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO PREVIO A LA ACCION EN MATERIA DE DERECHO PRIVADO.- INDEMNIZACION POR PERJUICIOS. Promovida por el Abogado JAIME ANSELMO ALVAREZ GALO, y que dictara Sentencia el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán el día primero de Septiembre del año dos mil diez (2010) debe ser declarada LA NULIDAD ABSOLUTA, ya que por su naturaleza se trata de una DEMANDA ORDINARIA, que no tiene ningún procedimiento de trámite especial, como pretende la parte demandante, por lo que dicha sentencia lo que demuestra es un total desconocimiento de la ley por parte del Juez.- La Sentencia dictada por el Juzgado de Letras primero de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, Honorables Magistrados, tiene que ser anulada, ya que la misma contiene disposiciones legales que son atribución de Otros Juzgados, en este caso hablamos del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, pues en los fundamentos de Derecho aplicado en el caso, utiliza los artículos: 4 de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y 24, 25, 34, 35, 40 y 148 de la Ley de Procedimiento Administrativo, lo que constituye una invasión al Ordenamiento Jurídico de otro Tribunal, hecho este por lo que se considera que la sentencia objeto de esta casación debe ser anulada totalmente. PRECEPTO AUTORIZANTE: Esta nulidad está comprendida en el articulo ciento once (110) de la ley de Propiedad, Artículos 146, 147 y 148 de la Ley de Procedimiento Administrativo y el articulo 903 numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles que establece claramente que en la Sentencia impugnada se infringió por aplicación indebida de la Ley.-”

RESULTA: Que en proveído de fecha diecinueve de octubre del año dos mil diez, éste Tribunal tuvo por formalizado en tiempo el Recurso de Casación por parte del Abogado JESUS ALFREDO PINEDA ALVARADO, y dio traslado de los autos al Fiscal del Despacho para que en el término de diez días emitiera dictamen sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito, haciéndolo la Abogada LOURDES YAMIILETH CENTENO SIERRA, hondureña, mayor de edad y con Número de Colegiación 3975, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en fecha diez de marzo del año dos mil once de la manera siguiente: “OPINION. Por las razones expuestas, esta representante de la sociedad dictamina de manera desfavorable a la admisión del presente recurso en sus dos motivos, así como a la nulidad planteada,”

RESULTA: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito.

CONSIDERANDO (1): Que toda demanda de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere.

CONSIDERANDO (2): Que conforme el Artículo 916 del Código de Procedimientos, Primera Parte, Procedimientos Civiles, en el escrito interponiendo el recurso, se expresará el párrafo del Artículo 903 de dicho ordenamiento legal, en que se halle comprendido, y citará con precisión y claridad la ley o la doctrina legal que se crea infringida, y el concepto en que lo haya sido; si fueren dos o más los fundamentos o motivos del recurso, se expresarán en párrafos separados y numerados.

CONSIDERANDO (3): Que el impugnante en su primer motivo alega “falta de aplicación del Artículo 146 de la ley de procedimiento Administrativo” y cita como precepto autorizante “el Artículo ciento once (111) de la Ley de Propiedad y el Artículo 903 numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles” y al tratar de explicar el concepto de la infracción hace alegatos como de instancia que son inadmisibles en el recurso de casación y se refiere a documentos como medios de prueba, olvidando que referirse a los medios de prueba es improcedente en este recurso, al amparo del numeral 1º del Artículo 903 del Código de Procedimientos Primera Parte, Procedimientos Civiles, porque la infracción por falta de aplicación se produce con independencia del haz probatorio. Por otra parte, para que pueda prosperar el recurso de casación, fundamentado en el numeral 1º del Artículo 903 del Código de Procedimientos, Primera Parte, Procedimientos Civiles, han de citarse necesariamente los Artículos de la Ley o la doctrina legal que hayan sido clara y evidentemente infringidos, haciendo ver al juzgador tal infracción, pero sin alegar, como elementos primordiales del motivo, los propios razonamientos, amparados en su criterio, sino basado en lo que dispone la norma que se sostiene infringida, en relación con lo resuelto por el juzgador de alzada o instancia, razones por las cuales este primer motivo de casación es inadmisible.

CONSIDERANDO (4): Que en su segundo motivo de casación, el recurrente alega “indebida aplicación del Artículo 110 de la ley de Propiedad.- ERROR DE DERECHO POR PARTE DEL JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE FRANCISCO MORAZAN EN LA APRECIACION DE LA DEMANDA”. Considera como precepto autorizante, que “este motivo de Casación está comprendido en el artículo ciento once (111) de la ley de Propiedad y artículo 903 numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles”; pero es de hacer notar que el recurrente, alega en este segundo motivo, dos maneras de infringir la ley sustantiva, como son la indebida aplicación y el error de derecho, que se producen de diferente manera por lo que en cumplimiento al Artículo 916 del Código de Procedimientos, Primera Parte, Procedimientos Civiles, si fueren dos o más los fundamentos o motivos del recurso, debió haberlos expresado en párrafos separados y numerados. Además, en su escrito de formalización del recurso, debió haber citado los preceptos de derecho sustantivo y los preceptos adjetivos relacionados para lograr que el Tribunal Supremo llegue a conocer el fondo de la sentencia recurrida porque no se debe perder de vista que en el escrito de formalización del recurso, se encuentran los puntos sobre los cuales tendrá que pronunciarse el Tribunal, sin apartarse de ellos, pues, no tiene facultades para tomar en cuenta violaciones que no han sido alegadas, aún cuando las observe en el expediente. Finalmente, en casación, si bien es cierto que la aplicación indebida de una norma, puede ser motivo para que se deje de aplicar otra que si es pertinente, o que la falta de aplicación de la que corresponda llama a la indebida aplicación de las que no vienen al caso, pero entonces el demandante en casación debe de precisar cuál es la indebidamente aplicada y cual la que no se aplicó habiendo debido hacerlo, para hacer posible a la Corte el estudio de la casación, requisito que en el caso de autos omite el recurrente en la explicación del motivo, por lo que hace el cargo incompleto e inadmisible este segundo motivo de casación.

CONSIDERANDO (5): Que el impetrante alega la “nulidad absoluta de actuaciones por no estar agotado el procedimiento administrativo” y la fundamenta en el artículo ciento once (110) de la ley propiedad, Artículos 146, 147 y 148 de la Ley de Procedimiento Administrativo y el artículo 903 numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles que establece claramente que en la Sentencia impugnada se infringió por aplicación indebida de la Ley”; pero es del caso hacer notar que ninguno de los Artículos a que se refiere el recurrente le sirven de fundamento para solicitar la nulidad absoluta que solicita por lo que tampoco puede considerarse.

CONSIDERANDO (6): Que por las razones anteriormente expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los dos motivos de casación y la nulidad invocados por la recurrente.

POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Civil, en nombre del Estado de Honduras, pronunciándose por unanimidad, oído el parecer de la Fiscal del Ministerio Público y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5) y 316 de la Constitución de la República; 1º y 80 numeral 1º de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 187, 188, 189, 899, 900, 901, 902 numeral 1º, 903, 904, 915, 916, 917, 918, 919 numeral 1º, 920 numeral 2º del Código de Procedimientos Civiles; FALLA: DECLARANDO NO HA LUGAR a la admisión del recurso de casación en sus dos motivos y la nulidad alegada, formalizado por el Abogado Jesús Alfredo Pineda Alvarado, en su condición de apoderado del Instituto de la Propiedad, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el 1 de septiembre de 2010, de que se ha hecho mérito Y MANDA: Comunicar y devolver los autos al Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, con la certificación de estilo, para los efectos legales correspondientes. CON COSTAS.- NOTIFIQUESE.

RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO

MAGISTRADO COORDINADOR

EDITH MARIA LOPEZ RIVERA

MAGISTRADA

SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA

MAGISTRADA