Sentencia CC-15-13 — Registro 5104
Resumen
En segunda instancia se declaro con lugar el recurso de amparo y resuelve declarar con lugar la demanda mediante procedimiento ordinario, pretensión para indemnización de daños y perjuicios, daños emergentes, lucro cesante y costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“1) Del examen de las actuaciones seguidas en las instancias, resulta que la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, mediante auto, tuvo por interpuesto y formalizado el recurso de casación, por el Abogado Héctor Ramón Trochez Velásquez, en su condición de Representante Procesal de la señora Gloria Suyapa Trochez Velásquez, contra la sentencia dictada por la referida Corte de Apelaciones, el veintiocho (28) de noviembre del año dos mil doce (2012), en la demanda mediante procedimiento ordinario pretendiendo indemnización de daños y perjuicios contra la empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL).
La Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en su sentencia de fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil doce (2012), declara la nulidad absoluta de actuaciones desde el auto de admisión de la demanda, desde el auto de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil doce (2012), visible a folios 50 al 51 de la primera pieza de autos y demás actuaciones subsiguientes, por consiguiente es una resolución que no pone fin al juicio haciendo imposible su continuación.
Se considera que el auto anulado no pone fin al pleito en virtud de no acreditarse en autos que el derecho a reclamación administrativa previa haya prescrito o caducado al tenor del Articulo 414 numeral 2) del Código Procesal Civil, por lo cual no consta que se haya puesto término al pleito a manera de hacer imposible su continuación.
De conformidad con el Articulo 717 del Código Procesal Civil, sólo serán recurribles en casación las sentencias y los autos que pongan termino al pleito, haciendo imposible su continuación, por lo que este Tribunal considera que vistos y examinados los antecedentes, no se cumplen los requisitos legales por lo que en aplicación de lo expuesto y a las circunstancias del caso que se examinan llega a la conclusión de que el recurso de casación se ha interpuesto contra una sentencia que no pone término al pleito, haciendo imposible su continuación.
Las disposiciones de los códigos de procedimientos son de orden público y, según el Articulo 11 del Código civil, las leyes que interesan al orden público, no pueden eludirse ni modificarse por convenciones de los particulares y, en el presente caso se han cometido inobservancias a la ley.
Que la ley reconoce el derecho de defensa siempre y cuando el mismo sea acorde a derecho en procura de una tutela efectiva de los mismos, situación que el impetrante no acreditó en su impugnación, y por las razones expuestas es procedente inadmitir a trámite el escrito contentivo al recurso de casación del cual se ha hecho mérito en el numeral primero de los presentes antecedentes de derecho. Artículos 82 de la Constitución de la República; 414 numeral 2), 717 del Código Procesal Civil.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 707 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 717 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos (2) días del mes de diciembre de dos mil trece (2013), la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: RAUL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO, como Coordinador, EDITH MARIA LOPEZ RIVERA designada ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de Casación y REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:
SON PARTES: La señora GLORIA SUYAPA TROCHEZ VELASQUEZ, representada en juicio por el Abogado HECTOR RAMON TROCHEZ VELASQUEZ, en su condición de recurrente; siendo recurrida la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), representada en juicio por el Abogado ALVARO GUILLERMO AGUILAR FRENZEL.
OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA MEDIANTE PROCEDIMIENTO ORDINARIO, PRETENSION PARA INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS, DAÑOS EMERGENTES, LUCRO CESANTE Y COSTAS DEL JUICIO, promovida en fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil once (2011), ante el Juzgado Primero de Letras Departamental de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, por el Abogado HECTOR RAMON TROCHEZ VELASQUEZ, en su condición de Apoderado de la señora GLORIA SUYAPA TROCHEZ VELASQUEZ, contra el General de Brigada y Magíster en su condición de retiro ROMEO ORLANDO VASQUEZ VELASQUEZ, en su carácter de Gerente General de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL).
I. ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Con fecha veintiocho(28) de noviembre del año dos mil doce (2012), la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha nueve (09) de octubre del año dos mil doce (2012), dictada por el Juzgado Primero de Letras Departamental de la Ciudad de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en el juicio contentivo de la DEMANDA MEDIANTE PROCEDIMIENTO ORDINARIO, PRETENSION PARA INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS, DAÑOS EMERGENTES, LUCRO CESANTE Y COSTAS DEL JUICIO, promovida en fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil once (2011), ante el Juzgado Primero de Letras Departamental de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, por el Abogado HECTOR RAMON TROCHEZ VELASQUEZ, en su condición de Apoderado de la señora GLORIA SUYAPA TROCHEZ VELASQUEZ, contra el General de Brigada y Magíster en su condición de retiro ROMEO ORLANDO VASQUEZ VELASQUEZ, en su carácter de Gerente General de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), dictó sentencia de la siguiente manera: “RESUELVE: PRIMERO: Declarar ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado ALVARO GUILLERMO AGUILAR FRENZEL, quien actúa en su condición de apoderado legal de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones HONDUTEL, en contra de la sentencia dictada por el señor Juez Supernumerario del Juzgado Primero de Letras Departamental de fecha Nueve de octubre del año dos mil doce, visible a folios 216 al 222, de la primera pieza de autos, en la demanda interpuesta por la señora GLORIA SUYAPA TROCHEZ VELASQUEZ, en contra de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones Hondutel. SEGUNDO: Declarar no ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado HECTOR RAMON TROCHEZ VELASQUEZ en su condición de apoderado legal de la parte demandante, y contra la sentencia dictada por el Juez Supernumerario del Juzgado Primero de Letras Departamental, ya referida en el ordinal anterior de esta resolución. TERCERO: Declarar la nulidad absoluta de actuaciones desde el auto de admisión de la demanda, desde el auto de fecha Treinta de Septiembre del Año Dos Mil Once, visible a folios 50 al 51 de la primera pieza de autos, y demás actuaciones subsiguientes”.
SEGUNDO: El Representante Procesal de la señora GLORIA SUYAPA TROCHEZ VELASQUEZ, Abogado HECTOR RAMON TROCHEZ VELASQUEZ, presentó en fecha quince (15) de enero del año dos mil trece (2013), escrito de interposición y Formalización de recurso de casación contra la sentencia de fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil doce (2012), dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara.
TERCERO: Mediante auto de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil trece (2013), la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, Santa Bárbara, tuvo por interpuesto el recurso de Casación por parte del Abogado HECTOR RAMON TROCHEZ VELASQUEZ, en su condición ya indicada y concede a la parte contraria el término de diez (10) días hábiles para que se pronuncie sobre el contenido del recurso de casación, debiendo entregársele copia del mismo.
CUARTO: El Representante Procesal de LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), Abogado ALVARO GUILLERMO AGUILAR FRENZEL, en fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil trece (2013), presentó escrito de Contestación sobre el recurso de casación interpuesto por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, tener por contestado en tiempo y forma el recurso de casación por parte del Abogado ALVARO GUILLERMO AGUILAR FRENZEL, en su condición ya indicada, ordenando la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.
QUINTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los Abogados ALVARO GUILLERMO AGUILAR FRENZEL Y HECTOR RAMON TROCHEZ VELASQUEZ, ambos en su condición ya indicada, presentaron escritos de personamiento en fechas uno (01) y seis (06) de febrero del año dos mil trece (2013) respectivamente, y una vez visto el informe rendido por la Secretaria de esta Corte Suprema de Justicia, se les tuvo por personados en tiempo.
SEXTO: Que la parte recurrente plantea en sus dos motivos su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, de la siguiente manera: “PRIMER MOTIVO DE CASACION: PRIMERO: Se interpone y se formaliza el primer motivo de casación en la causal número 1 inciso b. del Artículo 719 Que textualmente dice: “se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan a…b) los actos y garantías procesales, cuando su infracción suponga la nulidad o produjere indefensión:, sobre este particular Honorable Corte me permito manifestar: que impugno y rechazo la sentencia recurrida de segundo grado, en virtud de que con la emisión de dicho fallo se han violado normas procesales, que dan lugar a proceder de oficio a la nulidad de dicha sentencia por cuanto no se ha respetado el debido proceso contenido en el artículo 3 del Código Procesal Civil ni la autoridad de cosa juzgada, relacionada en los artículos 209 y 210 de este mismo estamento, garantías procesales inobservadas por este Tribunal al no considerar que el apoderado de la parte demandada Abogado ALVARO GUILLERMO AGUILAR FRENZEL no impugnó la sentencia dictada por EL AQUO, ¿veremos porque?: Resulta que el apoderado recurrente interpuso recurso de apelación sugerida ante este Tribunal de Segunda Instancia, contra la primer sentencia anulada por este Alto Tribunal con fecha 25 de abril del dos mil doce, visible a folios 157 al 162 respectivamente de la primera pieza de autos, anulada por el AD-QUEM o Tribunal de segundo grado recurrido en sentencia de fecha 31 de julio del dos mil doce, y la segunda sentencia dictada por el AQUO, visible a folios 216 al 222, de la primera pieza de autos, es de fecha 9 de octubre del dos mil doce, anulada por segunda vez por la Corte de Apelaciones, en sentencia de fecha 28 de noviembre del dos mil doce, la cual no fue recurrida por el apoderado demandado, y si interpuso el recurso pero contra la sentencia anterior no contra la sentencia segunda, ya que la primera fue anulada y sin ningún valor jurídico, por consiguiente este Tribunal al proferir su segunda sentencia con fecha 28 de noviembre del dos mil doce no reparó en este inmenso error que desde todo punto de derecho deslegitima su sentencia, por cuanto violentó un acto procesal que consintió las consecuencias que ese acto procesal implicaba, y todos sabemos que los actos procesales son firmes y no procede contra ellos ningún recurso, cuando en el acto de la notificación no se hace uso de los recursos que franquea la ley, extremo este que debe ser apreciado en toda su magnitud por la Sala Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia, esto como es obvio invalida la sentencia recurrida por cuanto se ha violado el debido proceso al no haber respetado la GARANTIA de firmeza PROCESAL (ART. 195 Y 196 del C.P.C.)de una sentencia consentida por el recurrente que en este caso es la sentencia de primer grado como vuelvo a repetir dictada por el A-QUO en fecha 9 de octubre del 2012, por consiguiente al no haberse respetado la firmeza del acto consentido por el recurrente, la sentencia de esta Corte desmerece toda juricidad desde el punto de vista del derecho objetivo que debe primar en todas las resoluciones y actuaciones judiciales, colocándose esta sentencia en la categoría de las nulidades, establecidas en los artículos 211, 212, 213 y 214 respectivamente del Código Procesal Civil por cuanto de conformidad no solo al derecho adjetivo sino al derecho sustantivo, en este caso de conformidad al Código Civil en sus artículos 9, 10, 11, 1586, 1587, 1589 y 1602, la sentencia recurrida es NULA DE PLENO DERECHO, Y debe ser declarada IPSO FACTO Por el Honorable Tribunal Supremo de casación de la Honorable Corte Suprema de justicia. Otros de los motivos de casación, es que la sentencia proferida y objeto de este recurso esta infringiendo el art. 1 N.2 del Código Procesal Civil, que este tipo de fallo produce indefensión a la parte demandante, ya que vulnera el principio del debido proceso y al hacer efectiva esa Nulidad se ocasiona grandes prejuicios a la economía procesal. El art. 7 de ese mismo cuerpo legal , lo vulnera en toda su magnitud , ya que el proceso civil es motivo las disposiciones de este estamento jurídico , a la Constitución de la República , es cierto que la Ley habla de Nulidades, y para que surta sus efectos deben de ser planteadas en su momento procesal, transcurrido este plazo adquieren el carácter de firme y últimamente al haberse interpuesto por el demandado un recurso de apelación contra la sentencia de fecha 25 de abril del año pasado, es un recurso que no debió haberse NI ADMITIDO , porque esta sentencia no existe en virtud de su nulidad, como es posible que esta Corte, declara a lugar un Recurso de Apelación que no reúne las formalidades del art. 709 del C.P.C., y no es cierto lo que dice este Tribunal, que se interpuso contra la sentencia 09 de Octubre del 2012, veamos que sucede en ese supuesto Recurso y expresión de agravios en el primer folio frente en la parte final de la comparecencia en el hecho quinto, en el folio siete frente ocho párrafo, folio once párrafo segundo, treinta y siete párrafo, todo esto dice que se interpuso contra la sentencia de fecha 25 de Abril del año recién pasado. Las normas contenidas en este Código son obligatorias por el Órgano Jurisdiccional, las partes y terceros que intervengan en el proceso y que este Órgano Jurisdiccional adecuara las exigencias de las normas al logro de los fines del proceso, respetando las garantías legalmente previstas. Siendo un acto consentido por el demandado, no debió haberse esgrimido este tipo de fallo, sino que haberse tocado la cuestión de fondo de litigio, pero muchos Tribunales, cuando conocen de los intereses del Estado, buscan dilatorias para no dictar resoluciones que pongan término al pleito. Seguidamente otros de los preceptos violados y que dan motivo al recurso de casación es la inobservancia al art. 130 y al 709, del C.P.C., ya que la resolución que gozó de este recurso es la de fecha 09 de Octubre del 2012, sobre la cual no se interpuso recurso alguno. SEGUNDO: Otro proceder indiscutible de verdadera inobservancia al ordenamiento jurídico por el ADQUEM es el hecho de que, el casacionista en este caso el recurrente de manera oportuna solicité la apertura a pruebas de hechos que no tuve conocimiento al iniciar las diligencias procesales que me atañen y esta Corte de segunda Instancia en un acto de verdadera denegación de justicia, no permitió su evacuación, causando grave violación al derecho procesal CON la no apertura del juicio a pruebas y desde luego una clara y evidente indefensión, Y LOS SUPUESTOS ESGRIMIDOS por el ADQUEM en la sentencia recurrida nunca son ni deben ser suficientes para deslegitimar el derecho de defensa que consagra nuestra constitución y por consiguiente cualquier otra ley debe estar supeditada a la ley superior que en este caso es nuestra constitución.- Sólo como referencia la denegatoria al recibimiento a pruebas por este Tribunal de alzada en auto del 25 de junio del dos mil doce, en la parte final del numeral segundo de su fundamentación jurídica, esgrimieron entre otras causas que la denegatoria se hizo en base a que no fue inscrito un poder general de administración en el Registro de la Propiedad, craso error ya que los poderes entre los particulares no se inscriben, solo es obligación los poderes de las empresas mercantiles. Otro motivo que da lugar al recurso de casación es la infracción al art. 1892 del Código Civil, que el poder que goza el Señor Jose Anael Trochez Velásquez, es en términos generales y es de acto de administración y este está fuera del alcance DE LOS ACTOS DE RIGOROSO DOMINIO, que tiene relación suficiente con el art. 37 N.2 de la Ley de Propiedad, que prescribe que todo mandato o representación que permite realizar actos de riguroso dominio sobre esos bienes deberá inscribirse en el caso que no se ocupe esta es una excepción. TERCERO: Otro motivo que da lugar al recurso de casación es el quebrantamiento al art. 213 N. 1 y N. 2 en relación al art. 11 N. 1, N2, N. 3, N. 4, art. 18 N.2, 123, 126, 129, del C.P.C. que seguidamente discutiremos.- En otro orden de cosas, Honorables Corte: No es absolutamente cierto lo expresado por el Tribunal de segundo Grado cuando aprecia de manera discrecional un hecho de suma importancia como es el agotamiento de la vía administrativa, previo a la interposición de la demanda pues; es un hecho evidente que si inicie acciones tendentes a agotar la vía administrativa, para ilustración ruego ver la nota dirigida por la demandante, con fecha 19 de marzo y 27 de noviembre del 2009 dirigido al Gerente General de HONDUTEL en aquél entonces ÓSCAR ADOLFO CARDONA para que procedieran a derribar el árbol, y sobre las pretensiones de la demanda, circunstancia que nunca fue atendida por las autoridades superiores de la administración superior de HONDUTEL como parte demandada, lo cual implica una afirmativa ficta de parte suya, las pruebas se presentaron en el expediente y es un hecho que no se puede desconocer, reitero son pruebas que no fueron apreciadas por el tribunal ADQUEM, y sobre el particular de manera muy contundente se aprecia de nuevo un silencio, un completo hermetismo no solo de los personeros de la institución demandada, sino de su apoderado judicial, Abogado ALVARO GUILLERMO AGUILAR FRENZEL, quien en manifiesta deslealtad procesal hizo uso por primera vez del recurso de apelación del incidente de Nulidad , en virtud que la sentencia de primer grado no le favoreció y cumpliendo ordenes del Tribunal sentenciador recurrido y en franca violación del derecho de manera reiterada esta Honorable corte recurrida infringió el ordenamiento procesal al desconocer la firmeza de los actos consentidos, al violar de manera directa el debido proceso, cuando claramente se establece que cualquier acto irregular consentido subsana cualquier omisión o acción permitida, es irrefutable en consecuencia el hecho desde este punto de vista que el demandado debió introducir al debate en la audiencia preliminar o en las audiencias de proposición y evacuación de pruebas la excepción de NULIDAD por considerar no haberse agotado la vía administrativa. Este silencio del apoderado demandado no viola el debido proceso, pero al guardar silencio consintió este hecho por su parte, y no hay ninguna justificación para revivir un hecho consumado, en consecuencia el Tribunal ADQUEM, al ANULAR EL JUICIO por este hecho violó flagrantemente el debido proceso y de nuevo ubica sus actuaciones procesales en la picota de NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES, esta Corte de segunda instancia con sus actuaciones sigue replegándose en un viejo modismo o mala costumbre procesal que viene arrastrándose por generaciones contaminando los principios de celeridad, economía procesal, e imparcialidad entre otros, que se suponían superados con la implementación de un nuevo orden procesal civil que vence esas decadentes actuaciones utilizadas en su mayoría por abogados que en su momento procesal no utilizaron sus derechos y que finalizando el proceso civil utiliza las tácticas dilatorias, con formulismos procesales retardatarios que alargaban por años y décadas los procesos postergando el impartimiento de justicia en detrimento de las partes y que el Honorable Tribunal de casación sabrá sortear con sabiduría, e inteligencia y responsabilidad, al considerar viciado el procedimiento por el Tribunal sentenciador recurrido y que en nada abona al impartimiento de justicia del poder judicial de Honduras. Si el Soberano Congreso Nacional, escuchando a la sociedad hondureña, se dispuso crear un nuevo Código Procesal civil, por medio del decreto número 211-2006, el que contiene la sobrada intensión, de darle facultades suficientes al Órgano Jurisdiccional para denegar cualquier incidente o nulidad de esta naturaleza cuando el acto ha sido consentido por ellos ver página 47 al 53 vuelto de este ordenamiento jurídico. Con todos estos actos procesales consumados de manera evidente por el tribunal sentenciador de segundo grado es natural además que por los motivos, garantías y derechos constitucionales mencionados, la sentencia recurrida es violatoria de los artículos procesales que rigen la materia en el sentido que no se han respetado las disposiciones normativas que deben regir a los Jueces y Magistrados en la obligación que les impone el mismo rigorismo procesal al dictar sus sentencias y que deben reflejar, verdadera claridad, precisión, exhaustividad, motivación y congruencia al tenor de los artículos 206, 207 y 208 respectivamente del Código Procesal Civil, que son otros fundamentos legales que al no ser observados dan motivos a la interposición a este recurso. SEGUNDO MOTIVO DE CASACION. PRIMERO: El Segundo motivo de casación se interpone al tenor del Artículo 719 No. 1 inciso C, que permite impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. Resulta: Honorable Corte que la sentencia recurrida de primera instancia, de fecha 9 de octubre del dos mil doce, anulada por el Honorable Tribunal de segunda Instancia en sentencia de fecha 28 de noviembre del dos mil doce, contra la cual he recurrido en casación debe ser anulada ipso facto por la Honorable Corte Suprema de Justicia, Alto Tribunal ante quien recurro, por cuanto el Tribunal sentenciador recurrido, al anular la sentencia de primer grado violó flagrantemente el debido proceso al impetrar un fallo dictado en violación directa de los Artículos, 206, 207 y 208 del actual Código Procesal Civil que trata de los requisitos internos de la sentencia, y que las mismas deben ser claras, precisas y exhaustivas, es bien entendido que como recurrente casacionista no llegue al Tribunal de segunda instancia a implorar una Nulidad, como he reiterado, eso quedó en el pasado y el momento procesal oportuno quedo caducado de pleno derecho para hacerlo, en consecuencia al tenor de los artículos 206 del Código Procesal Civil (CPC), la sentencia recurrida no es clara, no es precisa ni es exhaustiva, entendiéndose como tal, que la sentencia que debió haberse dictado no es la sentencia de Nulidad, sino la sentencia definitiva que vendría a ratificar o modificar los extremos de la sentencia definitiva dictada por el AQUO, es la sentencia que estoy exigiendo que se dicte, la nulidad dictada por el Tribunal de segunda Instancia ya no cabe, eso es costumbre pasada por consiguiente los Tribunales de segunda instancia no deben dilatar, ni postergar el pronunciamiento de los fallos que deben resolver el fondo de los juicios, los jueces y magistrados deben ser verdaderos garantes del sistema de justicia, garantes del debido proceso, garantes del respeto a los derechos humanos, garantes de los principios procesales y constitucionales etc. SEGUNDO: Hay Violación directa del Artículo 207 No. 2 del Código procesal civil, cuando expresa: “La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerandos individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón., Este artículo violado por la corte sentenciadora de segundo grado impone la obligación de motivar la sentencia, y la sentencia definitiva que estaba esperando se supone que es la sentencia que debería aprobar o improbar la de primera instancia, la que resolvería el fondo del conflicto, en consecuencia la sentencia recurrida es totalmente nula, por cuanto la corte soslayó la obligación de resolver el fondo del conflicto, lo cual implica responsabilidad de parte de los operadores judiciales y no resolver el fondo del debate con una sentencia congruente con las pretensiones del actor al tenor del Artículo 208 del mismo Código Procesal civil también violado por esta Corte al haber dictado una sentencia que no resolvió el fondo del juicio, como era de esperarse esta exposición de mi parte se consolida aun mas al leer el considerando cuarto del decreto de creación del código del Código procesal civil que en lo conducente dice: “Que no obstante lo anterior se hace necesario aprobar un código procesal civil que incorpore los nuevos principios e instituciones procesales a fin de que la justicia sea ágil y expedita y que, dentro del marco del debido proceso se de respuesta oportuna a las pretensiones deducidas en el proceso.- con la sentencia recurrida se ha violado también el debido proceso que en lo conducente su Artículo No. 3 del código de la materia dice: “DEBIDO PROCESO. las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los tramites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias, en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente, imparcial una resolución de fondo justa y motivada., todos estos extremos relacionados son inexistentes en la sentencia recurrida por lo cual debe ser revocada con especial llamado de atención a sus operadores para que no causen entorpecimiento al poder judicial ni a las partes dictando nulidades innecesarias como en este caso en donde la causa alegada ya había sido consentida por las partes; también ya había prescrito el momento procesal para introducirla, de tal modo que lo único que se esperaba era una sentencia congruente con las pretensiones deducidas en el plan de la demanda, su omisión acarrea nulidad y debe ser decretada a la mayor brevedad posible a fin de restablecer el sistema legal infringido por sus operadores judiciales que integran la corte sentenciadora recurrida.- A lo sumo lo que pudo haber hecho el tribunal sentenciador era diferir el pronunciamiento de la sentencia entre tanto no se agotara la vía administrativa, como se hacia antes en materia penal, pero nunca anular todo el procedimiento como se hizo en el pasado remoto que puso en picota de la opinión publica al sistema judicial., los principios procesales ya desarrollados son sagrados y tienen que respetarse es decir las figuras jurídicas de inmediación, la concentración, la oralidad, la publicidad, la economía procesal, la oportunidad, la valoración de las pruebas que ya hizo el juez en el desarrollo del proceso eso es sagrado y no se puede votar con una simple nulidad, todas las subsanaciones ya se dieron dentro del proceso, pero sin cometer el desafuero que hizo esta Corte de anular todo el proceso civil, que es violentar el acto consentido que Muy bien lo vio el Juez que conoció del caso y las partes en aquel momento ., además de que al tenor del artículo 556 del Código Procesal Civil, cuyo contenido dice: “El Juez o magistrado es civilmente responsable cuando en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, causare daño a las partes en el ejercicio de su potestad discrecional…incurrirá en culpa inexcusable, cuando cometiere un grave error de derecho o causare indefensión al no decidir sobre los hechos probados por el afectado. TERCERO: Por todo esto la sentencia recurrida es NULA DE PLENO DERECHO y esta Corte sentenciadora debe dictar la sentencia que en derecho procede pronunciándose sobre el fondo del litigio sin menoscabar la legalidad procesal y sus formas. Finalmente con la violación a la sentencia impugnada, se ha violado de manera directa el artículo 692 del Código Procesal Civil que en lo conducente dice: “PRINCIPIO DE LA PROHIBICION DE LA REFORMA PEYORATIVA, La resolución por la que se resuelve un recurso no podrá empeorar la situación del recurrente respecto a la que obtuvo en la resolución recurrida. Yo recurrí pidiendo que se condene a la parte demandada al pago de, UN MILLÓN TRECE MIL QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS (LPS. 1.013.509.00)Ya que EL AQUO sólo condenó a la cantidad de CIENTO VENTE MIL SETECIENTOS CUATRO LEMPIRAS (Lps. 120.704.00) razón por la cual interpuse el recurso de apelación, pero la corte en vez de mejorar la condena en consonancia a lo solicitado me empeoró la situación anulando de patitas el caso, lo cual es nulo y de pleno derecho al haber violado este otro principio procesal de inexcusable observancia. En la sustanciación del recurso de apelación que se dio contra la primer sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras con fecha 25 de Abril del año 2012, y la sustanciación del recurso por parte del demandado, con lo que ha sucedido con el contenido de la sentencia de fecha 28 de noviembre del año pasado, observamos actuaciones maquiavélicas así: Primeramente el recurso de apelación interpuesto por el demandado, toca el asunto principal para que se dicte una sentencia definitiva, este Tribunal manda a anular en sentencia de fecha 31 de Julio del 2012, manda a declarar de oficio la nulidad absoluta de la sentencia de fecha 25 de Abril del año 2012 que obra a folio 157 a 163 frente y vuelto, por argumentos que no fueron suficientes, dando una oportunidad procesal al demandado para que un segundo recurso de apelación interponga la referida nulidad y este Tribunal toma como bien hecha esta petición.- Como hombre de carrera judicial y como profesional independiente se lo que se buscaba en el inter de estos recursos, al favorecer el demandado. La sentencia que es objeto de Casación, los Magistrados Integrantes de la Corte de Apelaciones ordena que esa resolución debe de notificarse a los Apoderados de la partes intervinientes en este proceso, firma que sea la misma sin interponer recurso alguno, se devuelvan los actos originales al Juzgado de su procedencia para los efectos legales correspondientes PRONUNCIANDOSE TAMBIEN CONTRA ESTA RESOLUCION CABE RECURSO DE CASACION”.
II. FUNDAMENTO DE DERECHO.
En aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1, 80 numeral 1) de la Ley de organización y Atribuciones de los Tribunales; 11 del Código Civil; 115, 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 197, 199, 206, 208 del Código Procesal Civil y con especial motivación:
Del examen de las actuaciones seguidas en las instancias, resulta que la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, mediante auto, tuvo por interpuesto y formalizado el recurso de casación, por el Abogado Héctor Ramón Trochez Velásquez, en su condición de Representante Procesal de la señora Gloria Suyapa Trochez Velásquez, contra la sentencia dictada por la referida Corte de Apelaciones, el veintiocho (28) de noviembre del año dos mil doce (2012), en la demanda mediante procedimiento ordinario pretendiendo indemnización de daños y perjuicios contra la empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL).
La Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en su sentencia de fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil doce (2012), declara la nulidad absoluta de actuaciones desde el auto de admisión de la demanda, desde el auto de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil doce (2012), visible a folios 50 al 51 de la primera pieza de autos y demás actuaciones subsiguientes, por consiguiente es una resolución que no pone fin al juicio haciendo imposible su continuación.
Se considera que el auto anulado no pone fin al pleito en virtud de no acreditarse en autos que el derecho a reclamación administrativa previa haya prescrito o caducado al tenor del Articulo 414 numeral 2) del Código Procesal Civil, por lo cual no consta que se haya puesto término al pleito a manera de hacer imposible su continuación.
De conformidad con el Articulo 717 del Código Procesal Civil, sólo serán recurribles en casación las sentencias y los autos que pongan termino al pleito, haciendo imposible su continuación, por lo que este Tribunal considera que vistos y examinados los antecedentes, no se cumplen los requisitos legales por lo que en aplicación de lo expuesto y a las circunstancias del caso que se examinan llega a la conclusión de que el recurso de casación se ha interpuesto contra una sentencia que no pone término al pleito, haciendo imposible su continuación.
Las disposiciones de los códigos de procedimientos son de orden público y, según el Articulo 11 del Código civil, las leyes que interesan al orden público, no pueden eludirse ni modificarse por convenciones de los particulares y, en el presente caso se han cometido inobservancias a la ley.
Que la ley reconoce el derecho de defensa siempre y cuando el mismo sea acorde a derecho en procura de una tutela efectiva de los mismos, situación que el impetrante no acreditó en su impugnación, y por las razones expuestas es procedente inadmitir a trámite el escrito contentivo al recurso de casación del cual se ha hecho mérito en el numeral primero de los presentes antecedentes de derecho. Artículos 82 de la Constitución de la República; 414 numeral 2), 717 del Código Procesal Civil.
III. PARTE DISPOSITIVA
Esta Sala de lo Civil, administrando Justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS emite AUTO IRRECURRIBLE y RESUELVE: INADMITIR A TRAMITE el escrito contentivo al recurso de Casación interpuesto por el Abogado HECTOR RAMON TROCHEZ VELASQUEZ en su condición de representante procesal de la señora Gloria Suyapa Trochez Velásquez, contra la sentencia proferida por la Honorable Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil doce en virtud de no acreditarse en autos que el derecho a reclamación administrativa previa haya prescrito o caducado al tenor del Articulo 414 numeral 2) del Código Procesal Civil, por lo cual no se acredita que se haya puesto término al pleito, haciendo imposible su continuación. Y MANDA: Que con la certificación de este AUTO se remitan las actuaciones a la Corte de su procedencia para los efectos consecuentes.- Redactó la Magistrada Edith María López Rivera. NOTIFÍQUESE.
RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO.
Magistrado Coordinador
EDITH MARÍA LÓPEZ RIVERA.
Magistrada
REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUÁREZ.
Magistrada