Sentencia CC-169-12 — Registro 4365
Resumen
En segunda instancia se revocó la sentencia de primera instancia, en consecuencia declaró sin lugar la demanda pero no se pronunció sobre la acción reivindicatoria y sobre los daños y perjuicios que el juzgado de primera instancia declaró con lugar y condenó al pago de los mismos
Análisis jurisprudencial
(Sin análisis jurisprudencial en la ficha)
Sentencia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los once (11) días del mes de junio del dos mil trece (2013), la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, como Coordinador; EDITH MARIA LOPEZ RIVERA, designada ponente para el conocimiento y redacción del presente auto y REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ, llamada a integrar al amparo del Decreto Legislativo Número 42-2013, por ausencia del Magistrado JORGE REYES DIAZ, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:
SON PARTES: Recurrente: El Abogado RENE VELASQUEZ DIAZ, en representación de la sociedad mercantil CONSULTORES Y PLANIFICADORES, S.A. (CONPLAN), y recurridas: Las Instituciones denominadas BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS S.A., (BANFFAA) y el INSTITUTO DE PREVISION MILITAR, (IPM), representadas por el Abogado WALDO RIVERA PORTILLO.
OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA ORDINARIA PARA QUE, RESPECTO A UNA DE LAS ENTIDADES DEMANDADAS, SE DECLARE LA NULIDAD DE UN CONTRATO, SE DECLARE ASIMISMO LA NULIDAD DE OTROS ACTOS JURIDICOS ILEGALES REALIZADOS EN OCASIÓN DE AQUEL CONTRATO, SE DECLARE LA NULIDAD DE UNOS ASIENTOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y SE ORDENE SU CANCELACION RESPECTO A LA OTRA ENTIDAD DEMANDADA. SE EJERCE ACCION REIVINDICATORIA CONTRA AMBAS ENTIDADES, ACCION DE DAÑOS Y PERJUICIOS, QUE SE LES CONDENE EN COSTAS, QUE SE DECRETEN CON CARÁCTER DE URGENCIA, MEDIDAS PRECAUTORIAS, LIBRAMIENTO DE COMUNICACIÓN, HABILITACION DE DIAS Y HORAS INHABILES, promovida ante el entonces Juzgado de Letras Segundo de lo Civil, de la ciudad de Tegucigalpa M.D.C, Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado RENE VELASQUEZ DIAZ, en su condición de Apoderado de la sociedad mercantil CONSULTORES Y PLANIFICADORES S.A. (CONPLAN), contra las instituciones denominadas BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS S.A., (BANFFAA) y el INSTITUTO DE PREVISION MILITAR, (IPM).
I. ANTECEDENTES DE HECHO.
PRIMERO: Con fecha treinta (30) de marzo de dos mil doce (2012), la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha diecinueve (19) de julio de dos mil once (2011), emitida por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el juicio contentivo de la DEMANDA ORDINARIA PARA QUE, RESPECTO A UNA DE LAS ENTIDADES DEMANDADAS, SE DECLARE LA NULIDAD DE UN CONTRATO, SE DECLARE ASIMISMO LA NULIDAD DE OTROS ACTOS JURIDICOS ILEGALES REALIZADOS EN OCASIÓN DE AQUEL CONTRATO, SE DECLARE LA NULIDAD DE UNOS ASIENTOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y SE ORDENE SU CANCELACION RESPECTO A LA OTRA ENTIDAD DEMANDADA. SEJERCE ACCION REIVINDICATORIA CONTRA AMBAS ENTIDADES, ACCION DE DAÑOS Y PERJUICIOS, QUE SE LES CONDENE EN COSTAS, QUE SE DECRETEN CON CARÁCTER DE URGENCIA, MEDIDAS PRECAUTORIAS, LIBRAMIENTO DE COMUNICACIÓN, HABILITACION DE DIAS Y HORAS INHABILES, promovida ante el entonces Juzgado de Letras Segundo de lo Civil, de la ciudad de Tegucigalpa M.D.C, Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado RENE VELASQUEZ DIAZ, en su condición de Apoderado de la sociedad mercantil CONSULTORES Y PLANIFICADORES S.A. (CONPLAN), contra las instituciones denominadas BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS S.A., (BANFFAA) y el INSTITUTO DE PREVISION MILITAR, (IPM).
SEGUNDO: La Representación Procesal de la sociedad mercantil CONSULTORES Y PLANIFICADORES S.A., (CONPLAN), en fecha veintiuno (21) de mayo de dos mil doce (2012), interpuso Recurso de Casación contra la sentencia emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta (30) de marzo de dos mil doce (2012), el cual mediante auto de fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil doce (2012), dicha Corte tuvo por interpuesto, y le concedió el plazo de diez (10) días a la contraparte a efecto que se pronunciara sobre el Recurso de Casación interpuesto.
TERCERO: La Representación Procesal de BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS S.A., (BANFFAA) y el INSTITUTO DE PREVISION MILITAR, (IPM), presentó en fecha diecisiete (17) de julio de dos mil doce (2012), presentó escrito de contestación sobre el Recurso de Casación interpuesto y formalizado por la contraparte, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha diecisiete (17) de julio de dos mil doce (2012), por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, señalando el término de ley para que se personaran ante la Corte Suprema de Justicia, notificando el Tribunal mencionado, en fechas catorce (14) de agosto de dos mil doce (2012) al Abogado WALDO RIVERA PORTILLO, y el quince (15) de agosto de dos mil doce (2012) al Abogado RENE VELASQUEZ DIAZ.
CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal en fecha dieciséis (16) de agosto de dos mil doce (2012) y formado el presente expediente, se personaron los Abogados WALDO RIVERA PORTILLO, Representante Procesal del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM) y del BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS S.A., (BANFFAA), y RENE VELASQUEZ DIAZ, Representante Procesal de CONSULTORES Y PLANIFICADORES S.A., (CONPLAN), en fechas quince (15) y diecisiete (17) del mes de agosto de dos mil doce (2012), respectivamente, los cuales una vez visto el informe y rendido por la Secretaría del Tribunal, se tuvo por personados en tiempo y forma.
QUINTO: Que el Abogado RENE VELASQUEZ DIAZ, en su condición ya indicada, plantea el Recurso de Casación, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN: PRIMER_MOTIVO. Infracción, por falta de aplicación del artículo 200 del Código Procesal Civil, en su párrafo 1 y además, del literal c) del párrafo 2, de dicho artículo. Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719 1 literal c), del Código Procesal Civil. El concepto de la infracción lo explico de la siguiente manera: La norma que alego como infringida en el presente motivo, en lo conducente, dispone lo siguiente: “Art. 200. CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 1. Las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo. 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustara al contenido formal siguiente: a).... b)…. c) En los fundamentos de derecho se expresaran, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de as cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso...”. (las negritas son mías, puestas únicamente para destacar). En la sentencia recurrida, el Ad Quem no dio cumplimiento a lo dispuesto en la norma que alego como infringida en el presente motivo específicamente, omitió expresar concretamente las normas jurídicas aplicables al caso, como lo ordena esta disposición legal. Transcribo, a esta Honorable Corte Suprema de Justicia, parte del fallo de segunda instancia, ahora recurrido, que se encuentra bajo el acápite denominado “FUNDAMENTACION JURIDICA”, en el que se consigna lo siguiente: “….FUNDAMENTACION JURIDICA.- PRIMERO: El Fideicomiso es un negocio jurídico en virtud de la cual se atribuye al banco autorizado para operar como fiduciario la titularidad dominical sobre ciertos bienes, con la limitación, de carácter obligatorio, de realizar solo aquellos actos exigidos para el cumplimiento del fin licito y determinado al que se destinen, lo que implica la cesión de los derechos o la traslación del dominio de los bienes a favor del fiduciario. SEGUNDO: Asimismo se establece que El fideicomiso será válido aunque se constituya sin señalar fideicomisario, siempre que su fin sea lícito y determinado De igual manera se señala que el consentimiento para la constitución del Fideicomiso debe ser expreso, es decir mediar facultad expresa para constituir el fideicomiso, como consentimiento de quien lo constituye, en el cual dicho consentimiento debe estar íntimamente ligado con la producción de efectos jurídicos buscados y queridos por los autores de dicha figura jurídica. TERCERO: También reviste importancia acotar, que la voluntad, como requisito de existencia de todo acto jurídico, también se pude manifestar a través de otra u otras personas, que se denomina REPRESENTANTE, y se manifiesta cuando un acto jurídico es celebrado por una persona en nombre y por cuenta de otro, en condiciones tales que los efectos de producen directa e indirectamente para el representado corno si este hubiere celebrado el acto jurídico. CUARTO: Que al estudiar detenidamente el instrumento No. 171 de Poder Especial, otorgado por CONPLAN, S.A., ante los oficios del Notario ISRAEL RODRIGUEZ ORELLANA, a favor del Licenciado CESAR ANTONIO VERDE FLORES, en fecha 30 de octubre de 1995, no consta facultad expresa de constituir fideicomiso, (ver folios 84 y 85). y por ello n no estaba debidamente facultado u otorgado el consentimiento expreso para celebrar el Fideicomiso y consecuentemente el elemento Traslaticio de Dominio de bienes de dicha sociedad; sin embargo no es menos cierto que la Sociedad Demandante, a pesar de tal vicio en el consentimiento manifestado en el documento creador del fideicomiso, ha sido debidamente consagrado o subsanado de forma positiva, al manifestarse de forma expresa que el efecto jurídico querido o buscado por la SOCIEDAD CONPLAN, S.A. era precisamente dicho negocio jurídico (FIDEICOMISO), pues tal voluntad se exterioriza del contenido del INSTRUMENTO NUMERO 19 de fecha 20 de marzo de 1997 contentivo del CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS EN EL LUIGAR DENOMINADO CIUDAD LEMPIRA, celebrado por el señor ROLANDO PERDOMO MATUTE, en su condición de Gerente General y DEELGADO FIDUCIARIO DEL BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS, y el señor ADAN LOPEZ RODRIGUEZ, en su condición de Gerente General de la sociedad CONSULTORES Y PLANIFICADORES, S.A. (CONPLAN), en el que de dicho documento se intuye, de forma clara y sin duda alguna, la voluntad o el Consentimiento de dicha Sociedad en querer constituir el Fideicomiso, al hacer mención en la CLAUSULA CUARTA de la creación de un COMITÉ TECNICO DE FIDEICOMISO, conformado por EJECUTIVOS DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR, en su condición de FIDEICOMITENTE/FIDEICOMISARIO, y del BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS en su condición de FIDUCIARIO. QUINTO: De igual manera, NO cabe duda alguna que la constitución de dicho Fideicomiso, a pesar de no constar la voluntad de forma expresa, era la finalidad o voluntad de la Sociedad mercantil CONSTRUCTORES PLANIFICADORES S.A. pues la misma ha recibido beneficios de índole económico de tal proceder de parte del Banco de las Fuerzas Armadas S.A., sin objetar los mismos; por lo que de conformidad con el principio de la representación aparente contenida en el Código de Comercio, aquel vicio en el consentimiento contendía en el Poder con que actuó el Licenciado Cesar Antonio Verde Flores, en su condición de Representante de la Sociedad mercantil CONSULTORES Y PLANIFICADORES S.A (CONPLAN), ha quedado debidamente convalidado. SEXTO: Que el Recurrente en su expresión de agravios: Expresa que: “La sentencia impugnada quebranta el derecho por falta de aplicación de lo dispuesto en el artículo 736 del Código de Comercio con relación al artículo 1 del mismo Código, haciendo una exposición sobre el mismo, al igual que expresa que también la sentencia impugnada quebrante el derecho por falta de aplicación lo dispuesto en el artículo 738 del Código de Comercio con relación al artículo 737 del mismo Código, así como que la Sentencia impugnada quebranta el derecho por interpretación indebida del articulo 1046 del Código de Comercio, quebranta el derecho por aplicación indebida en los artículos 868 y 872 del Código de Civil con relación con el articulo 1033 y 1035 del Código de Comercio; Quebranta el derecho por valoración indebida de la prueba, quebranta el derecho por aplicación indebida del artículo 1360 del Código Civil y 192 del Código de Procedimientos Comunes de 1906, haciendo una exposición de cada quebrantamiento efectuado por el juez en el fallo. Ante esta relación de hecho y argumentación expuesta por el Recurrente estima esta Corte, que si bien es cierto tales argumentos no fueron alegados en toda la sustanciación del juicio, como excepción de valides del acto o contrato celebrado por aquel, teniéndose como una representación aparente y como facultada expresamente para celebrar el acto o contrato que se alega, para que tenga plena validez que señala la Ley Mercantil; no es menos cierto que de conformidad a lo regulado en el principio iura novit curia (sic), en Función del cual el juez conoce el derecho aplicable y, por tanto, no es necesario que las partes prueben en el proceso lo que dicen las normas, limitando a que las partes prueban los hechos y no los fundamentos de Derecho aplicables, esta Corte de Apelaciones, en aplicación irrestricto de tal principio de índole procesal observa que el vicio contenido en el Poder ha sido debidamente subsanado o convalidado por la parte demandante al ser ese precisamente su deseo de constitución de fideicomiso, tal como se dejo planteado anteriormente, y al beneficiarse del espíritu y alcance del contrato de fideicomiso celebrado entre las partes e litigio, que fue originado por aquel documento notarial cuestionado por el demandante.” PARTE DISPOSITIVA…..”. De la transcripción parcial de la sentencia objeto del presente recurso que hago anteriormente, específicamente la une se encuentra bajo el acápite de “FUNDAMENTACION JURIDICA”, que es la parte donde según la estructura de las sentencias debe contener la expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso, como lo dispone la norma legal invocada en el presente motivo, se establece claramente que se infringió por violación, o sea falta de aplicación el referido artículo 200 del Código Procesal Civil en su párrafo 1 y el literal c) del párrafo 2, de dicho articulo. Infracción que se vuelve patente, al no haberla consignado expresamente y en forma concreta en dicho acápite ni en ninguna de las partes de la sentencia recurrida. CUESTION PREVIA A LA EXPOSICION DE LOS SIGUIENTES MOTIVOS DE CASACION. No obstante, carecer la sentencia impugnada de la ‘... expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso...” ordenada por el articulo 200 del Código Procesal Civil, en su párrafo 1 y el literal c) del párrafo 2, de dicho articulo, como lo alego en el PRIMER MOTIVO del presente recurso de casación, esta sentencia de segunda instancia, bajo el acápite de “FUNDAMENTACION JURIDICA”, en seis párrafos numerados del primero al sexto, se ocupa, de querer justificar utilizando los erróneos alegatos de la parte contraria, por lo que no obstante, repito, carecer el fallo recurrido de la expresión concrete de las normas jurídicas aplicables al caso, continuo con la exposición de los motivos objeto del presente recurso de casación, sin que por ello, se deba interpretar que existe contradicción con lo expuesto en el primer motivo de este recurso. SEGUNDO_MOTIVO. INFRACCION, por interpretación errónea del artículo 1046 del Código de Comercio, en relación con el artículo 17 del Código Civil. Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil El concepto de la infracción lo explico de la siguiente manera: El artículo 1046 del Código de Comercio está redactado en forma imperativa, con el verbo deber, así: “Articulo 1046.- El consentimiento para la constitución del fideicomiso debe ser expreso”. (Negritas y subrayado de mi parte). Por otra parte, el Código Civil, en su TITULO PRELIMINAR, “La Interpretación de la Ley”, contiene el principio de que “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos...”. Así reza el artículo 17 de dicho Código Civil. El Ad Quem, en el fallo recurrido, específicamente en el acápite “FUNDAMENTACION JURIDICA”, sostiene, al margen de lo ordenado por el citado artículo 1046 del Código de Comercio, relacionado con el articulo 17 del Código Civil, que no es necesario el consentimiento expreso para la constitución del fideicomiso y que bien puede darse tácitamente este consentimiento para llevar a cabo el fideicomiso, interpretando erróneamente aquella norma legal, al darle otro sentido del que resulta explícitamente de sus propios términos, en lugar de interpretarla correctamente, como lo dispone la norma del Código Civil invocada anteriormente como relacionada en este motivo, que no es más que para la constitución del fideicomiso, el consentimiento para ello debe de ser expreso y no tácito, como erróneamente sostiene en el fallo objeto de este recurso de casación. IERCER MOTIVO. INFRACCION, por INTERPRETACION ERRONEA del artículo 1033 del Código de Comercio, en relación con el articulo 1052 de dicho Código y los artículos 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715 y 716 del Código Civil. Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. El concepto de la infracción lo explico de la siguiente manera: La norma que alego como infringida directamente por interpretación errónea, o sea el articulo 1033 del Código de Comercio, dispone lo siguiente: “Articulo 1033. El fideicomiso es un negocio jurídico en virtud del cual se atribuye al banco autorizado para operar como fiduciario la titularidad dominical sobre ciertos bienes, con la limitación, de carácter obligatorio, de realizar solo aquellos actos exigidos para cumplimiento del fin licito y determinado al que se destinen.” En la sentencia dictada por el Tribunal Ad quem, el párrafo primero del acápite “FUNDAMENTACION JURIDICA”, dice: “PRIMERO: El Fideicomiso es un negocio jurídico en virtud del cual se atribuye al banco autorizado para operar como fiduciario la titularidad dominical sobre ciertos bienes, con la limitación, de carácter obligatorio, de realizar solo aquellos actos exigidos para el cumplimiento del fin lícito y determinado al que se destinen; lo que implica la cesión de los derechos o la traslación del dominio de los bienes a favor del fiduciario. ( el subrayado y las negritas son mías). En este motivo, he señalado corno infringido el articulo 1033 del Código de Comercio, porque este artículo cia la definición de fideicomiso y esa misma definición, transcrita en el párrafo que antecede, es la que aparece en el ordinal primero del acápite “Fundamentación Jurídica”, de la sentencia objeto riel presente recurso. El tribunal ad quem, a la definición antes dicha, le agrega un juicio, que no se deriva, por lógica, de la definición misma y que tampoco está en legislación alguna. El agregado reza así: “lo que implica la cesión de los derechos o la traslación del dominio de los bienes a favor del fiduciario”. Este agregado es lo que hace conceptuar que el artículo 1033 del Código de Comercio, que únicamente se remite a definir el contrato de fideicomiso, ha sido interpretado incorrectamente por el Tribunal de Segunda Instancia, en el fallo recurrido. Considero que para la correcta interpretación del aludido artículo que alego como infringido en el presente motivo, es necesario recurrir a otras disposiciones legales, entre ellas, la contenida en el artículo 1052 del Código de Comercio, cuando ordena que la constitución del fideicomiso deberá siempre constar por escrito y ajustarse a las disposiciones legales sobre trasmisión de los derechos o trasmisión de la propiedad de las cosas que se den en fideicomiso. Estas disposiciones legales sobre trasmisión de la propiedad de las cosas a las que se refiere esta norma legal no son otras que las que se encuentran en el Código Civil, referentes a la TRADICION, en los artículos 697 al 716 de dicho Código. Por eso es que mi poderdante nunca hizo a favor de las instituciones demandadas (BANFFAA y el I.P.M), la tradición de los inmuebles objeto del contrato de fideicomiso. De esta forma, interpretando correctamente la norma que alego directamente corno infringida en este motivo y las relacionadas con la misma, se concluye que la celebración de un contrato de fideicomiso, entre las partes legal y suficientemente facultadas para ello, no implica “...la cesión de los derechos o la traslación del dominio de los bienes a favor del fiduciario…” como erróneamente sostiene el Tribunal de Segunda Instancia en la sentencia ahora recurrida. CUARTO MOTIVO Infracción por falta de aplicación del Articulo 1552 numeral 1°, 1553 párrafo primero, 1892 párrafo segundo, todos del Código Civil, en relación con el articulo 1046 del Código de Comercio y falta de aplicación de los artículos 1586 número l y 1589 del mencionado Código Civil. Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. El concepto de la infracción lo explico de la siguiente manera: El párrafo segundo del artículo 1892, alegado como infringido, expresa: “Art. 1892. ……Para transigir, enajenar, hipotecar, o ejecutar cualquier acto de riguroso dominio, se necesita mandato expreso”. Negritas y subrayado son de mi parte. Por su parte, el artículo 1046 del Código de Comercio, relacionado con la norma anterior , reza: ‘Articulo 1046.- El consentimiento para la constitución del fideicomiso debe ser expreso”, ( las negritas y subrayado son de mi parte, puestas únicamente para destacar). La demanda tiene por objeto, entre otros, se declare la nulidad del contrato de fideicomiso, que en nombre de CONPLAN, firmó, sin tener facultades para ejercer actos de riguroso dominio, el señor Cesar Antonio Verde Flores, cuya escritura pública puede leerse de folio 60 al 83 de la primera pieza. El contrato de fideicomiso, indudablemente, conlleva actos de riguroso dominio. Si se interpretara, como lo pretende la parte demandada, que con el susodicho contrato de fideicomiso, se le traspasaron a ella los bienes inmuebles objeto del contrato, es visto que el expresado señor César Antonio Verde Flores carecía de la facultad expresa de enajenar, pues traspasar bienes inmuebles significa enajenar. En vista de lo dicho, si de parte de CONPLAN no hay consentimiento en el documento de fideicomiso, entonces no hay contrato, ya que le falta uno de los requisitos esenciales a que se refiere el artículo 1552 del Código Civil. Por lo tanto, el documento de fideicomiso que figura del folio 60 al 83 de la primera pieza, es nulo y carece de valor legal porque le falta el consentimiento, que es un requisito esencial para su existencia. Es un contrato nulo, con nulidad absoluta, porque así lo preceptúa el artículo 1586, ordinal 1° del Código Civil. Con fundamento en las disposiciones legales antes citadas, correspondientes al articulado que rige para los contratos en general, procede la declaratoria de nulidad asoluta del contrato cuyo documento corre agregado del folio 60 al 83 de la primera pieza, tal como se ha precedido en la demanda de mérito. El articulo 1046 del Código de Comercio que rige especialmente para el contrato fideicomiso y que preceptúa que el consentimiento para la constitución del fideicomiso debe ser expreso, refuerza la fundamentación jurídica para que en la sentencia definitiva se decretara la nulidad absoluta de dicho contrato. El Tribunal de Segunda instancia, infringió las normas legales invocadas en el presente motivo, por falta de aplicación, al haber revocado el fallo dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en lugar de haberlo confirmado en todas sus partes. QUINTO MOTIVO Infracción por falta de aplicación de los artículos 1360, 1364, 1365 y 1366 (primer párrafo) del Código Civil y del artículo 708 del Código de Comercio. Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. El concepto de la infracción lo explico (le la siguiente manera: Ha sido aceptado por ambas partes en el juicio, que mi representada, la sociedad CON PLAN, S.A. (como constructor) y la sociedad demandada, BANFFAA, celebraron el contrato de construcción de 200 viviendas al cual BANFFAA le puso fin unilateralmente antes que el constructor terminara la ejecución de la obra, al incurrir en la falta de pago de la estimación número 18 (folio 518 vuelto), y remitir una nota de ruptura del contrato (folios 363 y 518 vuelto), sin seguir los procedimientos convenidos en el documento adicional de “Condiciones Generales”( folio 357). La cita de los folios se refiere a la primera pieza. Mi representada, pretende en el presente juicio, la condena de daños y perjuicios contra la parte demandada, por incumplimiento del contrato de construcción. Estando acreditados estos daños y perjuicios, procedía y procede condenar a la demandada al pago de daños y perjuicios, en aplicación de los artículos 1360, 1364, 1365 y 1366 (primer párrafo) del Código Civil y 708 del Código de Comercio, disposiciones legales que en la sentencia recurrida se dejaron de aplicar, siendo procedente aplicarlas. SEXTO MOTIVO INFRACCION POR FALTA DE APLICACIÓN DE LOS ARTICULOS 868, EN RELACION CON LOS ARTICULOS 613, 872 y 874 DEL CODIGO CIVIL Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. El concepto de la infracción lo explico de la siguiente manera: Fue aceptado por ambas partes del juicio, que mi representada es dueña de los terrenos sobre los que versa el juicio. Estos terrenos fueron debidamente descritos en los hechos uno, dos y tres del escrito de la demanda. La parte demandada acepta esos hechos. Por lo tanto estos hechos no fueron objeto de discusión, o sea, reitero, que mi representada, la sociedad CONPLAN es la propietaria de esos terrenos. También de igual manera, no fue objeto de debate en el juicio, el hecho de que la institución co demandada el I.P.M. está en posesión de los terrenos sobre los que versa el juicio, propiedad de mi aludida representada, tal como aparece consignado en el contenido de los instrumentos públicos siguientes a) Traspaso de 42 lotes por la otra demandada, el BANFFAA al I.P.M., escrituras que se encuentran en la primera pieza de autos de folio 86 al 100; y b) adjudicación al I.P.M de 158 lotes, cuya escritura está a folio 396 Encontrándose acreditados esos extremos y en virtud de lo pedido en el plan de demanda por la parte actora, procedía como también procede, que en aplicación de los Artículos 868 (en relación con los artículos 613, 872 y 874) del Código Civil, el actual poseedor sea condenado a restituir a su propietario, los terrenos que le pertenecen, que son objeto de la demanda y de los cuales no está en posesión su legitima propietaria. La Corte Sentenciadora, en el fallo recurrido infringió por falta de aplicación estas disposiciones legales, debiendo ser aplicadas, confirmando la sentencia de primera instancia, en lugar de revocarla.”
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
Del examen de las actuaciones seguidas en las instancias, resulta que promovida, con fecha 2 de agosto de 2006, ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, la “DEMANDA ORDINARIA PARA QUE, RESPECTO A UNA DE LAS ENTIDADES DEMANDADAS, SE DECLARE LA NULIDAD DE UN CONTRATO, SE DECLARE ASIMISMO LA NULIDAD DE OTROS ACTOS JURÍDICOS ILEGALES REALIZADOS EN OCASIÓN DE AQUEL CONTRATO; SE DECLARE LA NULIDAD DE UNOS ASIENTOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y SE ORDENE LA CANCELACIÓN; RESPECTO DE LA OTRA ENTIDAD DEMANDADA SE EJERCE ACCIÓN REIVINDICATORIA; CONTRA AMBAS ENTIDADES, ACCIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS”, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con fecha 19 de julio de 2011, dictó sentencia, entre otros, declarando con lugar la acción reivindicatoria de dominio, por lo que condenó a los demandados a la restitución de unos lotes.
Habiéndose interpuesto el recurso de apelación con fecha 30 de marzo de 2011, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto, revocó la sentencia de primera instancia, en consecuencia declaró sin lugar la demanda pero no se pronunció sobre la acción reivindicatoria y sobre los daños y perjuicios que el juzgado de primera instancia declaró con lugar y condenó al pago de los mismos, respectivamente; tampoco, dio las razones y fundamentos legales del fallo que dictó, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso y, al momento de su notificación, no se indicó si la misma es firme o si cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este último caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que debe interponerse y el plazo para recurrir.
Que el numeral 2 del Artículo 197 del Código Procesal Civil que ser refiere al contenido formal de las resoluciones, manda que al notificarse una resolución a las partes, se indicará si la misma es firme o si cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este último caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que debe interponerse y del plazo para recurrir.
Por su parte, el numeral 2, literal c) del Artículo 200 del Código Procesal Civil, que se refiere al contenido formal de las sentencias, ordena que en los fundamentos de derecho, entre otros, se expresen las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso.
El Artículo 211 del Código Procesal Civil señala que el incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a la nulidad o anulabilidad, de acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes.
Por su parte, el Artículo 212, numeral 4, del Código Procesal Civil, señala que los actos procesales serán nulos cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión.
Las disposiciones de los códigos de procedimientos son de orden público y, según el Artículo 11 del Código Civil, las leyes que interesan al orden público, no pueden eludirse ni modificarse por convenciones de los particulares y, en el presente caso, se han cometido violaciones a la ley procesal produciendo la consiguiente indefensión de las partes al no resolver sobre las pretensiones oportunamente deducidas en el pleito.
Conforme el Artículo 1586 numeral 2º, del Código Civil, hay nulidad absoluta en los actos cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos y conforme el Artículo 1589 también del Código Civil, la nulidad absoluta puede declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen; y no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria.
Por las razones expuestas es procedente anular de oficio la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el 30 de marzo de 2012, de que se ha hecho mérito.
III. PARTE DISPOSITIVA
Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 11, 1586 numeral 2º y 1589 del Código Civil; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 197, 199, 206, 208, 211, 212 numeral 4 y 705 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE: 1) ANULA DE OFICIO la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el 30 de marzo de 2012, de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Devolver los autos a la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, con la certificación de estilo, para que reponiendo los autos al estado que tenían cuando se cometió la falta los sustancie con arreglo a derecho. Se previene a la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, que de continuar incurriendo en esta clase de irregularidades se le aplicarán las sanciones disciplinarias correspondientes. Redactó la Magistrada Edith María López Rivera. NOTIFIQUESE.
RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO
MAGISTRADO COORDINADOR
EDITH MARIA LOPEZ RIVERA
MAGISTRADA
REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ
MAGISTRADA