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Sentencia CC-108-12 — Registro 4351

Resumen

En primera instancia se declara sin lugar la demanda ordinaria de indemnización de daños y perjuicios por violación a los derechos humanos incumplimiento al debido proceso, derecho de defensa y otros, en segunda instancia se confima.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“El Estado de Honduras reconoce y vela por el debido cumplimiento de los derechos humanos, en su universalidad e individualidad. No obstante el demandante fue garantizado con los mismos con un debido proceso, en igualdad de condiciones y bajo la tutela judicial que invocara en el ámbito laboral, resguardándole las garantías de defensa, contradicción, de audiencia y a los recursos legales que le han correspondido, gozando con el ello el de la Defensa Técnica para hacer valer sus alegatos, a tal grado que sus derechos humanos a un juicio justo se vieron reflejados en la conciliación realizada ante el Juzgado de Letras del Trabajo, con lo cual se le ha preservado lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y lo establecido en el artículo 82 de la Constitución de la República…Diferente situación jurídica, al tenor de lo analizado, se desprende del régimen de protección que existe entre los empleados y la Entidad CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA, conocida con las siglas de “COCESNA”. Ya que debemos diferenciar claramente los derechos, deberes y obligaciones de cada una de estas dos partes, en donde la situación laboral es individual y la de la entidad en su conjunto es supranacional. Además resulta inaceptable el argumento esgrimido por la Corte de Segunda Instancia, en que no se alegó en el proceso laboral la inmunidad de la demandada, en vista que las pretensiones de los procesos son distintos al igual que en su causa de pedir, de tal forma que no existe ninguna conexión que concatene la tutela jurídica solicitada en los diferentes procesos, de tal suerte que el primero tutela normas de orden público y el segundo tutela normas de orden privado. Pero al examinar el asunto se aprecia la existencia de una infracción procesal relativa a la competencia que origina la nulidad absoluta de TODO lo actuado, por lo cual es deber de la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán tomar las medidas que tienen que ver con las cuestiones de competencia y proceder conforme a ellas. Artículos 15 y 18 de la Constitución de la República; 214.1 del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

  • Código de Procedimientos Civiles, art. 190 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1586 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

AUTO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de Septiembre de dos mil trece, la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, como coordinador, EDITH MARIA LOPEZ RIVERA y REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUÁREZ en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:

SON PARTES: La CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AÉREA (COCESNA), representado en juicio por la Abogada MELVA RUBY VÁSQUEZ, en su condición de recurrente; siendo recurrido el señor ZELYN SANCHEZ REYES, representado en juicio por el Abogado ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO.

OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA ORDINARIA DE INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS.- INCUMPLIMIENTO AL DEBIDO PROCESO, DERECHO DE DEFENSA Y OTROS, promovida en fecha veintinueve (29) de octubre de dos mil diez (2010), ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO, actuando en su condición de Representante Procesal del señor ZELYN SANCHEZ REYES, contra la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA).

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Con fecha doce (12) de enero de dos mil doce (2012), la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha doce (12) de octubre de dos mil once (2011), en el juicio contentivo de la DEMANDA ORDINARIA DE INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS.- INCUMPLIMIENTO AL DEBIDO PROCESO, DERECHO DE DEFENSA Y OTROS, promovida en fecha veintinueve (29) de octubre de dos mil diez (2010), ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO, actuando en su condición de Representante Procesal del señor ZELYN SANCHEZ REYES, contra la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA), confirmó la sentencia de fecha once (11) de octubre de dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, mismo que falló: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR la demanda ORDINARIA DE INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS, INCUMPLIMIENTO AL DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE DEFENSA, Y OTROS, promovida por el Abogado ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO, en su condición de Apoderado legal del señor ZELYN SANCHEZ REYES, en contra de la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA), representada por su Presidente Ejecutivo señor BAYARDO PAGOADA FIGUEROA; todos de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia, en consecuencia: 2) CONDENA, a la Sociedad demandada CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA), a pagar al señor ZELYN SANCHEZ REYES como parte demandante o su Apoderado Legal la suma de DOCE MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS DE LEMPIRAS (LPS. 12,080,916.79), calculados al mes de Octubre del presente año dos mil once, misma que se incrementará hasta que este fallo cause ejecutorio y de acuerdo al Libro de VALORACION DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL SEÑOR ZELYN SANCHEZ REYES, y que se encuentra aportado al proceso en carácter de prueba documental fehaciente”.

SEGUNDO: La Representante Procesal de la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA), Abogada MELVA R. VASQUEZ, presentó, en fecha Trece (13) de Marzo de Dos Mil Doce (2012), escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada con fecha doce (12) de enero de dos mil doce (2012), por la Corte de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán.

TERCERO: Mediante auto de fecha catorce (14) de marzo de dos mil doce (2012), la Corte de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, tuvo por interpuesto en tiempo el Recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del escrito.

CUARTO: El Representante Procesal de la parte demandante-apelada, Abogado ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO, presentó, en fecha veinticuatro (24) de abril de dos mil doce (2012) escrito de pronunciamiento sobre el Recurso de Casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, tener por devuelto e impugnado en tiempo y forma el pronunciamiento concedido al Abogado ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO, en su condición de demandante-apelado, contra el recurso de Casación interpuesto contra la sentencia dictada por esa Corte en fecha doce (12) de enero de dos mil doce (2012) por la Abogada MELVA RUBI VASQUEZ, en su condición de demandado-apelante, ordenando la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.

QUINTO: Recibidas las actuaciones en este Tribunal la Abogada MELVA R. VASQUEZ, en su condición de Representante Procesal de la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA) y el Abogado ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO, en su condición de Representante Procesal del señor ZELYN SANCHEZ REYES, presentaron escritos de personamiento en fechas cuatro (04) y once (11) de mayo de dos mil doce (2012) y una vez visto el informe rendido por la Secretaría de esta Corte Suprema de Justicia, se tuvieron por personados en tiempo.

SEXTO: Que la parte recurrente plantea en cinco motivos su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “V.- MOTIVOS DE CASACION POR INFRACCION PROCESAL. Este tipo de Infracción nos obliga a distinguir bien los errores anteriores a la Sentencia y los producidos en la sentencia impugnada. PRIMER MOTIVO EN LO RELACIONADO A LA EXCLUSION DE LA REVISION PROBATORIA EN CASACION. Se desarrolla el presente motivo en base a lo establecido en el artículo setecientos veinte (720) del Código Procesal Civil, en sus numerales uno [1)] y [2)] prescribe: “Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia. 2) Sin embargo, y dentro del literal c) del numeral 1 del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo.” Se fundamenta el presente motivo como causal del presente recurso en el Artículo setecientos diecinueve (719) inciso c) del numeral uno [1)] prescribe: “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: c) la forma y contenido de las sentencias.” Que es el caso Honorable Corte que se solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia para demostrar la conclusión equivocada a que llegó el Tribunal de Segunda Instancia por la aplicación e interpretación de las normas y contenido formal de las sentencias y sus requisitos internos en que se fundamenta la misma ya que los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil que establecen: ARTÍCULO 206.- CLARIDAD, PRECISIÓN Y EXHAUSTIVIDAD. 1. Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. 2. El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. 3. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. ARTÍCULO 207.- MOTIVACIÓN. 1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. ARTÍCULO 208.- CONGRUENCIA. 1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. 2. En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Es el caso Honorable Corte Suprema de Justicia que en el presente asunto se condenó a mi representada a pagar la cantidad de DOCE MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON STETENTA Y NUEVE CENTAVOS, motivando esta condena la Corte de Apelaciones recurrida en el artículo 1360 del Código Civil, al señalar que el actor selecciona la referida cuantía por el valor de un daño injusto concentrándose en el mismo tanto los daños materiales como inmateriales, que se ajusta precisamente a los causados al demandante como consecuencia de la violación a sus derechos humanos fundamentales, tesis que se ve confirmada por el artículo 2236 del Código Civil, sin embargo no existe prueba que acredite específicamente los daños y perjuicios señalados por el demandante valorados en dicha cantidad por la cual fue condenada mi representada ya que no fueron mencionados ni probados los hechos concretos que generaron los daños por dicha cantidad. Que en el presente caso se denota la evidente equivocación del Tribunal Sentenciador que parte de darle a un documento privado un valor por el hecho de no haberse hecho oposición a esa prueba aun cuando se evidencia un rechazo absoluto a la pretensión de la parte actora, equivocación del Ad quem que se manifiesta cuando da por sentada la existencia de daños y perjuicios sin que estos hayan sido demostrados, aplicando el Artículo 1360 del Código Civil, el cual solo es aplicable para los efectos del cálculo de la indemnización de daños y perjuicios, pero cuando estén debidamente acreditados. En relación a este motivo es que se solicita a la Honorable Corte el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo. Se pide pues, que se examine si el Tribunal Sentenciador ha hecho un razonamiento correcto en la estimación de los daños y perjuicios para haber llegado a la conclusión de estimar procedente la demanda promovida por el demandante señor ZELYN SANCHEZ y la cuantía por la que se condena misma que la determina en base a un estudio actuarial, documento éste que no puede tener el valor probatorio que le asigna el Tribunal Sentenciador, en tanto que es un documento privado que no ha sido reconocido en juicio por aquél a quien se le opone, y que tampoco es aceptable el razonamiento de que fue aceptado en juicio por la demandada por no haberlo impugnado ni presentar prueba en contrario, si resulta claro que de los propios términos del Artículo 1360 del Código Civil se infieren supuestos distintos al plasmado en el fallo. Este Artículo 1360 del Código Civil dispone: “Quedan sujetos a la indemnización de daños y perjuicio causados los que en el cumplimiento de su obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquellas”.- Por lo que para los efectos del cálculo de la indemnización de daños y perjuicios, la parte correspondiente tuvo que haberse demostrado los requisitos establecidos en el presente concepto, y ninguno de los Supuestos que deriva de éste articulo queden reflejados en el planteamiento de la demanda y la sentencia misma, sin que del mismo se entienda una eximente de probar al demandante, en tanto en cuanto que impone la obligación de probar el supuesto consignado en él, y para llegar a determinar el valor a pagar por el infractor de haberse cometido tales daños o perjuicios y de los autos no consta ninguno de estos, determinándose únicamente por lo manifestado por la Actuaría en el cuestionado estudio, por lo que al dársele al respectivo estudio actuarial un valor probatorio que no le corresponde para estimar la procedencia de la acción de indemnización de daños y perjuicios, particularmente en éste último concepto, resulta incuestionable que la motivación fáctica de la Sentencia no corresponde a la lógica que ha debido imperar en la conclusión del litigio. Bajo estos mismos conceptos, esta Corte Suprema debe darle cabida a la oposición formulada por mi representada que siempre desestimó los valores en concepto de daños y perjuicios, pero que no aportó pruebas sobre ello, tratando de invertir la carga de la prueba cuando la obligación de probar recae en quien la alega, no en quien simplemente la niega, demostrando con ello que la motivación de la sentencia es errónea, por lo que por tales razones se estima la procedencia de éste motivo. SEGUNDO MOTIVO EN LO RELACIONADAO A ERRORES PRODUCIDOS EN LA SENTENCIA. Infracción del artículo 200.1 literal b, o sea, en la parte que dicen: “1. La sentencias serán siempre motivadas… 2.- En particular la redacción de la sentencia se ajustara al siguiente contendido formal… b) En lo antecedentes de hechos se consignaran, con la claridad y concisión posibles y en párrafo separados y numerado, las pretensiones de las partes o interesado, los hechos en que las funde que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban resolver, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados en su caso; en relación con el artículo 207 del Código Procesal Civil; por ende se impugna la aplicación omisa de esas normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. Se trata de infracciones de las normas procesales que regulan la forma y el contenido de la sentencia, produciéndose en la misma sentencia, o sea, son vicios internos que producen o manifiestan al estructurar la sentencia, es decir que su elaboración, en general se incurrieron en infracciones que invalidan la sentencia, teniendo en cuenta las normas procesales y orgánicas que la regulen como la falta de motivación o la motivación insuficiente. Se impugna la falta de aplicación de los artículos 200.1.2 literal b, en relación con el 207 del Código Procesal Civil, que afecta la norma y contenido de la sentencia, especialmente se solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia con el objeto, que se revise su falta de suficiencia, racionalidad y carácter lógico, por ser determinante de un sentido diferente el fallo. El artículo 200 del Código Procesal Civil, entre otros requisitos exige el numeral 1, que las sentencias serán siempre motivadas, y en su numeral 2, al final de la letra b), “los hechos probados”, pero al leer y analizar la sentencia impugnada no se encuentra una declaración de los hechos probados en cumplimiento de ese precepto mencionado, y la motivación cuyo concepto y alcance se encuentra en el artículo 207 de ese mismo cuerpo legal, en el fallo impugnado es insuficiente, porque no existen razonamientos fácticos y jurídicos sobre los presupuestos jurídicos del artículo 1360 del Código Civil en que funda su sentencia el Tribunal requerido. En fin, existe insuficiencia en la motivación, pues la exigua que existe en la sentencia verdaderamente no incide en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, tanto considerados individualmente corno en su conjunto, como lo exige el artículo 270.2 del Código Procesal Civil, debiéndose siempre ajustarse a las reglas de la lógica y de la razón. Como fácilmente se puede apreciar la sentencia recurrida no desarrolla los hechos probados como tal, exigencia que integra la motivación de hecho, o sea, no se ha aplicado a cabalidad esa relación de los preceptos citados como infringidos, esa declaración es necesaria para conjurar a las resabidas practicas que causaban indefensión a las partes y, además, dificultaban extraordinariamente el control de los tribunales superiores sobre la declaración fáctica efectuada en la instancia. Dicha omisión es manifestación inequívoca de que la sentencia impugnada adolece de insuficiencia en la motivación, así tampoco cumple con la exigencia del artículo 207.1 pues la expresión de los razonamientos fácticos, precisamente se encuentra en esa declaración de hechos probados y difícilmente se puede afirmar de una sentencia con esa acefalia que en ella encontramos la conducción hacia la apreciación y valoración apropiadas de la prueba, y tampoco satisface la exigencia del numeral 2 de ese artículo puesto que la insuficiente motivación no incide en los distintos elementos fáctico, estos es los hechos probado, y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, estos vicios de motivación sin duda alguna son vicios de razonamiento, lo que se extiende hasta vicios de justificación. Así las cosas, las sentencia recurrida no esta provista de los elementos necesarios que permiten examinar y analizar las razones de la que normalmente se vale la decisiones como medios legítimos de la función jurisdiccional, ya que la motivación debe contener la declaración de los hechos probados que es parte de la expresión de los razonamientos fácticos, que junto con los razonamientos jurídicos, deben conducir a la apreciación de las pruebas, así corno a la aplicación e interpretación del derecho y al no entenderlo así la corte recurrida ha infringido esa relación de los preceptos procesales citados en el enunciado de este motivo. De esa manera, queda así precisada y justificada la incidencia de esas infracciones en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representada. Precepto autorizante Este motivo se halla comprendido en el artículo 719.1. C) causales e del Recurso, del Código Procesal Civil, en la parte que dice “..c) La forma y contendido de la sentencia” DENUNCIA PREVIA EN LA INSTANCIA Como los errores denunciados fueron cometidos al estructurarse la sentencia impugnada, no existe una denuncia previa en la segunda instancia, y en cuanto al requisito de subsanación, no se aplico porque como manifestamos la infracción de la norma procesal se dio al dictarse el fallo hoy impugnado. TERCER MOTIVO: Infracción a los artículos 210 numeral 1), 235 numerales 1, y 2 del Código Procesal Civil, en relación con los artículos 756 del Código del Trabajo y los Artículos 95, 129, 303 y 321 de la Constitución de la República. Precepto autorizante Este motivo se halla comprendido en el artículo 719.1. b) causales del Recurso del Código Procesal Civil, en la parte que dice “..b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjere indefensión.” El desarrollo del presente motivo de casación se explica de la siguiente manera: a) A FOLIO 2 de la Primera pieza de juicio, En el HECHO PRIMERO de la Demanda el Demandante manifiesta “Que en fecha 1 de Abril del año 2002 empezó a laborar en la Empresa denominada “CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA” COCESNA, ocupando el puesto de Controlador Planificador en el Departamento denominado CENAMER”. b) A folio 7° de la misma primera pieza de juicio, el Demandante manifiesta en el HECHO NUMERO OCHO de su Demanda “Que el 21 de Febrero del año 2008 el Demandante Zelyn Sánchez Reyes es despedido de su trabajo, sin responsabilidad indemnizatoria por parte de COCESNA”; Y continúa manifestando “ante tal situación compareció ante las respectivas Autoridades Administrativas del Ministerio de Trabajos dictaminándose en dicha sede el agotamiento de la Vía Administrativa, Y HABIENDOSE GANADO EN DOS INSTANCIAS LA DEMANDA LABORAL, “COCESNA” por medio de su Representante Legal lo INDEMNIZO laboralmente ...aclarando que eso es separado a lo que ahora interpela… que se manifiesta solo para antecedentes de Hechos...” c) A folio 121 de la primera pieza se encuentra el escrito de Contestación de la Demanda, mediante el cual COCESNA acepta los Hechos PRIMERO Y OCTAVO de la Demanda, lo que significa admitir el HECHO PRIMERO: que el Demandante fue empleado de COCESNA, que fue Controlador Planificador II desde el primero del mes de Abril del año 2002; y en el HECHO OCTAVO: que el Demandante fue despedido de COCESNA el 21 de Febrero del año 2008; Que compareció ante las Autoridades Administrativas del Ministerio de Trabajo agotando la vía Administrativa Y HABIENDOSE GANADO EN DOS INSTANCIAS LA DEMANDA JUDICIAL LABORAL, COCESNA LO INDEMNIZO LABORALMENTE. d) La aceptación de esos Hechos eximio a COCESNA de toda presentación de prueba en su defensa, ya que la Confesión del Demandante en los Hechos de su Demanda, constituyen la mejor prueba, pues COCESNA siempre alegó en su defensa, la COSA JUZGADA o Preclusión.- Judicialmente hacer valer una Acción Civil que proviene de un Juicio Laboral ya Fallado, que fue conciliado a satisfacción POR AMBAS PARTES; y puesto en conocimiento de la Autoridad competente a petición del mismo Demandante, que puso fin al litigio que se había originado ante el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE FRANCISCO MORAZAN, es una situación que debe apreciarse corno COSA JUZGADA. e) La Cosa Juzgada Material tiende a garantizar la seguridad y la paz jurídica, pues de no existir esta Institución, se prolongarían Indefinidamente los procesos, generándose sucesivas Resoluciones sobre idéntica problemática que podrían, de alguna forma, resultar contradictorias” la Cosa Juzgada material cuando es notoria su existencia (en este caso admitida por el Demandado en su Hecho Octavo), y en cuanto afecta al inmediato fin del proceso, así como a la seguridad jurídica y al prestigio de organismos estatales, los jurisdiccionales, corresponde a la esfera del dominio público, debiendo en consecuencia ser apreciada de oficio por los Tribunales cuando es manifiesta”. VI.- MOTIVOS DE CASACION POR IMPUGNACION DE LA APLICACION E INTERPRETACION DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADSA PARA LA SOLUCION DEL FONDO DEL LITIGIO. PRIMER MOTIVO EN LO RELACIONADO POR INFRACCION DE LEY MATERIAL. Se impugna en su aplicación el artículo 1495 del Código Civil, por su aplicación indebida siendo esta norma de derecho empleada para la solución del Fondo del Litigio, desarrollada en su contenido por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán en su fundamentos de derecho. Este motivo se halla comprendido en el artículo 719.2 causal del recurso, del Código Procesal Civil, en la parte que dice: 2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. El concepto de la infracción se explica así: El artículo 1495 del Código Civil dice: “Incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento, y la de su extinción al que la opone” La disposición legal citada, fue infringida en su aplicación en la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil, Francisco Morazán, ya que dicha norma sustantiva al momento de su aplicación por parte de la referida Corte ya se encontraba derogada al entrar en vigencia el Código Procesal Civil, por lo que la Corte de Apelaciones denunciada al dictar la sentencia respectiva lo hace en fundamentado en una normativa no aplicable para resolver el fondo del litigio. El Código Procesal Civil en su título de disposiciones transitorias determina un capítulo titulado DISPOSICIÓN DEROGATORIA y en su ARTÍCULO 921.- NORMAS SIN VIGENCIA señala Derogar expresamente los siguientes artículos: 2.- “….artículos 1495 al 1538 del Código Civil…. Es el caso Honorable Corte que dichos artículos regulaban el tema de la prueba en materia civil, que ahora queda regulada en los artículos 228 al 349 del Código Procesal Civil de 2006, por lo que la Corte de Apelaciones al dictar su sentencia y desarrollado su fundamentos de derecho tendría que haber aplicado esta normativa, esto es así porque la normativa anterior al aplicada indebidamente por la Corte limitaba los medios de prueba sin posibilidad de ampliar los mismos o de aprovechar aquello que los avances tecnológicos ofrecen, sumado a la necesidad de una total congruencia entre la norma procesal, la prueba y su valoración para efectos de toda sentencia o resolución que se dicte, sin embargo de la lectura de la Corte de Apelaciones de lo Civil estructura su sentencia bajo una norma no aplicable para la solución del Fondo del Litigio, ya que dicha Corte por mandato de ley se veía obligada a dictar la referida sentencia bajo la fundamentación del Código Procesal Civil, tal como lo establecen los artículos 913 y 914 del Código Procesal Civil, disposiciones que al haber sido aplicadas en la sentencia dictada la misma hubiese quedado arreglada a derecho, en el sentido de declarar sin lugar la demanda interpuesta en contra de mi representada. SEGUNDO MOTIVO EN LO RELACIONADO POR INFRACCION DE LEY MATERIAL Se impugna en su interpretación los artículos 1360 que establece “Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurren en DOLO, NEGLIGENCIA O MOROSIDAD en el cumplimiento de obligación.” y 2236 del Código Civil que dispone “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa negligencia, está obligado a reparar el daño causado”, en la sentencia objeto de este recurso, siendo estas norma de derecho empleadas para la solución del Fondo del Litigio, desarrollada en su contenido por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán en sus fundamentos de derecho. Este motivo se halla comprendido en el artículo 719.2 causal del recurso, del Código Procesal Civil, en la parte que dice: 2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. Es el caso señalarle que para los efectos de casación que el artículo 1360 del Código Civil señalado como infringido deja claro la teoría sobre los daños y perjuicios la cual se debe aplicar cuando se hace presente legalmente los efectos del incumplimiento de las obligaciones, pero en el presente caso no media ni existe una obligación de mi representada para el demandante, ya que ninguna de estas situaciones anotadas en el referido artículo han sido objeto de sentencia judicial como Acción Primaria, ni pedidas por el Demandante para que el Juez de Conocimiento o la Corte sentenciadora se pronunciaran al respecto.- Para que se produzca la indemnización de daños y Perjuicios que determina el citado Artículo 1360 del Código Civil, deben PREVIAMENTE ser declarados el DOLO, o la NEGLIGENCIA en su caso, o la MOROSIDAD en caso de no pago de obligaciones, y así producirse las indemnizaciones que son una consecuencia de la Declaración de las precitadas situaciones.- Aunado a lo anterior la Corte Sentenciadora relaciona la norma 1360 del Código Civil impugnada con le artículo 2236 de ese mismo cuerpo de ley, pero la referida Corte no regula la concatenación de una con la otra, solo se limita a esgrimir una tesis que no es vinculante al caso de autos, por lo que la referida omisión imposibilita la correcta aplicación e interpretación de los artículos señalados del Código Civil, haciendo que dicha omisión incida de una manera directa y notable en la resolución dictada, por lo que la sentencia recurrida en casación fue en el sentido de declarar sin lugar el recurso de apelación y en consecuencia se confirma la sentencia de primera instancia, cuando de haber llevado a cabo la correcta aplicación e interpretación del referido artículo 1360 del Código Civil su resolución hubiese sido declarando con lugar el recurso de apelación y revocando la sentencia dictada en primera instancia, por lo que las normas empleadas para resolver el fondo del litigio señaladas en el presente motivo y las cuales se impugnan por ser ajenos a la esencia del caso controvertido en este caso concreto no pueden operar para enervar lo solicitado por el demandante. La Corte recurrida no lo ha entendido así, y por ello es que se impugnan esas normas empleadas en la solución del litigio, porque inciden en el sentido del fallo e inciden en su contenido. Que de la forma así precisada y justificada se ha demostrado la incidencia de esas infracciones de normas materiales en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representada”.

II. FUNDAMENTACION JURÍDICA

Aplicando los artículos 303, 304 y 313 numeral 5), 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 10 de la Convención de Derechos Humanos; 1 y 80 numeral 1, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723 y 724 del Código Procesal Civil, con especial énfasis en:

  1. Que la abogada MELVA R. VASQUEZ en representación procesal de la Persona Jurídica Internacional Pública, u Organismo Internacional de Integración CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA, conocida con las siglas de “COCESNA”, interpuso recurso de Casación en fecha trece (13) de marzo del año dos mil doce (2012) en contra de la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán de fecha doce (12) de enero del año dos mil doce (2012). El presente recurso se deriva de las pretensiones incoadas bajo el proceso ordinario en fecha 29 de octubre del año 2010, que fuera promovida por el Abogado Alex Javier Carranza Polanco, en su condición de Representante Procesal del señor ZELYN SANCHEZ REYES en contra de la actual impetrante, ante el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán y cuyas pretensiones son: 1. INDEMINACION DE DAÑOS Y PERJUCIOS POR VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS. 2. INCUMPLIMIENTO AL DEBIDO PROCESO, DERECHO DE DEFENSA Y OTROS. Artículos 1, 23 y 690 del Código Procesal Civil.

  2. La Impetrante determina el perjuicio o agravio sufrido en cuatro puntos relevantes:

a) Al condenar al Demandado a pagar Daños y Perjuicios sin que exista una acción primaria que así lo mande.

b) Al hacer valer una Acción, que proviene de un juicio Laboral ya fallado, que fue conciliado satisfactoriamente por ambas partes, lo cual puso fin al litigio originado ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, lo cual debe apreciarse como COSA JUZGADA.

c) El fallo contradice disposiciones de derecho Procesal como el artículo 201.1 del Código procesal Civil; 95 de la Constitución de la Republica; 756 del Código del Trabajo, así como el 1360 del Código Civil.

d) La motivación de la Corte sentenciadora proviene de hechos alegados ya precluidos.

  1. La impetrante fundamenta como Primer Motivo de su Recurso en la Infracción Procesal por exclusión de la revisión probatoria en Casación. Desarrollándolo a lo establecido en el artículo 720, numerales 1 y 2, ya que se solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia para demostrar la conclusión equivocada a que llegó la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán por la aplicación e interpretación de las normas y contenido formal de las sentencias y sus requisitos internos que la fundamenta.

3.1 La impetrante fundamenta como Segundo Motivo de su Recurso en Errores Producidos en la Sentencia. desarrollándolo a lo establecido en el artículo 200.1 literal b, particularmente en que la sentencia no ha sido motivada; debiendo el Juzgador en los antecedentes de hecho consignar con claridad y concisión posibles, en párrafos separados, los hechos alegados oportunamente, las pruebas y su alcance y en general un desarrollo ordenado de la sentencia. Situación que obvia la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán. Su precepto autorizante es el articulo 719.1 Literal C en cuanto a la forma y contenido de la sentencia.

3.2 La impetrante fundamenta como Tercer Motivo de su Recurso en Infracción a los artículos 210 numeral 1), 235 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil, en relación con los artículos 756 del Código del Trabajo y los Artículos 95, 129, 303 y 321 de la Constitución de la República. Desarrollándolo en síntesis que la acción incoada en el fuero civil se deriva de un litigio que se conociera por el Juzgado de Letras del Trabajo, saliendo favorecido su representado procesal al llegarse a un acuerdo conciliatorio ante el mencionado Juzgado, por lo cual la causa a pedir quedó satisfecha por ambas partes, por lo que dicho arreglo conciliatorio tiene carácter de COSA JUZGADA. Su precepto autorizante es el artículo 719.1 literal C, por la forma y contenido de la sentencia.

3.3 DENUNCIA motivos en lo relacionado por infracción de le Ley Material. Impugna la aplicación del artículo 1495 del Código Civil. El artículo que como norma motiva la presente recurrencia, se encuentra expresamente derogado por el artículo 921.2 del Código Procesal Civil, por lo cual es vano entrar en detalles en cuanto al mismo.

  1. LO PRIMERO QUE ESTA LLAMADO UN JUZGADOR ES RECONOCER SU COMPENTENCIA. Teniendo a la vista la sentencia recurrida y estudiada la misma, resulta evidente que la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, al momento de recibir los autos del inmediato inferior, erróneamente considero como no aplicable la concurrencia de preceptos esenciales de competencia, ya que manifiesta que la acción laboral difiere de la acción civil, obviando que la segunda se deriva de la primera, por lo cual el ámbito de Juez Natural no varía para las pretensiones deducidas. Artículos 23, 24, 27, 28 y 29 del Código Procesal Civil.

Los Órganos Jurisdiccionales devienen al conocimiento de aquellas entidades jurídicas en las que el Estado de Honduras es miembro adscrito en su condición de integrante de una comunidad internacional.

5.1.a El Estado de Honduras no puede desconocer los convenios suscritos, en este caso el contentivo a la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA, conocida con las siglas de “COCESNA”, que es un organismo Internacional de la Integración Centroamericana, sin fines de lucro, y de servicio público, en condición legal y condición financiera autónoma, creado de acuerdo al artículo 2 del Convenio Constitutivo para prestar los servicios de tránsito aéreo, telecomunicaciones aeronáuticas y radio ayudas a la navegación aérea en la región de vuelo (FIR) centroamericana.

5.1.b Que dicha Corporación cuenta con inmunidad proveniente de la naturaleza para su creación como sujeto de derecho internacional público. El Estado de Honduras se adhiere al convenio constitutivo firmado el 26 de febrero del año de 1960, siendo ratificado el mismo en fecha 17 de mayo de 1960.

5.1.c Las disposiciones que regulan la inmunidad de la entidad demandada se encuentran establecidos en la sección III, artículos 3 al 8 del Decreto No. 20-2001, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 21 de mayo del año 2001, contentivo a la aprobación del CONVENIO SEDE ENTRE EL GOBIERNO DE HONDURAS Y LA CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA, conocida con las siglas de “COCESNA”.

5.2.d Imprescindible para la presente resolución es tener en consideración el alcance de los artículos arriba enunciados que disponen: Articulo 3. “Como organismo de integración centroamericana, COCESNA gozará de los privilegios y exenciones otorgadas a los organismos internacionales de integración regional a los efectos de obtener las mismas facilidades para el ejercicio de sus funciones”.

Y lo que preceptúa el Artículo 4 que dice: “COCESNA, sus bienes y haberes, cualquiera que sea el lugar en que se encuentren y quienquiera que los tenga en su poder disfrutaran de inmunidad de toda jurisdicción, salvo que en la medida en que en algún caso particular haya renunciado expresamente a esta inmunidad. Se entiende, sin embargo que ninguna renuncia de inmunidad extenderá a ninguna medida ejecutoria.

No menos importante a considerar es lo establecido en el artículo 5: “COCESNA, así como sus bienes y demás activos en cualquier parte y en poder de cualquier persona gozaran de inmunidad con respecto a decomiso, secuestro, embargo, retención, remate, adjudicación o cualquier otra forma de aprehensión, o de enajenación forzosa…”

De lo emanado del propio Convenio Constitutivo se observa que CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA, conocida con las siglas de “COCESNA”, goza de inmunidad e imposibilidad de ejecución, lo que analógicamente impide cualquier pretensión declarativa conforme a las leyes ordinarias del país, tal como ha sucedido en el presente proceso. Lo anterior y a la luz de lo analizado hay que entender que la inmunidad jurisdiccional se define en términos generales como el derecho de eximirse de los efectos de la ley del Estado, afirmación que no debe entenderse o interpretarse en el sentido de que los sujetos que gozan de esta prerrogativa no deben respetar la ley nacional del Estado, sino como una exención de no someter a los órganos jurisdiccionales nacionales las controversias en que se vean involucradas. Artículos 17 y 18 de la Constitución de la Republica.

En el presente caso la Corte Segunda de Apelaciones, como ya se hizo referencia, niega su obligación de verificar de oficio este extremo, asimismo argumenta que la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA, conocida con las siglas de “COCESNA”, no le implica la prerrogativa antes mencionada en materia civil, porque no fue alegada en la demanda laboral que le entabló el actual demandante, creándose al efecto una especie de sumisión tacita tal como lo establece el artículo 40 del Código Procesal Civil, por no estar rígidamente inmerso en las normas imperativas contempladas en el artículo 36 de ese mismo cuerpo legal; olvidando que la imperatividad en este caso nace de un Convenio Internacional, el cual por orden constitucional se encuentra en superioridad de las leyes procedimentales. Artículos 28, 29 numeral 1; 31.1 del Código Procesal Civil.

El Estado de Honduras reconoce y vela por el debido cumplimiento de los derechos humanos, en su universalidad e individualidad. No obstante el demandante fue garantizado con los mismos con un debido proceso, en igualdad de condiciones y bajo la tutela judicial que invocara en el ámbito laboral, resguardándole las garantías de defensa, contradicción, de audiencia y a los recursos legales que le han correspondido, gozando con el ello el de la Defensa Técnica para hacer valer sus alegatos, a tal grado que sus derechos humanos a un juicio justo se vieron reflejados en la conciliación realizada ante el Juzgado de Letras del Trabajo, con lo cual se le ha preservado lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y lo establecido en el artículo 82 de la Constitución de la República.

Diferente situación jurídica, al tenor de lo analizado, se desprende del régimen de protección que existe entre los empleados y la Entidad CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA, conocida con las siglas de “COCESNA”. Ya que debemos diferenciar claramente los derechos, deberes y obligaciones de cada una de estas dos partes, en donde la situación laboral es individual y la de la entidad en su conjunto es supranacional. Además resulta inaceptable el argumento esgrimido por la Corte de Segunda Instancia, en que no se alegó en el proceso laboral la inmunidad de la demandada, en vista que las pretensiones de los procesos son distintos al igual que en su causa de pedir, de tal forma que no existe ninguna conexión que concatene la tutela jurídica solicitada en los diferentes procesos, de tal suerte que el primero tutela normas de orden público y el segundo tutela normas de orden privado. Pero al examinar el asunto se aprecia la existencia de una infracción procesal relativa a la competencia que origina la nulidad absoluta de TODO lo actuado, por lo cual es deber de la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán tomar las medidas que tienen que ver con las cuestiones de competencia y proceder conforme a ellas. Artículos 15 y 18 de la Constitución de la Republica; 214.1 del Código Procesal Civil.

III. PARTE DISPOSITIVA.

Esta Sala de lo Civil, administrando Justicia en nombre del Estado de Honduras, POR ­UNANIMIDAD DE VOTOS emite AUTO IRRECURRIBLE y RESUELVE: 1. DECLARA INADMISIBLE EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la Abogada MELVA R, VASQUEZ en su condición de Representante Procesal de la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA, conocida con las siglas de “COCESNA”, en la demanda que le promoviera el señor ZELYN SANCHEZ REYES bajo la pretensión de Indemnización de Daños y Perjuicios por violación a los Derechos Humanos y que se identifica bajo expediente 0801-2010-06843 CO. 2.- DECLARA LA NULIDAD ABSOLUTA DE LA SENTENCIA RECURRIDA, dictada en fecha doce (12) de enero del año dos mil doce (2012), dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán e identificada bajo Expediente 0801-2010-06843 CO, por inobservancia a las normas de competencia que todo órgano jurisdiccional está llamado a examinar de manera previa a la admisibilidad de una pretensión. Y MANDA: Que con la certificación de este AUTO se remitan las actuaciones a la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, para los efectos consecuentes. Redactó la Magistrada Reina Sagrario Solórzano Juárez. NOTIFÍQUESE.

RAÚL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO

Coordinador

EDITH MARÍA LÓPEZ RIVERA

Magistrada

REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUÁREZ

Magistrada