Sentencia CC-130-12 — Registro 4355
Resumen
En segunda instancia se confirmó la sentencia interlocutoria proferida en primera instancia que declaró con lugar el incidente de tasación de honorarios profesionales y el reclamo de gastos.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“El casacionista alega que la sentencia dictada por el A Quem que se pronuncia sobre cuestión incidental, generan la existencia de dos motivos para avenirse en recurso argumentando su comprensión dentro del ámbito de los artículos 719 en su preámbulo y literal c y numeral 2, respectivamente, del citado texto legal… El casacionista comparece recurriendo una sentencia de naturaleza incidental, lo que representa una acción procesal que se sub-deriva de un proceso ordinario, demanda de reivindicación de dominio, pero que no es ordinaria por naturaleza, sino accesoria a ésta; de tal suerte que no puede existir reclamo de honorarios sin la demanda ordinaria mencionada, pero si de manera contraria, tal como lo establece la normativa legal vigente, según lo preceptuado en los Artículos 399, 717 y 723 numeral 2 inciso b) del Código Procesal Civil...Con lo arriba expresado queda evidenciado que la pretensión para el reconocimiento de pago de honorarios profesionales extractada en pieza separada a un proceso ordinario de reivindicación de dominio no se encuentra comprendido dentro de los considerados procesos ordinarios, razón por la cual no es susceptible a tutela jurídica efectiva haciendo uso de la vía del Recurso Extraordinario de Casación.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 707 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 717 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Centra, a los dos (02) días del mes diciembre de dos mil trece (2013), la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, como Coordinador, EDITH MARIA LOPEZ RIVERA y REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:
SON PARTES: El señor RAMON ANTONIO ORTEGA MEJIA, representado en juicio por el Abogado WILFREDO ALEJANDRO PINEDA SILVA, como recurrente; y LA SOCIEDAD INMOBILIARIA OMEGA, S.A., representado en juicio por el Abogado EDGARDO ORELLANA OSORIO, como recurrido.
OBJETO DEL PROCESO: SOLICITUD DE HONORARIOS PROFESIONALES, interpuesto por el Abogado RAMON ANTONIO ORTEGA MEJIA, contra la Sociedad INMOBILIARIA OMEGA, S.A. DE C.V., en relación a la DEMANDA ORDINARIA DE REIVINDICACION DE DOMINIO, promovida en fecha veintisiete (27) de junio de dos mil ocho (2008), ante el Juzgado Civil del Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado RODOLFO ANTONIO ZAMORA BAUTISTA, en su condición de Representante Procesal del SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), contra la Sociedad INMOBILIARIA OMEGA, S.A.
I. ANTECEDENTES DE HECHO.
PRIMERO: Con fecha catorce (14) de abril de dos mil once (2011), la Corte Segunda de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación, CONFIRMÓ la Sentencia Interlocutoria de fecha cuatro (04) de septiembre de dos mil nueve (2009), proferida por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, que falló: “Declarando CON LUGAR el incidente de Tasación de Honorarios Profesionales y el reclamo de gastos de que se ha hecho mérito; en consecuencia TASA: Los Honorarios Profesionales en la cantidad de Tres mil lempiras exactos (L. 3,000.00).- Y POR GASTOS: Doscientos cincuenta y un lempiras (L.251.00).- CON COSTAS”.
SEGUNDO: La representación procesal del recurrente, Abogado WILFREDO ALEJANDRO PINEDA SILVA, presentó en fecha nueve (09) de junio de dos mil once (2011), escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada con fecha catorce (14) de abril de dos mil once (2011), por la Corte Segunda de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán.
TERCERO: Mediante Auto de fecha seis (06) de febrero de dos mil doce (2012), la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, tuvo por interpuesto en tiempo el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo.
CUARTO: En fecha tres (03)de mayo de dos mil trece (2013) la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, tuvo por precluído el plazo concedido al Abogado EDGARDO ORELLANA OSORIO, en su condición ya indicada, contra el recurso de Casación interpuesto, contra la sentencia dictada por esa Corte en fecha catorce (14) de abril de dos mil once (2011) por el Abogado WILFREDO ALEJANDRO PINEDA SILVA, ordenando la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.
QUINTO: Recibidas las actuaciones en este Tribunal el Abogado WILFREDO ALEJANDRO PINEDA SILVA, en su condición de Representante Procesal del Señor RAMON ANTONIO ORTEGA MEJIA, presentó escrito de personamiento en fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil trece (2012) y una vez visto el informe rendido por la Secretaría de esta Corte Suprema de Justicia, se tuvo por personado en tiempo.
SEXTO: Que la parte recurrente plantea en dos motivos el presente recurso de casación, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “PRIMER MOTIVO: Aplicación e interpretación de normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. El concepto de la infracción se explica así: La sentencia que se somete a este censura es la interlocutoria de fecha catorce (14) de abril de dos mil once (2011), dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de esta Sección Judicial que confirma la también interlocutoria que profiriera el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán el cuatro (4) de septiembre de dos mil nueve (2009) en la pieza separada formada a raíz de la presentación en la cuenta detallada y justificada para reclamar el pago de honorarios profesionales que introdujo el señor Ramón Antonio Ortega Mejía en el juicio ordinario que le promovió el S.A.N.A.A. a la sociedad mercantil denominada “Inmobiliaria Omega”, S.A., para la reivindicación del dominio de un inmueble, documento que obra en los Autos de la Apelación a folio treinta y dos (32) frente y vuelto, cuyas características más relevantes son las siguientes: 1º.- ORGANO EMISOR: Corte Segunda de Apelaciones. 2º.- FECHA: Catorce (14) de abril de dos mil once (2011). 3º.- DEMANDANTE: Ramón Antonio Ortega Mejía. 4º.- DEMANDADO: “Inmobiliaria Omega”, S.A., a través de su representante legal, ingeniero Elvin Ernesto Santos Lozano. 5º.- MOTIVO: Reclamar el pago de honorarios profesionales y gastos del pleito en el juicio ordinario de reivindicación de dominio promovido por el S.A.N.A.A contra la sociedad mercantil denominada: “Inmobiliaria Omega”, S.A. 6º.- PARTES INTERVINIENTES: Como parte apelante el Abogado Wilfredo Alejandro Pineda y como parte apelada el Abogado Edgardo Orellana Osorio. 7º.- PARTE MOTIVA: Tres (3) CONSIDERANDOS que por la importancia que revisten para este cargo se transcriben a continuación. “CONSIDERANDO: Que el que nos ocupa se trata de un incidente de liquidación de honorarios profesionales, por la actuación del reclamante en un juicio promovido por el SANAA contra INMOBILIARIA OMEGA, S.A. DE C.V., en el que el Abogado RAMON ANTONIO ORTEGA MEJIA presentó el escrito de contestación de la demanda, por lo que solicita le sean pagados sus honorarios por tal intervención, los que tasa según el valor del inmueble en litigio. “CONSIDERANDO: Que el apoderado legal de INMOBILIARIA OMEGA, S.A. DE C.V. en su escrito de oposición, no niega la intervención del recurrente en el juicio relacionado, si no más bien se limita a mencionar que la escritura pública de Poder con que actuó el Abogado ORTEGA es nula por haberse otorgado en forma irregular, asimismo cuestiona la cuantía de la tasación de honorarios argumentando que existen precedentes en los que consta que los juicios de reivindicación de dominio son de cuantía indeterminada, por lo que la tasación presentada por el recurrente es incorrecta. “CONSIDERANDO: Que del estudio del caso de mérito se desprende que se encuentra acreditada y aceptada por las partes la intervención del Abogado Ortega en el juicio en referencia, por lo que es procedente el pago de sus honorarios profesionales por dicha actuación, sin embargo, la tasación por él realizada no se encuentra conforme a lo establecido en el Arancel de Profesionales del Derecho, ya que toma como cuantía del litigio el valor que según él, tiene el inmueble en litigio, lo que es improcedente, ya que, como lo manifiesta el opositor, este Tribunal en numerosas ocasiones ha sido del criterio que los juicios de reivindicación de dominio son considerados como de cuantía indeterminada, ya que lo que se pretende recuperar es un inmueble, sin que conste cuantía alguna ni en la demanda ni en la contestación, por lo que dicha tasación de honorarios profesionales debe realizarse conforme a lo establecido en el artículo 26.2 del Arancel Judicial Administrativo y Notarial.” 8º.- PARTE RESOLUTIVA: También, por su importancia, se copia íntegramente. “POR TANTO: Esta Corte Segunda de Apelaciones en nombre del Estado de Honduras por unanimidad de votos, siendo ponente la Magistrado ADA E. RIVERA y haciendo aplicación de los artículos 303 y 314 de la Constitución de la República, 1 y 55 ordinal 2 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 431 y 435 del Código de Procedimientos Civiles, FALLA: 1) SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION; 2) CONFIRMAR LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA APELADA.- MANDA: Que se notifique este fallo y en su oportunidad se devuelvan los antecedentes al Juzgado de su procedencia, con certificación de estilo para su debido cumplimiento.- NOTIFIQUESE. 9º.- SUSCRITA POR: 1º) Abogado ARMANDO LOZANO MARTINEZ, Magistrado Presidente; 2º) Abogada ADA ESTER RIVERA, magistrado; 3º) Abogado MILTON RUBEN SANDOVAL PERALTA, Magistrado; 4º) Abogado HUMBERTO OCHOA OCHOA, Secretario. Contra la sentencia antes relacionada, se interpuso el Recurso de Reposición, el que fue denegado mediante Auto de fecha 20 de mayo de 2011. ya establecida la existencia de la Sentencia sometida a este Recurso, procedo a su censura, así: Es un hecho de sobra conocido que la sentencia o fallo proferido por la Autoridad Jurisdiccional competente, sea esta definitiva o interlocutoria, es la fase más trascendental del proceso en que se produce, porque en ella se subsumen las motivaciones jurídicas y pruebas aportadas por las partes para hacer valer sus pretensiones, debe por lo tanto ser un documento suficiente, racional y de carácter lógico. La que ocupa nuestra atención se produjo aplicando las normas jurídicas atinentes que están contenidas en el Código de Procedimientos (Primera Parte: Procedimientos Civiles) de fecha 8 de febrero de 1906, ello en virtud de lo dispuesto en el Artículo 914, DISPOSICIONES TRANSITORIAS del Código Procesal Civil vigencia, entonces tenemos que le son aplicables del antiguo Código el Artículo 190 en el párrafo primero que manda: “Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que estas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.” éste relacionado con el Artículo 184 del mismo cuerpo legal en la parte que manda: “…contendrán las citas de las leyes en que se funden,……”; ahora bien, la Sentencia sometida a esta censura, como se desprende de la parte motiva que ha sido transcrita anteriormente, está fundamentada por las normas jurídicas siguientes: Artículos 303 y 304 de la Constitución de la República que se refieren el primero a la potestad del Estado de impartir Justicia mediante Jueces y Magistrados independientes, a la forma en que está integrado el Poder Judicial, sede de la Corte Suprema de Justicia, número de Magistrados (esto último ha sido objeto de reforma legislativa y no se consignó) y la división en salas de conformidad con el Reglamento Interno; el segundo establece la facultad privativa de los Tribunales de Justicia de juzgar y ejecutar lo juzgado y que les corresponde la aplicación de las leyes en casos concretos, luego se consignan los Artículos 1º y 55 ordinal 2º de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales, de los cuales el primero trata de la facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado que pertenece exclusivamente a los juzgados y Tribunales de Justicia y que esta se administrará en nombre de la República y el segundo en el ordinal 2º contiene la atribución de las Cortes de Apelaciones para conocer en segunda Instancia de los asuntos civiles o criminales de que conocieren en primera los Jueces de Letras, los árbitros de derecho y los jueves de primera instancia militares (no especifica las reformas que ha experimentado el dicho el dicho artículo, lo que en si constituye una insuficiencia); finalmente consigna los Artículos 431 y 435 de lo que impropiamente llama Código de Procedimientos Civiles, que nunca existió, sino el código de Procedimientos que en su primera parte regulaba el procedimiento civil en sus diversas fases, pues bien, la primera de las normas citadas se refiere a que todas las apelaciones, tanto de autos como de sentencias, exceptuando las definitivas de mayor cuantía serán substanciadas por los trámites que en el Capítulo II, Título X del Libro I se establecen, exceptuando los juicios verbales que tenían un tratamiento especial y el segundo se refiere que cuando no precedía el recibimiento a pruebas, una vez transcurrido el término para la contestación de los agravios, se citaría para sentencia la que se dictaría en el término de cinco días (dicho sea de paso, esto no se observó, hasta constatar las fechas en los Autos).- Además de lo anterior, no se citó ninguna norma de carácter sustantivo, lo que hace el fallo cometido a este cargo sea más insuficiente.- Además de lo anterior, no se citó ninguna norma de carácter sustantivo, lo que hace el fallo sometido a este cargo sea más insuficiente. El argumento o demostración que se aduce en apoyo del fallo proferido por la Corte Segunda de Apelaciones sometido a esta censura, se puede afirmar que la razón es de pie de banco: en efecto, del examen de los CONSIDERANDOS que le sirven de soporte a la resolución plasmada en el POR TANTO se evidencia la sin razón al afirmar que la cantidad reclamada por mi poderdante la fundamenta en un valor que: “SEGÚN EL”, tiene el inmueble en litigio, ignorando en forma absoluta que lo mismo fue objeto de prueba en su oportunidad y que en el mismo fallo de la primera instancia el Ad Quo lo tuvo por bien acreditado; otro aspecto, en el CONSIDERANDO segundo se comenta que el apoderado legal de la contraparte cuestiona la cuantía de la tasación de honorarios argumentando que: “…existen precedente en los que consta que los juicios de reivindicación de dominio son de cuantía indeterminada, por lo que la tasación presentada por el recurrente es incorrecta.” y en el siguiente manifiesta, ya por su cuenta: “…como lo manifiesta el opositor…” ello da a entender que el susodicho, sin siquiera personarse en tiempo y forma en la segunda instancia para contestar los agravios, su argumento expresado en la primera instancia tuvo el peso suficiente para inclinar la balanza a su favor, pasando por alto lo que expresamente está contenido en la norma de derecho, así: “CAPITULO II.- HONORARIOS ES ASUNTOS CIVILES, MERCANTILES, ARBITRAJE Y EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- ASUNTOS CIVILES Y MERCANTILES.- Articulo 26.- TARIFA CORRIENTE EN PROCESOS ORDINARIOS: En los procesos Ordinarios Civiles y Mercantiles, se fijaran los siguientes honorarios: TARIFA CORRIENTE: 1………a)………b)………c)………d)………2 Si se tratare de procesos de cuantía indeterminada que tuvieren trascendencia económica, una vez comprobada esta, se aplicará la tarifa corriente después de comprobado el monto de aquella……”, la parte atinente del citado Artículo es de por lo explícito y amplio: establece que una vez que se compruebe el monto de lo litigado se aplicará la tarifa corriente, no establece tiempo ni modo para dicha comprobación, en el caso de Autos lo fue en el periodo de las pruebas del incidente de previo y especial pronunciamiento cuya sentencia de segunda instancia se somete a este cargo, además de lo anterior, la lógica mas elemental nos indica que todos los juicios de reivindicación de dominio llevan implícito un valor económico, en caso contrario no tendría sentido la facultad de cobrar honorarios en tales procesos, le basta la comprobación por los medios que le franquea la Ley. Finalmente, tenemos que la gran ausente en el fallo sometido a esta censura es la Lógica, por lo siguiente; Es sabido que la norma de derecho supone un juicio lógico del órgano que la produce, un acto de voluntad y sobre todo un mandato hecho por el Estado a sus súbditos; por el hecho que tal mandato es expresado en forma abstracta y general, es menester que sea concretado en forma precisa a cada caso particular que durante su vigencia se produzca, de allí nace la imperiosa necesidad del Órgano que en forma especializada se encargue de ello (jurisdicción) y más concretamente de Jueces que la materialicen.- Pero, obviamente, de lo anterior se deduce que el juez no está facultado para añadir ni siquiera un ápice de su propia voluntad a la previamente manifestada por el legislador, de tal manera que la operación mediante la cual la norma abstracta y general se plasma en un caso concreto, es mediante el conocido silogismo que se configura así: 1º.- Premisa Mayor: la norma de derecho general y abstracta; 2º.- Premisa Menor: el caso concreto con sus particularidades específicas; y 3º.- De lo anterior se deduce la norma que establece la conducta que se debe aplicar al caso particular.- El juicio lógico está implícito en la norma de derecho, la actividad mental del Juez no puede desmarcarse de la voluntad expresada por el Órgano emisor de la norma, no está facultado para expresar su voluntad propia, sino que manifiesta su propio juicio acorde con la voluntad implícita en la norma de derecho, por lo tanto su accionar y particularmente en ese momento procesal tan decisivo y solemne como lo es el pronunciamiento de la sentencia, no puede expresar otra voluntad que no sea la de la Ley, adaptada en forma concreta al caso sometido a su conocimiento. Lo anterior es a propósito de lo que deja plasmado el Juzgador de la segunda instancia en el CONSIDERANDO tercero de la sentencia sometida a este cargo: “… este Tribunal en numerosas ocasiones ha sido del criterio que los juicios de reivindicación de dominio son considerados como de cuantía indeterminada… etc.”, ello resulta hasta grotesco por porque se está declarando paladinamente que lo que prevalece es el “criterio” del Tribunal y no la voluntad expresada en la norma de derecho, de prevalecer algo así sería pavoroso ya que tendríamos que concluir que, de hecho, no estamos en un Estado de Derecho como lo expresa la Constitución de la República en el primero de sus Artículos, sino en un “Estado de criterios”, que bien se puede mover según el vaivén de los vientos que soplen; ítem más, lo expresado ya está previsto en la misma Constitución de la República en el “Artículo 321.- Los servidores del Estado no tienen mas facultades que la que expresamente les confiere la ley.- Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.”.- De manera que el hecho apuntado anteriormente evidencia a la sentencia censurada como carente de racionalidad y de carácter lógico, lo que fue determinante en el sentido del fallo, ya que si no fuera por ello, el resultado hubiese sido conceder a mi mandante lo que la norma de derecho le otorga: el pago de sus honorarios profesionales computados según el valor del inmueble, consignado en el documento correspondiente que es el que tiene para las partes en litigio: para el S.A.N.A.A. por lo que pagó por él para desarrollar su actividad Institucional y para la “Inmobiliaria Omega”, S.A., la plusvalía para su inmueble. No quiero cerrar la exposición de este MOTIVO sin citar las palabras del eminente Jurista Eduardo J. Couture: “La sentencia es una operación humana, con todos sus riesgos y todas sus excelencias, y su valor como tal dependerá siempre, en ultimo término, de lo que valga el juez como hombre y como ciudadano.” (Estudios de Derecho Procesal Civil.- Tomo II, Tercera edición, Ediciones DEPALMA, Buenos Aires, 1979, página 227). Este motivo de Casación está comprendido en el Artículo 719, preámbulo y literal “c” Impugnación del contenido de la sentencia. SEGUNDO MOTIVO.- Violación por falta de aplicación del Artículo 26, preámbulo y numeral 2 del Arancel del Profesional del Derecho, en relación con los Artículos: 1346, 1347 Y 1351 del Código Civil; y el Artículo 2 literal a) de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras. El concepto de la Infracción lo explico así: El contenido del Artículo 26 en el numeral 2 que se invoca como violado por falta de aplicación por parte de la Corte Segunda de Apelaciones en la sentencia interlocutoria de fecha 14 de septiembre de 2009, manda lo siguiente: “2. Si se tratare de procesos de cuantía indeterminada que tuvieren trascendencia económica, una vez comprobada ésta, se aplicará la tarifa corriente después de comprobado el monto de aquella.” Éste está relacionado con los Artículos 1346, 1347 y 1351 del Código Civil que por su orden establecen: 1) Que las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasi contratos y de los actos y omisiones ilícitas en los que intervengan cualquier género de culpa o negligencia; 2) Que las obligaciones derivada de la ley no se presumen y que sólo son exigibles las expresamente determinadas en el Código Civil o en leyes especiales y se regirán por los preceptos de la ley que los hubiere establecido y en lo no previsto por las disposiciones de dicho Código; 3) Que la obligación de dar contiene la de entregar la cosa y sí ésta es una especie o cuerpo cierto, además de conservarlo hasta su entrega, so pena de pagar los perjuicios al acreedor que no se de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras en cuyo preámbulo se declara que el Colegio tendrá por objeto el hacer cumplir con relación a la profesión del Derecho, las siguientes finalidades a) Regular el ejercicio de la profesión del derecho en toda la República.- El Colegio establecerá los Aranceles judicial, Administrativo y Notarial.- Pues bien la norma de derecho relacionada, tiene su origen mediato en el Artículo 151 de la Constitución de la República, decreto Nº 21 de fecha 19 de noviembre de 1957 emitido por la Asamblea Nacional Constituyente, que estableció la colegiación profesional obligatoria y el Decreto Nº 73 del Congreso Nacional de fecha 17 de mayo de 1962 donde está contenida la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria que a su vez dio origen al Decreto Nº 18 de fecha 28 de septiembre de 1965, configurándose en esa forma la conocida pirámide jurídica Kelseniana. Establecido lo que antecede, tenemos que está demostrado en los autos de la pieza separada formada a raíz de la demanda que para el pago de honorarios profesionales introdujo el Señor Ramón Antonio Ortega Mejía por haber intervenido contestando la demanda en el juicio ordinario de reivindicación de dominio que le promovió el S.A.N.A.A. a la sociedad mercantil denominada “Inmobiliaria Omega”, S.A. de este domicilio a través de su Representante Legal, Ingeniero Elvin Ernesto Santos Lozano, porque esta última le revocó el Poder con que actuó después de haberle plagiado el escrito de la contestación de la demanda, lo hizo con fundamento en el artículo del arancel del Profesional del Derecho que se invoca como violado, es el caso que mi mandante acreditó en forma fehaciente el valor del inmueble en litigio mediante prueba documental, lo que consta en forma indubitada en el primer CONSIDERANDO que motiva la sentencia interlocutoria de primera instancia de fecha 4 de febrero de 2009 (folio 179-B de la pieza correspondiente), no obstante lo cual el Ad Quo rechazó la legítima pretensión del impetrante con el vacuo argumento que la Corte Segunda de Apelaciones se ha pronunciado en esta clase de casos considerados como procesos de cuantía indeterminada, haciendo caso omiso del verdadero sentido de la norma de derecho atinente que abre la posibilidad al interesado para acreditar el verdadero valor del bien inmueble mediante los medios que la Ley franquea.- Ante tal panorama jurídico que se le planteó a la Corte Segunda de Apelaciones, devenía obligada a la aplicación en su verdadero sentido del artículo 26 en su numeral 2 del Arancel del Profesional del Derecho, que con claridad meridiana deja establecido que en los procesos de cuantía indeterminada, es decir cuando no se establezca monto alguno en los escritos de demanda y contestación, se aplicará la tarifa corriente que está plasmada en el mismo Artículo 26.1, una vez que sea comprobado el monto correspondiente, dicha norma no establece tiempo ni modo de tal comprobación, que la más elemental lógica indica que debe ser mediante la prueba documental, como es el caso de Autos.- Consta en la Sentencia interlocutoria de la segunda instancia sometida a este cargo, que el Juzgador hace mención del Artículo que fundamenta esta censura, pero ello es en el CONSIDERANDO tercero (3º) y en un sentido totalmente al margen de la voluntad del legislador coordinadamente expresada, el lugar de dicho artículo debió ser en la parte resolutiva del fallo y aplicarlo correctamente, lo que habría implicado la corrección en la forma de administrar Justicia. Este motivo de Casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil que permite la impugnación de la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”.
II. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.
Aplicando lo dispuesto en los artículos 303, 304 y 313 numeral 5., 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723 y 724 del Código Procesal Civil, con especial énfasis en:
Que en fecha nueve (09) de junio del año dos mil once (2011), el Abogado WILFREDO ALEJANDRO PINEDA SILVA su condición de representante procesal del señor RAMON ANTONIO ORTEGA MEJIA, ha interpuesto Recurso de Casación en contra de la sentencia de fecha catorce(14) de abril del año dos mil once(2011), dictada por la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán.-
1.1 Dicha sentencia es el pronunciamiento jurídico-legal que hace el Tribunal A-Quem sobre el recurso de apelación promovido en contra de la sentencia incidental dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, a un incidente consistente en el cobro de honorarios profesionales derivados por actuaciones profesionales de carácter jurídicas en una demanda Ordinaria de Reivindicación de Dominio que promoviera el SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (S.A.N.A.A) en contra de la sociedad mercantil INMOBILIARIA OMEGA, S.A. a través del Presidente del Consejo de Administración y como representante legal, señor ELVIN ERNESTO SANTOS LOZANO, misma que se ha venido conociendo por su carácter incidental en pieza separada al expediente principal.
1.2 La incidencia de Costas por servicios legales parciales dentro del proceso en referencia se deriva de la sustitución de la representación procesal que ostentaba el impetrante en el referido proceso en defensa de los intereses de la parte demanda, INMOBILIARIA OMEGA, S.A.
- Es motivo de inadmisión de un recurso extraordinario de casación la CARENCIA MANIFIESTA DE FUNDAMENTO DEL RECURSO, tal como se desprende del artículo 723 numeral 2 inciso b) del Código Procesal Civil.
2.1 Establece la misma ley anunciada que el fin del Recurso Extraordinario de Casación es la protección de normas del ordenamiento jurídico, procurando la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo de los resoluciones definitivas dictadas por las Cortes de Apelaciones en el PROCESO ORDINARIO, como otras sentencias establecidas por la ley, así lo disponen los Artículos 716 numeral 1; 717 del Código Procesal Civil.
2.2 El casacionista alega que la sentencia dictada por el A Quem que se pronuncia sobre cuestión incidental, generan la existencia de dos motivos para avenirse en recurso argumentando su comprensión dentro del ámbito de los artículos 719 en su preámbulo y literal c y numeral 2, respectivamente, del citado texto legal.
- El casacionista comparece recurriendo una sentencia de naturaleza incidental, lo que representa una acción procesal que se sub-deriva de un proceso ordinario, demanda de reivindicación de dominio, pero que no es ordinaria por naturaleza, sino accesoria a ésta; de tal suerte que no puede existir reclamo de honorarios sin la demanda ordinaria mencionada, pero si de manera contraria, tal como lo establece la normativa legal vigente, según lo preceptuado en los Artículos 399, 717 y 723 numeral 2 inciso b) del Código Procesal Civil.
3.1 Con lo arriba expresado queda evidenciado que la pretensión para el reconocimiento de pago de honorarios profesionales extractada en pieza separada a un proceso ordinario de reivindicación de dominio no se encuentra comprendido dentro de los considerados procesos ordinarios, razón por la cual no es susceptible a tutela jurídica efectiva haciendo uso de la vía del Recurso Extraordinario de Casación.
III. PARTE DISPOSITIVA.
Esta Sala de lo Civil, impartiendo Justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS emite AUTO IRRECURRIBLE y RESUELVE: INADMITIR A TRÁMITE el escrito Titulado “SE INTERPONE Y FORMALIZA RECURSO DE CASACIÓN CENSURANDO LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE NORMAS PROCESALES Y NORMAS DE DERECHO” contra el alcance de la sentencia proferida por la Honorable Corte Segunda de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán cuyo fallo UNICAMENTE se pronuncia sobre la cuestión incidental suscitada en el proceso de Reivindicación de dominio arriba indicado que resuelve asunto incidental presentado por el Abogado WILFREDO ALEJANDRO PINEDA SILVA en su condición de representante procesal del señor RAMON ANTONIO ORTEGA MEJIA. Y MANDA: Que con la certificación de este AUTO se remitan las actuaciones a la Corte de su procedencia para los efectos consecuentes.- Magistrada Ponente: REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ. NOTIFÍQUESE.
RAUL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO
Magistrado Coordinador
EDITH MARÍA RIVERA LÓPEZ
Magistrada
REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUÁREZ
Magistrada