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Sentencia CC-162-08 — Registro 4384

Resumen

En segunda instancia se interpuso declaro parcialmente ha lugar el recurso de apelación interpuesto y se reformo la sentencia declarando no ha lugar la demanda ordinaria.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el recurrente apoderado legal de la sociedad Corporación de Inversiones Mundiales, S.A. (CIMSA), en su primer motivo de casación señala como precepto autorizante el Artículo 903 preámbulo y numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles, en lo concerniente a la violación de las leyes aplicables al caso e indica como disposiciones infringidas los Artículos 1684, 1685, 1686 y 1707 del Código de Comercio y, luego de señalar el concepto de la infracción, transcribe los artículos que considera infringidos; pretende demostrar la violación denominando el acápite “DEMOSTRACION DEL ERROR DE DERECHO” en que incurrió la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán en su sentencia y hace referencia a los medios de prueba aportados al juicio, olvidando el censor que la violación, que es una de las causas autorizadas por el Artículo 903, numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles que cita, se produce sin que medien errores de derecho o de hecho, con independencia de la prueba y que, los errores de derecho y de hecho, si éste último resulta de documento o actos auténticos que demuestren la equivocación evidente del juzgador, deben fundamentarse en el Artículo 903 numeral 7º del Código de Procedimientos, Primera Parte, Procedimientos Civiles y no en el citado Artículo numeral 1º. Es procedente, en consecuencia, recordar al censor que si fueren dos o más los fundamentos o motivos del recurso, deben expresarse en párrafos separados y numerados, como lo manda el Artículo 916 del Código de Procedimientos, Primera Parte, Procedimientos Civiles."

Legislación citada

  • Código de Procedimientos Civiles, art. 903, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 916 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 920, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

...“CONSIDERANDO (3): Que el recurrente apoderado legal de la sociedad Corporación de Inversiones Mundiales, S.A. (CIMSA), en su primer motivo de casación señala como precepto autorizante el Artículo 903 preámbulo y numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles, en lo concerniente a la violación de las leyes aplicables al caso e indica como disposiciones infringidas los Artículos 1684, 1685, 1686 y 1707 del Código de Comercio y, luego de señalar el concepto de la infracción, transcribe los artículos que considera infringidos; pretende demostrar la violación denominando el acápite “DEMOSTRACION DEL ERROR DE DERECHO” en que incurrió la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán en su sentencia y hace referencia a los medios de prueba aportados al juicio, olvidando el censor que la violación, que es una de las causas autorizadas por el Artículo 903, numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles que cita, se produce sin que medien errores de derecho o de hecho, con independencia de la prueba y que, los errores de derecho y de hecho, si éste último resulta de documento o actos auténticos que demuestren la equivocación evidente del juzgador, deben fundamentarse en el Artículo 903 numeral 7º del Código de Procedimientos, Primera Parte, Procedimientos Civiles y no en el citado Artículo numeral 1º. Es procedente, en consecuencia, recordar al censor que si fueren dos o más los fundamentos o motivos del recurso, deben expresarse en párrafos separados y numerados, como lo manda el Artículo 916 del Código de Procedimientos, Primera Parte, Procedimientos Civiles.”

Legislación citada

  • Código de Procedimientos Civiles, art. 916 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

“CONSIDERANDO (4): Que el recurrente apoderado legal de la sociedad Corporación de Inversiones Mundiales, S.A. (CIMSA), en su segundo motivo de casación señala como precepto autorizante el Artículo 903 preámbulo y numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles, en lo concerniente a la interpretación errónea de las leyes aplicables al caso e indica como disposición infringida el Artículo 1685 del Código de Comercio y, luego de señalar el concepto de la infracción, transcribe el artículo que considera infringido; pretende demostrar la violación denominando el acápite “DEMOSTRACION DEL ERROR DE DERECHO” en que incurrió el juzgador en su sentencia, olvidando el censor que la interpretación errónea, que es una de las causas autorizadas por el Artículo 903, numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles que cita, para recurrir en casación, se produce sin que medien errores de derecho o de hecho, si éste último resulta de documento o actos auténticos que demuestren la equivocación evidente del juzgador, que deben fundamentarse en el Artículo 903 numeral 7º del Código de Procedimientos, Primera Parte, Procedimientos Civiles y no en el citado Artículo numeral 1º. Además, el recurrente, en el acápite que denominó “DEMOSTRACION DEL ERROR DE DERECHO”, hace referencia a otro motivo de casación cuando dice ante “esta situación debemos aplicar el artículo 1060 del Código de Comercio”, refiriéndose a la violación o falta de aplicación de la ley. Por lo que es procedente, también, recordar al censor que si fueren dos o más los fundamentos o motivos del recurso, deben expresarse en párrafos separados y numerados, como lo manda el Artículo 916 del Código de Procedimientos, Primera Parte, Procedimientos Civiles.”

Legislación citada

  • Código de Procedimientos Civiles, art. 916 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

“CONSIDERANDO (5): Que el recurrente apoderado legal de la sociedad Corporación de Inversiones Mundiales, S.A. (CIMSA), en su tercer motivo de casación señala como precepto autorizante el Artículo 903 preámbulo y numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles, en lo concerniente a la violación de las leyes aplicables al caso e indica como disposiciones infringidas el “Artículo 1040 del Código de Comercio y literal i) del 42 de la Ley de Instituciones Financieras, pero es de hacer notar que no existió ni existe en Honduras la Ley de Instituciones Financieras por lo que tampoco existió ni existe el artículo 42 de dicho cuerpo legal. Por otra parte, el impetrante, luego de señalar el concepto de la infracción, transcribe los artículos que considera infringidos, pretende demostrar la violación denominando el acápite “DEMOSTRACION DEL ERROR DE DERECHO” en que incurrió el juez en su sentencia, olvidando el censor que la violación, que es una de las causas autorizadas por el Artículo 903, numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles que cita, se produce sin que medien errores de derecho o de hecho, si éste último resulta de documento o actos auténticos que demuestren la equivocación evidente del juzgador, que deben fundamentarse en el Artículo 903 numeral 7º del Código de Procedimientos, Primera Parte, Procedimientos Civiles y no en el citado Artículo numeral 1º del Código de Procedimientos, Primera Parte, Procedimientos Civiles. En virtud de que el censor se refiere a dos modos de infringir la ley, es procedente, también, recordarle que si fueren dos o más los fundamentos o motivos del recurso, deben expresarse en párrafos separados y numerados, como lo manda el Artículo 916 del Código de Procedimientos, Primera Parte, Procedimientos Civiles.”

Legislación citada

  • Código de Procedimientos Civiles, art. 916 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

“CONSIDERANDO (6): Que el recurrente apoderado legal de la sociedad Corporación de Inversiones Mundiales, S.A. (CIMSA), en su cuarto motivo de casación señala como precepto autorizante el Artículo 903 preámbulo y numeral 7 del Código de Procedimientos Civiles, en lo concerniente al error de hecho e indica como disposición infringida el “Artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles”, por otra parte, el impetrante, luego de señalar el concepto de la infracción, transcribe el artículo que considera infringido, pretende demostrar la infracción denominando el acápite “DEMOSTRACION DEL ERROR DE HECHO” en que incurrió la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán en su sentencia; sin embargo, en dicho acápite no logra justificar el error evidente en que incurrió la Corte sentenciadora y, para que pueda apreciarse la evidente equivocación, es preciso que éste se justifique con meridiana claridad, y no por meras presunciones, consistiendo en haberse negado lo que el documento afirma, o afirmado lo contrario de lo que el documento dice y, el error de hecho, ha de consistir en el que el tribunal sentenciador afirme la existencia de uno elemental de la prueba que sea base esencial de la sentencia dictada, y que, por un documento o acto auténtico que obre en el mismo proceso, se demuestre, evidentemente, la equivocación padecida en el fallo; equivocación que ha de resultar no del documento que oportunamente pueda pedir la parte, sino del que haya sido citado oportunamente.”

Legislación citada

  • Código de Procedimientos Civiles, art. 903, preámbulo y numeral 7 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

“CONSIDERANDO (7): Que el recurrente apoderado legal de la sociedad Corporación de Inversiones Mundiales, S.A. (CIMSA), en su quinto motivo de casación señala como precepto autorizante el Artículo 903 preámbulo y numeral 7 del Código de Procedimientos Civiles, en lo concerniente al error de hecho e indica como disposición infringida el “Artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles”, por otra parte, el impetrante, luego de señalar el concepto de la infracción, transcribe el artículo que considera infringido, pretende demostrar la infracción denominando el acápite “DEMOSTRACION DEL ERROR DE HECHO” en que incurrió la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán en su sentencia; sin embargo, en dicho acápite no logra justificar el error evidente en que incurrió la Corte sentenciadora y, este Tribunal ha sostenido en innumerables sentencias la doctrina que la apreciación de las pruebas aportadas a los autos, es facultad privativa del Juez o Tribunal sentenciador, cuando es el resultado de la suma y combinación de diversos elementos probatorio, no puede impugnarse en casación prescindiendo del enlace que haya entre ellos, mediante el examen aislado de cada uno; por consiguiente, referirse aisladamente a uno o varios medios de prueba, cuando el criterio judicial se formó por el resultado combinado de ellos, resulta improcedente. Además, como ya se dijo, para que pueda apreciarse la evidente equivocación, es preciso que éste se justifique con meridiana claridad, y no por meras presunciones, consistiendo en haberse negado lo que el documento afirma, o afirmado lo contrario de lo que el documento dice y el error de hecho ha de consistir en el que el tribunal sentenciador afirme la existencia de uno elemental de la prueba que sea base esencial de la sentencia dictada, y que, por un documento o acto auténtico que obre en el mismo proceso, se demuestre, evidentemente, la equivocación padecida en el fallo; equivocación que ha de resultar no del documento que oportunamente pueda pedir la parte, sino del que haya sido citado oportunamente.”

Legislación citada

  • Código de Procedimientos Civiles, art. 903, Preámbulo y numeral 7 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

“CONSIDERANDO (8): Que el recurrente apoderado legal de la sociedad Corporación de Inversiones Mundiales, S.A. (CIMSA), en su sexto motivo de casación señala como precepto autorizante el Artículo 903 preámbulo y numeral 7 del Código de Procedimientos Civiles, en lo concerniente al error de derecho e indica como disposiciones infringidas los “Artículos 1684, 1685, 1686 y 1707 y Artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles”, pero es de hacer notar que el censor no indica en que ley están contenidos los Artículos 1684, 1685, 1686 y 1707 que después transcribe como del Código de Comercio. Por otra parte, el impetrante, luego de señalar en el acápite concepto de la infracción en el cual transcribe artículos del Código de Comercio y del Código de Procedimientos Civiles que considera infringidos, pretende demostrar la infracción en el acápite que denomina “DEMOSTRACION DEL ERROR DE HECHO” en que incurrió la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán en su sentencia; sin embargo, lo alegado por el censor fue error de derecho y no de hecho como lo señala por lo que cabe recordarle que el error de derecho es aquel en que el tribunal sentenciador incide apreciando el contenido de un precepto de ley o de doctrina legal en forma tal que resulte contrario a la clara y evidente significación de la ley en relación con la prueba practicada, fundando su fallo precisamente en una errónea significación; por lo que es natural que lo primero e imprescindible sea, para ello, citar la ley o doctrina legal que haya sido infringida en ese sentido, lo que no hizo el impetrante al desarrollar este motivo.”

Legislación citada

  • Código de Procedimientos Civiles, art. 903, Preámbulo y numeral 7 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

“CONSIDERANDO (9): Que la impugnante, procuradora judicial del Estado de Honduras, en su único motivo acusa la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional contenida en el Artículo 336 numeral I del Código de Comercio y cita como precepto autorizante “el artículo 903 numeral 1, 4to del Código de Procedimientos Civiles, que literalmente dice: Artículo 903. Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal: 1º Cuando el fallo contenga violación, interpretación errónea, o aplicación indebida de las leyes o doctrinas legales aplicables; … 4. Cuando el fallo contenga disposiciones contrarias”. Pero es del caso hacer notar que la impetrante alega, al amparo del numeral 1º del Artículo 903 del Código de Procedimientos, Primera Parte, Procedimientos Civiles, tres modos de infringir la ley como son la violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, cuando debió elegir uno de los tres; además, fundamenta su único motivo de casación también en el numeral 4º que se refiere a otro modo de infringir la ley como es que el fallo contenga disposiciones contrarias y, finalmente, se refiere a violación de ley o doctrina legal que cuando debió haber individualizado; es decir, violación de la ley o violación de doctrina legal que, según el numeral 8º del Artículo 920 del Código de Procedimientos, Primera Parte, Procedimientos Civiles, son principios declarados en tres sentencias conformes dictadas por la Corte Suprema de Justicia, constituyendo jurisprudencia por lo que siendo diferentes, debió haberlos alegado en motivos separados y numerados como lo exige el párrafo segundo del Artículo 916 del Código de Procedimientos, Primera Parte, Procedimientos Civiles.”

Legislación citada

  • Código de Procedimientos Civiles, art. 903 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA CIVIL.- Tegucigalpa, M.D.C., veintitrés de abril de dos mil trece.

VISTO: Para dictar sentencia los Recursos de Casación por Infracción de Ley, formalizados ante este Tribunal de Justicia, en fecha veinticinco de agosto de dos mil ocho, por el Licenciado MANUEL RODRIGO MAZARIEGOS ZUNIGA, mayor de edad, casado, hondureño y de éste domicilio, en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil denominada CORPORACIÒN DE INVERSIONES MUNDIALES SOCIEDAD ANONIMA (CIMSA) y por la Abogada ANA LIA YNESTROZA PINEDA, mayor de edad, soltera, hondureña y de éste domicilio, en su condición de apoderada legal del ESTADO DE HONDURAS, en relación a la demanda ordinaria para que se decrete la extinción de un contrato de fideicomiso, devolución de los bienes fideicometidos, y las costas del juicio, promovida ante el entonces Juzgado de Letras Primero de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de marzo de dos mil dos, por el Licenciado MANUEL RODRIGO MAZARIEGOS ZUNIGA, de generales conocidas, en su condición de apoderado de la Sociedad Mercantil denominada CORPORACIÒN DE INVERSIONES MUNDIALES SOCIEDAD ANONIMA (CIMSA), contra la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS), a través de su Presidenta señora ANA CRISTINA MEJIA DE PEREIRA, mayor de edad, casada, Doctora en Economía y de este domicilio, y por lo tanto Representante de la Institución Bancaria declarada en liquidación Forzosa Banco Corporativo S.A. (BANCORP), y contra el señor MANUEL PINEDA FUNEZ, mayor de edad y de este domicilio, en su condición de Liquidador del Banco Corporativo S.A. (BANCORP), nombrado por dicha comisión.- Los Recursos de Casación se interpusieron contra la sentencia proferida por la Corte Segunda de Apelaciones de esta Sección Judicial, en fecha siete de noviembre de dos mil seis, que en su parte conducente dice: “FALLA: I) Declarando parcialmente HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto.- II) REFORMANDO la parte dispositiva de la sentencia apelada en sus numerales 1º) y 2º), mismos que deberán leerse así: “1º) Declarar NO HA LUGAR la demanda ordinaria interpuesta por la CORPORACION DE INVERSIONES MUNDIALES SOCIEDAD ANONIMA (CIMSA) contra el Liquidador del BANCO CORPORATIVO, S.A., para que se decrete la extinción de un Contrato de Fideicomiso; en consecuencia, ABSOLVER a la parte demandada reconveniente de la acción deducida en su contra.- 2º) Declarar NO HA LUGAR la excepción perentoria de Prescripción, interpuesta por el Apoderado Judicial de la CORPORACION DE INVERSIONES MUNDIALES SOCIEDAD ANONIMA (CIMSA).- III) CONFIRMANDO en sus demás extremos la sentencia de la cual se ha hecho mérito en el preámbulo; excepto el que se refiere a la condena en costas, de las cuales se exime a los litigantes”; Que el A quo en la parte resolutiva de la sentencia en el numeral 3) declaró SIN LUGAR la Demanda Ordinaria para que se concluya un contrato de fideicomiso, interpuesta por vía de reconvención por el Abogado SERGIO ZAVALA LEIVA, en su condición de Procurador General de la República y Representante Legal por Interpretación Legislativa del Liquidador Señor MIGUEL ANTONIO ANDINO, quien actúa como Representante Legal de BANCO CORPORATIVO S.A. contra la Sociedad CORPORACIÓN DE INVERSIONES MUNDIALES SOCIEDAD ANONIMA (CIMSA).

RESULTA: Que en fecha veinticinco de agosto de dos mil ocho, compareció ante este Tribunal de Justicia, el Licenciado MANUEL RODRIGO MAZARIEGOS ZUNIGA, de generales conocidas, formalizando el Recurso de Casación que en su oportunidad interpuso, haciéndolo de la manera siguiente: “MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO. PRECEPTO AUTORIZANTE Artículo 903 preámbulo y numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles, en lo concerniente a la violación de las leyes aplicables al caso. DISPOSICIONES INFRINGIDAS Artículos 1684, 1685, 1686 y 1707 del Código Comercio, que dispone que las normas de la Prescripción en el presente caso. CONCEPTO DE LA INFRACCION Transcripción de los Preceptos Legales. El artículo 1684 del Código de Comercio que se cita como infringido dice: “Los derechos y acciones de cualquier clase se extinguen por prescripción, cuando el titular no los ejercita dentro del plazo legalmente indicado.- No prescriben los derechos indisponibles y aquellos indicados por la ley.” El artículo 1685 del Código de Comercio que se cita como infringido dice: “La prescripción comienza a correr desde el día en que el derecho pudo hacerse valer.” El artículo 1686 del Código de Comercio que se cita como infringido dice: “Será nula todo pacato que modifique el régimen de la prescripción.” El artículo 1707 del Código de Comercio que se cita como infringido dice: “Prescribirán en dos años las acciones derivadas de los contratos de sociedad, compraventa, suministro, depósito, comisión, estimatorio, correduría, de las operaciones de crédito y bancarias, de los contratos de seguro, edición, hospedaje, participación y garantía y demás que no tuvieren plazos especiales o distintos previstos en este Código o en leyes especiales.” DEMOSTRACION DEL ERROR DE DERECHO Resulta que la sentencia objeto de este recurso directamente violenta los preceptos citados en este motivo ya que consta en los antecedentes y en especial reconocido en la sentencia de primera instancia, que hemos acreditado que el derecho de cobro de las sumas adeudas por el contrato suscrito por mi representada y Banco Corporativo, S.A., debieron haber sido cobradas desde el momento que entro en el proceso de liquidación del Banco, ya que el Banco pierde la capacidad de actuar como ente fiduciario y entra a su etapa de liquidación donde solo puede pagar lo que debe y cobrar lo que se le adeuda, tal como se acredito en juicio en virtud de los medios de prueba números cinco y seis propuestos por mi persona. Resulta que tal como lo constato la juzgadora de primera instancia, (VER FOLIO 280 DEL EXPEDIENTE DE PRIMERA INSTANCIA.) al establecer en su sentencia definitiva que los Liquidadores del Banco ni mucho menos el Estado ejerció en tiempo acción alguna de cobro. Extremo que es reafirmado y fortalecido en VUELTO DEL FOLIO 280 QUE EN UNO DE LOS CONSIDERANDOS DE LA REFERIDA SENTENCIA Y CONTENIDO EN ESTE FOLIO dice claramente que la parte demandada reconveniente no aportó pruebas para su sustentar su demanda promovida por vía de reconvención ni aporto pruebas que desvirtúan la excepción de prescripción. Queda claro que el fundamento para legitimizar la acción planteada por mi representada y en especial al cumplir con lo establecido 1688 del Código de Comercio, al presentar por vía de excepción la prescripción en contra de la acción de cobro interpuesta por la contraparte por vía de reconvención, es el hecho que cualquier suma adeuda por mi representada al Banco al Fideicomiso ya han prescrito, por lo tanto este hecho nos abre el camino para pedir la devolución de los bienes fideicometidos. Extremo que fue aceptado por la juez de primera instancia al decretar con lugar nuestra demanda y la excepción de prescripción planteada en juicio. Por todo lo expuesto, la Corte Sentenciadora incurrió en una violación de la ley aplicable al caso, al haber declarado con lugar el recurso de apelación, y declarar sin lugar la demanda ordinaria promovida por mi representada en contra de BANCO CORPORATIVO, S.A. y sin lugar la excepción perentoria de Prescripción, en vista de no haberse aplicado los artículos 1684, 1685, 1686 y 1707 del Código de Comercio, que establece, que una vez el derecho de cobro se puede hacer valer (o sea al decretarse la liquidación de Bancorp.) el liquidador o liquidadores del banco debieron de haber ejercido la respectiva acción de cobro en tiempo, pero no lo hicieron sino hasta más de 3 años después por lo cual cobran deudas prescritas, tal como lo determino la Juez de primera instancia en su sentencia, al decretar con lugar tanto la demanda promovida por CIMSA así como la excepción perentoria de prescripción interpuesta en contra de la acción de cobro ejercida por la contraparte, por lo cual los magistrados de la Corte Segunda de Apelaciones debieron de aplicar los artículos citados y confirmar la sentencia definitiva dictada en primera instancia. Finalmente reafirmo que todo lo anterior resulta de la inoperancia o falta de acción de la contraparte que dejo transcurrir el plazo que establece el artículo 1707 del Código de Comercio, sin ejercer la respectiva acción de cobro en tiempo, pero en la sentencia recurrida se pretende establecer que para que comience a correr el plazo de la prescripción en este caso hasta que se reconozca Judicialmente mediante sentencia firme su extinción o resolución. Cabe preguntarnos ¿Se puede hacer valer un derecho basado en un contrato extinto o resulto? SEGUNDO MOTIVO.- PRECEPTO AUTORIZANTE Artículo 903 preámbulo y numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles, en lo concerniente a la Interpretación Errónea de las leyes aplicables al caso. DISPOSICIONES INFRINGIDAS Artículo 1685 del Código de Comercio, que dispone desde cuando comienza de la prescripción. CONCEPTO DE LA INFRACCION Transcripción de los Preceptos Legales. El artículo 1685 del Código de Comercio que se cita como infringido dice: “La prescripción comienza a correr desde el día en que el derecho pudo hacerse valer.” DEMOSTRACION DEL ERROR DE DERECHO Resulta que la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán determino en la sentencia objeto de este recurso, en su sexto considerando literalmente lo siguiente: “… sin que tenga lugar la prescripción alegada por la parte demandante reconvenida, la cual tendría que empezar a correr desde el momento en que, si ese fuera el caso, se declare mediante sentencia firme su extinción o resolución, respecto de los derechos que pudieran hacerse valer.” Extremo que pretenden hacer valer fundamentándolo en el artículo citado ya que lo incluye en el POR TANTO de la sentencia. Por todo lo expuesto, la Corte Sentenciadora incurrió en una interpretación errónea de la ley aplicable al caso, al haber declarado con lugar el recurso de apelación, y declarar que el plazo de prescripción comienza a correr desde que el contrato de fideicomiso sea decretado extinto o resulto, lo que es ilógico porque según esta interpretación se debe premiar la inoperancia de los liquidadores de Banco Corporativo, S.A. ya que queda claro que desde que el Banco pierde su capacidad legal para actuar como ente fiduciario y se nombran sus liquidadores, en este momento debieron ejercer las acciones de cobro pertinentes para cobrar lo adeudado en este caso, extremo que no se realizo sino mucho después de haber transcurrido el plazo exigido por la ley aplicable para darse la prescripción de los derechos de cobro en este caso. La excepción perentoria de Prescripción de la acción de Pago de las Acreedurías con los bienes fideicometidos que se presento frente a la demandada por vía de reconvención, se fundamenta en virtud que de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio vigente en su artículo 1061 el fideicomiso se extingue entre otros motivos por: I. II. Por hacerse este imposible. III………IV………V por convenio expreso entre el fideicomitente y el fideicomisario. Tomando en consideración el hecho de que el Banco Corporativo S.A., fue declarado en liquidación forzosa por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, por tal motivo perdió la Licencia para operar como institución financiera otorgada por el Banco Central, se puede observar que el fin del fideicomiso se volvió imposible, ya que solamente están autorizados para realizar operaciones de fideicomiso las instituciones bancarias privadas debidamente autorizadas por el Banco Central de Honduras. Dicho de otra manera el fiduciario perdió capacidad legal para actuar como tal y por lo tanto hizo imposible el continuismo del Contrato celebrado entre BANCORP y mi representado. Extremo que es ratificado en el propio contrato de fideicomiso que establece la terminación anticipada del mismo por esta situación. La liquidación forzosa en una institución del sistema financiero, significa que el banco ha entrado en la última etapa de su personería jurídica que es la extinción; la liquidación es la terminación de la existencia jurídica y por lo tanto la pérdida de su capacidad civil. La falta de autorización legal para realizar operaciones hace que BANCORP no pueda cumplir con sus obligaciones contractuales de fiduciario por la falta de capacidad y por lo tanto no puede la finalidad del fideicomiso. El contrato del fideicomiso 128/96 queda extinguido por falta definitiva del sujeto fiduciario. Este contrato es una convención entre dos o más partes y al faltar el fiduciario este contrato se vuelve injustificable, en virtud de lo anterior encontramos que los bienes fideicometidos en su estado actual no son atendidos ni disponibles por un fiduciario que no existe ni por el fideicomitente, su verdadero dueño sin un sujeto que pueda ejercer el dominio. Ante esta situación debemos aplicar el artículo 1060 del Código de Comercio que literalmente dice. “Al fideicomitente le correspondan los siguientes derechos 4. Obtener la devolución de los bienes al concluirse el fideicomiso si cosa diferente no se hubiera pactado.” Igualmente cabe resaltar que el artículo 1062 del mismo cuerpo legal establece que una vez extinguido el fideicomiso los bienes destinados que quedan en poder de la institución fiduciaria serán devueltos por ella al fideicomitente o a sus herederos. Finalmente el Código de Comercio vigente en su artículo 1707 establece el periodo de prescripción de dos años para, entre otras acciones, la de las operaciones bancarias, y siendo el fideicomiso una operación exclusivamente bancaria, como lo establece la Ley de instituciones del Sistema Financiero en su artículo 42 literal (i) no pueden interponerse acciones tendientes a reclamar por vía judicial obligación alguna en contra de mi representado. Mientras que la Ley ampara su derecho para reclamar su cancelación del fideicomiso, ya que los motivos que la acusaron no son en ningún momento, imputables al fideicomitente. Por lo cual cualquier acción que pretenda reclamar supuestas obligaciones de mí representada ya han prescrito y no se pueden ejercer por la vía judicial. Tal como lo establece el propio Contrato de Fideicomiso el mismo quedo extinguido desde el momento de que se decreto la Liquidación de Banco Corporativo, S.A. o sea en octubre de 1999 y al transcurrir mas de los dos años que establece el artículo 1707 del Código de Comercio sin que se haya realizado acto alguna para recuperar la supuesta deuda de mi representado la acción para recuperar las sumas ya prescribió ya que fue hasta el 3 de enero del 2003 que se interpuso la demanda de cobro que se exige Judicialmente la deuda o sea más de tres años han transcurrido por lo cual esta acción ya prescribió. TERCER MOTIVO. PRECEPTO AUTORIZANTE Artículo 903 preámbulo y numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles, en lo concerniente a la violación de las leyes aplicables al caso. DISPOSICIONES INFRINGIDAS Artículos 1040 del Código Comercio y literal i) del 42 de la Ley de Instituciones Financieras. CONCEPTO DE LA INFRACCION Transcripción de los Preceptos Legales. El artículo 1040 del Código de Comercio que se cita como infringido dice: “Solo podrán ser fiduciarios los establecimientos bancarios expresamente autorizados para ello.” El articulo 42 Literal i) de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero que se cita como infringido dice “Los bancos del Sistema Financiero podrán efectuar las operaciones siguientes: a)...; b)...;... i) Aceptar y administrar fideicomisos;...”. DEMOSTRACION DEL ERROR DE DERECHO Resulta que la sentencia objeto de este recurso directamente violenta los preceptos citados en este motivo ya que consta en la propia sentencia se establece que en virtud de que ambas partes en juicio han acudido ante los Juzgados de la República para obtener de los mismos la declaratoria judicial de extinción del mismo, este contrato está en “total” vigencia entre las partes, extremo expuesto en el sexto considerando de la sentencia recurrida. Por todo lo expuesto, la Corte Sentenciadora incurrió en una violación de la ley aplicable al caso, al haber declarado con lugar el recurso de apelación, y declarar sin lugar la demanda ordinaria promovida por mi representada en contra de BANCO CORPORATIVO, S.A. y sin lugar la excepción perentoria de Prescripción, en vista de no haberse aplicado los artículos 1040 del Código de Comercio y el literal i) del 42 de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero (Decreto derogado en virtud del decreto No. 129-2004 que contiene la Ley del Sistema Financiero, pero el mismo ratifica lo anterior en el numeral 10) del artículo 46 de este cuerpo legal.), que claramente establecen que para actuar como fiduciario y por ende aceptar y administrar fideicomiso se debe ser un establecimiento bancario y parte del sistema financiero y como lo explicamos en anteriormente en este escrito al momento de decretar la Liquidación Forzosa de BANCO CORPORATIVO, S.A., el mismo pierde su capacidad de actuar como fiduciario y por ende el contrato no puede estar en “total” vigencia entre las partes como se establece en el cuerpo de la sentencia (VER EL SEXTO CONSIDERANDO DE LA MISMA). CUARTO MOTIVO. PRECEPTO AUTORIZANTE Artículo 903 preámbulo y numeral 7 del Código de Procedimientos Civiles en lo concerniente al error de hecho. DISPOSICIONES INFRINGIDAS Artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles, que dispone que las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito. CONCEPTO DE LA INFRACCION Trascripción de los Preceptos Legales. El artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles que se cita como infringido dice: “Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que estas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando estos hubieren sido varios, se hará con la debida separación el Pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. DEMOSTRACION DEL ERROR DE HECHO. Para efecto de ampliar sobre las pruebas propuestas en tiempo y forma se adjunta el anexo “B” que contiene un análisis detallado de las pruebas propuestas y evacuadas en tiempo y forma. La parte demandante evacuo 7 medios de prueba documentales y tal como se detallan en el anexo “B” de este escrito los mismos no acreditan los hechos alegados en el juicio tal como lo detallo la Juez de primera instancia en los Considerandos Tercero y trece de la sentencia de primera instancia. Nuestra parte evacuo pruebas tendientes a acreditar la existencia de la relación Bancaria entre las partes, la falta de acción de la sociedad demandada y la pérdida de facultades para actuar como fiduciario de Banco Corporativo, S.A. De todas las pruebas propuestas, así como de las evacuadas no se pudo establecer que el estado de Honduras haya pagado suma alguna por el Fideicomiso celebrado entre las partes, ni mucho menos que sean titular de crédito alguno en el fideicomiso. Lo que queda claro es que las pruebas evacuadas lo que acreditan es que si en algún momento existió deuda por la ejecución del fideicomiso, el titular de la misma es el propio Banco y no el Estado ya que en el Balance presentado del Fideicomiso (VER FOLIO 72 y 181 DEL EXPEDIENTE DE PRIMERA INSTANCIA.) y del documento denominado Reseña del Desempeño Fiduciario (VER FOLIOS 73 AL 84 Y 186 AL 199 DEL EXPEDIENTE DE PRIMERA INSTANCIA.) aparece que mi representada supuestamente le debe al Banco y en ningún lugar aparece alguna cuenta por pagar a favor del Estado y en el resumen o reseña no menciona el hecho que con dinero del Estado se haya pagado suma alguna de los Certificados de Participación Fiduciaria emitidos por el Contrato de Fideicomiso, por lo tanto es incorrecto que establecer como un hecho acreditado en juicio pago de estado para suplantar deudas del fideicomiso. Por consiguiente es visto que la Corte sentenciadora incurrió en un error de hecho que se acredita con documentos auténticos que demuestran la equivocación del Juzgador al darle a la sentencia recaída en el presente caso, en el hecho que expone en literal H) del segundo considerando, tercer y cuatro considerando de la sentencia ahora recurrida, al pretender establecer que consta en los autos o expediente que el Estado de Honduras pago suma alguna para honrar obligaciones emanadas del Fideicomiso, que tenga faculta alguna del derecho-deber de repetir el pago o de manera alguna tenga la calidad de acreedor frente al fideicomiso objeto de esta demanda. Queda claro que en el expediente no consta tales afirmaciones ni mucho menos con los medios de pruebas citados en el segundo considerando de la sentencia se acredita lo expuesto en el literal H) de esta sentencia ahora recurrida; por tal razón se incurrió en error de hecho en la apreciación de la prueba en su conjunto, ya que al determinarse por parte de los juzgadores el hecho de deducir que el Estado de Honduras haya pagado suma alguna por este fideicomiso cuando no concurren ni el más minino indicio ni mucho menos documento o medio probatorio en el que se acredita el extremo expuesto en la sentencia ahora recurrida y objeto de este motivo de Casación, que es un hecho que motivo la sentencia recurrida en la que declarara con lugar parcialmente el recurso de apelación y sin lugar la demanda promovida y excepción planteada en contra de la demanda promovida por vía de reconvención, por consiguiente el error ha trascendido en el fallo, ya que no es congruente con las pruebas evacuadas en tiempo y forma ni con las pretensiones procesales debidamente acreditadas en juicio. QUINTO MOTIVO. PRECEPTO AUTORIZANTE Artículo 903 preámbulo y numeral 7 del Código de Procedimientos Civiles en lo concerniente al error de hecho.- DISPOSICIONES INFRINGIDAS. Artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles, que dispone que las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito. CONCEPTO DE LA INFRACCION Transcripción de los Preceptos Legales. El artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles que se cita como infringido dice: “Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que estas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando estos hubieren sido varios, se hará con la debida separación el Pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.” DEMOSTRACION DEL ERROR DE HECHO. Los medios de prueba numero 2 propuesto por la parte demandante reconvenida y los medios de prueba numero 5 y 6 propuesto por la parte demandada reconveniente acreditan el hecho que al patrimonio afecto mi representada aporto al patrimonio afecto mas cantidades que las establecidas en la sentencia definitiva ahora recurrida, ya que consta en el documento denominado RESEÑA DEL DESEMPEÑO FIDUCIARIO (FOLIOS 73 AL 84 Y 186 AL 199 DEL EXPEDIENTE DE PRIMERA INSTANCIA.) en este documento se establece que mi representada endosaba para cobro las letras de cambio emanadas de la operación propia del fideicomiso así como ingresar al patrimonio del mismo las cantidades correspondientes al pago de las propias letras de cambio. Al mismo tiempo establece que dos ocasiones fortaleció el patrimonio del Fideicomiso mediante inyecciones del capital fresco tal como consta en el folios 83 y 193 del expediente de primera instancia establece que mi representada en abril de 1998 aporto la cantidad de L. 6,100,126.55 mediante el descuento de Letras de Cambio y luego aporto L. 5,484,857.38 mediante un crédito directo por lo cual es falso que solo haya aportado un cantidad mínima al Fideicomiso. Luego la Corte sentenciadora establece en el literal E) del segundo considerando que solo transfirió al fiduciario la titularidad dominical de los bienes siguientes: A. L.10,000.00 como capital inicial; B. 2 lotes de terreno con valor de L.50,000.00; C. El modulo D del primer piso del edificio Palmira con un valor de L. 100,000.00; Extremo que es ratificado en el siguiente considerando así como en el cuerpo del resto de la sentencia al decir que no se respaldo las captaciones hechas por el departamento fiduciario de Banco Corporativo, S.A., lo cual contradice la realidad de lo acreditado en juicio en el anexo “B” de este escrito los mismos no acreditan los hechos alegados en el juicio tal. Por consiguiente es visto que la Corte sentenciadora incurrió en un error de hecho que se acredita con documentos auténticos que demuestran la equivocación del Juzgador al darle a la sentencia recaída en el presente caso, en el hecho que expone en literal E) del segundo considerando, así como en el resto de la parte motivacional de la sentencia y en especial tercer y cuatro considerando de la sentencia ahora recurrida, al pretender establecer que consta en los autos o expediente que no se respaldo el patrimonio afecto al fideicomiso. Queda claro que en el expediente consta que se reforzó el patrimonio del fideicomiso tanto en efectivo y bienes cuyo valor es superior al establecido en la sentencia ya que en los FOLIOS 72 Y 181 DEL EXPEDIENTE DE PRIMERA INSTANCIA, (MEDIO DE PRUEBA No. 2 DE LA PARTE DEMANDANTE RECONVENIDA Y No. 5 DE LA PARTE DEMANDADA RECONVENIENTE.) que contiene el Balance del Fideicomiso al 30 de noviembre del 2002, establece claramente que el valor según los propios avaluó de esta institución bancaria de los bienes que constituyen el patrimonio afecto al fideicomiso tienen un valor de L. 3,969,052.00, al igual que la cuenta a favor de mi representada y donde se maneja el superávit de la operación al cierre del banco reflejaba un saldo positivo de L. 26,183.55 (SALDO REFLEJADO EN CAJA DEL BALANCE) tales afirmaciones ni mucho menos con los medios de pruebas citados en el segundo considerando de la sentencia se acredita lo expuesto en el literal H) de esta sentencia ahora recurrida; por tal razón se incurrió en error de hecho en la apreciación de la prueba en su conjunto, ya que el juzgador no valoro la totalidad, lo que motivo que la sentencia recurrida declarara con lugar el recurso de apelación y sin lugar la demanda promovida y excepción planteada en contra de la demanda promovida por vía de reconvención, por consiguiente el error ha trascendido en el fallo, ya que no es congruente con las pruebas evacuadas en tiempo y forma ni con las pretensiones procesales debidamente acreditadas en juicio. SEXTO MOTIVO. PRECEPTO AUTORIZANTE Artículo 903 preámbulo y numeral 7 del Código de Procedimientos Civiles en lo concerniente al error de derecho. DISPOSICIONES INFRINGIDAS Artículos 1684, 1685, 1686 y 1707 y Artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles, que dispone que las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, así como las normas que regulan los plazos y forma de aplicación de la prescripción. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN Transcripción de los Preceptos Legales. El artículo 1684 del Código de Comercio que se cita como infringido dice: “ Los derechos y acciones de cualquier clase se extinguen por prescripción, cuando el titular no los ejercita dentro del plazo legalmente indicado.- No prescriben los derechos indisponibles y aquellos indicados por la ley...” El artículo 1685 del Código de Comercio que se cita como infringido dice: “La prescripción comienza a correr desde el día en que el derecho pudo hacerse valer.” El artículo 1686 del Código de Comercio que se cita como infringido dice: “Será nula todo pacato que modifique el régimen de la prescripción.” El artículo 1707 del Código de Comercio que se cita como infringido dice: “Prescribirán en dos años las acciones derivadas de los contratos de sociedad, compraventa, suministro, depósito, comisión, estimatorio, correduría, de las operaciones de crédito y bancarias, de los contratos de seguro, edición, hospedaje, participación y garantía y demás que no tuvieren plazos especiales o distintos previstos en este Código o en leyes especiales.”

El artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles que se cita como infringido dice: “Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que estas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando estos hubieren sido varios, se hará con la debida separación el Pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. DEMOSTRACION DEL ERROR DE HECHO. En la sentencia objeto de este Recurso de Casación contiene en su parte motivacional como un hecho acreditado en juicio mediante las pruebas evacuadas que existe una deuda actualmente exigible a favor del Estado de Honduras o terceros emanados de las captaciones de fondos realizados al amparo del contrato de fideicomiso objeto de esta demanda y tal como expone expresamente en el considerando segundo de la misma así como en los considerandos tercero, cuarto, quinto, sexto y octavo de la sentencia ahora recurrida, basan su resolución únicamente basados en el hecho de la existencia de una deuda actualmente exigible y vigente del fideicomiso frente al Banco o el Estado de Honduras. De todas las pruebas propuestas, así como de las evacuadas no se pudo establecer la existencia de deudas vigentes del fideicomiso lo que se acredito especialmente mediante el medio de prueba seis Inspección realizada en las instalaciones de la Liquidación de Banco Corporativo, S.A. es que las deudas han prescrito por el hecho que no se han ejercido las acciones de cobro en el tiempo debido (Ver folio 243 del expediente de primera instancia.) por lo cual si existió deuda emanadas de esta operación bancaria la misma ya ha prescrito, precisamente por la falta de acción de la liquidación o del propio Estado, ya que ninguno ejerció su derecho de acción de cobro en tiempo.

Por consiguiente es visto que la Corte sentenciadora incurrió en un error de derecho que aun mas se acredita con documentos auténticos que demuestran la equivocación del Juzgador al darle a la sentencia recaída en el presente caso, en el hecho que expone en los considerandos citados en esta sección de la sentencia ahora recurrida, al pretender establecer que consta en los autos o expediente que existen deudas actualmente exigibles a favor del fiduciario o del Estado de Honduras o sea obligaciones emanadas del Fideicomiso que puedan ser cobradas judicialmente. Queda claro que en el expediente no consta tales afirmaciones ni mucho menos con los medios de pruebas citados en el segundo considerando de la sentencia se acredita lo expuesto e los referidos considerandos que motivan la parte resolutiva de la sentencia ahora recurrida; por tal razón se incurrió en error de derecho en la apreciación de la prueba en su conjunto, ya que al determinarse por parte de los juzgadores el hecho de que no se aplica la prescripción alegada por nuestra parte en juicio se violentan todos los artículos citados en este motivo de casación, el error ha trascendido en el fallo, ya que no es congruente con las pruebas evacuadas en tiempo y forma ni con las pretensiones procesales debidamente acreditadas en juicio”.

RESULTA: Que este Tribunal de Justicia dictó providencia en fecha veintiséis de agosto del año dos mil ocho, mediante la cual tuvo por formalizada en tiempo la demanda de casación por parte del Licenciado MANUEL RODRIGO MAZARIEGOS ZUNIGA, ordenando en consecuencia dar traslado de los antecedentes, al señor Fiscal del despacho, para que dentro del término de diez días procediera a emitir el dictamen respectivo.

RESULTA: Que en fecha veinticinco de agosto de dos mil ocho, compareció ante este Tribunal de Justicia, la Abogada ANA LÍA YNESTROZA PINEDA, de generales conocidas, formalizando el Recurso de Casación que en su oportunidad interpuso, haciéndolo de la manera siguiente: “EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LEY O DE DOCTRINA LEGAL. ÚNICO MOTIVO: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva de orden Nacional por Infracción de la Ley pendiente del fallo que emitiera la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, por violación: al Artículo 336, Numeral I, del Código de Comercio, que Literalmente dice “Los Liquidadores tendrán las siguientes facultades: 1.- “CONCLUIR LAS OPERACIONES SOCIALES QUE HUBIEREN QUEDADO PENDIENTES AL TIEMPO DE LA DISOLUCIÓN”; conclusión que implica necesariamente LIQUIDAR LOS FIDEICOMISOS CONTRATADOS. Al Fideicomitente le corresponde conforme el Artículo 1,060, Numeral 4, del Código de Comercio invocado por la Sociedad demandante, OBTENER LA DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES, pero AL CONCLUIRSE EL FIDEICOMISO, esto es, AL SER COMPLETAMENTE SALDADAS LAS OBLIGACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS A CARGO DEL FIDEICONIITENTE que, en el caso de autos, representan financiamientos recibidos por CORPORACIÓN DE INVERSIONES MUNDIALES S. A. (CIMSA), POR MÁS DE QUINCE MILLONES DE LEMPIRAS, que adeuda impagos o insolutos, al 30 de Noviembre del 2,002, con los Intereses y Comisiones que se incluyen. SIN SER HONRADOS LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS, ES UNA ARBITRARIEDAD E ILEGITIMIDAD, LA PRETENSIÓN DE “DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES FIDEICOMETIDOS”, LO MISMO QUE LA PRETENDIDA “EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO” esto en relación a la Interpretación errónea o aplicación indebida de las leyes o doctrinas legales aplicables al caso del pleito y que sin lugar a dudas DA A LUGAR EL RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY O DOCTRINA LEGAL. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO La norma sustantiva de orden nacional violada esta contenida en el artículo 336, Numeral I, del Código de Comercio, que para Ilustración transcribo 1-.- CONCLUIR LAS OPERACIONES SOCIALES QUE HUBIEREN QUEDADO PENDIENTES AL TIEMPO DE LA DISOLUCIÓN”; conclusión que implica necesariamente LIQUIDAR LOS FIDEICOMISOS CONTRATADOS. Al Fideicomitente le corresponde conforme el Artículo 1,060, Numeral 4, del Código de Comercio invocado por la Sociedad demandante, OBTENER LA DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES, pero AL CONCLUIRSE EL FIDEICOMISO, esto es, AL SER COMPLETAMENTE SALDADAS LAS OBLIGACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS A CARGO DEL FIDEICONIITENTE que, en el caso de autos, representan financiamientos recibidos por CORPORACIÓN DE INVERSIONES MUNDIALES S.A. (CIMSA), POR MÁS DE QUINCE MILLONES DE LEMPIRAS, que adeuda impagos o insolutos, al 30 de Noviembre del 2,002, con los intereses y comisiones que se incluyen. SIN SER HONRADOS LOS COMPROMISOS CONTRAÌDOS, ES UNA ARBITRARIEDAD E ILEGITIMIDAD, LA PRETENSIÓN DE “DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES FIDEICOMETIDOS”, LO MISMO QUE LA PRETENDIDA “EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO” EXPLICACIÓN A ESTE ÚNICO MOTIVO DE LA IMPETRACIÓN DE ESTE RECURSO. Honorables Magistrados de esta Honorable Corte Suprema de Justicia, todo esto nos conduce al hecho cierto que aparece de los autos en cuánto a que como se encuentra plenamente establecido y reconocido en la demanda que se contestó y rechazó relacionado anteriormente, la Sociedad Mercantil demandante reconvenida “CORPORACIÓN DE INVERSIONES MUNDIALES S.A. (CIMSA)” y mi representado EL BANCO CORPORATIVO S.A. (BANCORP), la que fue objeto de liquidación Forzosa a través de su Departamento Fiduciario, celebraron con fecha diecinueve (19) de julio de mil novecientos noventa y seis (1996), el Contrato de Fideicomiso número 128—96, para lo cuál la reconvenida aportó la exigua suma de DIEZ MIL LEMPIRAS y, en adelante, el Fideicomiso sirvió de medio para agenciarse del público, recursos económicos colocados mediante Títulos emitidos por el Departamento Fiduciario del Banco Corporativo S.A. (BANCORP), denominados CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN FIDUCIARIA; captaciones de fondos del público, que ascendieron a la cifra de OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS (L.8,520,833.08), según aparece en el Balance de Situación del Fideicomiso en cuestión, que se acompaño al libelo de la demanda de reconvención. La mecánica de esta “sui— géneris” figura de Fideicomiso inventada como medio para captar recursos del público, implicaba necesariamente, LA APORTACIÓN DE BIENES O ACTIVOS AL FIDEICOMISO, consistentes, que constituyeran un amplio y seguro respaldo a las operaciones de financiamiento recibido a través del Fideicomiso lo que, en el caso de la demandante reconvenida, (CIMSA) de ninguna manera se dio, pues de la propia actuación del Fideicomiso, aparece que únicamente fue un medio para aprovecharse de los fondos captados, desde que se “constituyó” con una exigua cifra de diez mil lempiras para recibir del público fondos MILLONARIOS; apareciendo del balance de situación que aporto, QUE ÙNICAMENTE UNA MINIMA PARTE DE LOS FONDOS RECIBIDOS POR MEDIO DE LOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN FIDUCIARIA, LO INVIRTIÓ LA FIDEICOMITANTE, PARA APORTAR ACTIVOS O BIENES AL FIDEICOMISO, EN UN MONTO DE APENAS CASI CUATRO MILLONES DE LEMPIRAS (L. 3,969,052.00) y esta cifra, SOBREVALUADA, cuando las captaciones alcanzaron MÁS DEL DOBLE DE ESA CIFRA y cuando la relación financiera, a favor de los acreedores, debía ser por lo menos 60-100%, en cuánto a Garantía sobre Activos, considerada a un 60% cubriendo este valor el 100% de los Créditos, que corresponde a una relación financiera sana y que, en el caso de CIMSA y de este Fideicomiso No.— 128—96, de ninguna manera ni por asomo se dio; SIENDO EVIDENTE EL MECANISMO FRAUDULENTO IMPLEMENTADO EN PERJUICIO DE LOS “APORTANTES” AL FONDO. El fraude objetivamente plasmado en los procedimientos implementados y en las actuaciones o, más bien, en las omisiones que se evidencian en el Balance de Situación que se acompañó, es que SE COLIGE QUE POR PARTE DE LOS REPRESENTANTES DE “CIMSA” QUE INTERVINIERON EN LAS OPERACIONES FRAGUADAS Y EJECUTADAS, QUE JAMÁS HUBO INTENCIÓN DE CUMPLIR, DE HONRAR LOS COMPROMISOS ECONÓMICO FINANCIEROS ASUMIDOS, pues es claro y contundente el hecho de que LAS CIFRAS CORRESPONDIENTES A INTERESES IMPAGOS O INSOLUTOS, al 30 de noviembre del 2002, llegan a la suma de CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS (L.5,032,230.ll) y las Comisiones bancarias, L.1439,576.89 más SOBREGIROS POR PAGAR, de L.33, 228.82 TODO LO CUÁL EVIDENCIA EL FIRME PROPÓSITO DE ELUDIR, DE OMITIR HONRAR SIQUIERA PARCIALMENTE LOS FONDOS CAPTADOS DEL PÚBLICO;

siendo así que las obligaciones insolutas, a la fecha en cuestión, ascienden al total reclamado de L. 15, 058,351.77 que, en consideración a los “Activos” aportados por la Fideicomitente demandada, representan un 376.9% de los mismos, es decir, que por cada cuatro lempiras que adeuda, apenas hay en el fideicomiso por ella constituido; UN LEMPIRA DE RESPALDO O GARANTÍA; de lo que resulta obvio, QUE LOS BIENES AFECTOS AL FIDEICOMISO, APENAS ALCANZAN UN VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DE LOS COMPROMISOS ECONÓMICOS POR LOS CUÁLES RESPONDEN; y este esquema Honorable Corte Suprema de Justicia, no hace más que evidenciar EL FRAUDE, EL DOLO CON QUE REITERADAMENTE SE ACTUÓ Y SE OMITIÓ, EN PERJUICIO DEL PÚBLICO, cuyos derechos de crédito, mi representado, EL ESTADO DE HONDURAS, se vio en la necesidad de honrar; erogando en conjunto, en la quiebra de Bancorp, CASI UN MIL CUATROCIENTOS DOCE MILLONES DE LEMPIRAS, que muchos proyectos de Inversión Social se vieron frustrados de realización, por estos fraudes masivos que se cometieron a través de esos expedientes ruinosos de “fideicomisos” como el de Cimsa y sus representantes. Finalmente el Balance de Situación del Fideicomiso que nos ocupa, evidencia ese mismo propósito de fraude referido, en cuánto a las demás cifras y rubros que se consignan en el mismo, como ser: PATRIMONIO ENTREGADO, con un Déficit, es decir, incumplimiento de aportes, de Lps.2.297,402.03; una “PÉRDIDA” ACUMULADA DE LPS. (10,644,800.36), y una perdida del periodo, a Noviembre 30, 02, de Lps.2,099,965.83; para darnos de salida, un PASIVO Y CAPITAL, DE APENAS LPS.3,995,235.55, que responden por el pago de Lps.15,058,351.77 adeudados por el Fideicomiso y la Fideicomitente, de plazo vencido y actualmente exigibles.- Drama económico mas patético que ésta situación, es difícil que se encuentre en una relación crediticia normal, con deudores decentes, honrados y honorables, con gente de bien. 5.- Siendo que el “BANCO CORPORATIVO S.A.” (BANCORP), como producto del descalabro económico y financiero a que lo llevó su Administración y, particularmente, este tipo de operaciones “Fiduciarias”, fue declarado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en estado de liquidación forzosa, proceso en el cuál ahora se encuentra, que le inhibe de realizar actividades como fiduciario; y siendo que el proceso de liquidación implica entre otras, al tenor del articulo 336 numeral 1, de Código de Comercio “ LA CONCLUSIÓN DE LAS OPERACIONES SOCIALES QUE HUBIEREN QUEDADO PENDIENTES AL TIEMPO DE LA DISOLUCIÓN, procede y así lo demando por vía de Reconvención, SE DECLARE CONCLUIDO EL CONTRATO DE FIDEICOMISO NUMERO 128/96 y se le haga pago a mi representado el BANCORP, con los bienes fideicometidos, hasta donde alcancen, por las deudas a cargo de dichos bienes y de la fideicomitente reconvenida, que asciende al 30 de Noviembre del 2002 a Lps. 15,058,351.77; y sobre la parte que queda insoluta, se le persigan bienes, hasta la total satisfacción de los adeudos, principales y accesorios; pagos que se deberán realizar al girador y representante legal en el proceso de liquidación de BANCORP, que en la actualidad ostente el Lic. Miguel Antonio Andino C., en aplicación de los establecido en el numeral 2 de dicha disposición legal por lo que es evidente que la Sentencia venida al conocimiento de esta Honorable Corte Suprema de Justicia es violatoria a los derechos de mi Representado, por la interpretación errónea y aplicación indebida de las leyes, y disposiciones contrarias, por que a pesar de habérsele demostrado que la Demandante Reconvenida incursiono en el incumplimiento del FIDEICOMISO POR MAS DE QUINCE MILLONES DE LEMPIRAS ESTA LA DECLARO SIN LUGAR, al tiempo que la Sentencia proferida por la Honorable Corte Segunda de Apelaciones contiene disposiciones contrarias en el sentido que por un lado declara SIN LUGAR la Prescripción invocada por el Demandante reconvenido y por otro Declara sin lugar la pretensión de mi Representado en su Demanda Ordinaria por Vía de reconvención. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO AL ÚNICO

MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY O DOCTRINA LEGAL. Este motivo esta comprendido en el artículo 903 numeral 1, 4to del Código de Procedimientos Civiles, que Literalmente dice: “Articulo 903.- Habrá lugar al recurso de casación por infracción de Ley o doctrina legal: 1° Cuando el fallo contenga Violación, interpretación errónea, o aplicación indebida de las leyes o doctrinas legales aplicables;...4. Cuando el Fallo contenga disposiciones contrarias”.

RESULTA: Que este Tribunal de Justicia dictó providencia en fecha veintiséis de agosto del año dos mil ocho, mediante la cual tuvo por formalizada en tiempo la demanda de casación por parte de la Abogada ANA LIA YNESTROZA PINEDA, ordenando en consecuencia dar traslado de los antecedentes, al señor Fiscal del despacho, para que dentro del término de diez días procediera a emitir el dictamen respectivo.

RESULTA: Que en fecha veintisiete de noviembre de dos mil ocho, compareció ante este Tribunal la Abogada LORENA MARIA SOTO ANDINO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, emitiendo dictamen en el Recurso de Casación formalizado por el Licenciado MANUEL RODRIGO MAZARIEGOS ZUNIGA, haciéndolo de la manera siguiente: “...III.- OPINION Con fundamento en las razones expuestas, el Ministerio Publico dictamina desfavorable a la admisión del recurso de Casación en los seis motivos invocados por el Recurrente”.

RESULTA: Que en esa misma fecha, la Abogada LORENA MARIA SOTO ANDINO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, emitió dictamen en el Recurso de Casación formalizado por la Abogada ANA LIA YNESTROZA PINEDA, de la manera siguiente: “...III.- OPINION Con fundamento en las razones expuestas, el Ministerio Público dictamina desfavorable a la admisión del recurso de Casación en su motivo único”.

RESULTA: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la admisión de los recursos de mérito.

CONSIDERANDO (1): Que toda demanda de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista; en consecuencia, debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere.

CONSIDERANDO (2): Que conforme el Artículo 916 del Código de Procedimientos, Primera Parte, Procedimientos Civiles, en el escrito interponiendo el recurso, se expresará el párrafo del Artículo 903 de dicho ordenamiento legal, en que se halle comprendido, y citará con precisión y claridad la ley o la doctrina legal que se crea infringida, y el concepto en que lo haya sido; si fueren dos o más los fundamentos o motivos del recurso, se expresarán en párrafos separados y numerados.

CONSIDERANDO (3): Que el recurrente apoderado legal de la sociedad Corporación de Inversiones Mundiales, S.A. (CIMSA), en su primer motivo de casación señala como precepto autorizante el Artículo 903 preámbulo y numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles, en lo concerniente a la violación de las leyes aplicables al caso e indica como disposiciones infringidas los Artículos 1684, 1685, 1686 y 1707 del Código de Comercio y, luego de señalar el concepto de la infracción, transcribe los artículos que considera infringidos; pretende demostrar la violación denominando el acápite “DEMOSTRACION DEL ERROR DE DERECHO” en que incurrió la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán en su sentencia y hace referencia a los medios de prueba aportados al juicio, olvidando el censor que la violación, que es una de las causas autorizadas por el Artículo 903, numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles que cita, se produce sin que medien errores de derecho o de hecho, con independencia de la prueba y que, los errores de derecho y de hecho, si éste último resulta de documento o actos auténticos que demuestren la equivocación evidente del juzgador, deben fundamentarse en el Artículo 903 numeral 7º del Código de Procedimientos, Primera Parte, Procedimientos Civiles y no en el citado Artículo numeral 1º. Es procedente, en consecuencia, recordar al censor que si fueren dos o más los fundamentos o motivos del recurso, deben expresarse en párrafos separados y numerados, como lo manda el Artículo 916 del Código de Procedimientos, Primera Parte, Procedimientos Civiles.

CONSIDERANDO (4): Que el recurrente apoderado legal de la sociedad Corporación de Inversiones Mundiales, S.A. (CIMSA), en su segundo motivo de casación señala como precepto autorizante el Artículo 903 preámbulo y numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles, en lo concerniente a la interpretación errónea de las leyes aplicables al caso e indica como disposición infringida el Artículo 1685 del Código de Comercio y, luego de señalar el concepto de la infracción, transcribe el artículo que considera infringido; pretende demostrar la violación denominando el acápite “DEMOSTRACION DEL ERROR DE DERECHO” en que incurrió el juzgador en su sentencia, olvidando el censor que la interpretación errónea, que es una de las causas autorizadas por el Artículo 903, numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles que cita, para recurrir en casación, se produce sin que medien errores de derecho o de hecho, si éste último resulta de documento o actos auténticos que demuestren la equivocación evidente del juzgador, que deben fundamentarse en el Artículo 903 numeral 7º del Código de Procedimientos, Primera Parte, Procedimientos Civiles y no en el citado Artículo numeral 1º. Además, el recurrente, en el acápite que denominó “DEMOSTRACION DEL ERROR DE DERECHO”, hace referencia a otro motivo de casación cuando dice ante “esta situación debemos aplicar el artículo 1060 del Código de Comercio”, refiriéndose a la violación o falta de aplicación de la ley. Por lo que es procedente, también, recordar al censor que si fueren dos o más los fundamentos o motivos del recurso, deben expresarse en párrafos separados y numerados, como lo manda el Artículo 916 del Código de Procedimientos, Primera Parte, Procedimientos Civiles.

CONSIDERANDO (5): Que el recurrente apoderado legal de la sociedad Corporación de Inversiones Mundiales, S.A. (CIMSA), en su tercer motivo de casación señala como precepto autorizante el Artículo 903 preámbulo y numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles, en lo concerniente a la violación de las leyes aplicables al caso e indica como disposiciones infringidas el “Artículo 1040 del Código de Comercio y literal i) del 42 de la Ley de Instituciones Financieras, pero es de hacer notar que no existió ni existe en Honduras la Ley de Instituciones Financieras por lo que tampoco existió ni existe el artículo 42 de dicho cuerpo legal. Por otra parte, el impetrante, luego de señalar el concepto de la infracción, transcribe los artículos que considera infringidos, pretende demostrar la violación denominando el acápite “DEMOSTRACION DEL ERROR DE DERECHO” en que incurrió el juez en su sentencia, olvidando el censor que la violación, que es una de las causas autorizadas por el Artículo 903, numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles que cita, se produce sin que medien errores de derecho o de hecho, si éste último resulta de documento o actos auténticos que demuestren la equivocación evidente del juzgador, que deben fundamentarse en el Artículo 903 numeral 7º del Código de Procedimientos, Primera Parte, Procedimientos Civiles y no en el citado Artículo numeral 1º del Código de Procedimientos, Primera Parte, Procedimientos Civiles. En virtud de que el censor se refiere a dos modos de infringir la ley, es procedente, también, recordarle que si fueren dos o más los fundamentos o motivos del recurso, deben expresarse en párrafos separados y numerados, como lo manda el Artículo 916 del Código de Procedimientos, Primera Parte, Procedimientos Civiles.

CONSIDERANDO (6): Que el recurrente apoderado legal de la sociedad Corporación de Inversiones Mundiales, S.A. (CIMSA), en su cuarto motivo de casación señala como precepto autorizante el Artículo 903 preámbulo y numeral 7 del Código de Procedimientos Civiles, en lo concerniente al error de hecho e indica como disposición infringida el “Artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles”, por otra parte, el impetrante, luego de señalar el concepto de la infracción, transcribe el artículo que considera infringido, pretende demostrar la infracción denominando el acápite “DEMOSTRACION DEL ERROR DE HECHO” en que incurrió la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán en su sentencia; sin embargo, en dicho acápite no logra justificar el error evidente en que incurrió la Corte sentenciadora y, para que pueda apreciarse la evidente equivocación, es preciso que éste se justifique con meridiana claridad, y no por meras presunciones, consistiendo en haberse negado lo que el documento afirma, o afirmado lo contrario de lo que el documento dice y, el error de hecho, ha de consistir en el que el tribunal sentenciador afirme la existencia de uno elemental de la prueba que sea base esencial de la sentencia dictada, y que, por un documento o acto auténtico que obre en el mismo proceso, se demuestre, evidentemente, la equivocación padecida en el fallo; equivocación que ha de resultar no del documento que oportunamente pueda pedir la parte, sino del que haya sido citado oportunamente.

CONSIDERANDO (7): Que el recurrente apoderado legal de la sociedad Corporación de Inversiones Mundiales, S.A. (CIMSA), en su quinto motivo de casación señala como precepto autorizante el Artículo 903 preámbulo y numeral 7 del Código de Procedimientos Civiles, en lo concerniente al error de hecho e indica como disposición infringida el “Artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles”, por otra parte, el impetrante, luego de señalar el concepto de la infracción, transcribe el artículo que considera infringido, pretende demostrar la infracción denominando el acápite “DEMOSTRACION DEL ERROR DE HECHO” en que incurrió la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán en su sentencia; sin embargo, en dicho acápite no logra justificar el error evidente en que incurrió la Corte sentenciadora y, este Tribunal ha sostenido en innumerables sentencias la doctrina que la apreciación de las pruebas aportadas a los autos, es facultad privativa del Juez o Tribunal sentenciador, cuando es el resultado de la suma y combinación de diversos elementos probatorio, no puede impugnarse en casación prescindiendo del enlace que haya entre ellos, mediante el examen aislado de cada uno; por consiguiente, referirse aisladamente a uno o varios medios de prueba, cuando el criterio judicial se formó por el resultado combinado de ellos, resulta improcedente. Además, como ya se dijo, para que pueda apreciarse la evidente equivocación, es preciso que éste se justifique con meridiana claridad, y no por meras presunciones, consistiendo en haberse negado lo que el documento afirma, o afirmado lo contrario de lo que el documento dice y el error de hecho ha de consistir en el que el tribunal sentenciador afirme la existencia de uno elemental de la prueba que sea base esencial de la sentencia dictada, y que, por un documento o acto auténtico que obre en el mismo proceso, se demuestre, evidentemente, la equivocación padecida en el fallo; equivocación que ha de resultar no del documento que oportunamente pueda pedir la parte, sino del que haya sido citado oportunamente.

CONSIDERANDO (8): Que el recurrente apoderado legal de la sociedad Corporación de Inversiones Mundiales, S.A. (CIMSA), en su sexto motivo de casación señala como precepto autorizante el Artículo 903 preámbulo y numeral 7 del Código de Procedimientos Civiles, en lo concerniente al error de derecho e indica como disposiciones infringidas los “Artículos 1684, 1685, 1686 y 1707 y Artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles”, pero es de hacer notar que el censor no indica en que ley están contenidos los Artículos 1684, 1685, 1686 y 1707 que después transcribe como del Código de Comercio. Por otra parte, el impetrante, luego de señalar en el acápite concepto de la infracción en el cual transcribe artículos del Código de Comercio y del Código de Procedimientos Civiles que considera infringidos, pretende demostrar la infracción en el acápite que denomina “DEMOSTRACION DEL ERROR DE HECHO” en que incurrió la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán en su sentencia; sin embargo, lo alegado por el censor fue error de derecho y no de hecho como lo señala por lo que cabe recordarle que el error de derecho es aquel en que el tribunal sentenciador incide apreciando el contenido de un precepto de ley o de doctrina legal en forma tal que resulte contrario a la clara y evidente significación de la ley en relación con la prueba practicada, fundando su fallo precisamente en una errónea significación; por lo que es natural que lo primero e imprescindible sea, para ello, citar la ley o doctrina legal que haya sido infringida en ese sentido, lo que no hizo el impetrante al desarrollar este motivo.

CONSIDERANDO (9): Que la impugnante, procuradora judicial del Estado de Honduras, en su único motivo acusa la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional contenida en el Artículo 336 numeral I del Código de Comercio y cita como precepto autorizante “el artículo 903 numeral 1, 4to del Código de Procedimientos Civiles, que literalmente dice: Artículo 903. Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal: 1º Cuando el fallo contenga violación, interpretación errónea, o aplicación indebida de las leyes o doctrinas legales aplicables; … 4. Cuando el fallo contenga disposiciones contrarias”. Pero es del caso hacer notar que la impetrante alega, al amparo del numeral 1º del Artículo 903 del Código de Procedimientos, Primera Parte, Procedimientos Civiles, tres modos de infringir la ley como son la violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, cuando debió elegir uno de los tres; además, fundamenta su único motivo de casación también en el numeral 4º que se refiere a otro modo de infringir la ley como es que el fallo contenga disposiciones contrarias y, finalmente, se refiere a violación de ley o doctrina legal que cuando debió haber individualizado; es decir, violación de la ley o violación de doctrina legal que, según el numeral 8º del Artículo 920 del Código de Procedimientos, Primera Parte, Procedimientos Civiles, son principios declarados en tres sentencias conformes dictadas por la Corte Suprema de Justicia, constituyendo jurisprudencia por lo que siendo diferentes, debió haberlos alegado en motivos separados y numerados como lo exige el párrafo segundo del Artículo 916 del Código de Procedimientos, Primera Parte, Procedimientos Civiles.

CONSIDERANDO (10): Que conforme los Artículos 919 declaración 1ª y 920 numeral 2º, ambos del Código de Procedimientos, Primera Parte, Procedimientos Civiles, no ha lugar a la admisión del recurso cuando en el escrito de interposición no se hayan citado con precisión y claridad las leyes que se suponen infringidas, y el concepto en que lo haya sido.

CONSIDERANDO (11): Que por las razones anteriormente expuestas, es procedente desestimar la pretensión que encierran los seis motivos de casación invocados por el apoderado legal de la sociedad Corporación de Inversiones Mundiales, S.A. (CIMSA) y el único motivo de casación invocado por la procuradora judicial del Estado de Honduras.

POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras por unanimidad de votos, de la Sala de lo Civil y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5) y 316 de la Constitución de la República; 1º y 80 numeral 1º de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 187, 188, 189, 899, 900, 901, 902 causa 1ª, 903, 915, 916, 917, 918, 919 declaración 1ª y 920 numeral 2º del Código de Procedimientos, Primera Parte, Procedimientos Civiles, se debe declarar no haber lugar a la admisión del Recurso de Casación formalizado por el Licenciado MANUEL RODRIGO MAZARIEGOS ZÚNIGA en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Corporación de Inversiones Mundiales, S.A. (CIMSA) y por la Abogada ANA LÍA YNESTROZA PINEDA en su condición de Procuradora Judicial del Estado de Honduras, contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Civil de Francisco Morazán, el 7 de noviembre de 2006, de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Comunicar y devolver los autos a la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, con la certificación de estilo, para los efectos legales correspondientes. CON COSTAS.- Redactó Magistrado Raúl Antonio Henriquez.- NOTIFIQUESE.

RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO

COORDINADOR

EDITH MARIA LOPEZ RIVERA

MAGISTRADA

SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA

MAGISTRADA