Sentencia CC-17-12 — Registro 5106
Resumen
En primera instancia se declaro sin lugar la demanda ordinaria para que se decrete la nulidad de escrituras publicas de remedida y su inscripción en el registro de la propiedad inmueble y mercantil.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Que el recurrente en su primer motivo de casación, con fundamento en el párrafo 1º del Artículo 716 y 719 numeral 2, ambos del Código Procesal Civil, alega falta de aplicación de los Artículos 1497 del Código Civil en relación con los Artículos 321 numerales 1 y 2 regla 2 del Código de Procedimientos Civiles y en los acápites explicación del motivo y concepto de la infracción alega falta de aplicación del Artículo 1499 del Código Civil que, como ya lo tiene establecido jurisprudencialmente este Tribunal, para efectos del recurso de casación, son inviolables los artículos o leyes que establecen definiciones generales, son enunciativas o de carácter general, características que revisten las normas citadas como infringidas en el presente recurso; además, a pesar de que la infracción por falta de aplicación alegada se produce con independencia de los medios de prueba aportados al proceso, el impetrante hace alusión a los mismos olvidando, por otra parte, que le es prohibido al Tribunal, la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en la sentencia dictada; finalmente, en la explicación de este primer motivo sostiene “La sentencia definitiva, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil ocho (2008), objeto del presente recurso de casación, …, cuando la sentencia recurrida es la dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, el dos (2) de junio de dos mil once (2011), contra la cual interpuesto el recurso de casación; todo lo cual hace que el motivo esté mal formulado y, por consiguiente, inadmisible.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 719, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 721 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
“Que el recurrente en su segundo motivo de casación que fundamenta en el Artículo 903 numeral 7 del Código de Procedimientos Civiles, por haberse infringido el Artículo 129 de la Constitución de la República, e incurrido en la apreciación de las pruebas en error de hecho, resultante de un documento auténtico que demuestra la equivocación evidente del juzgador, olvida que el Código de Procedimientos Civiles, fue derogado por el Código Procesal Civil y por consiguiente no le puede servir para fundamentar el segundo motivo alegado, aunque estuviera vigente al dictarse la sentencia impugnada porque al momento de interponer y formalizar su recurso, se encontraba vigente el Código Procesal Civil con fundamento en el cual fue tramitado, por lo que el segundo motivo también es inadmisible.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 719, Numeral 1, literales a), b) o c) 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 721 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciocho días del mes de abril de dos mil trece (2013), la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, como Coordinador, EDITH MARIA LOPEZ RIVERA y designada ponente para el conocimiento y redacción del presente auto y SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA, ésta última llamada a integrar en virtud de la incapacidad médica temporal del Magistrado JORGE REYES DIAZ, en la fecha supra indicada dictan el siguiente Auto:
SON PARTES: El Señor MATEO RAFAEL PALMA CARRASCO, representado en juicio por el Abogado JUAN MIGUEL OCHOA PONCE en su condición de recurrente; siendo recurrido el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado ROLANDO ISRAEL PORTILLO GUILLEN.
OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA ORDINARIA PARA QUE SE DECRETE LA NULIDAD DE ESCRITURAS PUBLICAS DE REMEDIDA Y SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL promovida en fecha treinta (30) de abril de dos mil cuatro (2004), ante el entonces Juzgado Segundo de Letras de lo Civil de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, por el Señor MATEO RAFAEL PALMA CARRASCO, contra el ESTADO DE HONDURAS.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Con fecha dos (02) de junio de dos mil once (2011), la Corte Segunda de Apelaciones de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha diez (10) de noviembre de dos mil ocho (2008), en el juicio contentivo de DEMANDA ORDINARIA PARA QUE SE DECRETE LA NULIDAD DE ESCRITURAS PUBLICAS DE REMEDIDA Y SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL promovida en fecha treinta (30) de abril de dos mil cuatro (2004), ante el entonces Juzgado Segundo de Letras de lo Civil de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, por el Señor MATEO RAFAEL PALMA CARRASCO, contra el ESTADO DE HONDURAS, dictó sentencia CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha diez (10) de noviembre de dos mil ocho (2008), emitida por el Juzgado de Letras de lo Civil de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, que falló de la siguiente manera: “FALLA:
- Declarar SIN LUGAR la demanda ordinaria PARA QUE SE DECRETE LA NULIDAD DE ESCRITURAS PUBLICAS DE REMEDIDAS Y SU INSCRIPCION EM EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL.- REIVINDICACION DE DERECHOS LEGITIMOS DE PROPIEDAD promovida por el señor MATEO RAFAEL PALMA CARRASCO en contra el ESTADO DE HONDURAS. 2) Declarar SIN LUGAR DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD ABSOLUTA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS Y SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.- DAÑOS Y PERJUICIOS que pro vía de reconvención interpusiese el ESTADO DE HONDURAS en contra del señor MATEO RAFAEL PALMA CARRASCO.-”
SEGUNDO: El Representante Procesal del Señor MATEO RAFAEL PALMA CARRASCO, Abogado JUAN MIGUEL OCHOA PONCE, presentó, en fecha cuatro (04) de noviembre de dos mil once (2011), escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada con fecha dos (02) de junio de dos mil once (2011), por la Corte Segunda de Apelaciones de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán.
TERCERO: Mediante auto de fecha ocho (08) de noviembre de dos mil once (2011), la Corte Segunda de Apelaciones de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, tuvo por interpuesto en tiempo el Recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del escrito.
CUARTO: El Representante Procesal de la parte demandada-reconviniente, el Abogado ROLANDO ISRAEL PORTILLO GUILLEN, presentó, en fecha doce (12) de diciembre de dos mil once (2011) escrito de pronunciamiento sobre el recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Segunda de Apelaciones de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, tener por devuelto e impugnado en tiempo y forma el pronunciamiento concedido al Abogado ROLANDO ISRAEL PORTILLO GUILLEN en su condición de demandado-reconviniente-apelado, contra el recurso de Casación interpuesto contra la sentencia dictada por esa Corte en fecha dos (02) de junio de dos mil once (2011) por el Abogado JUAN MIGUEL OCHOA PONCE, en su condición de demandante-reconvenido-apelante, ordenando la Corte Segunda de Apelaciones de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.
QUINTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal el Abogado JUAN MIGUEL OCHOA PONCE, en su condición ya indicada, presentó escrito de personamiento en fecha veinte (20) de enero de dos mil doce (2012); el Abogado ROLANDO ISRAEL PORTILLO GUILLEN no se personó en las presentes diligencias tal y como consta en el informe rendido por la Secretaria de esta Corte Suprema de Justicia.
SEXTO: Que la parte recurrente plantea en dos motivos su recurso de casación ante la Corte Segunda de Apelaciones de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “RECURSO DE CASACION IMPUGNANDO LA APLICACIÓN E INTERPRETACION DEL DERECHO USADO PARA RESOLVER EL FONDO DEL ASUNTO. EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. MOTIVO NUMERO UNO: No poseer la Sentencia la declaración de hechos probados. EXPLICACION DEL MOTIVO. La sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones, de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha dos de junio del año dos mil once constituye el objeto del presente recurso, ya que por medio del referido fallo se le causa a mi mandante una serie de perjuicios, pues tal como se detallara en cada uno de los motivos del presente recurso, el Tribunal de Alzada, incumpliendo preceptos procedímentales y aplicando indebidamente preceptos legales que resolvían el fondo del asunto concluyó erróneamente confirmar la sentencia de primera instancia sin considerar hechos debidamente probados específicamente que el licenciado Federico breve Travieso, en su condición de Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, otorgo el Instrumento numero trescientos treinta (330), autorizado por el Notario Juan Ángel Benavides Paz, sin tener la representación legal del Estado de Honduras. Este primer motivo de casación se encuentra comprendido en el párrafo No. 1. del Articulo 716 del Código Procesal Civil DECRETO 211-2006, que literalmente dice: Articulo 716 numeral 1. El recurso de casación tiene como fines la protección de las normas del ordenamiento jurídico, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo, así como la unificación de jurisprudencia nacional. La Sentencia definitiva, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil ocho (2008), objeto del presente recurso de casación, contiene violación, por falta de aplicación de los artículos 1497 del código civil en relación con los artículos 321 numerales 1• y 3• y 322 regla 2• del Código de Procedimientos Civiles. PRECEPTO AUTORIZANTE: El articulo 719, numeral 2) del Código Procesal Civil, es el Articulo que nos da el fundamento legal para poder interponer el presente recurso. EXPLICACION DEL MOTIVO. El Articulo 1499 del Código Civil previene que los documentos públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de este, y que también harán prueba contra los contratantes y sus causahabientes, en cuanto a las declaraciones que en ellos hubiesen hecho los primeros, CONCEPTO DE LA INFRACCION. La Sentencia recurrida viola la ley por falta de aplicación del articulo 1499 del Código Civil, en relación con los demás artículos a que se alude en el párrafo precedente, porque de haberlos aplicado, se habría estimado, probado lo que aparece consignado en el texto del instrumento numero 330 autorizado, por el Notario Juan Ángel Benavides Paz, a los 21 días del mes de abril del año dos mil tres, otorgado por el licenciado Federico Breve Travieso, en su condición de Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional y los señores Wilfredo Calderón Canales, José Maria Betancourt y Pablo Maradiaga Varela, inscrito bajo el numero 20 del Tomo 4037 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil (hoy Instituto de la Propiedad), de Francisco Morarán, contenido en la Certificación de dicho asiento, que fuera presentada por la parte actora, que el instrumento que contiene la escritura de remedida no fue otorgado por el representante legal del Estado de Honduras, el señor Procurador General de la Republica sino por el señor Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, dado que al Articulo 1499 del Código Civil establece, que los documentos públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de este, y que también harán prueba contra los contratantes y sus causahabientes, en cuanto a las declaraciones que en ellos hubiesen hecho los primeros, porque de conformidad con lo dispuesto en el articulo 321 numeral 1 y 3 del Código de Procedimientos Civiles, dicha Certificación, tiene la calidad de instrumento publico, pues es contentiva de una Escritura publica, y fue expedida por el Registrador de la Propiedad en el que se encuentra inscrita, funcionario autorizado para ello, y en virtud de que los instrumentos públicos, son eficaces en juicio como medios probatorios, al tenor de los establecido por el articulo 322 regla 2 del referido código de procedimientos y como de conformidad con el Articulo 229 de la constitución de la republica el representante legal del Estado es el Procurador General de la Republica y no los Secretarios de Estado, en el presente caso el Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, que fue la condición que se atribuyó el Secretario de Defensa para fingirse representante legal del Estado, es obvio que la Escritura contenida en el Instrumento numero 330, autorizado por el Notario Juan Ángel Benavides Paz, a los veintinueve días de abril del año dos mil tres, cuya nulidad se pide, no fue otorgada por el representante legal, porque no la otorgo el Procurador General de la Republica, como consta en el texto del instrumento publico mediante el cual se formalizo.- MOTIVO NUMERO DOS.- Este motivo esta contemplado en el Artículo 903 numeral 7, del Código de Procedimientos Civiles vigente al momento de dictarse la sentencia impugnada, por haberse infringido el artículo 129 de la constitución de la Republica al haberse incurrido en la aplicación de las pruebas, en error de hecho, resultante de un documento autentico que demuestra la equivocación evidente del juzgador.-PRECEPTO AUTORIZANTE El Artículo 903 numeral 7, del Código de Procedimientos Civiles vigente al momento de dictarse la sentencia impugnada, es el Articulo que nos da el fundamento legal para poder interponer el presente recurso. EXPLICACION DEL MOTIVO.- En el considerando ocho de la sentencia recurrida se manifiesta que por otra parte, la pretensión del actor va dirigida a que se decrete la nulidad de la escritura publica numero 330 autorizado por el notario JUAN ANGEL BENAVIDEZ PAZ, el 29 de abril de 2003, que contiene la remedida otorgada por los señores Federico Breve Travieso, Wilfredo Calderón Canales, José Maria Betancourt y Pablo Maradiaga Varela, el primero como Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional y los tres últimos como colindantes; Sin embargo, tal pretensión solo fue enfilada en contra del Estado de Honduras, cuando debió para ello haber demandado también a los otros colindantes ya que la sentencia que debía recaer, de haber sido procedente el juicio, la sentencia a dictarse habría afectado a estos sin que hayan sido oídos ni vencidos en juicio, pero no se dice nada respecto del carácter con que actúa el licenciado Federico Breve Travieso en ese otorgamiento no obstante que en tal documento aparece expresamente consignado que lo hizo en nombre y representación del Estado como Secretario de Defensa Nacional, sin reparar que la demanda se apoya precisamente en el hecho de que el licenciado Federico Breve Travieso al suscribir el referido documento no habría podido representar legalmente al Estado, porque su representante legal no es ningún Secretario de Estado sino que El Procurador General de la Republica, al tenor de lo dispuesto por el DECRETO No. 3- 2002 en que se elige al ciudadano Sergio Zavala Leiva Procurador General de la Republica y el Articulo 129 de la constitución de la Republica que regula la creación y funcionamiento de la Procuraduría General de la Republica. Es evidente entonces, que en la apreciación de la prueba no se reconoce un hecho que resulta del propio texto del instrumento que se tuvo materialmente a la vista, incurriéndose con ello en un error de hecho, porque al hacerse caso omiso de la condición con que actuó el licenciado Federico Breve Travieso en el otorgamiento de ese instrumento, condición que aparece establecida en el texto del mismo, se ignora en la sentencia esa circunstancia, como si su texto estuviese mutilado respecto del carácter con que actuó el licenciado Breve Travieso o dicho en otro giro, como si en dicho acto no apareciera consignado el carácter con que actuó el señor Breve Travieso y con ese error de hecho resultante de un documento autentico, se infringe el Articulo 129 de la constitución de la Republica porque de haberse recorrido ese hecho evidente que consta en el propio texto del documento de referencia, forzosamente se habría tenido por acreditado que el mismo no fue otorgado por el representante legal del Estado, el señor Procurador General de la Republica, sino por el Secretario de Estado en el Despacho de defensa Nacional manifestando que actuaba como tal, en virtud de que el Articulo constitucional mencionado dispone que el representante legal del Estado lo es el señor Procurador General de la Republica y porque según los Artículos 321 y 323, de la constitución de la republica, “Los funcionarios del Estado no tienen mas facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad” (321); Y, que “Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella” (323).”
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que la Corte Segunda de Apelaciones de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, tuvo por interpuesto y formalizado el recurso de casación, por el Abogado Juan Miguel Ochoa Ponce, en su condición de apoderado legal del señor Mateo Rafael Palma Carrasco, contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, el 2 de junio de 2011; recurso de casación que formalizó en dos (2) motivos, con fundamento el primero en el párrafo 1º del Artículo 716 y 719 numeral 2, ambos del Código Procesal Civil, por falta de aplicación de los Artículos 1497 del Código Civil en relación con los Artículos 321 numerales 1 y 2 regla 2 del Código de Procedimientos Civiles y, el segundo, señala que el motivo está contemplado en el Artículo 903 numeral 7 del Código de Procedimientos Civiles, por haberse infringido el Artículo 129 de la Constitución de la República, por haberse incurrido en la apreciación de las pruebas en error de hecho, resultante de un documento auténtico que demuestra la equivocación evidente del juzgador.
Que el recurrente en su primer motivo de casación, con fundamento en el párrafo 1º del Artículo 716 y 719 numeral 2, ambos del Código Procesal Civil, alega falta de aplicación de los Artículos 1497 del Código Civil en relación con los Artículos 321 numerales 1 y 2 regla 2 del Código de Procedimientos Civiles y en los acápites explicación del motivo y concepto de la infracción alega falta de aplicación del Artículo 1499 del Código Civil que, como ya lo tiene establecido jurisprudencialmente este Tribunal, para efectos del recurso de casación, son inviolables los artículos o leyes que establecen definiciones generales, son enunciativas o de carácter general, características que revisten las normas citadas como infringidas en el presente recurso; además, a pesar de que la infracción por falta de aplicación alegada se produce con independencia de los medios de prueba aportados al proceso, el impetrante hace alusión a los mismos olvidando, por otra parte, que le es prohibido al Tribunal, la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en la sentencia dictada; finalmente, en la explicación de este primer motivo sostiene “La sentencia definitiva, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil ocho (2008), objeto del presente recurso de casación, …, cuando la sentencia recurrida es la dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, el dos (2) de junio de dos mil once (2011), contra la cual interpuesto el recurso de casación; todo lo cual hace que el motivo esté mal formulado y, por consiguiente, inadmisible.
Que el recurrente en su segundo motivo de casación que fundamenta en el Artículo 903 numeral 7 del Código de Procedimientos Civiles, por haberse infringido el Artículo 129 de la Constitución de la República, e incurrido en la apreciación de las pruebas en error de hecho, resultante de un documento auténtico que demuestra la equivocación evidente del juzgador, olvida que el Código de Procedimientos Civiles, fue derogado por el Código Procesal Civil y por consiguiente no le puede servir para fundamentar el segundo motivo alegado, aunque estuviera vigente al dictarse la sentencia impugnada porque al momento de interponer y formalizar su recurso, se encontraba vigente el Código Procesal Civil con fundamento en el cual fue tramitado, por lo que el segundo motivo también es inadmisible.
Que en conclusión, la defectuosa presentación del recurso por parte del impetrante, en esta fase procedimental, hace procedente su inadmisión por concurrir en los dos (2) motivos de casación expuesto, la causa prevista en el numeral 2, literal a) del Artículo 723 del Código Procesal Civil.
Que el apoderada legal de la parte recurrida, dentro del plazo de diez (10) días que se le concedió, se pronunció sobre el contenido del recurso planteado por el apoderado de la parte recurrente, rechazando los argumentos de la impugnante.
Que por las razones expuestas, procede en derecho dictar una resolución fundada en la no admisión a trámite del recurso de casación planteado por el apoderada de la parte recurrente, por lo que es procedente declarar firme la sentencia de que se ha hecho mérito, condenar en costas a la parte recurrente y devolver los antecedentes, junto con la certificación de la presente resolución, al tribunal de su procedencia.
III. PARTE DISPOSITIVA
Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724 y 914 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación en sus dos motivos, planteado por el Abogado Juan Miguel Ochoa Ponce, en su condición de apoderado del señor Mateo Rafael Palma Carrasco, en la demanda ordinaria para que se decrete la nulidad de escrituras públicas de remedida y su inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil, promovida por el Abogado Juan Miguel Ochoa Ponce, en su condición de apoderado legal del señor Mateo Rafael Palma Carrasco contra el Estado de Honduras, representado por el Abogado Sergio Zavala Leiva, en su condición de Procurador General de la República. 2) Firme la sentencia recurrida, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, el dos de junio de dos mil once, en el expediente de apelación número 0801-2007-19168 originada en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0801-2007-19168-C.O. del Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán. 3) Condenar en costas a la parte recurrente; y, 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada Edith María López Rivera. NOTIFIQUESE.
RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO
MAGISTRADO COORDINADOR
EDITH MARIA LOPEZ RIVERA
MAGISTRADA
SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA
MAGISTRADA INTEGRANTE