Sentencia CC-169-10 — Registro 4386
Resumen
En primera instancia se interpuso Demanda en Juicio Ordinario de Tercería de Prelación que fue declarando con lugar. En segunda instancia se confirmo.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“CONSIDERANDO (1): Que toda demanda de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere. CONSIDERANDO: (2) Que el recurrente viene invocando como primer motivo de Casación por Infracción de Ley, error de derecho en la apreciación de la prueba documental, señalando como precepto autorizante el artículo 903 numeral 7 del Código de Procedimientos Comunes, citando como disposiciones legales violadas los artículos 1497, 1499 del Código Civil en relación con el artículo 324 numeral 1 del Código de Procedimientos Comunes. CONSIDERANDO (3): Que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, entre otros casos cuando, en la apreciación de las pruebas haya habido error de derecho…si este último resulta de documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación evidente del Juzgador, debiendo el impetrante expresar en su libelo el párrafo del artículo 903 del Código de Procedimientos Comunes en que se halle comprendido y citar con precisión y claridad la ley o la doctrina legal que sea infringida y el concepto en que lo haya sido, en ese sentido, tratándose del error de derecho, el recurrente no solo deviene obligado a citar como infringidas normas reguladoras del valor probatorio de carácter sustantivo, sino que además deberá exponer como se da la infracción de estas normas explicando si tal evento se da por violación o por falta de aplicación y desde esa perspectiva exponer su vinculación con las normas procesales citadas, en tanto que el error de derecho supone una deducción indebida con respecto a la procedencia, fuerza, valor o eficacia que otorga la ley a un medio de prueba documental o auténtico evacuado formalmente en juicio, circunstancias que no expuso el casacionista, faltando a la claridad y precisión propia del rigor del recurso extraordinario de Casación. CONSIDERANDO (4): La doctrina ha venido sosteniendo que el error de hecho “se presenta cuando el sentenciador ha supuesto una prueba que no obra en el proceso, o ha ignorado la presencia de la que si está en él, hipótesis estas que comprenden la desfiguración del medio probatorio, bien sea por adición de su contenido (suposición), o por cercenamiento del mismo (preterición)” [1], criterio que ha sido compartido en la jurisprudencia hondureña al establecer que el error de hecho como motivo de casación, supone un yerro que debe estar vinculado a la existencia de determinada prueba en el proceso, presentándose así: a) Cuando el Juez da por demostrado un hecho sin existir en los autos la prueba de él; b) Cuando no da por acreditado un hecho, a pesar de existir en el proceso la prueba idónea de él, en el primer caso caben todos los casos de suposición de prueba y dentro del segundo caso los de preterición de prueba. (véase sentencia de fecha 24 de enero de 2001 dictada por la Corte Suprema de Justicia ex c.c.804-98 ), ahora bien, aunado a estos requisitos se precisa que la conclusión fáctica derivada del error de hecho sea evidentemente contraria a la realidad manifiestamente establecida por la prueba cuestionada y una vez establecido este punto, deberá el recurrente demostrar que tal yerro de apreciación conduce al quebranto de preceptos sustantivos que han de regir el asunto sub lite, en tanto que si el impetrante ha señalado como preceptos infringidos preceptos del código civil relacionados con preceptos adjetivos, devenía obligado a establecer con la precisión y claridad propia del recurso de casación, como el yerro señalado redunda en la infracción de tales normas, ya sea por violación o falta de aplicación o por aplicación indebida, argumentos que no fueron expuestos por el censor en tanto que su alegato recursivo se centró en pretender demostrar el yerro de la apreciación de la prueba documental pero sin vincular la trascendencia que esta tuvo en relación con los artículos que citó como infringidos, razón por la cual no procede admitir el motivo de casación interpuesto.”
Legislación citada
- Código de Procedimientos Civiles, art. 919, Declaración primera (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 920, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
TE SUPREMA DE JUSTICIA.- Sala Civil. Tegucigalpa, M. D. C., cuatro de abril del año dos mil trece.
VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de casación por infracción de ley, formalizado en fecha quince de octubre de dos mil diez, por la Abogada ODESSA ORQUIDEA AGUILERA MALDONADO, mayor de edad, casada y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, actuando en su condición de apoderado legal de la empresa mercantil denominada INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.; en relación a la DEMANDA EN JUICIO ORDINARIO DE TERCERIA DE PRELACION, promovida en fecha once de septiembre de dos mil tres, ante el entonces Juzgado de Letras Primero de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés, por el Abogado HECTOR DANILO FLORENTINO, mayor de edad, casado y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, actuando en causa propia, contra el, en esos días, BANCO GRUPO DE EL AHORRO HONDUREÑO S.A., (B.G.A.), como ejecutante, a través del Presidente de la Junta Directiva ALBERTO VALLARINO, mayor de edad, casado, ejecutivo de negocios y con domicilio en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, y contra la sociedad INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., como ejecutada, a través del Presidente del Consejo de Administración, señor FEIZAL J. SIKAFFY, mayor de edad, casado, ingeniero y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha veintiocho de julio de dos mil diez, emitida por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintiséis de junio de dos mil ocho, dictada por el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés, que falló: “PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR la Excepción perentoria de Prescripción y por ende la de falta de acción en derecho para demandar opuesta por el Abogado MIGUEL ANGEL BONILLA LUJAN, en su condición de apoderado legal del BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO, S.A. actualmente BANCO HSBC HONDURAS S.A. en la Demanda Ordinaria de tercería de Prelación promovida por el Abogado HECTOR DANILO FLORENTINO quien actúa en causa propia, contra el BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO S.A. (B.G.A.) hoy BANCO HSBC HONDURAS S.A. como Ejecutante a través de su Presidente de la Junta Directiva y representante legal señor ALBERTO VALLARINO C. y contra la sociedad mercantil denominada INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. como Ejecutada por medio de su Presidente del Consejo de Administración y representante legal señor FEIZAL J. SIKAFFY, todos de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia; SEGUNDO: DECLARANDO CON LUGAR la Demanda Ordinaria de Tercería de Prelación promovida por el Abogado HECTOR DANILO FLORENTINO quien actúa en causa propia, contra el BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO S.A. (B.G.A.) hoy BANCO HSBC HONDURAS S.A. como Ejecutante a través de su Presidente de la Junta Directiva y representante legal señor ALBERTO VALLARINO C. y contra la sociedad mercantil denominada INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. como Ejecutada por medio de su Presidente del Consejo de Administración y representante legal señor FEIZAL J. SIKAFFY; TERCERO: CONDENA al pago de la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON VEINTICUATRO CENTAVOS DE LEMPIRAS (L.239,439.24); CUARTO: ORDENA le sea pagado preferentemente el crédito privilegiado de que es titular el demandante con respecto a cualquier deuda que tenga la sociedad ejecutada”. CON COSTAS, en primera y segunda instancia.
RESULTA: Que en fecha quince de octubre de dos mil diez, compareció ante este Supremo Tribunal de Justicia, la Abogada ODESSA ORQUIDEA AGUILERA MALDONADO, en su condición de apoderada legal de la entidad mercantil INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, S.A. formalizando recurso de casación de la siguiente manera: “PRIMER MOTIVO DE CASACION: Error de derecho en la apreciación de la prueba documental, consistentes en dos sentencias interlocutorias de costas, dictadas por el Juzgado Tercero de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, el día 25 de Noviembre de 1998, aportadas al juicio mediante prueba inspeccional evacuada en audiencia de fecha 7 de Septiembre de 2007, ver folios 138 y por la Honorable Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, el día 7 de Mayo de 1999 aportada al juicio mediante prueba inspeccional evacuada en audiencia de fecha 27 de Septiembre de 2007, (ver folios 142 y 143). PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 903 numeral 7° del Código de Procedimientos; disposiciones legales violadas: 1497, 1499 del Código Civil en relación con el artículo 324 numeral 1° del Código de Procedimientos. CONCEPTO O EXPLICACION DE LA INFRACCION, PRIMERO.- El error de derecho es aquel, en que el juzgador ha valorado como apta una prueba cualquiera cuando el legislador exige que para la demostración del hecho correspondiente sólo se admita y valore la prueba ad sustantiam actus, también denominada ad solemnitaten; en lo que respecta a prueba denominada INSTRUMENTOS O DOCUMENTOS PUBLICOS, dentro de las que se encuentran las “ejecutorias y actuaciones de toda especie” (Art. 321 numeral 6º del Código de Procedimientos), se requiere por el legislador que, para que sean eficaces en juicio, deben ser expedidas en legal forma por el tribunal que las hubiere dictado; las sentencias son en consecuencia, aquel tipo de documentos que SOLO TIENEN EFICACIA si son presentados con determinada formalidad (Certificadas por el Tribunal que las dictó). SEGUNDO:.- En la sentencia de costas dictada por el Juzgado 3º de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, en la Demanda de Reivindicación interpuesta por INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION , S.A. DE C.V. en contra de la entidad mercantil denominada SAYBE Y ASOCIADOS, S. DE R.L., de fecha 25 de Noviembre de 1998, se aprobaron costas personales por la suma de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (L. 144,160.89) mas costas procesales por VEINTICINCO LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (L. 25.40), para un total de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (L.144,186.29); podemos constatar la existencia de dicha condena a través de ACTA DE INSPECCION, practicada el día 7 de Septiembre de 2007, a folio 138 de la primera pieza, observándose en el acta que fue reconocida un extracto de la sentencia. Mientras tanto, la sentencia de costas dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de San pedro Sula, en el mismo proceso, de fecha 7 de mayo de 2009, en la que se aprobaron costas procesales por la suma de NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (L. 95,162.95); se suplica ver folio 142 de la primera pieza. TERCERO.- Es evidente que, cuando la Corte acusada confirmó el fallo recurrido, aceptó como propias las consideraciones del Juzgado de primera instancia, en cuyo Considerando número (10) que obra a folio 148 de la primera pieza; con dicha aceptación la Corte acusada procedió a atribuirle valor probatorio a las TRES (3) condenas en costas dictadas en primera y segunda instancia y de casación, las que totalizó en la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON VEINTICUATRO CENTAVOS (L.239,439.24); mediante el reconocimiento de esta suma a favor del demandante HECTOR DANILO FLORENTINO se `perfecciona el error de derecho, ya que estimó como probadas dos condenas de costas, sin que se le hubieren presentado los documentos necesarios a que se refiere dicha disposición procesal; en términos jurídicos, el demandante acreditó UNICAMENTE tener derecho a la suma de NOVENTA LEMPIRAS como costas de casación, ya que, sólo de este fallo presentó Certificación expedida por el Tribunal que la dictó. CUARTO.- En la parte final del tercer- considerando del fallo acusado, la Corte constató que, mediante PRUEBA INSPECCIONAL, la Juez constató las sentencias de tasación de costas, solemnidad que no es a la que se refiere el 324 del Código de Procedimientos que establece "Art. 324.- Serán eficaces en juicio, sin necesidad de cotejo, salvo la prueba en contrario y lo dispuesto en el artículo 329: 1 o Las ejecutorias y las certificaciones o testimonios de sentencias, EXPEDIDAS EN LEGAL FORMA POR EL TRIBUNAL QUE LAS HUBIERE DICTADO"; la Corte acusada acogió la sentencia de primera instancia, atribuyéndole valor probatorio idéntico a las tres sentencias, cuando su obligación era de rechazar las dos sentencias de costas que no fueron presentadas debidamente certificadas, siendo ellas las dictadas por el Juzgado de primera instancia y por la Corte de Apelaciones. QUINTO.- El error de derecho es de tal magnitud que vuelve procedente el
recurso de casación por este motivo, ya que la Corte acusada concedió valor probatorio a dos fallos sin atenerse a que fueron introducidas al juicio sin cumplir con la solemnidad establecida por el legislador; dichas sentencias de costas
fueron introducidas al juicio mediante un medio probatorio no autorizado por nuestro ordenamiento procesal. SEGUNDO MOTIVO DE CASACION.- Error de hecho en la apreciación de la
prueba documental, consistentes en la sentencias definitivas de primera y segunda instancias dictadas en la Demanda Ordinaria de Reivindicación que le interpuso INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. a la sociedad SAYBE y ASOCIADOS, S. DE R.L, la resolución de deserción del recurso de casación del mismo caso de autos, así como de la sentencia interlocutoria de tasación de costas, dictada por esta misma Honorable Corte Suprema de Justicia, en fecha 16 de Enero de 2006. PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 903 numeral 7 del Código de Procedimientos; disposiciones infringidas, Artículo 1499 del Código Civil en relación con el artículo 321 numeral 6 y 322 numeral 2º del Código de Procedimientos. CONCEPTO O EXPLICACION DE LA INFRACCION. PRIMERO.- El Abogado HECTOR DANILO FLORENTINO, en su condición personal, le interpuso a mi representada INDUSTRIS DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. y al actual BANCO HSBC HONDURAS S.A., una Demanda Ejecutiva de Pago que el banco mencionado le tenía interpuesta a mi representada; en dicha Demanda de Tercería el Abogado FLORENTINO reclamó ser pagado en forma preferente que el Banco HSBC, quien era el titular del gravamen de PRIMERA HIPOTECA sobre un bien inmueble de propiedad de mi representada; los honorarios reclamados por el Abogado FLORENTINO forman parte de las denominadas COSTAS DE OTRO PROCESO CIVIL, a las que la INDUSTRIS DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. fue condenada a pagar en la Demanda Ordinaria de Reivindicación de Dominio que le había interpuesto a la Sociedad SAYBE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. y que concluyó con sentencias a favor de la demandada. SEGUNDO.- En razón de lo anterior, el titular de las denominadas COSTAS DEL PROCESO es la sociedad SAYBE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., conforme quedó demostrado con la prueba instrumental pública presentada por el propio demandante, consistente en la Certificación de la sentencia dictada por el Juzgado 3º de letras de lo Civil en la DEMANDA DE REIVINDICACION DE DOMINIO promovida por INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. em contra de SAYBE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. TERCERO.- La Corte acusada en el tercer considerando a folio 40 de la segunda pieza, estimó “Que la vista de la sentencia traída en apelación, se aprecia, que la juez de primera instancia tomó en consideración la pruebas propuestas y evacuadas por la parte demandante, de certificación de los fallos de primera y segunda instancia y el recurso de casación interpuesto, respecto de la demanda ordinaria de reivindicación de dominio promovida por Industria de la Construcción contra la sociedad Saybe y Asociados, la que fue declarada sin lugar y con lugar la excepción interpuesta por Saybe y Asociados de la cual el Abogado Héctor Danilo Florentino era su apoderado legal, así como también con lugar la demanda por vía de reconvención interpuesta, en la cual se CONDENA A INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION AL PAGO DE LAS COSTAS DEL JUICIO, sentencia confirmada por la Corte de apelaciones, declarándose desierto el recurso interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia.- Con el medio de prueba inspeccional la Juez constató, la tasación de costas de cada una de las instancias, sentencias firmes, que indican el monto a pagar, el cual coincide con la cantidad reclamada por el demandante"; es visto, Honorables Magistrados, que la Corte acusada tuvo la oportunidad de verificar y -determinar, que la favorecida con la sentencia de condena en costas era la sociedad SAYBE y ASOCIADOS, S. DE R.L., parte demandada, en ningún momento fue dictada a favor de HECTOR DANILO FLORENTINO y no obstante ello, de que las sentencias favorecen a SAYBE y ASOCIADOS Y de que SAYBE y ASOCIADOS, S. DE R.L. no es parte en el juicio de tercería de prelación objeto de este recurso, procedió a confirmar la sentencia apelada concediéndole el derecho a las costas a la persona natural que no es titular de las mismas. CUARTO.- En el subsiguiente considerando, la misma Corte declaró "Que si bien es cierto tal como lo manifiestan los apelantes que los fallos dictados a quien favorecieron es a la empresa Saybe y Asociados, ..... ", declaración con la que la Corte acusada tuvo por probado que los fallos condenatorios en costas no fueron dictados a favor del Abogado HECTOR DANILO FLORENTINO; no obstante la claridad de dicha consideración, la Corte acusada, incurriendo en error de hecho en la apreciación de la prueba, la Corte acusada le atribuyó una eficacia errónea a las sentencias con las que se acreditó tener derecho a la costas, al concederle ese derecho a una persona natural que no es titular legítimo, error que por su protuberancia hace que este recurso prospere. QUINTO.- Para esta Augusta Corte, el error de hecho como causa de casación, supone un yerro que debe estar vinculado a la existencia de determinada prueba en el proceso, presentándose así: a) Cuando el juez da por demostrado un hecho sin existir en los autos la prueba de él y b) Cuando no se ha por acreditado un hecho, a pesar de existir en el proceso la prueba idónea de él; en el primer caso caben todos los casos de suposición de prueba, dentro del segundo los de preterición de prueba; (ver Casación CC 804/98, publicado en La Gaceta Judicial Año CVII, 1999-2001). Cuando la Corte acusada resolvió que el Abogado HECTOR DANILO FLORENTINO tiene derecho a costas, sin que exista prueba alguna de ese derecho, incurrió en el error de SUPOSICION DE PRUEBAS, ya que las que aparecen agregadas al juicio le atribuyen la totalidad de dichas costas a la persona jurídica denominada SAYBE y ASOCIADOS, S. DE R.L., que no es parte en este juicio.”
RESULTA: Que en proveído de fecha diecinueve de octubre de dos mil diez, este Tribunal tuvo por formalizado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada ODESSA ORQUIDEA AGUILERA MALDONADO, en su condición de apoderada legal de la sociedad mercantil INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, S.A., por lo que se dio traslado al Fiscal del Despacho por el término de diez días emitiera dictamen sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito, haciéndolo en fecha veinticinco de febrero de dos mil once, la Abogada LOURDES YAMILETH CENTENO SIERRA, mayor de edad, hondureña y de este domicilio, de la manera siguiente: “III OPINION: El Ministerio Público, en fundamento a las razones antes expuestas, se pronuncia por la inadmisibilidad del presente recurso en sus dos motivos”.
RESULTA: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito.
CONSIDERANDO (1): Que toda demanda de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere.
CONSIDERANDO: (2) Que el recurrente viene invocando como primer motivo de Casación por Infracción de Ley, error de derecho en la apreciación de la prueba documental, señalando como precepto autorizante el artículo 903 numeral 7 del Código de Procedimientos Comunes, citando como disposiciones legales violadas los artículos 1497, 1499 del Código Civil en relación con el artículo 324 numeral 1 del Código de Procedimientos Comunes.
CONSIDERANDO (3): Que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, entre otros casos cuando, en la apreciación de las pruebas haya habido error de derecho…si este último resulta de documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación evidente del Juzgador, debiendo el impetrante expresar en su libelo el párrafo del artículo 903 del Código de Procedimientos Comunes en que se halle comprendido y citar con precisión y claridad la ley o la doctrina legal que sea infringida y el concepto en que lo haya sido, en ese sentido, tratándose del error de derecho, el recurrente no solo deviene obligado a citar como infringidas normas reguladoras del valor probatorio de carácter sustantivo, sino que además deberá exponer como se da la infracción de estas normas explicando si tal evento se da por violación o por falta de aplicación y desde esa perspectiva exponer su vinculación con las normas procesales citadas, en tanto que el error de derecho supone una deducción indebida con respecto a la procedencia, fuerza, valor o eficacia que otorga la ley a un medio de prueba documental o auténtico evacuado formalmente en juicio, circunstancias que no expuso el casacionista, faltando a la claridad y precisión propia del rigor del recurso extraordinario de Casación.
CONSIDERANDO (4): La doctrina ha venido sosteniendo que el error de hecho “se presenta cuando el sentenciador ha supuesto una prueba que no obra en el proceso, o ha ignorado la presencia de la que si está en él, hipótesis estas que comprenden la desfiguración del medio probatorio, bien sea por adición de su contenido (suposición), o por cercenamiento del mismo (preterición)” [1], criterio que ha sido compartido en la jurisprudencia hondureña al establecer que el error de hecho como motivo de casación, supone un yerro que debe estar vinculado a la existencia de determinada prueba en el proceso, presentándose así: a) Cuando el Juez da por demostrado un hecho sin existir en los autos la prueba de él; b) Cuando no da por acreditado un hecho, a pesar de existir en el proceso la prueba idónea de él, en el primer caso caben todos los casos de suposición de prueba y dentro del segundo caso los de preterición de prueba. (véase sentencia de fecha 24 de enero de 2001 dictada por la Corte Suprema de Justicia ex c.c.804-98 ), ahora bien, aunado a estos requisitos se precisa que la conclusión fàctica derivada del error de hecho sea evidentemente contraria a la realidad manifiestamente establecida por la prueba cuestionada y una vez establecido este punto, deberá el recurrente demostrar que tal yerro de apreciación conduce al quebranto de preceptos sustantivos que han de regir el asunto sub lite, en tanto que si el impetrante ha señalado como preceptos infringidos preceptos del código civil relacionados con preceptos adjetivos, devenía obligado a establecer con la precisión y claridad propia del recurso de casación, como el yerro señalado redunda en la infracción de tales normas, ya sea por violación o falta de aplicación o por aplicación indebida, argumentos que no fueron expuestos por el censor en tanto que su alegato recursivo se centró en pretender demostrar el yerro de la apreciación de la prueba documental pero sin vincular la trascendencia que esta tuvo en relación con los artículos que citó como infringidos, razón por la cual no procede admitir el motivo de casación interpuesto.
POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Civil, en nombre del Estado de Honduras, de acuerdo con la opinión del señor Fiscal, por unanimidad de votos, siendo ponente el Magistrado RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5) y 316 de la Constitución de la República; 1º y 80 numeral 1º de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 919 declaración primera, 920 numeral 2 del Código de Procedimientos Comunes; RESUELVE: Declarar NO HA LUGAR a la admisión del Recurso de Casación por infracción de ley en sus dos motivos. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes.- CON COSTAS.- NOTIFIQUESE.
RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO
COORDINADOR
EDITH MARIA LOPEZ RIVERA
MAGISTRADA
SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA
MAGISTRADA
[1] Cardoza Izasa Jorge. Manual Practico de Casación Civil. Temis. 1984.P 99 y 100