Sentencia CC-123-12 — Registro 7097
Resumen
En segunda instancia se revoca la sentencia y declara sin lugar la demanda ordinaria de nulidad absoluta de unas escrituras públicas y sus inscripciones en el registro de la propiedad, hipotecas y anotaciones preventivas , absuelve a los demandados y deja sin valor y efecto la medida cautelar decretada.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Argumento de la Sala de lo Civil para la inadmisión del segundo motivo de casación. La Sala de lo Civil estima que el segundo motivo de casación no es de recibo en virtud de que no señala de qué manera le afecta el error cometido por el juzgador de segunda instancia.
La técnica casacional exige que la infracción de la norma que se tiene por infringida repercuta de una manera determinante en la decisión, de tal manera que de no haberse cometido el resultado habría sido diferente. En el presente caso, la casacionista no ha señalado la trascendencia del error que expone, de tal manera que no procede la admisión de dicho motivo.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
“Argumentos de la Sala de lo Civil para la inadmisión del primer motivo de casación. La Sala de lo Civil toma a bien el argumento de la petente en relación a fundar el PRIMER MOTIVO en la infracción de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, en lo concerniente a los derechos de defensa y debido proceso, y estos en relación a lo dispuesto a las normas procesales 320 y 327 del Código de Procedimientos de 1906; asimismo toma a bien que la petente se haya conducido por la vía que provee la causal referida a la infracción de normas que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción supone la nulidad o produce indefensión.
Sin embargo, esta Sala, no sigue a la impetrante en su motivo, cuando pretende que sea estimado el argumento de que dichas garantías constitucionales fueron quebrantadas por el juzgador cuando éste en su sentencia resuelve que el demandante no logró acreditar los vicios que alegó en su demanda, lo cual para la casacionista fue no dar valor a unos medios probatorios.
La Sala de lo Civil toma esta determinación con fundamento en lo dispuesto por el Código Procesal Civil, en el artículo 720.1, el cual es claro cuando de manera expresa prohíbe que por medio de la casación se inste la revisión de los hechos, o se interprete y valore la prueba contenida en la sentencia. A esta regla general opone lo establecido en el artículo 720.2 del mismo código, al establecer que el casacionista puede solicitar el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico.
En virtud de lo anterior, para la Sala de lo Civil, el ataque a la valoración de la prueba aportada en el juicio, debió hacerse por la vía que ofrece la causal contenida en el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, que regula la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia.
A lo largo de la exposición que hace la impetrante en este motivo de casación, se observa que ésta rechaza la motivación fáctica y valoración probatoria de la sentencia bajo examen, es decir quebranta la intangibilidad de la sentencia en cuanto a los hechos que se estiman por probados, entrando de esta manera a alegatos propios de instancia. Inclusive propone como debió el juzgador valorar la prueba documental aportada en el juicio.
En vista de lo anterior procede declarar la inadmisión del primer motivo de casación
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
S.C. 123-2012
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de diciembre de dos mil trece.
La Sala de lo Civil, integrada por los magistrados: RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO como Coordinador y designado ponente para la redacción de esta resolución, EDITH MARÍA LÓPEZ RIVERA y, REINA SAGRARIO SOLORZANO JUÁREZ llamada a integrar, por ausencia del Magistrado JORGE REYES DIAZ,
DICTA EL SIGUIENTE AUTO:
SON PARTES:
El INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) representado en juicio por la abogada OLGA MARINA OSORTO FLORES en su condición de recurrente; siendo recurridos los señores JOSÉ ALVARADO MOYA RODRÍGUEZ, OSCAR ANTONIO MOYA RODRÍGUEZ, TULIO ALBERTO MOYA TURCIOS, FRANCISCA ELENA CRUZ PACHECO, ALFREDO FINO CARRILLO, JOSÉ AMADO AYALA, APOLINARIO MENDOZA ZELAYA, SANTIAGO CRUZ ESCOBAR, representados en juicio por el abogado ROBERTO ANTONIO CRUZ.
OBJETO DEL PROCESO:
DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD ABSOLUTA DE UNAS ESCRITURAS PÚBLICAS Y SUS INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS DE JUTICALPA, EN ESTE DEPARTAMENTO Y EN EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL, NULIDAD DE LAS DEMÁS ESCRITURAS PÚBLICAS QUE DE ELLAS SE HAN DERIVADO Y SUS INSCRIPCIONES EN EL MISMO REGISTRO AGRARIO NACIONAL, PROHIBICIÓN DE CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS SOBRE TODOS LOS TERMINOS CUYA NULIDAD SE SOLICITA, QUE SE LIBRE COMUNICACIÓN AL SEÑOR REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE JUTICALPA EN ESTE DEPARTAMENTO, PAGO DE COSTAS, promovida en fecha cuatro de mayo de mil novecientos noventa y ocho, ante el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, departamento de Olancho, por el abogado HÉCTOR PORTILLO LARA, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, contra los señores JOSÉ ÁLVARO MOYA RODRÍGUEZ, OSCAR ANTONIO MOYA RODRÍGUEZ, TULIO ALBERTO MOYA TURCIOS, APOLINARIO MENDOZA ZELAYA, SANTIAGO CRUZ ESCOBAR, ALFREDO FINO CARRILLO, JOSÉ AMADO AYALA, RICARDO LEONEL FERRERA y FRANCISCA ELENA CRUZ PACHECO.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Con fecha cinco de marzo de dos mil doce, la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación, revocó la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, departamento de Olancho, la cual falló de la siguiente manera:
“FALLA: 1º ESTIMA PROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el abogado Roberto Antonio Cruz en su condición indicada; 2º REVOCA la sentencia definitiva de fecha dieciocho de enero de dos mil doce dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas en el departamento de Olancho; 3º DECLARA SIN LUGAR la Demanda ordinaria de nulidad absoluta de unas escrituras públicas y sus inscripciones en el Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Juticalpa, Olancho y en el Registro Agrario, y Nulidad de las Demás Escrituras Públicas que de ellas se han derivado, así como sus inscripciones en el mismo Registro; 4º ABSUELVE a los demandados José Álvaro Moya Rodríguez, Oscar Antonio Moya Rodríguez, Tulio Alberto Moya Rodríguez, Apolinario Mendoza Zelaya, Alfredo Fino Carrillo, José Amado Ayala y Francisca Cruz Pacheco, todos de generales ya conocidas; 5º DEJA SIN VALOR Y EFECTO la medida cautelar decretada”.
SEGUNDO: La representante procesal del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), presentó, en fecha veinticuatro de abril de dos mil doce, escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada con fecha cinco de marzo de dos mil doce, por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán.
TERCERO: Mediante auto de fecha veinticuatro de abril de dos mil doce, la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, tuvo por interpuesto en tiempo la casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez días hábiles se pronunciara sobre el contenido del escrito.
CUARTO: El representante procesal de la parte demandada-apelante, abogado ROBERTO ANTONIO CRUZ, presentó, en fecha dieciséis de mayo de dos mil doce, escrito de pronunciamiento sobre el recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Tercera de Apelaciones de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, tener por devuelto e impugnado en tiempo y forma el pronunciamiento concedido al abogado ROBERTO ANTONIO CRUZ, en su condición de demandado, contra el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por esa Corte en fecha cinco de marzo de dos mil doce por la abogada OLGA MARINA OSORTO FLORES, en su condición de demandante, ordenando la Corte Tercera de Apelaciones de la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, remitir las presentes diligencias a la honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.
QUINTO: Recibidas las actuaciones en este Tribunal los abogados ROBERTO ANTONIO CRUZ y OLGA MARINA OSORTO FLORES, en su condición ya indicada, presentaron escritos de personamiento en fecha veintitrés y treinta de mayo de dos mil doce, y una vez visto el informe rendido por la Secretaría de esta Corte Suprema de Justicia, se les tuvo por personados en tiempo.
SEXTO: Que la parte recurrente plantea en dos motivos su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera:
“PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN. CAUSAL DEL RECURSO. IMPUGNACIÓN DE LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LOS ACTOS Y GARANTIAS PROCESALES CUYA INFRACCIÓN IMPLICA LA NULIDAD O PRODUCE INDEFENSIÓN. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719 numeral 1 inciso b) del Código Procesal Civil. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Infracción por falta de aplicación de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República en lo concerniente a la garantía constitucional del derecho de defensa y en cuanto a la garantía constitucional del derecho de defensa y en cuanto a la garantía constitucional del debido Proceso. Infracción por falta de aplicación de los artículos 320 y 327 del Código de Procedimientos Civiles, en lo concerniente a que los instrumentos pueden presentarse en cualquier estado del juicio. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN. 1) Los artículos de la Constitución de la República que se consideran infringidos establecen: “Artículo 82.- El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.” “Artículo 90.- Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…” 2) Los artículos del Código de Procedimientos Civiles que se consideran infringidos establecen: “Artículo 320.- Los medios de prueba de que puede hacerse uso en juicio son: 1º.- Instrumentos públicos…” Artículo 327.- Los instrumentos pueden presentarse en cualquier estado del juicio, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 262 y 291.” Del análisis de los preceptos citados vemos que la honorable Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán, en la sentencia definitiva de fecha cinco de marzo del año dos mil doce, recurrida en casación, incurre en violación de la garantía Constitucional de inviolabilidad del derecho de defensa y en violación de la garantía constitucional del debido proceso, en perjuicio de mi representado, ya que al hacer caso omiso del valor jurídico de los instrumentos acompañados al presentar la demanda, como medios probatorios en que se funda dicha demanda, resulta evidente que se la ha negado el derecho de defensa y que no ha sido juzgado con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- Al tenor de los preceptos procesales citados, los instrumentos públicos son medios de prueba de que puede hacerse uso en juicio y pueden presentarse en cualquier estado del juicio, requisitos procesales cumplidos a cabalidad por mi representado, al momento de promover la demanda, como lo manda el artículo 262 del Código de Procedimientos Civiles, aplicable al presente caso hasta la emisión de la sentencia definitiva de primera instancia, en la que con muy buen criterio jurídico, el a quo aprecia en toda su virtualidad jurídica la prueba documental aportada al momento de promover la demanda, como lo hace constar en la parte final del CONSIDERANDO (2) que en lo conducente dice: “acompañando a dicha demanda copias autenticadas de los títulos que corresponden a los sitios de SAN CRISTOBAL DE VALLECITO O EL VALLECITO, SAN LUIS DE LAJAS, SAN JOSÉ DE CATACAMAS, SAN PEDRO Y SAN CÁLIX O SAN LUIS DE SAN CÁLIX.”, pero que para el ad quem lamentablemente no merecen credibilidad ni virtualidad jurídica alguna, así como lo deja expresado en la sentencia de segunda instancia, que en el acápite “FUNDAMENTOS DE DERECHO numerales 1 y 2 hace referencia a los artículos 1586 y 1552 del Código Civil y en el numeral 3 de dicho acápite expresa: “Que del análisis ponderado de la demanda interpuesta se desprende que los anteriores preceptos legales no sirvieron de asidero o fundamento para la Demanda de nulidad de escrituras públicas que peticiona el actor, quien no logró acreditar ninguno de los vicios de nulidad supra señalados, en otras palabras, la parte reclamante no fincó la demanda en los artículos relacionados, como tampoco acreditó las causales de nulidad de la referencia.” Al no darles ningún valor la honorable Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán a los documentos en que se funda la demanda, ha violado disposiciones de orden público y de observancia obligatoria produciendo una situación de facto insalvable, obviando que con dichos instrumentos públicos quedó acreditada fehacientemente y de modo indubitado la naturaleza jurídica ejidal rural de dichos sitios, y el dominio del Estado, cuya administración corresponde al Instituto Nacional Agrario, por disposición de la Ley de Reforma Agraria, artículos 5, 6 literal b) y 15.- La prueba documental cuando se trata de instrumentos públicos, por sí misma constituye plena prueba del derecho consignado en ellos, es decir, se probó documentalmente que el Estado es el dueño de los sitios ejidales de que se hace referencia en la demanda. Asimismo consta en el juicio que las escrituras en que los demandados fundamentan su derecho de propiedad, carecen de tracto sucesivo legítimo, ya que no fueron adjudicados originalmente por el Estado a su primer supuesto propietario, del cual se derivan los derechos sucesorales de los demandados, en cuya circunstancia existió vicio del consentimiento desde su inicio, lo que justifica la nulidad absoluta tanto del acto que les dio origen, como de los demás actos derivados del mismo, en cuya virtud el a quo dictó un fallo apegado a derecho declarando con lugar la demanda y decretando la nulidad de los instrumentos y sus inscripciones en la sentencia de primera instancia, contrario a la cuestionada sentencia del ad quem que revocó la de primera instancia. SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN. CAUSAL DEL RECURSO IMPUGNACIÓN DE LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCIÓN DEL FONDO DE LITIGIO. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Infracción por falta de aplicación del artículo 921 numeral 2 del Código Procesal Civil, y aplicación indebida de los artículos 1495 y 1496 del Código Civil, en cuanto que son disposiciones derogadas. Infracción por falta de aplicación del artículo 1589 del Código Civil en cuanto a la nulidad de oficio cuando consta de autos. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN. 1). El artículo del Código Procesal Civil que se considera infringido establece: “Artículo 921.- NORMAS SIN VIGENCIA. Derogar expresamente los artículos siguientes: 1)… 2) Los artículos del 511 al 517; 522; párrafo segundo del artículo 553 y artículos del 1495 al 1538 y 2367 del Código Civil, aprobado por el Poder Ejecutivo el 8 de febrero de 1906. 3)…” 2). El artículo del Código Civil que se considera infringido dice: Artículo 1589.- La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe, cuando conste de autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen; y no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria.” 3). La sentencia de segunda instancia dictada por la honorable Corte Tercera de Apelaciones de este departamento, el 5 de marzo de 2012, en su parte dispositiva en lo conducente dice: “POR TANTO: ... en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 82, 90, 303, 304 de la Constitución de la República; 1495, 1496, 1552, 1586 del Código Civil; 300.1, 301 del Código de Procedimientos Civiles; 200, 701, 705, 706.2, 713 y 913 del Código de Procesal Civil, FALLA: 1) ESTIMA PROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el abogado Roberto Antonio Cruz en su condición indicada. 2) REVOCA la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, Olancho de fecha 18 de enero de 2012. 3) Declarando SIN LUGAR la Demanda ordinaria de nulidad absoluta de unas escrituras públicas y de sus inscripciones en el Registro de la Propiedad.... 4.- ABSUELVE a los demandados José Álvaro Moya Rodríguez y otros…” Del análisis del artículo 921 numeral 2 del Código Procesal Civil queda demostrado que los artículos 1495 y 1496 del Código Civil fueron derogados expresamente, en cuya virtud ya no pueden aplicarse en la sentencia de segunda instancia, porque en el caso de autos, cuando entró en vigencia el Código Procesal Civil, el juicio se encontraba en primera instancia, lo que implica que le era aplicable la legislación civil anterior, hasta la sentencia que le puso fin a dicha instancia y a partir de la fecha de esa resolución, tiene aplicación el Código Procesal Civil, lo que significa que tanto la notificación de la sentencia de primera instancia, como los recursos de apelación y casación, quedaron sujetos al Código Procesal Civil, tal como lo manda el artículo 913 de dicho Código y por lo tanto, la sentencia de segunda instancia dictada por la honorable Corte Tercera de Apelaciones de este departamento, el 5 de marzo de 2012, al aplicar los artículos 1495 y 1496 del Código Civil, ha incurrido en infracción por falta de aplicación del artículo 921 numeral 2 del Código Procesal Civil que los deroga, e infracción por aplicación indebida de los mismos, lo que hace procedente el recurso de casación para que la honorable Corte Suprema de Justicia case dicha sentencia y valide la de primera instancia. De la simple lectura de la parte dispositiva de la sentencia de segunda instancia recurrida, aparece de manifiesto que no se hizo cita alguna del artículo 921 numeral 2 del Código de Procesal Civil y aparece que efectivamente se cita y se aplican indebidamente los artículos 1495 y 1496 derogados del Código Civil, lo cual es improcedente y da lugar al recurso de casación. También la honorable Corte Tercera de Apelaciones incurre en infracción por falta de observación y de aplicación del artículo 1589 del Código Civil, en el que se establece que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe, cuando conste de autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen; y no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria. Basta con leer la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia y la de segunda instancia para constatar que en la de primera instancia se hizo la cita y aplicó correctamente el artículo 1589 del Código Civil, no así en la de segunda instancia, en donde no se hace la cita ni la aplicación de dicho precepto, lo que hace procedente el recurso de casación”.
II. MOTIVACIÓN JURÍDICA
1.- Naturaleza y función del recurso de casación. El recurso de casación se caracteriza por su función nomofiláctica, en virtud de lo cual el artículo 716 del Código Procesal Civil dispone dos fines expresos, el primero de ellos, es la protección de las normas del ordenamiento jurídico, y esto se hace, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional.
Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e interprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas.
2.- Características del recurso de casación. Las características del recurso de casación son las siguientes:
a) Es un recurso extraordinario reservado a determinadas resoluciones y delimitado por causales predeterminadas.
b) No constituye una nueva instancia por tanto no permite nuevo examen de hechos y valoración probatoria, salvo de manera excepcional cuando se denuncien infracciones de interpretación o aplicación de normas in procedendo que regulen el contenido y forma de las sentencias.
c) Su objetivo específico es resolver la existencia de la infracción alegada, de modo que si el recurso es estimado, se casará la sentencia en todo o en parte, provocando que la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Civil, en la misma sentencia que casa la sentencia impugnada se pronuncie sobre el tema de fondo objeto del proceso.
3.- Preceptos autorizantes de los motivos. En referencia al caso sub iudice la abogada recurrente OLGA MARINA OSORTO FLORES funda la casación en dos motivos.
El primero de ellos lo funda en la causal contenida en el artículo 719.1 inciso b) del Código Procesal Civil, o sea la impugnación por aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión.
El segundo motivo lo funda en la causal contenida en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, o sea la impugnación por aplicación e interpretación de normas de derecho empleadas para la solución del fondo del asunto.
4.- Resumen del primer motivo de casación. La petente funda el PRIMER MOTIVO en que el ad quem cometió la infracción por falta de aplicación de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República en lo concerniente a los derechos de defensa y debido proceso.
De igual manera lo funda en la infracción por falta de aplicación de los artículos 320 y 327 del Código de Procedimientos, en lo concerniente a que los instrumentos pueden presentarse en cualquier estado del juicio.
Al explicar el concepto de la infracción la impetrante cita el alcance de las normas que estima infringidas de la siguiente manera:
“Artículo 82.- El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”
“Artículo 90.- Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”
“Artículo 320.- Los medios de prueba de que puede hacerse uso en juicio son: 1º.- Instrumentos públicos…”
“Artículo 327.- Los instrumentos pueden presentarse en cualquier estado del juicio, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 262 y 291.”
Manifiesta que del análisis de los preceptos citados, ve que la honorable Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán, en la sentencia definitiva de fecha cinco de marzo del año dos mil doce, incurre en violación del derecho de defensa y en violación del debido proceso, en perjuicio de su representado; ya que al hacer caso omiso del valor jurídico de los instrumentos acompañados al presentar la demanda, como medios probatorios en que se funda dicha demanda, resulta evidente que se le ha negado el derecho de defensa y que no ha sido juzgado con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.
Agrega que al tenor de los preceptos procesales citados, los instrumentos públicos son medios de prueba que pueden presentarse en cualquier estado del juicio, requisitos procesales cumplidos a cabalidad por su representado, al momento de promover la demanda, tal como lo manda el artículo 262 del Código de Procedimientos, hasta la emisión de la sentencia definitiva de primera instancia, en la que con muy buen criterio jurídico, el a quo apreció en toda su virtualidad jurídica la prueba documental aportada al momento de promover la demanda, como lo hace constar en la parte final del CONSIDERANDO (2), que en lo conducente dice:
“… acompañando a dicha demanda copias autenticadas de los títulos que corresponden a los sitios de SAN CRISTOBAL DE VALLECITO O EL VALLECITO, SAN LUIS DE LAJAS, SAN JOSÉ DE CATACAMAS, SAN PEDRO Y SAN CÁLIX O SAN LUIS DE SAN CÁLIX.”
Sin embargo reclama que lamentablemente para el ad quem estos documentos no merecen credibilidad ni virtualidad jurídica alguna, tal como lo dejó expresado en la sentencia de segunda instancia, en el acápite “FUNDAMENTOS DE DERECHO numerales 1 y 2, que hace referencia a los artículos 1586 y 1552 del Código Civil; y en el numeral 3 de dicho acápite expresa:
“Que del análisis ponderado de la demanda interpuesta se desprende que los anteriores preceptos legales no sirvieron de asidero o fundamento para la Demanda de nulidad de escrituras públicas que peticiona el actor, quien no logró acreditar ninguno de los vicios de nulidad supra señalados, en otras palabras, la parte reclamante no fincó la demanda en los artículos relacionados, como tampoco acreditó las causales de nulidad de la referencia.”
Con lo anterior la petente concluye que al no darles ningún valor a los documentos en que se funda la demanda, la honorable Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán ha violado disposiciones de orden público y de observancia obligatoria produciendo una situación de facto insalvable, obviando que con dichos instrumentos públicos quedó acreditada fehacientemente y de modo indubitado la naturaleza jurídica ejidal rural de dichos sitios, y el dominio del Estado, cuya administración corresponde al Instituto Nacional Agrario, por disposición de la Ley de Reforma Agraria, artículos 5,6 literal b) y 15.
Asimismo la impetrante manifestó que la prueba documental, cuando se trata de instrumentos públicos, por sí misma constituye plena prueba del derecho consignado en ellos, es decir, que en este caso se probó documentalmente que el Estado es el dueño de los sitios ejidales de que se hace referencia en la demanda.
Arguyó que por el contrario, consta en el juicio que las escrituras con que los demandados fundamentan su derecho de propiedad, carecen de tracto sucesivo legítimo, ya que no fueron adjudicados originalmente por el Estado a su primer supuesto propietario, del cual se derivan los derechos sucesorales de los demandados, por cuya circunstancia existió vicio del consentimiento desde su inicio, lo que justifica la nulidad absoluta tanto del acto que les dio origen, como de los demás actos derivados del mismo, en cuya virtud el a quo dictó un fallo apegado a derecho declarando con lugar la demanda y decretando la nulidad de los instrumentos y sus inscripciones en la sentencia de primera instancia, contrario a la cuestionada sentencia del ad quem que revocó la de primera instancia.
5.- Argumentos de la Sala de lo Civil para la inadmisión del primer motivo de casación. La Sala de lo Civil toma a bien el argumento de la petente en relación a fundar el PRIMER MOTIVO en la infracción de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, en lo concerniente a los derechos de defensa y debido proceso, y estos en relación a lo dispuesto a las normas procesales 320 y 327 del Código de Procedimientos de 1906; asimismo toma a bien que la petente se haya conducido por la vía que provee la causal referida a la infracción de normas que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción supone la nulidad o produce indefensión.
Sin embargo, esta Sala, no sigue a la impetrante en su motivo, cuando pretende que sea estimado el argumento de que dichas garantías constitucionales fueron quebrantadas por el juzgador cuando éste en su sentencia resuelve que el demandante no logró acreditar los vicios que alegó en su demanda, lo cual para la casacionista fue no dar valor a unos medios probatorios.
La Sala de lo Civil toma esta determinación con fundamento en lo dispuesto por el Código Procesal Civil, en el artículo 720.1, el cual es claro cuando de manera expresa prohíbe que por medio de la casación se inste la revisión de los hechos, o se interprete y valore la prueba contenida en la sentencia. A esta regla general opone lo establecido en el artículo 720.2 del mismo código, al establecer que el casacionista puede solicitar el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico.
En virtud de lo anterior, para la Sala de lo Civil, el ataque a la valoración de la prueba aportada en el juicio, debió hacerse por la vía que ofrece la causal contenida en el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil, que regula la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia.
A lo largo de la exposición que hace la impetrante en este motivo de casación, se observa que ésta rechaza la motivación fáctica y valoración probatoria de la sentencia bajo examen, es decir quebranta la intangibilidad de la sentencia en cuanto a los hechos que se estiman por probados, entrando de esta manera a alegatos propios de instancia. Inclusive propone como debió el juzgador valorar la prueba documental aportada en el juicio.
En vista de lo anterior procede declarar la inadmisión del primer motivo de casación.
6.- Resumen del segundo motivo de casación. La casacionista funda su SEGUNDO MOTIVO en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, que contiene la causal que faculta impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.
La casacionista refiere que la sentencia del ad quem infringe las normas siguientes: a) el artículo 921 numeral 2 del Código Procesal Civil por falta de aplicación; b) los artículos 1495 y 1496 del Código Civil por aplicación indebida; y c) el artículo 1589 del Código Civil en cuanto a la nulidad de oficio cuando consta de autos.
Determina el alcance de las normas señaladas, al citarlos de la manera siguiente:
“Artículo 921.- NORMAS SIN VIGENCIA. Derogar expresamente los artículos siguientes: 1)… 2) Los artículos del 511 al 517; 522; párrafo segundo del artículo 553 y artículos del 1495 al 1538 y 2367 del Código Civil, aprobado por el Poder Ejecutivo el 8 de febrero de 1906. 3)…”
Artículo 1589.- La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe, cuando conste de autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen; y no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria.”
Refiere que la sentencia de segunda instancia dictada por la honorable Corte Tercera de Apelaciones de este departamento, el 5 de marzo de 2012, en su parte dispositiva en lo conducente dice:
“POR TANTO: ... en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 82, 90, 303, 304 de la Constitución de la República; 1495, 1496, 1552, 1586 del Código Civil; 300.1, 301 del Código de Procedimientos Civiles; 200, 701, 705, 706.2, 713 y 913 del Código de Procesal Civil, FALLA: 1) ESTIMA PROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el abogado Roberto Antonio Cruz en su condición indicada. 2) REVOCA la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, Olancho de fecha 18 de enero de 2012. 3) Declarando SIN LUGAR la Demanda ordinaria de nulidad absoluta de unas escrituras públicas y de sus inscripciones en el Registro de la Propiedad.... 4.- ABSUELVE a los demandados José Álvaro Moya Rodríguez y otros…”
Al hacer el análisis del artículo 921 numeral 2 del Código Procesal Civil, la casacionista afirma que los artículos 1495 y 1496 del Código Civil fueron derogados expresamente, y que por ello ya no pueden aplicarse en la sentencia de segunda instancia. Al respecto explica que en el caso de autos, cuando entró en vigencia el Código Procesal Civil, el juicio se encontraba en primera instancia, lo que implica que le era aplicable la legislación civil anterior, hasta la sentencia que le puso fin a dicha instancia y a partir de la fecha de esa resolución, tiene aplicación el Código Procesal Civil, lo que significa que tanto la notificación de la sentencia de primera instancia, como los recursos de apelación y casación, quedaron sujetos al Código Procesal Civil, conforme al artículo 913 de dicho Código.
Luego al referirse a la sentencia dictada el 5 de marzo de 2012 por la honorable Corte Tercera de Apelaciones de este departamento, señala que se incurrió en infracción por falta de aplicación del artículo 921 numeral 2 del Código Procesal Civil, al aplicar en la parte dispositiva de la mencionada sentencia los artículos 1495 y 1496 del Código Civil.
También manifiesta que la honorable Corte Tercera de Apelaciones incurre en infracción por falta de observación y de aplicación del artículo 1589 del Código Civil, en el que se establece que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe, cuando conste de autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen; y no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria. Basta con leer la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia y la de segunda instancia para constatar que en la de primera instancia se hizo la cita y aplicó correctamente el artículo 1589 del Código Civil, no así en la de segunda instancia, en donde no se hace la cita ni la aplicación de dicho precepto, lo que hace procedente el recurso de casación”
7.- Argumento de la Sala de lo Civil para la inadmisión del segundo motivo de casación. La Sala de lo Civil estima que el segundo motivo de casación no es de recibo en virtud de que no señala de qué manera le afecta el error cometido por el juzgador de segunda instancia.
La técnica casacional exige que la infracción de la norma que se tiene por infringida repercuta de una manera determinante en la decisión, de tal manera que de no haberse cometido el resultado habría sido diferente.
En el presente caso, la casacionista no ha señalado la trascendencia del error que expone, de tal manera que no procede la admisión de dicho motivo.
8.- Algunos elementos que debe observar todo impetrante en casación. En relación a la observancia rigurosa de la técnica casacional, el censor deberá observar los requisitos siguientes:
a) Se expondrán en motivos y apartados separados cada una de las vulneraciones o infracciones que se denuncien como cometidas en la sentencia recurrida, sin que resulte admisible la enumeración global o indiscriminada de preceptos, ni en el planteamiento de cuestiones diversos en cada apartado que puedan generar confusión e imposibilidad de conocer con exactitud la concreta infracción de su alcance para poder juzgar sobre ello. Ello implica la necesidad de una exposición separada de cada una de las infracciones integrantes del motivo. Este requisito es inherente a la calidad y precisión en la formulación del recurso.
b) Se deberá indicar en cada apartado, con toda claridad, el precepto concreto de la norma que se considere infringido.
c) No es procedente fundar el recurso en un conjunto heterogéneo e indiscriminado de normas. (No es tarea de la Sala sustituir a los recurrentes en su labor de precisar tanto la norma infringida como el porqué lo ha sido.
d) Evitar citar como infringidos los preceptos haciendo uso de expresiones como: “y demás aplicables”, “y siguientes” o “concordantes”, sin indicar cuáles son.
e) No puede citarse como infringida toda una ley, sino que deben citarse artículos determinados y aún párrafos concretos.
f) Deberá razonarse con la extensión que se estimen necesaria la pertenencia y la fundamentación del motivo, explicando en qué consistió la infracción y de qué modo afectó a la decisión de la cuestión o cuestiones objeto del proceso. No se estimará la procedencia si el recurrente se limita a transcribir, sin más, el texto de cada precepto, sin razonar por tanto, debidamente el por qué la sentencia recurrida los ha infringido.
g) El recurrente tiene que partir de que asume los hechos declarados probados en la sentencia recurrida, sin que pueda hacer cuestión de ellos. Con mayor razón si se tiene en cuenta que todo lo relativo a la carga o valoración de la prueba no puede aducirse por el recurso de casación conforme al motivo expresado en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, sino únicamente por el motivo de infracción procesal, contenido en el artículo 719.1 del Código Procesal Civil.
h) No pueden plantearse cuestiones nuevas, aunque la Sala si podrá atender a las cuestiones de orden público (aportación extemporánea de hechos).
9.- Causas de inadmisión. La Sala de lo Civil en virtud de lo anteriormente expuesto estima procedente declarar la inadmisión del recurso de casación en sus dos motivos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 723.2 literal (a) del Código Procesal Civil, el que ad literam dice: “Artículo 723.- TRÁMITE DE ADMISIÓN. 1.-…2. Sólo podrá inadmitirlo por las siguientes causales: a) Incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por este Código para el escrito de interposición y formalización, (técnica casacional)… y la pretensión de que se revise la interpretación y valoración de las pruebas.” Lo entre paréntesis es nuestro)
III. PARTE DISPOSITIVA
Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 701, 703, 704, 716, 717, 718, 719, 720, 723.2 literal a), 724 y 914 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación en sus motivos, formalizado por la abogada Olga –marina Osorto Flores, en su condición de representante procesal del Instituto Nacional Agrario (INA), contra la sentencia dictada en fecha cinco de marzo de dos mil doce por la honorable Corte Tercera de Apelaciones de la sección judicial de Francisco Morazán, en relación con la demanda ordinaria de nulidad absoluta de una escrituras públicas y sus inscripciones en el Registro de la Propiedad, hipotecas y anotaciones preventivas de Juticalpa, en el departamento de Olancho y en el Registro Agrario Nacional; nulidad de las demás escrituras públicas que de ellas se han derivado y sus inscripciones en el mismo Registro Agrario Nacional, en contra de José Álvaro Moya Rodríguez, Oscar Antonio Moya, Rodríguez, Tulio Alberto Moya Turcios, Apolinario Mendoza Zelaya, Santiago Cruz Escobar, Alfredo Fino Carrillo, José Amado Ayala, Ricardo Leonel Ferrera y Francisca Elena Cruz Pacheco. 2) Firme la sentencia recurrida, dictada en fecha cinco de marzo de dos mil doce por la honorable Corte Tercera de Apelaciones de la sección judicial de Francisco Morazán, en el expediente número 06-12, originada en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 915-1998, del Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, Departamento de Olancho. 3) Condenar en costas a la parte recurrente; y, 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio.- Redactó el Magistrado RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO.- NOTIFIQUESE.
RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO
COORDINADOR
EDITH MARIA LOPEZ RIVERA
MAGISTRADA
REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ
MAGISTRADA