Sentencia CC-142-12 — Registro 4356
Resumen
En segunda instancia se revocó la sentencia recurrida, declarando con lugar la demanda ordinaria para que se declare que una sentencia definitiva dictada en juicio ordinario no es aplicable por no ser parte en el mismo.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
El recurrente en su primer motivo de casación impugna la sentencia recurrida por infracción directa por falta de aplicación del Artículo 1495 del Código Civil y lo considera comprendido en el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil que se refieren a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio; y, en la explicación del motivo sostiene “que la parte demandante dejó transcurrir el término o primer período probatorio sin proponer ningún medio de prueba, no logrando naturalmente probar los hechos medulares en que fundamentó su libelo”; pero es del caso hacer notar que en la forma en que el impetrante formula su motivo, además de referirse a lo no probado en juicio, el Artículo citado por el impetrante, como él mismo lo reconoce, se refiere a quien incumbe la prueba de las obligaciones y la infracción por falta de aplicación que alega al amparo el numeral 2 del Artículo 719 del Código Procesal Civil, se produce con independencia de los medios de prueba."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 a (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"El impugnante en el segundo motivo alega contener la sentencia violación directa por falta de aplicación de los Artículos 13 numerales 1 y 3 y 245 del Código Procesal Civil y lo considera comprendido en el Artículo 719 numeral 1 y letra b) del Código Procesal Civil que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. Sin embargo, los artículos citados del Código Procesal Civil, como infringidos, no podían ser aplicados en la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, porque el Artículo 914 del Código Procesal Civil manda que cuando los juicios declarativos se encontraren en segunda instancia al entrar en vigencia el presente Código, se tramitará esa instancia con arreglo al Código anterior, es decir, el Código de Procedimientos Civiles; además, el recurrente omite señalar las normas que regulan los actos y garantías procesales relacionadas con la nulidad, contenidas en el Código Civil, por lo que el cargo resulta incompleto y no permite a la Corte su estudio."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 700, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 b (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 914 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"El impetrante en el tercer motivo alega contener la sentencia impugnada violación directa por falta de aplicación al caso concreto de las normas que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción supone nulidad; considera infringidos los Artículos 5 del Código Procesal Civil y 60 de la Constitución de la República, que se refieren a la igualdad, por haber sido condenado en costas y comprendido su motivo en el Artículo 719 numeral 1 letra b) del Código Procesal Civil que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. Como se puede apreciar, también en este motivo, el impugnante cita como infringido un artículo del Código Procesal Civil, que no era aplicable en la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, por disposición del Artículo 914 del Código Procesal Civil que manda que cuando los juicios declarativos se encontraren en segunda instancia al entrar en vigencia el presente Código, se tramitará esa instancia con arreglo al Código anterior, es decir, el Código de Procedimientos Civiles; además, omite señalar las normas que regulan los actos y garantías procesales relacionadas con la nulidad, contenidas en el Código Civil, por lo que el cargo resulta incompleto y no permite a la Corte su estudio. También olvida el impugnante que la condena en costas no es susceptible del recurso de casación por ser un pronunciamiento accesorio al fondo del litigio, que conforme el Artículo 192 del Código de Procedimientos Civiles, la parte que fuere vencida totalmente en un juicio será condenada en costas pero que el juez puede eximirla del pago de ellas, si considera que la parte tuvo motivos racionales para litigar."
Legislación citada
- Código de Procedimientos Civiles, art. 192 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"El recurrente en el cuarto motivo alega contener la sentencia impugnada violación directa por falta de aplicación al caso concreto de una norma que regula los actos y garantías procesales cuando su infracción supone nulidad, cita como norma infringida el Artículo 6º de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y lo considera comprendido en el Artículo 719 numeral 1 y letra b) del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión; pero es del caso hacer notar que nuevamente el impetrante omite señalar las normas que regulan los actos y garantías procesales relacionadas con la nulidad, contenidas en el Código Civil, por lo que el cargo resulta incompleto y no permite a la Corte su estudio. Por otra parte, el Artículo 6º de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales no es aplicable porque no se ha abierto ningún juicio fenecido, como pretende hacer creer el impetrante, porque tal acción solo es posible en los términos de los Artículos 186 de la Constitución de la República, 95 y 102 de la Ley sobre Justicia Constitucional, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, lo que no sucede en el presente caso."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 700, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 b (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 914 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
AUTO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de Julio del año de dos mil trece, la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, como Coordinador, EDITH MARIA LOPEZ RIVERA y REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUÁREZ, designada ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de Casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:
SON PARTES: El Abogado JAVIER RONALD VENEGAS MATUTE, actuando en causa propia, en su condición de recurrente; siendo recurrido la COOPERATIVA DE VIVIENDA SIGLO XXI, LIMITADA, representada en juicio por el Abogado RENE VELASQUEZ DIAZ.
OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA ORDINARIA PARA QUE SE DECLARE QUE UNA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN JUICIO ORDINARIO NO ES APLICABLE POR NO SER PARTE EN EL MISMO, promovida en fecha Diecinueve (19) de Agosto de dos mil tres (2003), ante el entonces Juzgado de Letras Segundo de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado RENE VELASQUEZ DIAZ, actuando en su condición de Apoderado Legal de la COOPERATIVA DE VIVIENDA SIGLO XXI LIMITADA, contra los señores JAVIER RONALD VENEGAS MATUTE y ALFREDO ZUNIGA RIVAS.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Con fecha Dos (02) de Junio de dos mil once (2011), la Corte Segunda de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha veintisiete (27) de octubre de dos mil ocho (2008), en el juicio contentivo de la DEMANDA ORDINARIA PARA QUE SE DECLARE QUE UNA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN JUICIO ORDINARIO NO ES APLICABLE POR NO SER PARTE EN EL MISMO, promovida en fecha diecinueve (19) de agosto de dos mil tres (2003), ante el entonces Juzgado de Letras Segundo de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado RENE VELASQUEZ DIAZ, actuando en su condición de Apoderado Legal de la COOPERATIVA DE VIVIENDA SIGLO XXI LIMITADA, contra los Señores JAVIER RONALD VENEGAS MATUTE y ALFREDO ZUNIGA RIVAS, dictó sentencia REVOCANDO la sentencia definitiva de fecha veintisiete (27) de octubre de dos mil ocho (2008), emitida por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, fallando de la siguiente manera: “FALLA: 1) DECLARAR CON LUGAR el Recurso de Apelación de que se ha hecho mèrito; 2) REVOCA LA SENTENCIA RECURRIDA, y en consecuencia: a) DECLARA CON LUGAR la Demanda Ordinaria PROMOVIDA POR EL Abogado RENE VELASQUEZ DIAS como apoderado de la COOPERATIVA DE VIVIENDA SIGLO XXI, LIMITADA contraída a pedir que la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de este Departamento el 28 de marzo de 2003, en el Juicio Ordinario que se encuentra identificado en los archivos del Juzgado, bajo el número B-4870 no le es aplicable por no ser parte en dicho juicio y asimismo se declare como consecuencia de ello, el restablecimiento de un asiento registral y la nulidad y cancelación de otro asiento, dirigiendo la pretensión en contra de los señores JAVIER RONALD VENEGAS MATUTE y ALFREDO ZUNIGA RIVAS; b) DECLARA QUE LA SENTENCIA DEFINITIVA dictada por el Juzgado de Letras Primero de lo Civil, con fecha 28 de marzo de 2003 en el juicio ordinario que se encuentra identificado en los archivos del referido Juzgado, bajo el número B-4870, no le es aplicable a la COOPERATIVA DE VIVIENDA SIGLO XXI, LIMITADA por no haber sido parte en el juicio en referencia que fuera promovido por el señor JAVIER RONALD VENEGAS MATUTE en contra del señor ALFREDO ZUNIGA RIVAS; c) SE RESTABLECE el asiento registral número 100 del Tomo 3527 del Libro Registro de Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Instituto de la Propiedad de Francisco Morazán, que corresponde a la inscripción del inmueble que vendiera el señor JOSE MANUEL FONSECA RIVERA a la COOPERATIVA DE VIVIENDA SIGLO XXI, LIMITADA; d) SE DECRETA LA NULIDAD del asiento número 24 del Tomo 4016 del Libro Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones del Instituto de la Propiedad; e) CONDENA EN COSTAS al demandado JAVIER RONALD VENEGAS MATUTE, en primera instancia”.
SEGUNDO: El Abogado JAVIER RONALD VENEGAS MATUTE, presentó en fecha Trece (13) de Abril de Dos Mil Doce (2012), escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada con fecha dos (02) de junio de dos mil once (2011), por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán.
TERCERO: Mediante auto de fecha Dieciséis (16) de Abril de Dos Mil Doce (2012), la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, tuvo por interpuesto en tiempo el Recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del escrito.
CUARTO: El Representante Procesal de la parte demandante-apelante, Abogado RENE VELASQUEZ DIAZ, presentó en fecha cuatro (04) de junio de dos mil doce (2012) escrito de pronunciamiento sobre el Recurso de Casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, tener por devuelto e impugnado en tiempo y forma el pronunciamiento concedido al Abogado RENE VELASQUEZ DIAZ en su condición de demandante-apelante, contra el recurso de Casación interpuesto contra la sentencia dictada por esa Corte en fecha dos (02) de junio de dos mil once (2011) por el Abogado JAVIER RONALD VENEGAS MATUTE, en su condición de demandado-apelado, ordenando la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.
QUINTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal el Abogado RENE VELASQUEZ DIAZ, en su condición de Representante Procesal de la COOPERATIVA DE VIVIENDA SIGLO XXI, LIMITADA y el Abogado JAVIER RONALD VENEGAS MATUTE, en su condición personal, presentaron escrito de personamiento en fechas diecinueve (19) y veintiocho (28) de junio de dos mil doce (2012) y una vez visto el informe rendido por la Secretaría de esta Corte Suprema de Justicia, se tuvieron por personados en tiempo.
SEXTO: Que la parte recurrente plantea en cinco motivos su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO Contener la sentencia infracción directa por falta de aplicación al caso concreto, de una norma sustantiva que debió ser empleada para la solución del fondo del litigio. Este motivo o causal de casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 2. del Código Procesal Civil, que posibilita como lícito el impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.- Procede impugnar, en el primer caso, cuando la violación es directa y se produce por falta de aplicación al caso debatido de una norma sustantiva y también cuando se aplica indebidamente en el fallo un precepto; y, en el segundo caso, cuando se impugna la interpretación, es cuando se da lo que la doctrina y la jurisprudencia nacional denominan interpretación errónea de una ley. En el caso particular, como así lo enuncio al principio de este Motivo, impugno la sentencia por contener la misma violación directa o infracción por falta de aplicación al caso concreto, de una norma de derecho sustantivo cual es el Artículo 1495 del Código Civil, que debió ser empleado para la solución de fondo del litigio. Expresión de la Norma de Derecho cuya Infracción Sustenta el Motivo La sentencia que hoy recurro viola directamente por falta de aplicación al caso debatido, el Artículo 1495 del Código Civil que a la letra dice: “Incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento y la de su extinción al que le opone”. Se Señala y Puntualiza en que Consistió la Violación de esa Norma Invocada, por Parte de la Corte Recurrida: Es principio universal de derecho el que regula la carga de la prueba y el cual, nuestra legislación hace suyo en el Artículo 1495 del Código Civil, que hace recaer tal carga en el actor o demandante, que es a quien ineludiblemente le corresponde probar la ratio juris de su reclamo. En la sentencia impugnada, la Corte sentenciadora no aplicó el Artículo 1495 del Código Civil, como así se puede observar en el Por Tanto o parte dispositiva de la misma; inaplicabilidad que le condujo ineludiblemente a arribar a una falsa conclusión de declarar con lugar una demanda en la que la parte demandante dejó transcurrir el término o primer período probatorio sin proponer ningún medio de prueba, no logrando naturalmente probar los hechos medulares en que fundamentó su libelo. Incidencia de la Infracción en el Sentido de la Resolución Impugnada La violación por falta de aplicación al caso concreto del Artículo 1495 del Código Civil, ha incidido determinantemente en la sentencia hoy impugnada, habida cuenta que si la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán hubiera aplicado tal disposición jurídica, la parte dispositiva de su hoy cuestionado fallo se habría pronunciado en el sentido de confirmar la sentencia de primera instancia que declaró en forma legal, justa y razonable, sin lugar la demanda.- Ergo, la falta de aplicación del Artículo 1495 del Código Civil, sin lugar a dudas incidió determinante y directamente en el sentido de la Resolución que hoy impugno. SEGUNDO MOTIVO Contener la sentencia impugnada violación directa por falta de aplicación de normas procesales que regulan los actos y garantías procesales1 cuando su infracción supone la nulidad o produce indefensión. Este Motivo o causal de casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 1. y letra b) del Código Procesal Civil, que posibilita impugnar tanto la aplicación como la interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales, cuando su infracción supone la nulidad o produce indefensión; en el caso particular se impugna la sentencia, como queda dicho, en tanto viola directamente por falta de aplicación al caso concreto, de las normas procesales citadas en el acápite que sucede. Expresión de las Normas de Derecho cuya Infracción Sustenta el Motivo. La sentencia que hoy impugno viola directamente por falta de aplicación al caso debatido, los Artículos 13 en sus numerales 1. y 3. y 245 del Código Procesal Civil, cuya letra establece: “Artículo 13. VALORACION DE LA PRUEBA.
- El Juez ha de valorar la prueba de manera, precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana crítica, del conocimiento, criterio humano y razonamiento lógico, salvo que este Código u otra ley establezca una valoración concreta del resultado probatorio obtenido… 3. En todo caso el Juez ha de exponer en su sentencia los razonamientos que lo condujeron a la apreciación y valoración de las pruebas para fundar su convencimiento, exista o no norma que le obligue, quedando prohibida la arbitrariedad”. “Artículo 245. VALORACION DE LA PRUEBA. 1. La valoración de la prueba en el proceso civil por el tribunal excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, salvo que este Código u otra ley establezca una valoración legal de manera expresa e inequívoca. 2. La valoración de los distintos medios de prueba deberá deducirse de manera clara y terminante de los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia, bajo sanción de nulidad de la resolución”. Señalo y puntualizo en que consistió la violación por parte de la Corte hoy recurrida, de estas normas invocadas. De la simple lectura de los preceptos invocados, se viene en conocimiento que existe una obligación de los Jueces y Magistrados respecto de la valoración de las pruebas en materia civil, tanto así que el primero de dichos preceptos (Artículo 13 en sus dos numerales citados) contiene frases como el Juez ha de valorar la prueba…. y en todo caso el Juez ha de exponer en su sentencia, que inequívocamente establecen una obligatoriedad en la valoración de la prueba. A su vez, el Artículo 245 del expresado Código, en su numeral 1. establece que la valoración de la prueba en el proceso civil por el tribunal excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia; y en el numeral 2. dispone que la valoración de los distintos medios de prueba (cuando los haya naturalmente) deberá deducirse de manera clara y terminante de los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia. Consecuente con lo anterior, la violación tanto del Artículo 13 en sus numerales 1. y 3. así como del Artículo 245, ambos del Código Procesal Civil, deriva precisa y cabalmente de haber hecho caso omiso la Corte sentenciadora en su sentencia de la aplicación de tales preceptos, que la obliga a valorar la prueba en la forma que lo indica; valoración que omitió y que si hubiese atendido a las reglas de la sana crítica, del conocimiento, del criterio humano y razonamiento lógico, la habrían llevado inequívocamente a la conclusión que, en ausencia de todo tipo de pruebas que nunca propuso la parte demandante, devenía en la obligación de desestimar el Recurso de Apelación y confirmar la sentencia de primera instancia.- Aunado a ello, la Corte hoy recurrida incurrió en una inconcusa arbitrariedad, ultrajando el numeral 1. del Artículo 245 invocado que le obliga a excluir en todo caso la arbitrariedad cuando de valorar la prueba se trate, pues si como lo dejo dicho, la parte actora no propuso ningún medio de prueba, es visto que debió desestimarse la demanda de mérito, confirmando la sentencia de primera instancia que sí lo había hecho; pero, lejos de ello, “valorando” arbitrariamente una prueba inexistente, porque nunca la propuso el demandante en el momento procesal oportuno, falló en la forma que lo hizo, desconociendo, repito, que la norma obliga al tribunal a excluir en todo caso la arbitrariedad.- Según el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual del Doctor Guillermo Cabanellas, se entiende por Arbitrariedad el acto, conducta y procedimiento contrario a lo justo, razonable o legal, inspirado sólo por la voluntad, el capricho o un propósito maligno, como abuso de poder, fuerza, facultades o influjo; de este concepto de arbitrariedad, es fácil colegir que en el caso en comento sí hay arbitrariedad de la Corte Segunda de Apelaciones porque el acto de la sentencia revela una conducta y procedimiento contrario a lo justo, a lo razonable y a lo legal, inspirada tal conducta, quisiéramos creer, sólo por la voluntad, el capricho y el abuso de poder. Concepto de la Infracción En correspondencia con lo anterior, resulta muy sencillo explicar entonces el concepto en que han sido violadas por parte de la Corte de Apelaciones las normas citadas; y de ello resalta el carácter y sentido arbitrario de la sentencia, que sin ningún argumento válido, porque no lo tiene, revocó la de primera instancia.- Consecuentemente, el concepto de la infracción estriba en el hecho de no haber aplicado en su fallo la Corte sentenciadora ni el Artículo 13 y sus numerales 1. y 3. ni el 245, ambos del Código Procesal Civil. Incidencia de la Infracción en el Sentido de la Resolución Impugnada La violación por falta de aplicación al caso concreto de los Artículos 13 numerales 1. y 3. y 245 del Código Procesal Civil, que regulan los actos y garantías procesales relacionados con la valoración de la prueba, incidió determinantemente en el sentido errado de la sentencia de segunda instancia que se ataca, ya que si la Corte de Apelaciones hubiese aplicado en su rigor tales normas, la parte dispositiva de su fallo tendría que haberse pronunciado en otro sentido que el hoy reprochado y hubiese, en rigor jurídico, confirmado la sentencia de primera instancia, habida cuenta que, la parte a cuyo cargo corría la carga de la prueba, no propuso ninguna. - Y tal infracción, por afectar normas que como las de la valorización de la prueba regulan los actos y garantías procesales, supone y acarrea la nulidad de la sentencia impugnada, como así se impetra a través del recurso que hoy mejoro. TERCER MOTIVO Contener la sentencia impugnada violación directa por falta de aplicación al caso en concreto de normas que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción supone la nulidad. Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 1. letra b) del Código Procesal Civil, que posibilita impugnar tanto la aplicación como la interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales, cuando su infracción supone la nulidad o produce indefensión; en el caso particular se impugna la sentencia, como queda dicho, en tanto viola directamente por falta de aplicación al caso concreto, las normas procesales citadas en el acápite que sucede. Expresión de las Normas de Derecho Cuya Infracción Sustenta el Motivo La sentencia impugnada viola por falta de aplicación al caso concreto de los Artículos 5 del Código Procesal Civil en relación al 60 de la Constitución de la República, cuyas letras se leen: “Artículo 5. IGUALDAD. Las partes son iguales en el proceso, teniendo los mismos derechos, obligaciones, cargas y oportunidades, en función de la posición procesal que ocupen. El órgano jurisdiccional está obligado a preservar la igualdad de las partes en el proceso y a evitar toda discriminación contra o entre ellas por razones de sexo, raza, religión, idioma, o condición social, política, económica o de otra índole”. “Artículo 60.- Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la Ley. Se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. La Ley establecerá los delitos y sanciones para el infractor de este precepto”. Señalo y puntualizo en que consistió la violación por parte de la Corte recurrida, de las normas invocadas. Como puede verse en la simple lectura de los autos, se trata de una demanda promovida por COOPERATIVA DE VIVIENDA SIGLO XXI, LIMITADA contra ALFREDO ZUNIGA RIVAS y el suscrito JAVIER RONALD VENEGAS MATUTE, lo que significa, obviamente, que somos dos personas naturales las demandadas.- Sin embargo de lo anterior, en la letra e) del numeral 2) de la parte dispositiva del fallo que hoy impugno, se lee “CONDENA EN COSTAS al demandado JAVIER RONALD VENEGAS MATUTE, en primera instancia”. El sentido común que informa a toda norma jurídica, nos hace converger sin ningún género de esfuerzo en la conclusión inequívoca que en el caso particular se ha producido un ultraje o violación por falta de aplicación al caso concreto, de los Artículos citados 5 del Código Procesal Civil y el 60 de la Constitución de la República; el primero de ellos que consagra el principio de “igualdad de partes” y el segundo que establece que en Honduras no hay clases privilegiadas, que todos los hondureños somos iguales ante la Ley, declarando punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. Consecuente con lo anterior, es vista la violación de tales preceptos desde que en la sentencia que por el presente acto impugno, sólo al suscrito JAVIER RONALD VENEGAS MATUTE se le condena en costas, aún teniendo motivos sobrados y racionales para litigar, más no así al codemandado ALFREDO ZUNIGA RIVAS que incluso fue declarado en rebeldía. Incidencia de la Infracción en el Sentido de la Resolución Impugnada Bajo los razonamientos jurídicos preanotados, es indiscutible que la infracción o violación por falta de aplicación al caso en concreto de los Artículos 5 del Código Procesal Civil y 60 de la Constitución de la República, incidió determinantemente en el sentido que la Corte sentenciadora por hacer caso omiso de aquellos preceptos, condenará en costas al suscrito; condena que no sólo procede desde que la sentencia hoy impugnada no está apegada a derecho, sino fundamentalmente por la discriminación de que he sido víctima cuando sólo a mi persona que litigó racionalmente, se le condena en costas. CUARTO MOTIVO Contener la sentencia impugnada violación directa por falta de aplicación al caso en concreto de una norma que regula los actos y garantías procesales cuando su infracción supone la nulidad. Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 1. letra b) del Código Procesal Civil, que posibilita impugnar tanto la aplicación como la interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales, cuando su infracción supone la nulidad o produce indefensión; en el caso particular se impugna la sentencia, como queda dicho, en tanto viola directamente por falta de aplicación al caso concreto, la norma procesal citada en el acápite que sucede. Expresión de la Norma de Derecho Cuya Infracción Sustenta el Motivo La sentencia impugnada viola por falta de aplicación al caso concreto del Artículo 6° de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales que literalmente dice: “Ningún Juzgado o Tribunal puede abrir juicios fenecidos. Tampoco puede avocarse causas pendientes ante otro Juzgado o Tribunal, a menos que las leyes le confieran esta facultad. Sin embargo, el superior puede pedir al inferior un expediente ad efectum videndi; pero no deberá retenerlo más de sesenta y dos horas”. Señalo y puntualizo en que consistió la violación por parte de la Corte recurrida, de las normas invocadas. De la simple lectura de la suma y del plan general de la demanda se entiende, que se trata de una “Demanda ordinaria para que se declare que una sentencia definitiva dictada en juicio ordinario no es aplicable por no ser parte en el mismo” y esa sentencia no es otra sino la proferida por el entonces Juzgado de Letras Primero de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán el 28 de marzo de 2003 en el juicio promovido por el suscrito contra el señor ALFREDO ZUNIGA RIVAS (y no contra nadie más), para que se declarara como en efecto se declaró la nulidad absoluta de la escritura pública de fecha 23 de diciembre de 1999 autorizada por el Notario Rubén Darío Núñez Martínez; sentencia que es firme y por haber sido dictada en un juicio declarativo, produce efectos de cosa juzgada. La cosa juzgada como uno de los pilares en que se sustenta la seguridad jurídica que prima en un Estado de Derecho como el nuestro, no es otra cosa sino la indiscutibilidad de la esencia de la voluntad de la ley afirmada en el derecho; se tiene por verdad legal y no cabe contradecirla ya judicialmente, para poner fin a la polémica jurídica y dar estabilidad a las resoluciones.- Significa lo anterior, que al haberse obtenido en una sentencia firme como la del 28 de marzo de 2003 una declaración definitiva sobre la cuestión entonces litigiosa, habiendo adquirido tal resolución el carácter de firme, no puede ser discutida de nuevo ni en ese proceso ni en ningún otro, pues produce dos efectos: 1) El primero de ellos negativo, porque la parte condenada no puede plantear de nuevo la cuestión ante los tribunales; y, 2) El efecto positivo, en el sentido que la parte cuyo derecho haya sido reconocido en la sentencia, puede obrar en justicia sin que ningún Juez le pueda desconocer sus derechos conferidos en el fallo. Si como queda dicho aquella sentencia de 28 de marzo de 2003 se dictó en el juicio promovido por el suscrito contra el señor ALFREDO ZUNIGA RIVAS, es inconcuso que la misma no puede afectar a nadie más que no seamos las partes que integramos tal proceso; de consiguiente, nadie que no haya sido parte en tal juicio, puede pretender que el mismo o mejor dicho la sentencia que en él se dictó, se anule, habida cuenta que ningún tercero tendría legitimación activa en causa para hacerlo, tomando en consideración que tal legitimación no es otra cosa sino la identificación del actor con la persona a cuyo favor está la ley. Por consiguiente, si hipotética y eventualmente aquella sentencia afectó derechos de la COOPERATIVA DE VIVIENDA SIGLO XXI, LIMITADA, lo correcto en rigor juris es que esa persona jurídica o cualquiera otra que se sintiese afectada, plantease un juicio ordinario de reivindicación o acción de dominio, que es la que tiene el dueño de una cosa singular de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla si acaso el actor hubiese sido privado de ella, o para obtener una indemnización pecuniaria. Pero es el caso, que lejos de recurrir a una acción reivindicatoria o de dominio, la COOPERATIVA DE VIVIENDA SIGLO XXI, LIMITADA promovió la demanda pretendiendo se declare que aquella sentencia del 28 de marzo de 2003 no le es aplicable; demanda que cae por su propio peso y que debió desestimarse en la segunda instancia confirmándose la sentencia de la primera instancia, todo en una vulgar aberración jurídica, porque si de actuar en la forma que lo hizo la Cooperativa se tratase, igual pudo haber pedido el laureado Club Deportivo Olimpia o el Benemérito Cuerpo de Bomberos, impetrar se declarase que tal sentencia no les es aplicable. Al proferir la Corte Segunda de Apelaciones el fallo del 2 de junio del año 2011 en la forma que lo hizo, está violando inequívocamente por falta de aplicación al caso concreto, el Artículo 6° de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, pues al revocar la sentencia de primera instancia y declarar con lugar la demanda, está abriendo un juicio fenecido, cual es, como queda dicho, el que yo promoví contra ALFREDO ZUNIGA RIVAS y que se resolvió con la sentencia definitiva y firme del 28 de marzo de 2003. Concepto de la Infracción En este orden de ideas, la infracción de la norma citada (Artículo 6° de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales) se perpetró en el momento mismo que la Corte sentenciadora hizo caso omiso de la misma en su fallo del 2 de junio de 2011, estando obligado a aplicarla y esa infracción, que reitero consiste en la falta de aplicación del precepto, supone y produce la nulidad de la sentencia impugnada a través de la Casación que hoy mejoro; por manera que si la autoridad hoy censurada hubiese aplicado tal norma, simple y sencillamente hubiese arribado a la conclusión a que llegó el Juez de la primera instancia de declarar sin lugar la demanda. Incidencia de la Infracción en el Sentido de la Resolución Impugnada En apretada síntesis me resulta fácil explicar que el hecho de haber violado la Corte Segunda de Apelaciones el Artículo 6° de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales al no haberlo aplicado al caso concreto siendo el caso y estando obligado a hacerlo, incidió en forma categórica en el sentido de la resolución impugnada, pues de haberlo aplicado, fácilmente habría llegado a la conclusión que no podría abrir el juicio fenecido que abrió. QUINTO MOTIVO Contener la sentencia impugnada violación directa por falta de aplicación al caso en concreto de una norma que regula los actos y garantías procesales cuando su infracción supone la nulidad. Condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate; tratase pues los fallos judiciales o sentencias, de verdaderos silogismos, formados por dos premisas y una conclusión, por manera que si una de las premisas es falsa como así acontece en el caso en comento, ineludiblemente la conclusión deberá ser falsa.- En este orden de ideas, observo que la sentencia hoy impugnada parte de dos hipótesis falsas: a) La primera es expresar en el sexto CONSIDERANDO, que la parte actora o demandante “al dejar transcurrir el primer periodo probatorio sin proponer ningún medio de prueba a su favor, no logró probar los hechos medulares o torales en que se fundamenta la demanda y por ende también no logró acreditar en autos el derecho que reclama” (aspecto este totalmente correcto), pero, en forma burda y contradictoria, a renglón seguido agrega que las partes demandadas no aportaron ningún medio de prueba en su defensa y no lograron desvanecer los hechos esgrimidos por la parte demandante; criterio último éste a todas luces peregrino que sólo refleja la falta de estudio profundo del expediente y de lo inopinado del fallo; y, b) La segunda que es una falsedad consignada en el noveno CONSIDERANDO, al manifestar que “los hechos expuestos en la demanda de mérito fueron aceptados por el demandado JAVIER RONALD VENEGAS MATUTE”. CONCLUSION Por las razones legales anteriormente expuestas, resalta que hay en la sentencia que hoy impugno, violación directa por falta de aplicación al caso debatido de las normas citadas, lesividad en cuanto al proceso de valoración de la prueba e infracción a las normas del procedimiento, todo lo cual justifico en los Motivos de Casación, por lo cual se hace menester que en el momento procesal oportuno, remitidos que sean los autos a la Honorable Corte de Suprema de Justicia, en el orden, motive auto admitiendo el Recurso de Casación en todos los Motivos desarrollados; por estimarlo necesario, impetro se señale día y hora para la celebración de la audiencia; y oportunamente, estimando procedente el Recurso de Casación en todos sus Motivos, en un solo fallo casar la sentencia recurrida y convertido tal Tribunal a través de la Sala de lo Civil en sede de instancia, dicte la nueva sentencia que corresponde en derecho, resolviendo el litigio en el sentido de declarar sin lugar la demanda principal, absolver a los demandados de toda responsabilidad y condenar en costas a la demandante por no tener motivos racionales para litigar”.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
Del examen de las actuaciones seguidas en las instancias, resulta que la Corte Segunda de Apelaciones de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, mediante auto, tuvo por interpuesto y formalizado el recurso de casación, por el Abogado Javier Ronald Venegas Matute, actuando en causa propia, contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, el 2 de junio de 2011; recurso de casación que formalizó en cinco motivos, en el primero impugna la sentencia recurrida por infracción directa por falta de aplicación del Artículo 1495 del Código Civil y lo considera comprendido en el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil que se refieren a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio; en el segundo motivo alega contener la sentencia violación directa por falta de aplicación de los Artículos 13 numerales 1 y 3 y 245 del Código Procesal Civil y lo considera comprendido en el Artículo 719 numeral 1 y letra b) del Código Procesal Civil que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión; en el tercer motivo alega contener la sentencia impugnada violación directa por falta de aplicación al caso concreto de las normas que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción supone nulidad, considera infringidos los Artículos 5 del Código Civil y 60 de la Constitución de la República y comprendido su motivo en el Artículo 719 numeral 1 letra b) del Código Procesal Civil que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión; en el cuatro motivo alega contener la sentencia impugnada violación directa por falta de aplicación al caso concreto de una norma que regula los actos y garantías procesales cuando su infracción supone nulidad, cita como norma infringida el Artículo 6º de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y lo considera comprendido en el Artículo 719 numeral 1 y letra b) del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión; y, en el quinto motivo alega contener la sentencia impugnada violación directa por falta de aplicación al caso concreto de una norma que regula los actos y garantías procesales cuando su infracción supone la nulidad, cita como disposición infringida el Artículo 200 numeral 2 letra b) del Código Procesal Civil y lo considera comprendido en el Artículo 719 numeral 1 literal c) del Código Procesal Civil que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia.
El recurrente en su primer motivo de casación impugna la sentencia recurrida por infracción directa por falta de aplicación del Artículo 1495 del Código Civil y lo considera comprendido en el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil que se refieren a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio; y, en la explicación del motivo sostiene “que la parte demandante dejó transcurrir el término o primer período probatorio sin proponer ningún medio de prueba, no logrando naturalmente probar los hechos medulares en que fundamentó su libelo”; pero es del caso hacer notar que en la forma en que el impetrante formula su motivo, además de referirse a lo no probado en juicio, el Artículo citado por el impetrante, como él mismo lo reconoce, se refiere a quien incumbe la prueba de las obligaciones y la infracción por falta de aplicación que alega al amparo el numeral 2 del Artículo 719 del Código Procesal Civil, se produce con independencia de los medios de prueba.
El impugnante en el segundo motivo alega contener la sentencia violación directa por falta de aplicación de los Artículos 13 numerales 1 y 3 y 245 del Código Procesal Civil y lo considera comprendido en el Artículo 719 numeral 1 y letra b) del Código Procesal Civil que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. Sin embargo, los artículos citados del Código Procesal Civil, como infringidos, no podían ser aplicados en la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, porque el Artículo 914 del Código Procesal Civil manda que cuando los juicios declarativos se encontraren en segunda instancia al entrar en vigencia el presente Código, se tramitará esa instancia con arreglo al Código anterior, es decir, el Código de Procedimientos Civiles; además, el recurrente omite señalar las normas que regulan los actos y garantías procesales relacionadas con la nulidad, contenidas en el Código Civil, por lo que el cargo resulta incompleto y no permite a la Corte su estudio.
El impetrante en el tercer motivo alega contener la sentencia impugnada violación directa por falta de aplicación al caso concreto de las normas que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción supone nulidad; considera infringidos los Artículos 5 del Código Procesal Civil y 60 de la Constitución de la República, que se refieren a la igualdad, por haber sido condenado en costas y comprendido su motivo en el Artículo 719 numeral 1 letra b) del Código Procesal Civil que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. Como se puede apreciar, también en este motivo, el impugnante cita como infringido un artículo del Código Procesal Civil, que no era aplicable en la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, por disposición del Artículo 914 del Código Procesal Civil que manda que cuando los juicios declarativos se encontraren en segunda instancia al entrar en vigencia el presente Código, se tramitará esa instancia con arreglo al Código anterior, es decir, el Código de Procedimientos Civiles; además, omite señalar las normas que regulan los actos y garantías procesales relacionadas con la nulidad, contenidas en el Código Civil, por lo que el cargo resulta incompleto y no permite a la Corte su estudio. También olvida el impugnante que la condena en costas no es susceptible del recurso de casación por ser un pronunciamiento accesorio al fondo del litigio, que conforme el Artículo 192 del Código de Procedimientos Civiles, la parte que fuere vencida totalmente en un juicio será condenada en costas pero que el juez puede eximirla del pago de ellas, si considera que la parte tuvo motivos racionales para litigar.
El recurrente en el cuarto motivo alega contener la sentencia impugnada violación directa por falta de aplicación al caso concreto de una norma que regula los actos y garantías procesales cuando su infracción supone nulidad, cita como norma infringida el Artículo 6º de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y lo considera comprendido en el Artículo 719 numeral 1 y letra b) del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión; pero es del caso hacer notar que nuevamente el impetrante omite señalar las normas que regulan los actos y garantías procesales relacionadas con la nulidad, contenidas en el Código Civil, por lo que el cargo resulta incompleto y no permite a la Corte su estudio. Por otra parte, el Artículo 6º de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales no es aplicable porque no se ha abierto ningún juicio fenecido, como pretende hacer creer el impetrante, porque tal acción solo es posible en los términos de los Artículos 186 de la Constitución de la República, 95 y 102 de la Ley sobre Justicia Constitucional, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, lo que no sucede en el presente caso.
El impugnante en el quinto motivo alega contener la sentencia impugnada violación directa por falta de aplicación al caso concreto de una norma que regula los actos y garantías procesales cuando su infracción supone la nulidad, cita como disposición infringida el Artículo 200 numeral 2 letra b) del Código Procesal Civil y lo considera comprendido en el Artículo 719 numeral 1 literal c) del Código Procesal Civil que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. Como se puede apreciar, también en este motivo, el impetrante cita como infringidos artículos del Código Procesal Civil, que no eran aplicables en la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, por disposición del Artículo 914 del Código Procesal Civil que manda que cuando los juicios declarativos se encontraren en segunda instancia al entrar en vigencia el presente Código, se tramitará esa instancia con arreglo al Código anterior, es decir, el Código de Procedimientos Civiles.
En conclusión, la defectuosa presentación del recurso por parte del impetrante, en esta fase procedimental, hace procedente su inadmisión por concurrir en sus cinco motivos de casación expuestos, las causales previstas en el numeral 2, literales a) y b) del Artículo 723 del Código Procesal Civil.
Que el Representante Procesal de la parte recurrida dentro del plazo de diez (10) días que se le concedió, se pronunció sobre el contenido del recurso planteado por el Representante Procesal de la parte recurrente, rechazando los argumentos del impugnante.
Que por las razones expuestas, procede en derecho dictar una resolución fundada en la no admisión a trámite del recurso de casación planteado por el Representante Procesal de la parte recurrente, por lo que es procedente declarar firme la sentencia de que se ha hecho mérito, condenar en costas a la parte recurrente y devolver los antecedentes, junto con la certificación de la presente resolución, al tribunal de su procedencia.
III.- PARTE DISPOSITIVA
Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de lo dispuesto en los Artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724 y 914 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación, planteado por el Abogado Javier Ronald Venegas Matute, actuando en causa propia, contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, en la Demanda Ordinaria para que se declare que una sentencia definitiva, dictada en juicio ordinario no es aplicable por no ser parte en el mismo, promovida por el Abogado René Velásquez Díaz, en su condición de Representante Procesal de la Cooperativa de Vivienda Siglo XXI Limitada, contra los señores Javier Ronald Venegas Matute y Alfredo Zúniga Rivas. 2) Firme la sentencia recurrida, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, el 2 de junio de 2011, en el expediente de apelación número 07-10259 originada en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0801-2007-10259-CO del Juzgado de Letras Segundo de lo Civil de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 3) Condenar en costas a la parte recurrente; y, 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada Reina Sagrario Solórzano Juárez. NOTIFIQUESE.
RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO
Coordinador
EDITH MARIA LÓPEZ RIVERA
Magistrada
REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUÁREZ
Magistrada