Sentencia CC-97-12 — Registro 4346
Resumen
En primera instancia se interpuso demanda ordinaria para el pago de una indemnización por concepto de daños y perjuicios económicos causados derivados de una acusación criminal que fue sobreseído en forma definitiva, pago de indemnización por perjuicio moral y costas del juicio. Los recursos de casación se interpusieron contra la sentencia que falló reformando la sentencia de primera instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el recurrente Abogado Alex Javier Carranza Polanco, apoderado legal del señor Marco Antonio Eguigure Izaguirre, en su primer motivo de casación alega infracción derivada de la violación, por aplicación indebida del Artículo 1548 del Código Civil señala como precepto autorizante el numeral primero del Artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles, por aplicación indebida; pero es del caso hacer notar que el impugnante en este motivo alega dos formas de infringir la ley como son la violación y la aplicación indebida, indicadas en el numeral 1º del Artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles que, conforme el artículo 916 del mismo Código de Procedimientos Civiles, debió haberlos expresado en motivos diferentes. Por otra parte, para que pueda prosperar el recurso de casación, fundamentado en el numeral 1º del Artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles, han de citarse necesariamente los Artículos de la Ley o la doctrina legal que hayan sido clara y evidentemente infringidos, haciendo ver al juzgador tal infracción, pero sin alegar, como elementos primordiales del motivo, los propios razonamientos, amparados en su criterio, sino basado en lo que dispone la norma que se sostiene infringida, en relación con lo resuelto por el juzgador de alzada o instancia."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 719 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 inciso a) (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 903 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 916 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que el impetrante Abogado Alex Javier Carranza Polanco, apoderado legal del señor Marco Antonio Eguigure Izaguirre, en su segundo motivo de casación alega violación por interpretación errónea del Artículo 1360 del Código Civil y señala como precepto autorizante el numeral primero del Artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles, por interpretación errónea; sin embargo, nuevamente el recurrente, en este motivo alega dos formas de infringir la ley como son la violación y la interpretación errónea, indicadas en el numeral 1º del Artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles que, conforme el artículo 916 del mismo Código de Procedimientos Civiles, debió haberlos expresado en motivos diferentes. Por otra parte, para que pueda prosperar el recurso de casación, fundamentado en el numeral 1º del Artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles, han de citarse necesariamente los Artículos de la Ley o la doctrina legal que hayan sido clara y evidentemente infringidos, haciendo ver al juzgador tal infracción, pero sin alegar, como elementos primordiales del motivo, los propios razonamientos, amparados en su criterio, sino basado en lo que dispone la norma que se sostiene infringida, en relación con lo resuelto por el juzgador de alzada o instancia."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 903, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 916 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que la impugnante Abogada Norma Leticia Godoy Palma, apoderado legal de la Asociación Compartir con los Niños de la calle de Honduras (COMPARTIR), en su único motivo alega infracción del Artículo 192 del Código de Procedimientos Civiles, anteriormente vigente, sin señalar el párrafo ni el número del Artículo en que fundamenta su motivo y, por consiguiente, tampoco expresa si la infracción se produjo por alguna de las causales a que se refiere el Artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles, incumpliendo lo que manda el Artículo 916 del Código de Procedimientos Civiles; es decir, omitió en su escrito de interposición del recurso expresar el párrafo del Artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles en que se halle comprendido."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, .2 Literal a) (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 916 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 903 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
TE SUPREMA DE JUSTICIA.- Sala Civil. Tegucigalpa, M. D. C., a los dos (02), días del mes de octubre del año dos mil trece (2013).
VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Casación por Infracción de Ley, formalizados ante este Tribunal de Justicia, el primero en fecha diez (10) de mayo del año dos mil doce (2012), por el Abogado ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO, mayor de edad, hondureño, soltero y de este domicilio, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor MARCO ANTONIO EGUIGURE IZAGUIRRE; y el segundo, formalizado en fecha once (11) de mayo de dos mil doce (2012), por la Abogada NORMA LETICIA GODOY PALMA, mayor de edad, hondureña y de este domicilio, actuando en su condición de Apoderada de la ASOCIACION COMPARTIR CON LOS NIÑOS DE LA CALLE DE HONDURAS (COMPARTIR), los recursos en relación a la DEMANDA ORDINARIA PARA EL PAGO DE UNA INDEMNIZACION POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS ECONOMICOS CAUSADOS DERIVADOS DE UNA ACUSACION CRIMINAL QUE FUE SOBRESEIDA EN FORMA DEFINITIVA, PAGO DE INDEMNIZACION POR PERJUICIO MORAL Y COSTAS DEL JUICIO, promovida en fecha quince (15) de octubre del dos mil tres (2003), ante el entonces Juzgado de Letras Primero de lo Civil de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado JOSE HUMBERTO MALDONADO LOPEZ, mayor de edad, casado hondureño y de este domicilio, actuando en su condición de Apoderado del señor MARCO ANTONIO EGUIGURE IZAGUIRRE, contra la ASOCIACION COMPARTIR CON LOS NIÑOS DE LA CALLE DE HONDURAS (COMPARTIR). Los recursos de casación se interpusieron contra la sentencia de fecha dieciséis (16) de abril del dos mil diez (2010), emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, que falló REFORMANDO la sentencia definitiva de fecha treinta (30) de julio de dos mil seis (2006), dictada por el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, la cual falló: “FALLA: 1) Declarando SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada, 2) Declarando CON LUGAR PARCIALMENTE el Recurso del demandante, 3) REFORMAR la Sentencia Definitiva, dejando sin valor el pronunciamiento No. 1, en consecuencia, 4) Declara SIN LUGAR la Excepción de Falta de Acción para Demandar, 5) Dejando subsistente los demás pronunciamientos.
RESULTA: Que en fecha diez (10) de mayo del año dos mil doce (2012), compareció ante este Supremo Tribunal de Justicia, el Abogado ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO, en su condición de Apoderado Legal del señor MARCO ANTONIO EGUIGURE IZAGUIRRE, formalizando recurso de casación de la siguiente manera: “PRIMER MOTIVO DE CASACION: Norma Substantiva Infringida: Infracción derivada de la violación, por aplicación indebida del artículo 1548 del Código Civil. Precepto Autorizante: Este motivo está contenido en el numeral primero del artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles, en lo relativo a la infracción de ley, por aplicación indebida. CONCEPTO DE LA INFRACCION: De Acuerdo al Tratadista Antonio Bermúdez M., en su obra “La Casación en Materia Civil”, que me permito transcribir en lo conducente: “La aplicación indebida consiste en invocar para la decisión del pleito, normas jurídicas ajenas a la cuestión debatida. Esto supone, naturalmente, que la sentencia ha desfigurado la Litis, caracterizando en forma distinta de la propia y verdadera la relación de derecho que se discute” ahora bien, para efectos de casación, esta norma jurídica a la que se refiere la cita ha de estar revestida de una singularidad, la de ser una norma sustantiva, entendiendo por ésta, toda norma de derecho de carácter nacional, que instituye derechos y obligaciones correlativos, tipología a la que corresponde el artículo 1548 del Código Civil, preceptivo de que, y cito: “La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes” que se invoca o en su caso, se aplica, para evitar que en la ejecución de una relación contractual entre partes, uno de los contratantes tome ventaja a su favor, interpretando y ejecutando a su arbitrio el contrato que los vincula, en perjuicio de la otra parte; sin embargo, el conflicto intersubjetivo de intereses que nos ocupa, no corresponde a una relación contractual per se, puesto que el actor nunca fundó sus pretensiones de indemnización de daños y perjuicios y daño moral sufrido, con base a lo dispuesto en el artículo 1548 del Código Civil, lo que sólo es factible cuando se señala entre los fundamentos de derecho material o sustantivo, como fuente de la obligación exigida un contrato; sin embargo, en el caso sub examine, mi patrocinado sustentó su derecho indemnizatorio, citando como fundamentos los artículos 1350 y 2236 del Código Civil, regulatorios de la fuente de las obligaciones que emanan o derivan de actos u omisiones en que intervenga culpa o negligencia no penadas por la ley, de igual manera, la parte demandada, en su defensa técnica, nunca invocó el artículo 1548 del Código Civil, ni en ninguna de las argumentaciones de las partes se hizo relación a dicho precepto normativo, consecuentemente nos encontramos ante una clara e inobjetable aplicación indebida de una norma jurídica ajena a la cuestión debatida, por cuya virtud se legitima la prosperidad de este motivo que se invoca en este cause casacional. Si bien es cierto, la aplicación de este artículo consta de una sentencia del Juez de primer grado y no expresamente en la que se recurre, dicha sentencia—me refiero a la del juez de primer grado de jurisdicción—y sus fundamentos devienen a integrar la sentencia recurrida, pues el tribunal Ad Quem, en cuanto confirmó la mayoría de los puntos decisorios de la sentencia del A’Quo, hizo suyos los fundamentos jurídicos que sustentan el fallo, dicho de otra manera, los prohijó, siendo en consecuencia susceptibles del ataque casacional que se formula en este motivo, lo que queda confirmado por el autorizado tratadista, que de previo hemos citado, quien en la obra ya relacionada, dirá en su parte conducente: “Aunque no lo exprese el texto de la ley, conviene advertir que la jurisprudencia ha admitido en los casos de infracción de ley, que cuando la sentencia de la Corte de Apelaciones es confirmatoria de la de primera instancia, las disposiciones legales citadas en ésta, se suponen aceptadas y aplicadas por la Corte” SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN. Norma Substantiva Infringida: Violación, por interpretación errónea, del artículo 1360 del Código Civil. Precepto Autorizante: Este motivo está contenido en el numeral primero del artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles, en lo relativo a la violación, por interpretación errónea. CONCEPTO DE LA INFRACCION: De acuerdo al Tratadista Antonio Bermúdez M., en su obra “La Casación en materia Civil”, “Interpretación errónea. Consiste en aplicar la Ley con un sentido distinto del que verdaderamente tiene. La sentencia citó la Ley debidamente, pero no le dio su significación precisa, aumentó o restringió sus efectos y consecuencias, o alteró su propia naturaleza.”.- El artículo 1360 del Código Civil textualmente dice: “Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados, los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas”.- De acuerdo a esta disposición sustantiva transcrita, quien en el cumplimiento de sus obligaciones incurre en negligencia, queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios; sin embargo, la Honorable Corte Segunda de Apelaciones en su sentencia del 16 de abril del 2010, al confirmar el fallo apelado incurrió en Infracción de Ley por interpretación errónea de la citada norma sustantiva contenida en el artículo 1360 del Código Civil, que la Corte Recurrida prohijó al hacer suyos los pronunciamientos del tribunal de primer grado, normativa a la que alteró su propia naturaleza indemnizatoria, en cuanto torna nugatoria la sanción indemnizatoria en referencia cuando se da—como en el caso de mérito—la circunstancia jurídica específicamente señalada de haber actuado el demandado en forma negligente, privando en consecuencia a mi poderdante del derecho a ser resarcido pecuniariamente. Es importante destacar que, de haberse aplicado esta norma sustantiva, indudablemente la parte resolutiva del fallo impugnado en cuestión hubiese sido: “1) Declarar Con Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado JOSÉ HUMBERTO MALDONADO LÓPEZ como apoderado del señor MARCO ANTONIO EGUIGURE IZAGUIRRE; 2) Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria para el Pago de Indemnización por concepto de Daños y Perjuicios Económicos Causados y Derivados de una Acusación Criminal, que fue Sobreseída en Forma Definitiva y Pago de Indemnización por Perjuicio Moral, promovida por el abogado JOSÉ HUMBERTO MALDONADO LÓPEZ, quien actúa en su condición de apoderado legal del señor MARCO ANTONIO EGUIGURE IZAGUIRRE, contra la Organización No Gubernamental denominada ASOCIACIÓN COMPARTIR CON LOS NIÑOS DE LA CALLE DE HONDURAS, también conocida como COMPARTIR CON LOS NIÑOS Y NIÑAS DE HONDURAS, PROYECTO COMPARTIR y simplemente llamada COMPARTIR, a través de su Representante Legal señor DOUGLAS BENEDICTO DÍAZ G., en su condición de Presidente de la Junta Directiva de la misma, todos de generales expresadas en el preámbulo de la presente sentencia; 3).- CONDENAR a la Asociación Compartir Con los Niños de la Calle de Honduras, también conocida como COMPARTIR CON LOS NIÑOS Y NIÑAS DE HONDURAS, PROYECTO COMPARTIR y simplemente llamada COMPARTIR a través de su Representante Legal señor DOUGLAS BENEDICTO DÍAZ G., en su condición de Presidente de la Junta Directiva de dicha asociación, a pagar al demandante MARCO ANTONIO EGUIGURE IZAGUIRRE, la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 4,502,230.00), en concepto de Indemnización de Daños y Perjuicios Económicos y Morales, mas intereses y costas, causados por una causa criminal por los delitos de Hurto Continuado y Falsificación de Documentos Públicos que le promovió la Licenciada NORMA L., GODOY DE MEDINA, en su condición de apoderado de la ASOCIACIÓN COMPARTIR CON LOS NIÓS DE LA CALLE DE HONDURAS, en fecha 14 de marzo del 2000, ante el entonces Juzgado de Letras Primero de lo Criminal de Francisco Morazán, que le privó de su libertad durante 10 meses, habiéndose dictado Sobreseimiento Definitivo a favor del encausado el 18 de febrero del 2002.” Puntos decisorios que ese alto Tribunal, actuando como sede de instancia, puede hacer parte de su resolución superior, una vez casada la sentencia de impugnación. Lo anterior se afirma por virtud de haberse acreditado suficientemente en el debate, con el haz probatorio aportado al proceso, que la ASOCIACIÓN COMPARTIR CON LOS NIÑOS DE LA CALLE DE HONDURAS, actuó negligentemente cuando instruyó a la Licenciada NORMA L., GODOY DE MEDINA, para que en su representación promoviera ante el Juzgado de Letras Primero de lo Criminal de Francisco Morazán, una causa criminal contra el señor MARCO ANTONIO EGUIGURE IZAGUIRRE, por suponerle responsable de los delitos de Hurto Continuado y Falsificación de Documentos Públicos en perjuicio de dicha asociación, le promovió la Licenciada NORMA L., GODOY DE MEDINA, en su condición de apoderada de la ASOCIACIÓN COMPARTIR CON LOS NIÑOS DE LA CALLE DE HONDURAS, en fecha 14 de marzo del 2000, que le privó de su libertad durante 10 meses, con los consecuentes daños y perjuicios tanto en el ámbito patrimonial, como en el moral, en tanto que el derecho de la demandante en sede Penal, lo ejercitó abusivamente y en detrimento, con grave vulneración de los derechos constitucionales del señor EGUIGURE IZAGUIRRE, sin haber promovido y concluido, como era lo pertinente y así fue indicado por este Supremo Tribunal, por la jurisdicción civil, mediante el correspondiente juicio de rendición de cuentas, el cual ya es prescrito, por lo que consecuentemente la persona jurídica queda sujeta a la indemnización de daños y perjuicios prescrita por el artículo 1360 del Código Civil; derecho que la Corte sentenciadora no permite ejercitar a la parte actora, al interpretar erróneamente la citada norma sustantiva en el fallo recurrido. TERCER MOTIVO DE CASACIÓN. Norma Substantiva Infringida: Violación, por interpretación errónea, del artículo 2236 del Código Civil. Precepto Autorizante: Este motivo está contenido en el numeral primero del artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles, en lo relativo a la violación, por interpretación errónea. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El Tratadistas nacional Antonio Bermúdez M., define en su obra “La Casación en materia Civil”, que “Interpretación errónea. Consiste en aplicar la Ley con un sentido distinto del que verdaderamente tiene. La sentencia citó la Ley debidamente, pero no le dio su significación precisa, aumentó o restringió sus efectos y consecuencias, o alteró su propia naturaleza.” En la sentencia que se recurre se cita –como de igual manera, se hizo en la sentencia definitiva de primera instancia—el artículo 2236 del Código Civil, preceptivo de que, y cito: “El que por acción u omisión causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado,”.- Esta norma sirvió de fundamento jurídico para el fallo recurrido, sin embargo, no para otorgar la tutela jurídica solicitada, sino para denegarla, sin tomar en consideración lo que algunos tratadistas consideran con una suma prudencia, al referirse sobre, que la reparación del daño moral cualquiera que sea el ámbito en el cual se produzca su acaecimiento para evitar la injusticia y cumplir el famoso principio que contiene la norma, denominado “ALTERUM NON LAEDERE”, o sea éste principio universal del derecho que significa “NO DAÑAR A OTRO”, razonándose como el soporte concreto e ineludible para declarar la obligación reclamada. La sentencia, refiere VALENTÍN CORTÉS DOMÍNGUEZ, es, ante todo, un acto del Juez (y, por consiguiente, un acto de Estado) que supone una declaración de voluntad del Estado en la que se afirma existente o inexistente un efecto jurídico pedido en la demanda. Desde ese punto de vista, la sentencia en un mecanismo aplicador del derecho, es –podríamos nosotros agregar—un mecanismo de seguridad y certeza jurídica para un caso en concreto, pero esta sentencia tiene además, por finalidad principal, la aplicación motivada del derecho, consistiendo esa motivación, a decir de LARENZ GÓMEZ ORBANEJA, en subsumir un hecho en la norma jurídica correspondiente, de tal manera que se produzca una determinada consecuencia jurídica, es así que la consecuencia jurídica pedida es correlativa al supuesto de hecho, por ello toda la motivación jurídica debe descansar esencialmente en las normas legales empleadas para la resolución del conflicto, las normas materiales o sustantivas que, acreditado el supuesto de hecho, legitiman las consecuencia jurídicas que dimanan de la sentencia, es así que, por ejemplo, de ser mi interés ejercer una acción para que se me indemnicen los daños y perjuicios ocasionados por una acción negligente de la parte demandada, como actor debo de invocar su supuesto de hecho, de que, por ejemplo se me demandó por vía penal por actos que ejercí como administrador de una ONG, para lo que, de previo debió habérseme condenado en una demanda civil de rendición de cuentas (que nunca se hizo), y al no haberlo hecho de esa manera se actuó negligentemente y la aplicación consecuente de la norma material que sustente mi petitum, en este supuesto sería el artículo 2236 del Código Civil, por lo que adelantado el proceso y habiendo acreditado a plenitud los extremos de la demanda (como efectivamente se hizo), es de esperar que la sentencia que dirima el conflicto recoja, especialmente entre sus fundamentos, la indicada norma material, para fundar un fallo condenatorio, porque su aplicación para absolver a la demandada, supone necesariamente una violación por interpretación errónea de la citada norma de derecho sustantivo nacional. La acción deducida en primera instancia se fundamenta esencialmente en el artículo 2236 del Código Civil, siendo obvio que los daños que se reclaman, no provienen de las otras fuentes generadoras de obligaciones a que se refiere el artículo 1346 del Código Civil, como ser ley (obligaciones legales que tiene como única fuente la sola disposición de la ley), contratos (convención generadora de obligaciones), cuasicontratos (hecho voluntario, lícito y no convencional que produce obligaciones) y hechos ilícitos penados por la ley (delitos y cuasidelitos) sino de las acciones u omisiones culposas no penados por la ley que originan una obligación para su autor o para la persona que debe responder por él, obligación que tiene por objeto reparar el daño causado y que el Código Civil regula en sus artículos 2236 al 2243. Comentando los alcances del citado artículo 2236, el Catedrático Reynaldo Cruz López, en acopio y a la luz de doctrina autorizada, explica –lo que citó en lo conducente—en su libro Contratos en particular y cuasicontratos”.[1] “Requisitos para que nazca la obligación. Dice el Art. 2236: “El que por acción u omisión causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado” El término culpa se refiere a una acción, y el vocablo negligencia es con relación a la omisión. Para que el supuesto agente esté obligado a reparar el daño se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) La existencia del daño causado, que puede ser material, moral y material a la vez, o solamente moral…; b)Que en el supuesto agente del daño, haya culpa o negligencia; y c) Que entre esa culpa o negligencia y el daño causado haya una relación de causalidad, es decir, que esa culpa o negligencia haya sido la causa de la producción del daño; no habría responsabilidad para el agente, si el culpable fue el mismo que lo sufrió o si el daño ocurrió por mero accidente: Al reclamante corresponde la prueba de esos tres requisitos, ya que la ley no establece presunción alguna. La reparación comprende el daño emergente y el lucro cesante.” Lo que es, coincidente totalmente con los autorizados criterios doctrinales de Manresa y Navarro en cuanto a la necesidad de probar la culpa. Es relación al transcrito comentario del Abogado Cruz López, es pertinente dejar por sentado, que en el caso sub-examine, no habría lugar a discusión en cuanto a la concurrencia –debidamente probada—de los requisitos a) y c), es decir la existencia de un daño material y la relación de causalidad, o lo que es lo mismo, que las acciones en que se materializó la culpa atribuida a la demandada, fueron la que produjeron el daño causado, lo que limita el subsiguiente examen, a la determinación de si las acciones administrativas y/o judiciales, pueden estar revestidas de culpa.- Para ello es menester establecer, como presupuesto referencial, qué se debe entender por culpa, para ello seguiremos al tratadista José María Manresa y Navarro, en la obra “COMENTARIOS AL CÓDIGO CIVIL ESPAÑOL”[2] respecto al concepto de la culpa en el cumplimiento de las obligaciones, donde expresó: “La culpa significa en general, dentro del Derecho y señaladamente con relación a las obligaciones, un acto u omisión de carácter voluntario, que supone que aquel a quien sea imputable una responsabilidad encaminada a reparar la lesión que a consecuencia de aquel acto u omisión haya sido inferida al derecho de otro.” Encuadrando el concepto de culpa en el sentido que le infiere la ley civil, el autor que se cita, dirá: “La culpa, en tal sentido, a más de no revestir los caracteres que pudieren llevar su gravedad e importancia a las propias del delito, deberá diferenciarse, aún dentro del ordenamiento civil, del dolo, y la nota diferencial entre éste y aquélla se encuentra en el elemento intencional, en el propósito que guía al agente al incurrir en el acto u omisión, origen de responsabilidad.” “Si hoy el propósito de dañar; si se quiere el hecho por sus consecuencias, habrá dolo.- Si se procede por abandono, por descuido, por falta de diligencia, en suma habrá culpa.” Y ya específicamente al aludir a los tipos o clases de culpa, plasma: “Se concibe la culpa o el cumplimiento de una obligación, lesionando un derecho correlativo de otra persona relacionado ya con que en ella incurre para el cumplimiento, que a causa de la misma no es normal de aquella obligación preexistente.- Y se concibe también que pueda existir una culpa que, sin suponer una obligación especial anterior; venga a relacionar por sí misma a dos personas antes no ligadas especialmente y que ya lo quedan a causa del perjuicio que la una infiere a la otra. Estas dos especies de culpa con propiedad indiscutible se denominan contractual la primera extracontractual la segunda, llamada también, por la influencia histórica del derecho romano, aquiliana.” Ahora bien, cómo es que las acciones de la demandada “En ejercicio legítimo de su derecho de petición” devienen en constituirse en culpables y como tales, generadoras de la obligación de que éstas indemnicen a la parte actora, de los daños y perjuicios que con ellas le ocasionaron, para ello retomaremos el texto doctrinal de previa preferencia, en el que al comentar, Don José María Manresa y Navarro, la naturaleza y efectos de las obligaciones, que a su vez se desprende de un enfoque más general a las obligaciones que derivan de los actos u omisiones en que intervienen culpa o negligencia no penadas por la ley, con motivo de la que esbozará, la necesaria inclusión de las obligaciones originadas en el abuso del derecho, en los casos de culpa, en el irrestricto y no limitado catálogo de culpas que, para el caso, en nuestra legislación recoge el artículo 2236 del Código Civil, por lo que paso a segmentar, del aludido autor, en lo que respecta a la Doctrina científica y legal sobre el abuso del derecho[3], de la que comienza diciendo “La moderna doctrina del abuso del derecho subjetivo, recogida al fin, después de varias vacilaciones, por nuestra jurisprudencia, aunque tiene un reflejo más intenso en el capítulo de los derechos reales, no deja de repercutir en el de las obligaciones, trascendiendo, en consecuencia a sus efectos.” Prosigue luego de unas apreciaciones propias de su derecho criollo “El clásico axioma qui iure suo utitud neminem laedit proclamado en las fuentes romanas y que plasmó dentro de nuestro Ordenamiento en la regla <<non fase tuerto a otro, quien usa de sus derecho>>, quiere decir, la licitud del derecho, cuando por su ejercicio se lesionan simples intereses de terceras personas, por lo que, en tesis general, no hay obligación de indemnizar los daños causados por tal ejercicio, más no debe darse a esta máxima alcance tan literal y absoluto que lo ponga en pugna con las exigencias éticas del Derecho, reconocidas en todos los tiempos, y ni tan siquiera extrañas al Derecho de Roma, que en muchas de sus normas templa los rigores de su individualizmo jurídico.” “La doctrina moderna” continúa relatándonos “en trance de revisar y, en lo necesario, de rectificar los conceptos jurídicos, impulsada por las nuevas exigencias de la vida práctica y sana tendencia de la humanización del Derecho civil, ha elaborado la teoría llamada del abuso del derecho, sancionada ya en los ordenamientos más recientes, que consideran ilícito el ejercicio del derecho cuando sea abusivo, aunque existen discrepancias sobre los puntos de su construcción, en particular el sistemático, sobre de si se trata de una simple aplicación de la teoría del acto ilícito o una autónoma que opera dentro de la zona intermedia constituida por los actos cumplidos dentro de la esfera del derecho, pero mediando un abuso y egendrando una responsabilidad. Así como también, la extensión del principio prohibitivo, con relación a ls diversas categorías de los derechos subjetivos u objetivos que han de determinar el abuso.” A continuación amplía así: “Pero es lo cierto que tales dudas o divergencias no pueden borrar la conformidad sustancial del pensamiento jurídico moderno, en torno a la idea de que los derechos subjetivos, aparte de sus límites legales, con frecuencia defectuosamente precisados, tienen otros de orden moral, teológico y social, y que incurre en responsabilidad quien, obrando al amparo de una legalidad externa y aparente ejercicio de su derecho, traspasa en realidad los linderos impuestos al mismo por la equidad y la buena de, con daños para terceros o la sociedad, tesis ésta que ha sido patrocinada por la doctrina científica patria que ha recogido y perfilado el concepto.” Sigue expresando Manresa y Navarro y esto ya, sin que lo cite literalmente, salvo cuando lo haga en cursivas, que lejos de existir precepto alguno que impida la aceptación de esa doctrina, --en España como en Honduras—se registran numerosas normas e instituciones concretas que responden a la idea de que la facultad de ejercitar los derechos no es ilimitada, o que, con análogo alcance, recogen el principio de la buena fe, como criterio general que ha de presidir la actuación de las normas jurídicas. En otro apartado concretiza: “los derechos encuentran su origen en la comunidad de la que obtienen su espíritu y finalidad; existiendo para ella y por ella, con razón de ser en cada uno y misión que cumplir; y siempre dirigidos a un fin del que no atañe a su titular desviarlo, siendo elaborados por la sociedad y con finalidad, fuera o por encima de ellos, pues no son absolutos, sino relativos; han de ejercitarse en el plano de la institución, según su espíritu, y el titular que no usa, sino abusa, deriva su responsabilidad hacia la víctima de esta desviación culpable, siendo entonces vana la objeción de que ha ejercido, pues lo que ha realizado entonces es la comisión de una falta que se llama abuso de derecho.”
RESULTA: Que en proveído de fecha diez (10) de mayo del dos mil doce (2012), este Tribunal tuvo por formalizado en tiempo el Recurso de Casación por parte del Abogado ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO, en su condición de Apoderado Legal del señor MARCO ANTONIO EGUIGURE IZAGUIRRE, por lo que se dio traslado al Fiscal del Despacho por el término de diez (10) días para que emitiera dictamen sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito, haciéndolo en fecha dieciocho (18) de julio del año dos mil doce (2012), la Abogada KARLA MARIA ARITA MENDOZA, de la manera siguiente: “III.- OPINIÓN: Con fundamento en las razones antes expresadas, el Ministerio Público dictamina desfavorable a la admisión del presente Recurso en sus tres motivos.”
RESULTA: Que en fecha once (11) de mayo de dos mil doce (2012), compareció ante este Supremo Tribunal de Justicia, la Abogada NORMA LETICIA GODOY PALMA, en su condición de Apoderada Legal de la ASOCIACION COMPARTIR CON LOS NIÑOS DE LA CALLE DE HONDURAS (COMPARTIR), formalizando recurso de casación de la siguiente manera: EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN: UNICO MOTIVO: Infracción del Artículo 192 del Código de Procedimientos Civiles anteriormente vigente que literalmente dice: Art. La parte que fuere vencida totalmente en Juicio o en un incidente será condenada al pago de costas.- Podrá, con todo el Juez o Tribunal eximirla de ella cuando aparezca que ha tenido motivos racionales para litigar, sobre lo cual hará declaración expresa en la sentencia.” El concepto de la infracción lo explico de la siguiente manera: a) El Artículo objeto de la infracción, es preciso al establecer que la parte vencida en juicio, será condenada al pago de costas, esta es la regla general, que tiene su justificación además en doctrina, de que el vencedor ha tenido que sufragar las costas necesarias para el triunfo; y de ahí la consecuencia muy natural de que la condena al pago de costas se dicte a su favor. b) La excepción al artículo lo constituye, la exoneración que el Juez o Tribunal pueda eximirlo del pago, extremo que ocurrió en la primera instancia, quien sin justificar lo eximio de dicho pago, al efecto, se interpuso el recurso respectivo mismo que prosperó porque la Corte Segunda de Apelaciones, enmienda el error y lo condena al pago de costas, luego en la siguiente sentencia objeto del presente recurso, la Corte Segunda de Apelaciones vuelve a exonerar al vencido en juicio al pago de costas en perjuicio de m i representada. C9 La decisión del Corte Segunda de Apelaciones no está apegada a derecho pues mi representada ASOCIACION COMPARTIR CON LOS NIÑOS DE LA CALLE DE HONDURAS (COMPARTIR) tuvo fundamentos legales para demandar al señor MARCO ANTONIO EGUIGURE, lo cual justifica que su demanda haya sido declarada SIN LUGAR. d) Mas sin embargo, el demandante l consiente de su falta, demanda por una cantidad millonaria, causándole daños a mi representada, pues además de haber no haber recuperado la totalidad del dinero que é tomo en forma indebida, tiene que defenderse de sus pretensiones, y luego no le basta obtener un fallo adverso, sino que también hace uso de todos los recursos que la ley le concede aumentando con ello los gastos de ASOCIACION COMPARTIR CON LOS NIÑOS DE LA CALLE (COMPARTIR) recursos que le han generado más gastos, que los pudo haber invertido en proyectos como ya lo expresé.”
RESULTA: Que en proveído de fecha once (11) de mayo del dos mil doce (2012), este Tribunal tuvo por formalizado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada NORMA LETICIA GODOY PALMA, en su condición de Apoderada Legal de la ASOCIACION COMPARTIR CON LOS NIÑOS DE LA CALLE DE HONDURAS (COMPARTIR), por lo que se dio traslado al Fiscal del Despacho por el término de diez días para que emitiera dictamen sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito, haciéndolo en fecha dieciocho (18) de julio del año dos mil doce (2012), la Abogada KARLA MARIA ARITA MENDOZA, de la manera siguiente: “III.- OPINIÓN: Con fundamento en las razones antes expresadas, el Ministerio Público dictamina favorable a la admisión del presente Recurso en su motivo único.”
RESULTA: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito.
CONSIDERANDO (1): Que toda demanda de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista; en consecuencia, debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere.
CONSIDERANDO (2): Que conforme el Artículo 916 del Código de Procedimientos Civiles, en el escrito interponiendo el recurso, se expresará el párrafo del Artículo 903 de dicho ordenamiento legal, en que se halle comprendido, y citará con precisión y claridad la ley o la doctrina legal que se crea infringida, y el concepto en que lo haya sido; si fueren dos o más los fundamentos o motivos del recurso, se expresarán en párrafos separados y numerados.
CONSIDERANDO (3): Que el recurrente Abogado Alex Javier Carranza Polanco, apoderado legal del señor Marco Antonio Eguigure Izaguirre, en su primer motivo de casación alega infracción derivada de la violación, por aplicación indebida del Artículo 1548 del Código Civil señala como precepto autorizante el numeral primero del Artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles, por aplicación indebida; pero es del caso hacer notar que el impugnante en este motivo alega dos formas de infringir la ley como son la violación y la aplicación indebida, indicadas en el numeral 1º del Artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles que, conforme el artículo 916 del mismo Código de Procedimientos Civiles, debió haberlos expresado en motivos diferentes. Por otra parte, para que pueda prosperar el recurso de casación, fundamentado en el numeral 1º del Artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles, han de citarse necesariamente los Artículos de la Ley o la doctrina legal que hayan sido clara y evidentemente infringidos, haciendo ver al juzgador tal infracción, pero sin alegar, como elementos primordiales del motivo, los propios razonamientos, amparados en su criterio, sino basado en lo que dispone la norma que se sostiene infringida, en relación con lo resuelto por el juzgador de alzada o instancia.
CONSIDERANDO (4): Que el impetrante Abogado Alex Javier Carranza Polanco, apoderado legal del señor Marco Antonio Eguigure Izaguirre, en su segundo motivo de casación alega violación por interpretación errónea del Artículo 1360 del Código Civil y señala como precepto autorizante el numeral primero del Artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles, por interpretación errónea; sin embargo, nuevamente el recurrente, en este motivo alega dos formas de infringir la ley como son la violación y la interpretación errónea, indicadas en el numeral 1º del Artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles que, conforme el artículo 916 del mismo Código de Procedimientos Civiles, debió haberlos expresado en motivos diferentes. Por otra parte, para que pueda prosperar el recurso de casación, fundamentado en el numeral 1º del Artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles, han de citarse necesariamente los Artículos de la Ley o la doctrina legal que hayan sido clara y evidentemente infringidos, haciendo ver al juzgador tal infracción, pero sin alegar, como elementos primordiales del motivo, los propios razonamientos, amparados en su criterio, sino basado en lo que dispone la norma que se sostiene infringida, en relación con lo resuelto por el juzgador de alzada o instancia.
CONSIDERANDO (5): Que el impugnante Abogado Alex Javier Carranza Polanco, apoderado legal del señor Marco Antonio Eguigure Izaguirre, en su tercer motivo de casación alega violación por interpretación errónea del Artículo 2236 del Código Civil y señala como precepto autorizante el numeral primero del Artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles, en lo relativo a la violación, por interpretación errónea. El recurrente nuevamente en este motivo alega dos formas de infringir la ley como son la violación y la interpretación errónea, indicadas en el numeral 1º del Artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles que, conforme el artículo 916 del mismo Código de Procedimientos Civiles, debió haberlos expresado en motivos diferentes. Por otra parte, para que pueda prosperar el recurso de casación, fundamentado en el numeral 1º del Artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles, han de citarse necesariamente los Artículos de la Ley o la doctrina legal que hayan sido clara y evidentemente infringidos, haciendo ver al juzgador tal infracción, pero sin alegar, como elementos primordiales del motivo, los propios razonamientos, amparados en su criterio, sino basado en lo que dispone la norma que se sostiene infringida, en relación con lo resuelto por el juzgador de alzada o instancia.
CONSIDERANDO (6): Que la impugnante Abogada Norma Leticia Godoy Palma, apoderado legal de la Asociación Compartir con los Niños de la calle de Honduras (COMPARTIR), en su único motivo alega infracción del Artículo 192 del Código de Procedimientos Civiles, anteriormente vigente, sin señalar el párrafo ni el número del Artículo en que fundamenta su motivo y, por consiguiente, tampoco expresa si la infracción se produjo por alguna de las causales a que se refiere el Artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles, incumpliendo lo que manda el Artículo 916 del Código de Procedimientos Civiles; es decir, omitió en su escrito de interposición del recurso expresar el párrafo del Artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles en que se halle comprendido.
CONSIDERANDO (7): Que conforme los Artículos 919 declaración 1ª y 920 numeral 2º, ambos del Código de Procedimientos Civiles, no ha lugar a la admisión del recurso cuando en el escrito de interposición no se hayan citado con precisión y claridad las leyes que se suponen infringidas y el concepto en que lo haya sido.
CONSIDERANDO (8): Que por las razones anteriormente expuestas, es procedente desestimar la pretensión que encierran los tres motivos de casación invocados por el recurrente, Abogado Alex Javier Carranza Polanco, en su condición de apoderado legal del señor Marco Antonio Eguigure Izaguirre y el único motivo invocado por la Abogada Norma Leticia Godoy Palma, en su condición de apoderada legal de la Asociación Compartir con los Niños de la calle de Honduras (COMPARTIR).
POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Civil, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, siendo ponente la Magistrada Edith María López Rivera, oído el parecer de la Fiscal del Ministerio Público y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5) y 316 de la Constitución de la República; 1º y 80 numeral 1º de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 187, 188, 189, 899, 900, 901, 902 causa 1ª, 903, 915, 916, 917, 918, 919 declaración 1ª y 920 numeral 2º del Código de Procedimientos Civiles; FALLA: Declarando no ha lugar a la admisión del recurso de casación, formalizado por el Abogado Alex Javier Carranza Polanco, en su condición de apoderado legal del señor Marco Antonio Eguigure Izaguirre y por la Abogada Norma Leticia Godoy Palma, en su condición de apoderada legal de la Asociación Compartir con los Niños de la calle de Honduras (COMPARTIR), contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el 16 de julio de 2010, de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Comunicar y devolver los autos a la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, con la certificación de estilo, para los efectos legales correspondientes. CON COSTAS. NOTIFIQUESE.
RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO
MAGISTRADO COORDINADOR
EDITH MARIA LOPEZ RIVERA
MAGISTRADA
REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ
MAGISTRADA
[1] REYNALDO CRUZ LÓPEZ, Obligaciones y contratos en general.- Apuntes de Derecho Civil. 3da. Edición, 1990.
[2] D. José María Manresa y navarro, Comentarios al Código Civil Español. Tomo VIII, Volumen I, 6ta. Madrid, Reus S.A., 1967, pp. 221 a 223..
[3] 3 Ob. Cit., p.p. 103 a 106.