Sentencia CC-142-10 — Registro 7098
Resumen
En primera instancia se declaró con lugar la demanda ordinaria por vía de reconvención por indemnización de daños y perjuicios y confirmada en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“CONSIDERANDO (4): Que la Honorable Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia al confrontar la sentencia impugnada en casación con el segundo motivo planteado por el casacionista, abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, encuentra que no hubo error de hecho en la apreciación de la prueba en relación a los medios probatorios individualizados. La Corte de Apelaciones NO infringió los artículos 1497, 1498 y 1539 del Código Civil, en relación con el articulo 321 No. 3º del Código de Procedimientos de 1906, como lo alega el recurrente. Esto en virtud de los argumentos que a continuación se exponen: 1.- En relación a la certificación de la resolución definitiva dictada por la Honorable Corte Suprema de Justicia con fecha 26 de agosto de 2006, mediante la cual se sanciono al notario público José Luís Gale Guillen con suspensión del ejercicio del notariado por el término de seis meses. El casacionista expresa que con la certificación extendida por la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia en mención, se acreditó fehacientemente la nulidad de derecho del instrumento número 192 autorizado el 27 de noviembre de 2002, en la ciudad de México, Distrito Federal, en virtud de no haber consentimiento del tradente ni precio del mismo. Asimismo porque en dicho documento, existe falta de claridad, pureza y precisión en su forma y contexto, por no haberse salvado los entrelineados existentes, así como de haber omitido la anotación correspondiente señalada en el artículo 60 de la Ley del Notariado. Sin embargo para la Sala de lo Civil, la decisión judicial impugnada en casación no contraviene los artículos 1497 y 1498 del código civil, en virtud de que consta en el documento público en mención, que la sanción impuesta al notario José Luís Gale Guillen no obedece a la falta de consentimiento y de precio tal como lo alude el recurrente en su escrito de casación; sino que obedeció a la resolución traída como prueba, al haber estipulado en la escritura matriz lo siguiente: “el señor José María Arriola Mayorga en su condición de apoderado de la sociedad mercantil denominada Parque Industrial Real, S.A. de C.V., por este acto le vende, cede y traspasa el lote de terreno descrito en la cláusula que antecede, por la cantidad de SEIS MILLONES DE LEMPIRAS, los cuales en este acto recibe a su entera satisfacción.’’ (El subrayado corresponde a la Sala). Siendo manifestado por el señor José María Arriola Mayorga, quien al declarar ante la Sala de lo Civil en fecha veinte de junio de dos mil tres, señaló lo siguiente: “Yo no estuve en la negociación, ni como hicieron los pagos era entre Parque Industrial y el señor Nicolás Maloff’’ También expreso: “… al ser contratados se nos manifestó [que] ellos ya habían hecho toda la negociación con él, que solamente se iba a realizar la firma y que nosotros no teníamos nada más que realizar de acuerdo a los parámetros del testimonio que se había realizado. ‘”Ahora bien, de esto lo único que se desprende entonces, es que el dinero pagado como precio del inmueble no fue entregado en ese acto; sería erróneo extender lo apuntado por la resolución traída como prueba, hasta el extremo de señalar que “no existió pago del inmueble’’. En ese sentido debe tenerse bien en cuenta que, una cosa bien distinta es concluir que ciertamente el pago no se hizo en el acto ante notario, a concluir que nunca existió pago. Para la Sala de lo Civil, el ad quem valoró el medio de prueba bajo examen de manera adecuada, dándole el justo alcance del mismo. Caso contrario de haberse valorado como propone el casacionista, habría cometido un error de hecho en la apreciación de la prueba; pues habría extraído elementos inexistentes a la prueba aportada.”
Legislación citada
- Código de Procedimientos Civiles, art. 903, Numeral 1 y 7 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
“…CONSIDERANDO(7): Que al estudio de la sentencia recurrida en el tercer motivo de CASACION, la Sala de lo Civil aprecia que no hubo falta de aplicación de la normativa sustantiva denunciada como infringida por el casacionista. La Sala de lo Civil previo a indicar las razones para desestimar el motivo alegado por el casacionista, advierte que la infracción por vía directa en cualquiera de los diferentes modos previstos por la ley: a) falta de aplicación, b) interpretación errónea o, c) aplicación indebida. Éstos obligan al casacionista a someterse a la intangibilidad de los hechos acreditados o probados, es decir que debe aceptar sin más, la valoración de los medios probatorios que hizo el juzgador. En consecuencia, habiéndose sustentado el presente motivo en la falta al supuesto de hecho o situación jurídica que se resuelve, debe entenderse entonces que el recurrente acepta que, el material probatorio fue apreciado en debida forma y por ende los hechos tenidos como acreditados están justificados con toda corrección. En ese sentido las normas que se citan como infringidas lo fueron supuestamente de modo directo, es decir que no existe error de índole probatorio, sino en la calificación jurídica de los hechos probados. Teniendo ésto en cuenta, la Sala de lo Civil confronta lo aseverado por el recurrente, quien al explicar el motivo de la casación centra el asunto en el hecho de que los otorgantes al momento de suscribir ante el notario el contrato de compraventa, carecían del conocimiento pleno sobre los elementos esenciales de la compraventa, es decir: el consentimiento de las partes, la cosa vendida y el precio. Sin embargo nada de esto, se encuentra entre los hechos probados consignados en la sentencia.”
Legislación citada
- Código de Procedimientos Civiles, art. 902 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CASACION 142-2010
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Sala Civil. Tegucigalpa, M.D.C., a los treinta días del mes de octubre del año dos mil trece.
VISTA: En casación la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés en fecha veintiséis de mayo de dos mil diez, la cual confirma la sentencia definitiva de fecha veinticinco de febrero de dos mil ocho emitida por el Juzgado de Letras Tercero de lo Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortes; recaída en la DEMANDA ORDINARIA PARA QUE SE DECLARE LA NULIDAD ABSOLUTA DE UN CONTRATO DE COMPRAVENTA, DEL INSTRUMENTO PÚBLICO QUE LO CONTIENE, DE SU PRIMERA COPIA Y DE SU INSCRIPCIÓN REGISTRAL promovida en fecha catorce de enero de dos mil cuatro, por el licenciado IRON ATAHUALPA LOPEZ SANTOS, actuando en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada PARQUE INDUSTRIAL CONCORD, S.A., contra la sociedad mercantil denominada PARQUE INDUSTRIAL REAL, S.A. de C.V. Asimismo la DEMANDA ORDINARIA POR INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS por vía de reconvención promovida por la sociedad mercantil denominada PARQUE INDUSTRIAL REAL, S.A. de C.V., contra la sociedad mercantil denominada PARQUE INDUSTRIAL CONCORD, S.A. junto con las excepciones perentorias invocadas de: 1) Falta de Derecho y 2) Falta de Legitimación en causa activa para reconvenir, opuestas por la sociedad mercantil denominada PARQUE INDUSTRIAL CONCORD, S.A., contra la demanda por reconvención entablada por la sociedad mercantil denominada PARQUE INDUSTRIAL REAL, S.A. de C.V.
SON PARTES: El abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA en su condición de apoderado legal de la parte demandante-reconvenida, sociedad PARQUE INDUSTRIAL CONCORD, S.A. El abogado TOMAS NECTALI VALDEZ ROSALES en su condición de apoderado legal de la parte demandada-re conveniente de la sociedad denominada PARQUE INDUSTRIAL REAL, S.A. de C.V.
RESULTA: Que el Juzgado de Letras Tercero de lo Civil de la ciudad de San Pedro Sula, en fecha veinticinco de febrero del año dos mil ocho, dictó sentencia definitiva que dispone: “FALLA. 1) Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria para que se declare la nulidad absoluta de un contrato de compraventa, del instrumento público que los contiene, de su primera copia y de su inscripción registral, promovida por el licenciado IRON ATAUALPA LOPEZ SANTOS, en su condición de apoderado de la sociedad mercantil denominada PARQUE INDUSTRIAL CONCORD, S.A., contra la sociedad mercantil denominada PARQUE INDUSTRIAL REAL, S.A., representada por el señor ROBERTO DE JESUS CABUS LICONA, en su condición de presidente del consejo de administración. 2) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria por vía de reconvención por indemnización de daños y perjuicios, promovida por el abogado TOMAS NECTALI VALDEZ, en su condición de apoderado judicial de PARQUE INDUSTRIAL REAL, S.A., contra la sociedad mercantil PARQUE INDUSTRIAL CONCORD, S.A. 3) Declarando SIN LUGAR las excepciones perentorias de FALTA DE DERECHO Y FALTA DE LEGITIMACION EN CAUSA ACTIVA PARA RECONVENIR, interpuestas por el abogado RONALD OCTAVIO JEREZANO MEDRANO, en su condición de apoderado judicial de PARQUE INDUSTRIAL CONCORD S.A., 4) CONDENA a la sociedad mercantil PARQUE INDUSTRIAL CONCORD, S.A., a través de su representante legal NICOLAS MALOFF FLEFIL al pago de la cantidad de CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL LEMPIRAS (L.14,800,000.00) en concepto de daños y perjuicios. CON COSTAS…. ’’
RESULTA: La Honorable Corte de Apelaciones Civil de la sección judicial de Cortes en fecha veintiséis de mayo del año dos mil diez, resolvió el recurso sometido a su conocimiento, la cual dispone: “Que en virtud de apelación interpuesta por el abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA a favor de la parte demandante y demandada reconvenida, sociedad mercantil denominada PARQUE INDUSTRIAL CONCORD, S.A., FALLA: Declarando SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva de fecha veinticinco de febrero de dos mil ocho, dictada por el Juzgado de Letras Tercero de lo Civil de esta sección judicial. 2) CONFIRMANDO la sentencia definitiva apelada.’’
RESULTA: Que fue necesario convocar a Pleno para decidir la admisibilidad del recurso que nos ocupa, en vista de haber disentido el Honorable Magistrado Carlos David Calix Vallecillo haciendo voto particular sobre la sentencia dictada por la Sala Civil en fecha 15 de octubre del año 2012. Que la Honorable Corte Suprema de Justicia, en Pleno, conoció sobre la presente recurrencia que denuncia la infracción de ley de que se hace mérito en autos, dictando sentencia en fecha veinte de marzo de dos mil trece mediante la cual y POR MAYORIA DE VOTOS, resolvió: ‘’FALLA: I) Declarando inadmisible el primer motivo invocado por el recurrente, II) Declarando admisible el recurso de casación interpuesto por el censor en el segundo y tercer motivos... .” Esta sentencia fue disentida por los honorables magistrados Marco Vinicio Zúñiga Medrano y Edith María López Rivera.
RESULTA: Que los motivos de casación por infracción de ley admitidos por la Corte Suprema de Justicia, son: ‘’SEGUNDO MOTIVO: Infracción de los artículos 1497, 1498 y 1539 del Código Civil, en relación con los artículos 321 No. 3º. Del Código de Procedimientos Comunes. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 903 No. 7 del Código de Procedimientos Comunes. Por error de hecho en la apreciación de la prueba. SINGULARIZACION DE LA PRUEBA: 1.- A folio 45 al 47 de la primera pieza del juicio aparece la certificación de la resolución definitiva dictada por la Honorable Corte Suprema de Justicia con fecha 26 de agosto de 2006. 2.- A folio 48 al 50 de la primera pieza del juicio, aparece el dictamen emitido por el Laboratorio de Documento logia, dependiente del Laboratorio Criminalístico de Ciencias Forenses del Ministerio Publico. LA VIOLACION LA EXPLICO ASI: El sentenciador aprecio erróneamente los medios de prueba singularizados, cometiendo error de hecho, pues con la certificación extendida por la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia se acredito fehacientemente que el instrumento numero 192 autorizado en la ciudad de México, D.F., el 27 de noviembre del 2002, es nulo de pleno derecho, en virtud de no haber consentimiento del tradente ni hubo precio del mismo, en consecuencia la sala de lo Civil suspendió por seis meses al notario autorizante de tal instrumento, por haber incurrido en dicho documento de claridad, pureza y precisión en su forma y contexto, por no haber salvado los entrelineados, así como de haber omitido la anotación correspondiente señalada en el artículo 60, de la Ley del Notario, sentencia esta que constituye una verdad jurídica e irrefutable por estar firme y haber consentido las partes, en consecuencia el instrumento apuntado es nulo de pleno derecho, documento que aparece autenticado a folio ‘’46 al 47’’ de la primera pieza del juicio. Asimismo el sentenciador no aprecio o ignoro totalmente el dictamen emitido por el Laboratorio Criminalístico y de Ciencias Forenses de la Dirección de Medicina Forense quien llego a la conclusión que la firma que aparece en el instrumento número 192 de la fecha indicada no fue hecha por el señor NICOLAS MALOFF FLEFIL. TERCER MOTIVO: Falta de aplicación de los artículos 1539, 1552, 1586 preámbulo y No. 1, y 1605 del Código Civil en relación con el artículo 52, párrafo primero No. 3º de la Ley del Notario de fecha 29 de marzo de 1930 PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 903 No. 1 del Código de Procedimientos Comunes. El notario autorizante no dio fe del conocimiento de los otorgantes, ni suplió esta diligencia en la forma que establece la Ley, en consecuencia el artículo 52 de la Ley, en consecuencia el artículo 52 de la Ley del Notariado en su párrafo primero establece: ‘’sin perjuicio de los motivos de nulidad consignados en otras leyes, son nulos los instrumentos públicos: 1º.)…. 2º.)…. 3º.) Aquellos en que el Notario no de fe del conocimiento de los otorgantes, o no supla esta diligencia en la forma establecida en el artículo 32…’’, consecuentemente el instrumento cuestionado no se ajusta a la Ley del Notariado, el Notario no dio fe del conocimiento de los otorgantes, pues el artículo 1605 del Código Civil, dice: ‘’por el contrato de compra y venta uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y del otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo represente’’, consecuente con ello los elementos esenciales de la compraventa con ello los elementos esenciales de la compraventa lo constituyen el consentimiento de las partes, la capacidad de las mismas para comprar y vender, la cosa vendida y el precio. El consentimiento debe recaer: a) sobre la venta misma, es decir, que será necesario que una de las partes quiera vender y la otra comprar; b) la cosa vendida. Que se vende una cosa determinada identificada y que no se puede entregar otra cosa distinta, y c) sobre el precio. No habría consentimiento si los contratantes no se han puesto de acuerdo sobre el precio por el que uno quiere vender y otro quiere comprar. La cosa vendida es otro elemento esencial de la compraventa, ya que constituye el objeto de la obligación del comprador. Otro de los elementos esenciales es el precio de la cosa vendida a otro, ya que si falta el precio, carece de objeto la obligación del comprador, no puede existir su obligación y como consecuencia, carecería de causa la obligación del vendedor, si el precio no consistiere en dinero o signo que lo represente no hay compraventa, ya que el precio tiene que ser verdadero, real y efectivo es decir que haya por una parte la intención de exigirlo y por la otra la intención de pagarlo, en el caso de autos no existió consentimiento del vendedor ni hubo precio, lo que fue determinado mediante resolución que dicto la Corte Suprema de Justicia, la cual constituye una verdad jurídica, ya que el señalamiento del precio no podrá nunca dejarse al arbitrio de uno de los contratantes y a reglón seguido el artículo 1610 del Código Civil, establece: ‘’la venta se perfeccionara entre comprador y vendedor, y será obligatoria para ambos si hubieran convenido en la cosa objeto de contrato y en el precio, y aunque ni la una ni el otro se hayan entregado’’. En consecuencia el sentenciador no aplico los artículos antes mencionado el caso concreto, lo que lo llevo a cometer error de juicio, por lo que procede la admisión de este motivo y que en su oportunidad se case la sentencia impugnada. ’’
RESULTA: Que el Ministerio Publico en fecha dieciocho de enero de dos mil diez presento su dictamen opinando: AL SEGUNTO MOTIVO. ”… a criterio de este ente fiscal, el juzgador ha realizado una correcta apreciación de la prueba incorporada al proceso, y en el caso específico de la certificación del fallo emitido por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se suspende al notario autorizante del instrumento 192, (f.45), respecto a esta probanza el sentenciador ha manifestado en el quinto considerando del fallo ahora impugnado, que esta sanción se refiere a omisiones cometidas en la fe pública notarial y no a la falsedad de la firma, por lo que este medio probatorio tampoco puede constituirse en el fundamento para la nulidad del contrato de compraventa suscritos entre las partes intervinientes en el proceso. En lo referente al dictamen caligráfico (f.48), el juzgador ha establecido que este documento fue elaborado bajo el patrón de comparación que carece de fuerza probatoria, ya que se fundamentó en la firma de varios cheques pertenecientes al señor Nicolás Maloff y la escritura de compraventa cuya nulidad se pide; pero dicho dictamen fue desvirtuado por la emisión de dos dictámenes mas, uno emitido por un perito privado (f. 351) y el segundo por la misma Dirección de Medicina Forense (f.380), mediante los cuales se ha acreditado que la firma puesta en el instrumento público 192 pertenece al señor Nicolás Maloff Flefil, habiendo sido el patrón de comparación para arribar a esta conclusión, la firma puesta por este ante el Juez de Letras de los penal de la jurisdicción de San Pedro Sula, Cortes; por lo que las conclusiones al que ha arribado el juzgador en el caso subjudice se encuentran extraídas de una correcta valoración de los medios de prueba incorporados. En virtud de las razones supra indicadas, el Ministerio Publico es del parecer que se declare INADMISIBLE el presente motivo del recurso. AL TERCER MOTIVO: ”… Las normas señaladas como infringidas por el impetrante establecen algunos de los requisitos esenciales del contrato de compraventa, específicamente en lo referente al consentimiento, los cuales a criterio del sentenciador y de este ente fiscal, en el instrumento del cual se pide su nulidad, se cumplen a cabalidad, por lo que no hay sustento legal para conceder la petición planteada por la parte demandante. De los distintos medios de prueba incorporados al proceso se logra concluir sin lugar a duda, que la firma que calza en el contrato de compraventa contenido en el instrumento 192, corresponde a la utilizada por el señor Nicolás Maloff Flefil, por tanto es claro que el elemento de consentimiento su está presente en dicho documento, en consecuencia, la actora no ha acreditado su pretensión, de ahí que no es procedente la nulidad de dicho documento. En virtud de las razones indicadas, el Ministerio Publico es del parecer que se declare INSADMISIBLE este tercer motivo del presente recurso. ’’
RESULTA: Que en fecha diecisiete de octubre del año dos mil trece se celebró vista ante la Sala de lo Civil de esta Honorable Corte Suprema de Justicia con citación de las partes personadas. En la misma se procedió a realizar ante la presencia de los Magistrados Raúl Antonio Henríquez Interiano, como Coordinador de Sala, Edith Maria López Rivera y Reina Sagrario Solorzano Juarez junto con el señor Receptor adjunto de esta Sala. A la Vista sólo compareció el Abogado Tomas Nectaly Valdéz Rosales en su condición de Representante Legal de la Sociedad PARQUE INDUSTRIAL REAL, S.A. de C.V. en su condición de parte Demandada-Reconviniente. Bajo instrucción del Magistrado Coordinador de Sala el señor Receptor Adjunto procedió a dar a viva voz, lectura a la sentencia recurrida pronunciada por la Corte de Apelaciones Civil de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. Acto seguido se le cedió la palabra al Abogado Valdez Rosales quien manifiesta que ha traído su participación por escrito, mismo que bajo consentimiento de la Sala de lo Civil, se manda agregar a la pieza de autos, dando con ello por terminada la audiencia. Debiéndose dictar sentencia dentro de quince días hábiles, contados desde siguiente al de la terminación de la vista.
Que en fecha diecisiete de octubre del año dos mil trece se celebró vista con citación de las partes personadas. Debiéndose dictar sentencia dentro de quince días contados a partir del día siguiente hábil al de la terminación de la vista.
CONSIDERANDO (1): Que el Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia por mayoría de votos, al haber disentido los honorables magistrados Marco Vinicio Zúñiga Medrano y Edith María López Rivera, decidió mediante sentencia de fecha veinte de marzo de dos mil trece, declarar admisible el recurso de casación interpuesto por el abogado MUÑOZ ORELLANA en sus motivos segundo y tercero, ambos formalizados en contra de la sentencia dictada en fecha veintiséis de mayo de dos mil diez, por la Honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, la cual confirma y hace suya la sentencia de fecha veinticinco de febrero de dos mil ocho dictada por el Juzgado de Letras Tercero de lo Civil del departamento de Cortes.
CONSIDERANDO (2): Que el casacionista planteó el SEGUNDO MOTIVO alegando infracción de los artículos 1497, 1498 y 1539 del Código Civil, en relación con el articulo 321 No. 3º. del Código de Procedimientos Comunes y estableciendo como precepto autorizante el artículo 903 No. 7 del Código de Procedimientos Comunes, relativo al error de hecho en la apreciación de la prueba. Seguidamente a la infracción, menciona 1.- La certificación de la resolución definitiva dictada por la honorable Corte Suprema de Justicia con fecha 26 de agosto de 2006 que corre agregada a folio 45 al 47 de la primera pieza del juicio. 2.- El dictamen emitido por el Laboratorio de Documentologia, dependiente del Laboratorio Criminalistico de Ciencias Forenses del Ministerio Público, que corre agregado a folio 48 al 50 de la primera pieza del juicio. Seguidamente al desarrollar el concepto de la violación, el casacionista señala que el ad quem siguiendo al a quo aprecio erróneamente los medios de prueba singularizados, cometiendo a raíz de ello el error de hecho. En el caso de la certificación extendida por Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, expresa que se acredito fehacientemente que el instrumento numero 192 autorizado en la ciudad de México, D.F., el 27 de noviembre de 2002, es nulo de pleno derecho, en vista de no haber consentimiento del tradente ni hubo precio del mismo. El casacionista detalla que la Sala de lo Civil en consecuencia, suspendió por seis meses al notario autorizando de dicho instrumento, al haber incurrido en dicho documento, falta de claridad, pureza y precisión en su forma y contexto, por no haber salvado los entrelineados, así como de haber omitido la anotación correspondiente señalada en el artículo 60 de la Ley del Notariado. El impetrante reclama que la sentencia mencionada, constituye una verdad jurídica e irrefutable por estar firme y haber consentido las partes, en consecuencia el instrumento apuntado es nulo de pleno derecho, documento que aparece autenticado a folio ‘’46 al 47’’ de la primera pieza del juicio. Asimismo el sentenciador no aprecio o ignoro totalmente el dictamen emitido por el Laboratorio Criminalístico y de Ciencias Forenses de la Dirección de Medicina Forense quien llego a la conclusión que la firma que aparece en el instrumento número 192 de la fecha indicada no fue hecha por el señor NICOLAS MALOFF FLEFIL.
CONSIDERANDO (3): Que en el segundo motivo de casación se han estimado infringidos de manera indirecta por error de hecho los artículos 1497, 1498 y 1539 del Código Civil, los cuales disponen: ‘’Articulo 1497. Son documentos públicos los autorizados por un Notario o empleado público competente, con las solemnidades en que intervenga Notario Público se regirán por la legislación notarial. Artículo 1539. Contrato es una convención en virtud de la cual una o más personas se obligan para con otra u otras, o recíprocamente, a dar, hacer o no hacer alguna cosa. ’’ Asimismo el artículo 321, No. 3º. Del Código de Procedimientos de 1906 dispone: ‘’Bajo la denominación de instrumentos o documentos públicos se comprenden: 3º.- Los documentos expedidos por los funcionarios públicos que estén autorizados por ello, en lo que se refiera al ejercito de sus funciones. ’’
CONSIDERANDO (4): Que la Honorable Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia al confrontar la sentencia impugnada en casación con el segundo motivo planteado por el casacionista, abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, encuentra que no hubo error de hecho en la apreciación de la prueba en relación a los medios probatorios individualizados. La Corte de Apelaciones NO infringió los artículos 1497, 1498 y 1539 del Código Civil, en relación con el articulo 321 No. 3º del Código de Procedimientos de 1906, como lo alega el recurrente. Esto en virtud de los argumentos que a continuación se exponen:
1.- En relación a la certificación de la resolución definitiva dictada por la Honorable Corte Suprema de Justicia con fecha 26 de agosto de 2006, mediante la cual se sanciono al notario publico Jose Luís Gale Guillen con suspensión del ejercicio del notariado por el término de seis meses.
El casacionista expresa que con la certificación extendida por la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia en mención, se acreditó fehacientemente la nulidad de derecho del instrumento número 192 autorizado el 27 de noviembre de 2002, en la ciudad de México, Distrito Federal, en virtud de no haber consentimiento del tradente ni precio del mismo. Asimismo porque en dicho documento, existe falta de claridad, pureza y precisión en su forma y contexto, por no haberse salvado los entrelineados existentes, así como de haber omitido la anotación correspondiente señalada en el artículo 60 de la Ley del Notariado. Sin embargo para la Sala de lo Civil, la decisión judicial impugnada en casación no contraviene los artículos 1497 y 1498 del código civil, en virtud de que consta en el documento público en mención, que la sanción impuesta al notario José Luís Gale Guillen no obedece a la falta de consentimiento y de precio tal como lo alude el recurrente en su escrito de casación; sino que obedeció a la resolución traída como prueba, al haber estipulado en la escritura matriz lo siguiente: “el señor José María Arriola Mayorga en su condición de apoderado de la sociedad mercantil denominada Parque Industrial Real, S.A. de C.V., por este acto le vende, cede y traspasa el lote de terreno descrito en la cláusula que antecede, por la cantidad de SEIS MILLONES DE LEMPIRAS, los cuales en este acto recibe a su entera satisfacción.’’ (El subrayado corresponde a la Sala). Siendo manifestado por el señor José María Arriola Mayorga, quien al declarar ante la Sala de lo Civil en fecha veinte de junio de dos mil tres, señaló lo siguiente: “Yo no estuve en la negociación, ni como hicieron los pagos era entre Parque Industrial y el señor Nicolás Maloff’’ También expreso: “… al ser contratados se nos manifestó [que] ellos ya habían hecho toda la negociación con él, que solamente se iba a realizar la firma y que nosotros no teníamos nada más que realizar de acuerdo a los parámetros del testimonio que se había realizado. ‘”Ahora bien, de esto lo único que se desprende entonces, es que el dinero pagado como precio del inmueble no fue entregado en ese acto; sería erróneo extender lo apuntado por la resolución traída como prueba, hasta el extremo de señalar que “no existió pago del inmueble’’. En ese sentido debe tenerse bien en cuenta que, una cosa bien distinta es concluir que ciertamente el pago no se hizo en el acto ante notario, a concluir que nunca existió pago. Para la Sala de lo Civil, el ad quem valoró el medio de prueba bajo examen de manera adecuada, dándole el justo alcance del mismo. Caso contrario de haberse valorado como propone el casacionista, habría cometido un error de hecho en la apreciación de la prueba; pues habría extraído elementos inexistentes a la prueba aportada. En conclusión no cabe anular el instrumento público impugnado, conforme a lo establecido en el medio de prueba consistente en la resolución mediante la cual se sancionó al notario José Luís Gale Guillen, porque en su alcance no está el haberse acreditado la inexistencia de consentimiento por parte de las personas jurídicas contratantes, pues de dicho elemento de prueba no cabe extraer que los representantes de las sociedades mercantiles, otorgantes de la escritura, firmaron el contrato de compraventa, bajo cualquiera de los vicios del consentimiento es decir coacción, violencia o error. Por otra parte nada indica que fue infringido el artículo 1539 del Código Civil, en vista de que el documento público referido en este motivo de casación y con el cual se pretende hacer valer la nulidad del instrumento público 192 ya mencionado, no acredita la inexistencia de los requisitos esenciales del contrato, por cuanto la imprecisión del notario no se extiende a la acreditación de omisión del consentimiento en relación al precio, como tampoco a su falta de entrega. En adición a todo lo anterior el ad quem le dio el valor de documento público a dicho medio probatorio, en los límites de su contenido y por tanto no se violentó lo dispuesto en el articulo 321 No. 3º. del Código de Procedimientos de 1906.
2.- En relación al dictamen emitido por el Laboratorio de Documentologia, dependiente del Laboratorio Criminalístico de Ciencias Forenses del Ministerio Publico, realizado a petición de la Fiscal Claudia Isolina Calderón Laínez en virtud de la denuncia 278-03 incoada por la sociedad mercantil Parque Industrial Concord, S.A. en contra del notario José Luís Gale Guillen por el delito de falsificación de documentos públicos.
Se toma en cuenta que el casacionista reclama que el sentenciador no aprecio o ignoró totalmente (vicio de preterición) el dictamen emitido por el Laboratorio Criminalístico u de Ciencias Forenses de la Dirección de Medicina Forense quien llego a concluir que la firma que aparece en el instrumento número 192 de la fecha indicada no fue hecha por el señor NICOLAS MALOFF FLEFIL. Al respecto esta Sala de lo Civil, observa que el juzgador estimó más acertado el dictamen emitido por esa misma dependencia, es decir, la misma Dirección de Medicina Forense, Laboratorio Criminalistico y de Ciencias Forenses, adscrito al Ministerio Publico, fechado el 6 de junio de dos mil seis, el cual fue elaborado a petición del Juzgado Penal Unificado de San Pedro Sula, Cortes, en relación a la causa instruida por el señor Nicolás Maloff Flefil en contra del notario José Luís Gale Guillen y del señor José María Arriola, contentivo en el expediente 1191-03. Este último dictamen tuvo por objeto dilucidar el cuestionamiento a la autenticidad de las firmas puestas en el instrumento número 192 que consta en el Protocolo de instrumentos públicos año 2002 del notario José Luís Gale Guillen. Para lo cual dichas firmas se compraron con un muestrario de firmas hechas por Nicolás Maloff Flefil, en fecha 24 de mayo de 2006. En el resultado el perito Jorge Arturo Triminio concluyó que la firma que se encuentra en el instrumento No. 192 autorizado por notario José Luís Gale Guillen, fue hecha por el señor Nicolás Maloff Flefil. Al respecto la Sala de lo Civil encuentra que no existe error de hecho cuando los jueces conceden mayor valor a unos elementos de prueba sobre otros que son de la misma naturaleza, pues en ese caso actúan, en consonancia con lo determinado en artículo 409 del Código de Procedimientos de 1906, en cuanto establece que entre dos o más pruebas contradictorias, y a falta de ley que resuelva el conflicto, los juzgadores preferirán la que crean más conforme con la verdad.
CONSIDERANDO (5): Que el casacionista, abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA planteo en su TERCER MOTIVO, la falta de aplicación de los artículos 1539, 1552, 1553, 1586 preámbulo y No. 1, y 1605 del Código Civil en relación con el artículo 52, párrafo primero No.3º de la Ley del Notariado de fecha 29 de marzo 1930. Precepto autorizante es el artículo 903 No. 1 del Código de Procedimientos Comunes, argumentando que el notario autorizante no dio fe del conocimiento de los otorgantes, ni suplió esta diligencia en la forma que establece la Ley, en consecuencia el artículo 52 de la Ley del Notariado en su párrafo primero establece: “sin perjuicio de los motivos de nulidad consignados en otras leyes, son nulos los instrumentos públicos: 1º.)…. 2º.)…. 3º.) Aquellos en que el Notario no de fe del conocimiento de los otorgantes, o no supla esta diligencia en la forma establecida en el artículo 32…”, consecuentemente el instrumento cuestionado no se ajusta a la Ley del Notariado, el Notario no dio fe del conocimientos de los otorgantes, pues el artículo 1605 del Código Civil , dice: “por el contrato de compra y venta uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo represente’’, consecuente con ello los elementos esenciales de la compra venta lo constituyen el consentimiento de las partes, la capacidad de las mismas para comprar y vender, la cosa vendida y el precio. El consentimiento debe recaer: a) sobre la venta, es decir, que será necesario que una de las partes quiera vender y la otra comprar; b) la cosa vendida. Que se vende una cosa determinada identificada y que no se puede entregar otra cosa distinta, y c) sobre el precio. La cosa vendida es otro elemento esencial de la compraventa, ya que constituye el objeto de la obligación del vendedor y esta es a su vez causa de la obligación del comprador. Invoca el artículo 1610 del Código Civil, establece: “la venta se perfeccionará entre comprador y vendedor, y será obligatoria para ambos si hubieran convenido en la cosa objeto de contrato y en el precio, y aunque ni la una ni el otro se hagan entregado.’’ En consecuencia el sentenciador no aplico los artículos antes mencionado al caso concreto, lo que lo llevo a cometer error de juicio, por lo que procede la admisión de este motivo y que en su oportunidad se case a sentencia impugnada. ’’
CONSIDERANDO(6): Que en el tercer motivo de casación se han estimado infringidos de manera directa por falta de aplicación los artículos 1539, 1552, 1553, 1586 preámbulo y No. 1, y 1605 del Código Civil que por su orden disponen: ‘’Articulo 1539. Contrato es una convención en virtud de la cual una o más personas se obligan para con otra u otras, o recíprocamente, a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Artículo 1552. No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: 1.- Consentimiento de los contratantes. 2.- Objeto cierto que sea materia del contrato. 3.- Causa de la obligación que se establezca. Artículo 1553. El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato el contrato. La aceptación hecha por carta no obliga al que hizo la oferta sino desde que llego a su conocimiento. El contrato, en tal caso, se presume celebrando en el lugar en que se hizo la oferta. Artículo 1605. Por el contrato de compra y venta uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo represente. Asimismo el artículo 52, párrafo primero No. 3º. De la Ley del Notariado de fecha 29 de marzo 1930, que dispone: “Sin perjuicio de los motivos de nulidad consignados en otras leyes, son nulos los instrumentos públicos: 1º … 2º … 3º Aquellos en que el notario de da fe del conocimiento de los otorgantes ‘, o no supla esta diligencia en la forma establecida en el artículo 32…’’
CONSIDERANDO(7): Que al estudio de la sentencia recurrida en el tercer motivo de CASACION, la Sala de lo Civil aprecia que no hubo falta de aplicación de la normativa sustantiva denunciada como infringida por el casacionista. La Sala de lo Civil previo a indicar las razones para desestimar el motivo alegado por el casacionista, advierte que la infracción por vía directa en cualquiera de los diferentes modos previstos por la ley: a) falta de aplicación, b) interpretación errónea o, c) aplicación indebida. Éstos obligan al casacionista a someterse a la intangibilidad de los hechos acreditados o probados, es decir que debe aceptar sin más, la valoración de los medios probatorios que hizo el juzgador. En consecuencia, habiéndose sustentado el presente motivo en la falta al supuesto de hecho o situación jurídica que se resuelve, debe entenderse entonces que el recurrente acepta que, el material probatorio fue apreciado en debida forma y por ende los hechos tenidos como acreditados están justificados con toda corrección. En ese sentido las normas que se citan como infringidas lo fueron supuestamente de modo directo, es decir que no existe error de índole probatorio, sino en la calificación jurídica de los hechos probados. Teniendo ésto en cuenta, la Sala de lo Civil confronta lo aseverado por el recurrente, quien al explicar el motivo de la casación centra el asunto en el hecho de que los otorgantes al momento de suscribir ante el notario el contrato de compraventa, carecían del conocimiento pleno sobre los elementos esenciales de la compraventa, es decir: el consentimiento de las partes, la cosa vendida y el precio. Sin embargo nada de esto, se encuentra entre los hechos probados consignados en la sentencia.
CONSIDERANDO (8): Que por las razones expuestas no es procedente casar la sentencia dictada el veintidós de mayo de dos mil diez por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes.
POR TANTO: La Honorable Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Civil, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con el parecer del Ministerio Publico y en aplicación de lo dispuesto en los artículos: 90 primer párrafo, 303 primer párrafo, 304, 313 atribución 5º y 316 primer párrafo, 320, 321 y 323 de la Constitución de la Republica; 1, 8 y 25.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 899, 902 numeral 1º, 903 numerales 1º y 7º, 921, 923, 924, 927, 928 del Código de Procedimientos Civiles de 1906; POR UNANIMIDAD DE VOTOS, FALLA: I) NO HA LUGAR el recurso de casación en sus dos motivos admitidos, formalizados ambos por el abogado Saúl Muñoz Orellana, en consecuencia NO CASA la sentencia dictada el veintidós de mayo de dos mil diez por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la sección judicial de Cortes, II) Que queda firme y susceptible de ejecutoria la sentencia dictada el veintidós de mayo de dos mil diez por la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, departamento de Cortes. MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. SIN COSTAS.- Redactó la Magistrada REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ. - NOTIFIQUESE.
RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO
Magistrado Coordinador
EDITH MARÍA LÓPEZ RIVERA
Magistrada
REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUÁREZ
Magistrada
1